Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05016-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05016-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Tres (3) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-05016-001
Accionantes : José Luis Vargas Urcue y otros2
Accionados : Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Juzgado Cuarto
(4) Administrativo de Buga
Vinculado : Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, medio de control de
reparación directa, privación injusta de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por los señores José Luis Vargas Urcue, Luis Alberto Vargas Vanegas,
Rosalba Urcue Trochez, Beyby Elizabeth Vargas Urcue, Marinela Vargas Urcue,
Julián Enrique Vargas Urcue y Juan Camilo Vargas Urcue contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Buga,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
tutela judicial efectiva.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por los accionantes frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
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Luis Alberto Vargas Vanegas, Rosalba Urcue Trochez, Beyby Elizabeth Vargas Urcue, Marinela Vargas Urcue, Julián Enrique
Vargas Urcue y Juan Camilo Vargas Urcue.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05016-00
Accionantes: José Luis Vargas Urcue y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
2. El señor José Luis Vargas Urcue y otros, quienes actúan en nombre propio,
interpusieron el presente recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y tutela judicial efectiva,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Buga.
3. Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos la providencia del Trece (13) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), mediante la cual, el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca confirmó la decisión del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil
Veinticinco (2025), a través de la cual, el Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Buga
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa contra la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente núm. 76111-
33-33-003-2022-00327-00/01). En su lugar, pidieron que, se ordenara al Tribunal
que, «[…] profiera nueva sentencia de segunda instancia revocando el fallo de primer grado».
1.3 Hechos3
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por la
parte accionante, se puede evidenciar que, el señor José Luis Vargas Urcue fue
capturado en flagrancia por la presunta comisión del delito de hurto calificado y
agravado. Posteriormente, tras allanarse a los cargos imputados, el Juzgado
Promiscuo Municipal de Restrepo, Valle del Cauca, mediante sentencia del Veinte
(20) de Marzo de Dos Mil Trece (2013), lo condenó a 126 meses de prisión.
5. La vigilancia de la pena correspondió al Juzgado Primero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Buga, que mediante auto del Trece (13) de Junio de
Dos Mil Dieciocho (2018), le descontó al condenado 76 meses y 8 días de la
condena, superando así las tres quintas partes de la pena impuesta. De otro lado,
a través de providencia del 19 de junio siguiente, le negó la libertad condicional,
determinación confirmada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo, Valle
del Cauca, mediante decisión del 8 de agosto de ese año.
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Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2.
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Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
6. Posteriormente, mediante auto del Quince (15) de Abril de Dos Mil Diecinueve
(2019), el Juzgado de Ejecución de Penas aplicó el principio de favorabilidad
previsto en la Ley 1826 de 2017, redosificó la pena en 72 meses, declaró su
cumplimiento y ordenó la libertad del señor José Luis Vargas Urcue, la cual se hizo
efectiva al día siguiente. Según los accionantes, la aplicación tardía de esa
disposición ocasionó que aquel permaneciera privado de la libertad durante 21
meses y 3 días adicionales.
7. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el accionante y su grupo
familiar presentaron demanda contra la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, al estimar que, el señor José Luis Vargas Urcue estuvo
privado de la libertad «[…] por tiempo mayor al debido […]». En consecuencia, solicitaron
que se declarara administrativa y extracontractualmente responsable a la entidad
por los perjuicios causados por la prolongada privación de la libertad de la que fue
objeto el señor Vargas Urcue.
8. De ese asunto conoció, en primera instancia, el Juzgado Cuarto (4) Administrativo
de Buga4, que mediante sentencia del Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veinticinco
(2025), negó las pretensiones, al concluir que, «[…] la parte demandante no logró probar
la mora o tardanza del despacho de ejecución de penas en la resolución de la solicitud de
redosificación que elevara el propio interno, según se extrae de la providencia que declaró cumplida
la pena, pues no obra prueba de la que se pueda advertir la fecha en que se formuló la petición en
tal sentido; sin que sea de recibo el planteamiento esbozado en la demanda, respecto de que
correspondía a la judicatura de manera oficiosa dar aplicabilidad a la favorabilidad prevista en la Ley
1826 de 2017 […] sino que corresponde al interesado solicitar el beneficio contemplado en dicha
norma. De manera que, al advertirse que, desde el 13 de junio de 2018 el condenado era conocedor
de que ya había descontado las 3/5 partes de la pena, recaía en cabeza suya solicitar o ejercer las
acciones pertinentes para reclamar a su favor la aplicación del principio de favorabilidad» .
9. Asimismo, señaló que, mediante auto del Quince (15) de Abril de Dos Mil
Diecinueve (2019), la pena inicialmente fijada en 126 meses fue redosificada en 72
meses, se declaró su cumplimiento y se ordenó la excarcelación, la cual se hizo
efectiva al día siguiente. Por lo tanto, no se podía inferir que hubo una prolongación
injusta de la libertad del señor Vargas Urcue.
4
Proceso núm. 76111-33-33-003-2022-00327-00/01.
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10. Inconforme con esa decisión, los demandantes interpusieron recurso de
apelación. En providencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó lo resuelto por el a quo, pero al
estimar que, la controversia debía examinarse bajo el título de imputación de error
judicial. En ese sentido, expuso que, antes de la redosificación de la pena se
profirieron los autos del Diecinueve (19) de Junio y Ocho (8) de Agosto de Dos Mil
Dieciocho (2018), mediante los cuales se negó y confirmó, respectivamente, la
solicitud de libertad condicional.
11. Al respecto, consideró que, la parte actora no identificó de manera concreta el
error en el que habrían incurrido esas providencias, las cuales fueron dictadas por
autoridades competentes y debidamente motivadas. Agregó que, la inconformidad
con el criterio adoptado por los jueces penales no permitía configurar, por sí sola,
un error judicial ni convertir el medio de control de reparación directa en una
instancia adicional para reabrir un debate ya resuelto.
12. Finalmente, señaló que, aun si el asunto se analizara bajo el título de defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, tampoco habría lugar a declarar la
responsabilidad del Estado, pues la solicitud de libertad condicional propuesta por
el señor José Luis Vargas Urcue fue resuelta conforme a la normatividad vigente
aplicable al caso, sin que se evidenciara dilación injustificada, omisión o actuación
contraria a los deberes del ejercicio de la función jurisdiccional.
13. Sobre la precedente situación, los demandantes aducen que, la providencia
objeto de censura incurrió en defecto fáctico, por cuanto, «[…] le restó mérito probatorio
principalmente al expediente penal con radicado 76111600016520120215800, el cual da cuenta de
que la ley 1826 del 13 de junio de 2017 que entró a regir ese mismo día, que ante pronunciamiento
jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema, en su función interpretativa y
de garantía a la igualdad, preceptuó que la aplicación del principio de favorabilidad en esos
específicos casos es de aplicación inmediata a la vigencia de esa ley y de manera oficiosa, por lo
que la situación del Juez de Ejecución de Penas de haberse tardado en su deber oficioso de
aplicación de la favorabilidad y así otorgar la consecuencial libertad inmediata a la víctima directa a
partir de la entrada en vigencia de dicha ley […]» les produjo un daño.
II. TRÁMITE PROCESAL
14. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Dos
(2) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026), admitió la presente acción de tutela. En
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dicha decisión se (i) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y al Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Buga; y (ii) dispuso vincular a la Nación -
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestación de la acción
15. 2.1.1 El Juzgado Cuarto (4) Administrativo de Buga5 solicitó negar el amparo
deprecado, al sostener que, la sentencia de primera instancia se sustentó en el
estudio de la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso, así como en la
valoración conjunta del material probatorio obrante en el expediente. Indicó que, no
se acreditó el daño antijurídico necesario para atribuir responsabilidad a la entidad
demandada, pues, no se demostró la prolongación injustificada de la privación de la
libertad del señor José Luis Vargas Urcue. En particular, señaló que, en aplicación
de la Ley 1826 de 2017, la pena fue redosificada de 126 a 72 meses y que la libertad
se hizo efectiva al día siguiente de proferida la respectiva providencia.
16. En ese sentido, estimó que, la inconformidad de los accionantes obedecía a la
interpretación jurídica y la valoración probatoria adoptada aun cuando esta fue
contraria a sus intereses; de ello no se desprendía vulneración alguna a los
derechos fundamentales invocados.
17. 2.1.2 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6 pidió declarar
improcedente la acción de tutela respecto de esa entidad, por falta de legitimación
en la causa por pasiva. En tal condición, explicó que, no intervino en el medio de
control de reparación directa, no asumió la representación de la Rama Judicial ni
participó en la expedición de la providencia cuestionada, por lo que no podía
atribuírsele la vulneración alegada.
18. De otro lado, sostuvo que, la decisión reprochada fue adoptada por el juez natural
en ejercicio de los principios de autonomía e independencia judicial. Agregó que, la
tutela pretendía reabrir un debate ya resuelto por el juez competente sin acreditar
algún defecto que habilitara la intervención del juez constitucional. Finalmente,
indicó que la representación judicial en el proceso ordinario correspondió a la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, cuya vinculación solicitó.
5
Visible a índice 11 de SAMAI.
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Visible a índice 12 de SAMAI.
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19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio en la
oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia
20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción
21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Problema jurídico
22. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si
la providencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026) mediante la
cual, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión del
Veintiuno (21) de Mayo de Dos Mil Veinticinco (2025), a través de la cual, el Juzgado
Cuarto (4) Administrativo de Buga negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa presentada por los accionantes contra la Nación - Rama Judicial
– Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incurrió en defecto fáctico y, por
consiguiente, vulneró sus derechos fundamentales debido proceso y tutela judicial
efectiva.
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3.4 La acción de tutela contra providencias judiciales
23. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 7 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado8, es posible acudir a
la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este contexto, se
han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben satisfacerse
plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al
examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la
actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
24. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
25. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
7
Sentencia C-590 de 2005.
8
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C.P. María Elizabeth García González.
7
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Accionantes: José Luis Vargas Urcue y otros
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la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
3.5 Caso concreto
26. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, en criterio de los
actores, en una indebida valoración probatoria, lo cual, de comprobarse, conllevaría
a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y tutela judicial
efectiva; (ii) contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas
garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, por cuanto la
providencia atacada quedó ejecutoriada el Veintisiete (27) de Febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026)9 y la solicitud de amparo se presentó el 30 de junio siguiente, es
decir, dentro de los 6 meses; y (v) la decisión acusada no desató una acción de
tutela.
27. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo la causal específica denominada defecto fáctico invocada por los
accionantes.
3.5.1 Defecto fáctico
9
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
8
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28. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »10.
29. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra11.
3.6 Análisis del caso concreto
30. En el asunto sub examine, los demandantes aducen que, la providencia
cuestionada incurrió en defecto fáctico, por cuanto, «[…] le restó mérito probatorio
principalmente al expediente penal con radicado 76111600016520120215800, el cual da cuenta de
que la ley 1826 de 13 de junio de 2017 que entró a regir ese mismo día, que ante pronunciamiento
jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema, en su función interpretativa y
de garantía a la igualdad, preceptuó que la aplicación del principio de favorabilidad en esos
específicos casos es de aplicación inmediata a la vigencia de esa ley y de manera oficiosa, por lo
que la situación del Juez de Ejecución de Penas de haberse tardado en su deber oficioso de
aplicación de la favorabilidad y así otorgar la consecuencial libertad inmediata a la víctima directa a
partir de la entrada en vigencia de dicha ley […]» les produjo un daño.
31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en la decisión objeto de censura,
concluyó:
[…] [L]a Sala debe precisar que, aunque la parte actora alega que los perjuicios
alegados en la demanda se derivan de un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por la supuesta prolongación indebida de la privación de la
libertad del señor José Luis Vargas Urcue, por cuanto una vez cobró vigencia la ley
1826 de 2017, debió ordenarse inmediatamente su libertad.
Sin embargo, del examen integral de los hechos probados y de las providencias
judiciales incorporadas al proceso, se advierte que la situación fáctica debatida exige
ser analizada bajo el título de imputación del error judicial regulado en el artículo 66 y
siguientes de la Ley 270 de 1996, por cuanto con anterioridad a la emisión del Auto No.
No. 718 del 15 de abril de 2019, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas
y Medidas de Seguridad de Guadalajara de Buga mediante el cual se dispuso la libertad
del señor del señor José Luis Vargas Urcue en aplicación de la ley 1826 de 2017, se
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
9
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expidieron dos pronunciamientos en torno a las solicitudes de libertad presentadas por
éste, contenidas en las siguientes providencias: Auto Interlocutorio Nos. 950 del 19 de
junio de 2018, proferido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Guadalajara de Buga y el Auto Interlocutorio No. 06 del 08 de agosto d
2018, proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo Valle que lo confirmó,
mediante las cuales se negaron tales peticiones, sin que al parecer se diera aplicación
a lo dispuesto en el artículo 10º de la mencionada ley, que introdujo una modificación al
artículo 534 de la ley 906 de 2004.
[…]
Lo anterior encuentra sustento en los propios hechos de la demanda, en los cuales la
parte actora afirma que, pese a haber superado el requisito objetivo de las tres quintas
partes de la pena, la libertad condicional le fue negada mediante Auto Interlocutorio No.
950 del 19 de junio de 2018, decisión que fue confirmada en sede de apelación por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle). Tal planteamiento evidencia que el
reproche formulado se dirige de manera directa contra el contenido, alcance y efectos
jurídicos de providencias judiciales concretas […]
[…]
En ese orden de ideas, procede la Sala a verificar, de manera preliminar, si en el
presente asunto se encuentran acreditados los presupuestos exigidos para la
configuración del error judicial, en los términos previstos en los artículos 66 y siguientes
de la Ley 270 de 1996 y la jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado, sin que
ello comprenda realizar un nuevo juicio de legalidad sobre las providencias
cuestionadas ni sustituir la valoración efectuada por los jueces naturales de la causa
penal.
Al respecto, se encuentra probado que el señor José Luis Vargas Urcue fue condenado
a la pena principal de 126 meses de prisión, la cual comenzó a cumplir el 17 de
noviembre de 2012. Así mismo, obra en el proceso que, para el mes de junio de 2018,
el condenado había superado el requisito objetivo de las tres quintas partes de la pena
exigido por el artículo 64 del Código Penal, circunstancia que fue expresamente
reconocida por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Guadalajara de Buga.
No obstante, al resolver la solicitud de libertad condicional elevada por el condenado,
dicho despacho judicial, mediante Auto Interlocutorio No. 950 del 19 de junio de 2018,
negó la concesión del beneficio tras efectuar una valoración expresa y motivada del
requisito subjetivo, consistente en la gravedad y modalidad de la conducta punible, así
como en la necesidad de protección de la comunidad, conforme a lo previsto en el
artículo 64 del Código Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, y de acuerdo con los
criterios fijados por la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-757 de 2014.
Dicha decisión fue objeto de recurso de apelación y confirmada en su integridad por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle), mediante Auto Interlocutorio No. 06
del 8 de agosto de 2018, providencia en la cual se reiteró que la libertad condicional no
constituye un beneficio automático derivado del solo cumplimiento del requisito objetivo,
sino que exige una valoración integral de los presupuestos legales, particularmente
aquellos relacionados con la gravedad del delito y el pronóstico de resocialización del
condenado.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que las decisiones judiciales cuestionadas fueron
adoptadas por autoridades competentes, dentro del ámbito de sus atribuciones
funcionales, mediante providencias debidamente motivadas y confirmadas en sede de
apelación, las cuales se encontraban amparadas por la presunción de legalidad y
legitimidad propia de las decisiones judiciales en firme.
De lo expuesto, pese a que la demanda no indica expresamente el yerro de las aludidas
providencias, lo cierto es que éste no se aprecia de manera directa, para que se pueda
reputar como una actuación arbitraria o abiertamente irrazonable que permita predicar
la configuración de un error judicial en los términos exigidos por la Ley 270 de 1996,
10
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pues la negativa del beneficio de la libertad condicional obedeció a una interpretación
razonada del ordenamiento jurídico aplicable y a una valoración probatoria que, aunque
controvertida por la parte actora, no resulta contraria a derecho ni desborda los
márgenes de autonomía judicial.
En este punto, debe precisar la Sala que, el estudio que debe abordarse para la
identificación del reputado error judicial, debe ser adelantado con base en los
cuestionamientos de legalidad que se hubieran expresado de manera directa en la
demanda y no pueden ser objeto de deducción por parte del juez administrativo, y en
este caso, aunque se aprecia en el recurso de apelación que lo que reprocha la parte
actora es que la aplicación de la ley 1826 de 2017 debió ser inmediata y oficiosa por
parte del juez penal, lo cierto es que no alega nada sobre el criterio subjetivo aplicado
en las providencias mediante las cuales se negó la concesión del aludido beneficio,
relativo a la gravedad y modalidad de la conducta punible, así como en la necesidad de
protección de la comunidad, en aplicación de lo previsto en el artículo 64 del Código
Penal, modificado por la Ley 890 de 2004, y de acuerdo con los criterios fijados por la
Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia C-757 de 2014.
Así pues, definir en esta instancia si la ley 1826 de 2017, debía aplicarse sin el criterio
subjetivo aplicado en los Autos Nos. 950 del 19 de junio de 2018 y 718 del 15 de abril
de 2019, no puede ser una labor de deducción, pues la demanda nada dijo sobre el
factor subjetivo al que aluden tales providencias. Así mismo, la mera inconformidad con
el sentido de una providencia judicial, o el desacuerdo con la valoración efectuada por
el juez natural, no constituye por sí misma un error judicial susceptible de generar
responsabilidad patrimonial del Estado, so pena de convertir la acción de reparación
directa en una instancia adicional para reabrir debates ya definidos en sede judicial.
Ahora bien, aun cuando la Sala ha concluido que el asunto debe resolverse, de manera
principal, bajo el título de imputación de error judicial y que no se encuentran acreditados
los presupuestos para su configuración, estima pertinente señalar que, incluso si en
gracia de discusión se analizara la situación bajo el título de imputación de defectuoso
funcionamiento, tampoco habría lugar a acceder a las pretensiones de la demanda.
En efecto, el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia exige la
acreditación de una actuación irregular, tardía u omisiva, atribuible a las autoridades
judiciales, que se aparte de los deberes funcionales y que cause un daño antijurídico
que el ciudadano no esté en la obligación de soportar. Sin embargo, del material
probatorio obrante en el proceso no se desprende que las autoridades judiciales
hubieren incurrido en una conducta de tal naturaleza.
Por el contrario, se encuentra acreditado que las solicitudes elevadas por el señor José
Luis Vargas Urcue fueron tramitadas y resueltas mediante providencias debidamente
motivadas, dentro de los términos legales y con observancia de la normativa vigente,
sin que se evidencie dilación injustificada, omisión funcional o actuación contraria a los
deberes propios del ejercicio de la función jurisdiccional.
[…]
32. De lo expuesto se colige que la autoridad judicial accionada determinó que no
había lugar a declarar la responsabilidad extracontractual del Estado en el proceso
de reparación directa, toda vez que, la supuesta prolongación indebida de la
privación de la libertad del señor José Luis Vargas Urcue debía examinarse bajo el
título de imputación de error judicial.
33. Con base en lo anterior, el Tribunal señaló que, antes de que se redosificara la
pena mediante el auto del Quince (15) de Abril de Dos Mil Diecinueve (2019), fueron
proferidas las decisiones del Diecinueve (19) de Junio y Ocho (8) de Agosto de Dos
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Mil Dieciocho (2018), a través de los cuales se negó y confirmó, respectivamente,
la solicitud de libertad condicional presentada por el condenado.
34. Al revisar las mencionadas providencias, concluyó que, fueron dictadas por
autoridades competentes y estaban debidamente motivadas, pues, aunque el señor
Vargas Urcue había cumplido las tres quintas partes de la pena, el beneficio fue
negado a partir del criterio subjetivo previsto en el artículo 64 del Código Penal,
relacionado con la gravedad y modalidad de la conducta punible y la necesidad de
protección de la comunidad.
35. Asimismo, advirtió que los demandantes no identificaron de manera concreta el
error contenido en esas decisiones ni cuestionaron las razones por las cuales se
negó la libertad condicional. Su inconformidad se centró en afirmar que la Ley 1826
de 2017 debía aplicarse de forma inmediata y oficiosa por el juez penal.
36. Incluso, al examinar la controversia bajo el título de defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia, la autoridad demandada descartó la existencia de
alguna dilación injustificada, omisión o actuación contraria a los deberes de la
función jurisdiccional, debido a que las solicitudes formuladas por el condenado
fueron resueltas mediante las respectivas providencias judiciales.
37. Ahora bien, los accionantes estiman que la decisión cuestionada incurrió en
defecto fáctico porque le restó mérito probatorio al expediente penal, del cual, según
afirman, se desprendía que el Juzgado de Ejecución de Penas tardó en aplicar de
oficio el principio de favorabilidad previsto en la Ley 1826 de 2017 y ordenar la
libertad del señor Vargas Urcue.
38. Sin embargo, se observa que el Tribunal sí valoró el referido expediente.
Precisamente, a partir de las actuaciones allí contenidas, examinó los autos por
medio de los cuales se negó la libertad condicional al señor José Luis Vargas Urcue,
así como la decisión que redosificó la condena y ordenó su libertad, y estableció los
fundamentos que dieron lugar a cada una de esas decisiones.
39. En consecuencia, el reparo no recae sobre una prueba que hubiera sido omitida
ni sobre una valoración contraria a su contenido. La discrepancia de los tutelantes
se relaciona con los efectos jurídicos atribuidos a la Ley 1826 de 2017 y con el
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momento en el que, a su juicio, el juez de ejecución de penas debía aplicar el
principio de favorabilidad.
40. tampoco se individualizó algún elemento probatorio que hubiera sido excluido del
análisis y que demostrara la dilación atribuida al Juzgado de Ejecución de Penas.
Por el contrario, las decisiones penales fueron los fundamentos empleados por el
Tribunal para reconstruir las actuaciones surtidas durante la ejecución de la condena
y establecer que no se configuraba el error judicial alegado.
41. En ese orden de ideas, se observa que la providencia censurada no deviene de
una interpretación caprichosa de la autoridad accionada, toda vez que sus
argumentos estuvieron debidamente motivados, conforme a las pruebas que fueron
aportadas en el aludido proceso ordinario y explicó las razones por las cuales no se
acreditó una actuación judicial arbitraria ni un defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, situación de la que se concluye que no se configuró el
defecto fáctico alegado.
42. Por otra parte, resulta oportuno indicar que, el hecho que la autoridad judicial
accionada no haya valorado las pruebas en el sentido en que pretendían los
tutelantes, no involucra la causal específica de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, por cuanto en
acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tiene la potestad de examinar la
pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos de convicción obrantes en el
expediente, así como la de otorgarles diferentes grados de certeza, siempre que lo
haga de manera integral y bajo los criterios de la sana crítica, conforme aconteció
en el asunto materia de controversia.
43. Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural) están precedidas de
una valoración objetiva, integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que
imposibilita al juez de tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias
a las garantías superiores, supuesto que no se da en el sub lite. Acerca de este
aspecto, la Corte Constitucional12 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no
pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
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Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar,
conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud de su autonomía e independencia,
cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que sus actuaciones se presumen de
buena fe. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la
valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable.
[…]
Por último, para que la tutela resulte procedente ante un error fáctico, “El error en el juicio
valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto,
y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no
puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del
juez que ordinariamente conoce de un asunto.
44. Teniendo en cuenta todo lo anterior, para la Sala, es evidente que la única
intención de los tutelantes es reabrir un debate que ya fue zanjado por el juez
natural con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses,
como si la acción de tutela comportara una instancia adicional, máxime,
cuando el debate suscitado gira en torno a un aspecto puramente legal.
45. Finalmente, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
IV. DECISIÓN
46. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto los
actores no acreditaron que la providencia del Trece (13) de Febrero de Dos Mil
Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
hubiere incurrido en defecto fáctico. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y
tutela judicial efectiva, invocados por los señores José Luis Vargas Urcue, Luis
Alberto Vargas Vanegas, Rosalba Urcue Trochez, Beyby Elizabeth Vargas Urcue,
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Accionantes: José Luis Vargas Urcue y otros
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Marinela Vargas Urcue, Julián Enrique Vargas Urcue y Juan Camilo Vargas Urcue,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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