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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05023-00

Fecha
14 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05023-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social de la señora ELIZABETH MOSQUERA VARGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-35-025-2022-00465-00/01. TERCERO. - ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia profiera una nueva sentencia de segunda instancia, mediante la cual resuelva el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia de 18 de julio de 2023 dictada por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá. CUARTO.- PRECISAR que, al proferir la nueva decisión, el Tribunal deberá pronunciarse de manera expresa, suficiente y razonada sobre la naturaleza jurídica de las antiguas intendencias y comisarías como entidades territoriales de régimen especial bajo administración inmediata del Gobierno Nacional; la diferencia entre esa administración centralizada y la existencia de una vinculación nacional; el alcance de la expresión “Intendente Nacional del Putumayo”; la distinción entre educación misional o nacional contratada y nombramiento efectuado por autoridad intendencial; la incidencia de los recursos nacionales cedidos, transferidos o incorporados a presupuestos territoriales; el valor probatorio del Decreto No. 0474 de 1976, la Resolución No. 000078 de 1981, el Decreto No. 214 de 1993, el acta de posesión, el Formato Único de Historia Laboral, la certificación CETIL y el certificado de salarios obrantes en el expediente; y las reglas fijadas por el Consejo de Estado en materia de pensión gracia respecto de docentes con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05023-00

Consejero ponente: Conjuez Carlos Mario Isaza Serrano

14 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SALA DE CONJUECES

Conjuez ponente: CARLOS MARIO ISAZA SERRANO

Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de 2026

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05023-00
Accionante: Elizabeth Mosquera Vargas
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá
Vinculada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Pensión gracia. Docente vinculada en antigua Intendencia Nacional del Putumayo. Defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente.

.- SENTENCIA:

La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela presentada por la señora Elizabeth Mosquera Vargas, por conducto de apoderado judicial, contra la sentencia de 25 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-35-025-2022-00465-00/01.

1).- ACTUACIÓN PROCESAL:

La señora Elizabeth Mosquera Vargas, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A), al considerar que la sentencia de 25 de enero de 2024 vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social. En el escrito de tutela afirmó que dicha providencia incurrió en defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.

Mediante auto de 1.º de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela presentada por la señora Elizabeth Mosquera Vargas, por conducto de apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A), y el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, con ocasión de la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-35-025-2022-00465-00/01.

En la misma providencia se vinculó como tercero interesado a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—, se ordenó notificar a las autoridades judiciales accionadas y a la entidad vinculada, con remisión de la solicitud de tutela y sus anexos, y se les concedió el término de dos (2) días para ejercer su derecho de defensa. También se requirió al Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá para que remitiera copia del expediente ordinario y se reconoció personería al abogado Yohan Alberto Reyes Rosas para representar a la accionante.

Dentro del término de traslado, conforme a los documentos revisados, únicamente obra contestación de la UGPP. La entidad intervino por intermedio de Karen Holly Castro Castro, en calidad de subdirectora de Defensa Judicial Pensional, quien manifestó actuar con fundamento en la Resolución 0754 de 7 de julio de 2025 y la Resolución No. 018 de 12 de enero de 2021.

La UGPP señaló que, una vez verificados sus aplicativos de información, no encontró petición pendiente de resolver por parte de la accionante relacionada con lo pretendido en la tutela. Añadió que no había vulnerado los derechos fundamentales invocados y sostuvo que, según los hechos narrados en la solicitud de amparo, la autoridad llamada a responder por la presunta afectación sería el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A), por haber proferido la decisión judicial cuestionada.

Las autoridades judiciales accionadas no rindieron informe dentro del material procesal revisado. En consecuencia, la intervención que debe registrarse en esta etapa es la de la UGPP, sin perjuicio de la valoración que corresponda sobre el alcance de su comparecencia como entidad vinculada y no como autora de la providencia judicial atacada.

Posteriormente, los consejeros de Estado Jorge Iván Duque Gutiérrez, Luis Eduardo Mesa Nieves y Juan Camilo Morales Trujillo, integrantes de la Sección Segunda, Subsección A), manifestaron impedimento para conocer del asunto. Explicaron que el 5 de marzo de 2026 la Sala había resuelto un recurso extraordinario de revisión promovido contra la misma decisión judicial a la que se refiere la presente tutela, recurso que fue declarado infundado.

Aunque precisaron que esa providencia no es la directamente cuestionada en este trámite constitucional, indicaron que sí recae sobre el mismo asunto respecto del cual la Sala ya se había pronunciado. Con fundamento en ello, invocaron las causales previstas en los numerales 4.º y 6.º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.

Mediante auto de fecha 10 de julio de 2026 la Sala de Conjueces declaró fundados los impedimentos manifestados. Para ello, recordó que los impedimentos son una garantía de imparcialidad judicial, orientada a preservar la confianza en la administración de justicia y a asegurar que la decisión sea adoptada por funcionarios que no tengan una relación previa con el asunto que pueda comprometer, objetiva o razonablemente, la independencia del juicio.

También precisó que la intervención judicial anterior debe guardar relación directa y sustancial con el objeto del nuevo proceso. Por esa razón, estimó que existía un pronunciamiento judicial anterior sobre el mismo asunto que ahora volvía a plantearse en sede constitucional y, en consecuencia, aceptó los impedimentos y separó a los referidos consejeros del conocimiento de la acción.

2).- ANTECEDENTES PROCESALES:

El proceso ordinario tuvo origen en la solicitud de reconocimiento de pensión gracia elevada por la accionante ante la UGPP. Según la demanda de tutela, la señora Mosquera Vargas solicitó la prestación el 9 de diciembre de 2021; la entidad la negó mediante Resolución No. RDP 007803 del 25 de marzo de 2022 y confirmó esa decisión mediante Resolución No. RDP 015916 del 21 de junio de 2022. La accionante afirmó que la primera negativa partió de exigir que todos los requisitos de la pensión gracia estuvieran cumplidos antes del 29 de diciembre de 1989, mientras que la decisión que resolvió el recurso indicó que no era claro el tipo de vinculación presentado desde 1993 en adelante.

En el expediente administrativo allegado se observa que la Resolución No. RDP 007803 identificó los periodos iniciales de servicio de la accionante como “N/LIZADO” y negó la prestación por considerar que, al 29 de diciembre de 1989, no se encontraban acreditados todos los requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. Esa circunstancia es relevante porque muestra que la propia decisión administrativa inicial no edificó la negativa sobre la tesis de que el nombramiento de 1976 fuera nacional por haber sido expedido por el Intendente Nacional del Putumayo.

La Resolución No. RDP 015916, al resolver el recurso, mantuvo la negativa y puso de presente una inconsistencia entre certificaciones sobre el tipo de vinculación de la actora, especialmente respecto del periodo posterior a 1993. Allí se indicó que algunos documentos referían vinculación nacional desde el 30 de agosto de 1993, mientras que la certificación CETIL reseñaba los nombramientos de 1976, 1981 y 1993 como tiempos con vinculación nacionalizada. Por esa razón, la entidad señaló la necesidad de aclarar el cambio de denominación entre nacional y nacionalizado.

La señora Mosquera Vargas promovió entonces medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No. RDP 007803 y No. RDP 015916. En la demanda ordinaria sostuvo que laboró como docente antes del 31 de diciembre de 1980, que contaba con más de cincuenta años y que había prestado servicios por más de veinte años en calidad de docente territorial o nacionalizada. En el cuadro incorporado en la demanda se relacionaron, entre otros, los periodos servidos en la Intendencia Nacional del Putumayo mediante Decreto No. 0474 de 1976 y Resolución No. 000078 de 1981, así como el nombramiento efectuado por el Departamento del Putumayo, Municipio de Puerto Asís, mediante Decreto No. 214 de 1993.

El Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá profirió sentencia el 18 de julio de 2023. En ella declaró la prescripción de las mesadas causadas antes del 1 de julio de 2018, anuló las Resoluciones No. RDP 007803 y No. RDP 015916, y condenó a la UGPP a reconocer la pensión gracia de jubilación a favor de la señora Elizabeth Mosquera Vargas, a partir del 11 de marzo de 2009, con efectos de pago desde el 1 de julio de 2018.

Para arribar a esa conclusión, el juzgado de primera instancia no se limitó a una lectura aislada de una certificación. Reconstruyó el régimen normativo de la pensión gracia, examinó la Ley 91 de 1989, trajo a consideración la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado y valoró los actos administrativos de nombramiento y posesión, así como las certificaciones de historia laboral y tiempos laborados. En particular, tuvo en cuenta el Decreto No. 0474 del 16 de enero de 1976, la Resolución No. 000078 del 8 de abril de 1981, el Decreto No. 214 del 30 de agosto de 1993, el acta de posesión, el Formato Único de Historia Laboral y la certificación CETIL obrante en el expediente.

La UGPP interpuso recurso de apelación contra esa sentencia. De acuerdo con la demanda de tutela, la entidad cuestionó especialmente que los tiempos posteriores al 29 de diciembre de 1989 pudieran ser computados para el reconocimiento de la pensión gracia y sostuvo que, para ese momento, regía la Ley 91 de 1989. La parte actora destacó que la apelación no cuestionó propiamente los tiempos anteriores al 31 de diciembre de 1980, sino la posibilidad de computar los periodos posteriores.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia de 25 de enero de 2024, revocó el fallo de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda. Según el aparte transcrito por la accionante, el Tribunal concluyó que la señora Mosquera Vargas no cumplía el requisito de ser docente con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980, porque fue nombrada mediante Decreto No. 0474 del 16 de enero de 1976, proferido por el Intendente Nacional del Putumayo, y porque el Gobierno Nacional había ordenado que la educación pública en ese territorio fuera administrada y dirigida por el Gobierno Intendencial. De esa premisa dedujo que el nombramiento fue expedido, en principio, por una autoridad del orden nacional para cubrir una vacante de la Nación.

La parte actora sostiene que el Tribunal confundió dos planos distintos: de una parte, la educación misional o nacional contratada y, de otra, el régimen jurídico de las antiguas intendencias y comisarías. Afirma que la accionante no fue nombrada por una autoridad religiosa ni mediante un acto expedido dentro de la educación misional, sino directamente por el Intendente Nacional del Putumayo, y que la denominación “nacional” de dicha autoridad no definía por sí sola la naturaleza del vínculo docente.

La Subsección A), de la Sección Segunda del Consejo de Estado manifestó impedimento para conocer esta acción, al advertir que el 5 de marzo de 2026 resolvió un recurso extraordinario de revisión promovido contra la misma decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, recurso que fue declarado infundado. Aunque esa providencia no es la directamente cuestionada en este trámite, la Sala precisó que se refería al mismo asunto sobre el cual ya había emitido pronunciamiento.

3).- CONSIDERACIONES DE LA SALA DE CONJUECES:

La Sala de Conjueces es competente para decidir la presente acción, en virtud de los impedimentos aceptados a los integrantes de la Subsección A), de la Sección Segunda del Consejo de Estado y de la conformación de la Sala llamada a resolver el trámite constitucional.

El problema jurídico consiste en determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de la señora Elizabeth Mosquera Vargas al revocar la sentencia de primera instancia que había reconocido la pensión gracia y negar las pretensiones de la demanda ordinaria, con fundamento en que su vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 debía considerarse nacional por haber sido dispuesta mediante acto expedido por el Intendente Nacional del Putumayo.

La Sala debe establecer, en particular, si la sentencia cuestionada incurrió en defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen jurídico de las antiguas intendencias y comisarías; en defecto fáctico por valoración incompleta de los soportes administrativos y laborales; y en desconocimiento del precedente sobre pensión gracia, especialmente respecto de docentes vinculados territorial o nacionalizadamente antes del 31 de diciembre de 1980.

La acción cumple los presupuestos generales de procedencia contra providencias judiciales. El asunto tiene relevancia constitucional porque no se limita a una diferencia ordinaria sobre la interpretación de una prestación legal, sino que plantea la posible vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social de una docente a quien el juez de primera instancia reconoció una pensión especial, pero cuya prestación fue negada en segunda instancia a partir de una lectura que la accionante considera irrazonable del régimen territorial aplicable.

También se satisface la subsidiariedad. La providencia cuestionada fue proferida en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Además, el expediente muestra que la Subsección A), de la Sección Segunda conoció un recurso extraordinario de revisión contra esa misma decisión y lo declaró infundado el 5 de marzo de 2026. En esas condiciones, la tutela no aparece dirigida a sustituir recursos ordinarios pendientes, sino a examinar, de manera excepcional, si la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, desconoció garantías constitucionales mínimas.

En cuanto a la inmediatez, la demanda de tutela afirmó que la cita sentencia fue notificada el 13 de febrero de 2026, y el auto admisorio de esta acción se profirió el 1 de julio de 2026. Con base en esos datos, el lapso transcurrido resulta razonable para activar el mecanismo constitucional.

La tutela contra providencias judiciales no autoriza al juez constitucional para sustituir al juez natural ni para imponer una determinada lectura legal cuando existen interpretaciones razonables en disputa. Sin embargo, sí procede cuando la decisión judicial se apoya en una premisa normativa manifiestamente incompleta, omite valorar pruebas determinantes o se aparta del precedente sin ofrecer una carga suficiente de argumentación. En este caso, el defecto no se predica de que el Tribunal haya decidido de manera desfavorable a la accionante, sino de la forma como construyó la conclusión que condujo a negar la prestación.

El primer yerro consiste en haber equiparado, sin un análisis suficiente, la expresión “Intendente Nacional del Putumayo” con una autoridad nacional para efectos de clasificar la vinculación docente. Esa conclusión desconoce que, bajo el régimen constitucional anterior, las intendencias y comisarías eran entidades territoriales de la República, aunque estuvieran sometidas a la inmediata administración del Gobierno Nacional.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en concepto de 17 de noviembre de 1972, explicó la evolución de ese régimen. Recordó que la reforma constitucional de 1936 dividía el territorio nacional en departamentos, intendencias y comisarías, y establecía que estas últimas quedaban bajo la inmediata administración del Gobierno; que la reforma de 1945 conservó esa estructura; y que la reforma de 1968 dispuso expresamente que eran entidades territoriales de la República los departamentos, las intendencias, las comisarías y los municipios o distritos municipales.

Esa precisión es decisiva. La administración inmediata por el Gobierno Nacional no despojaba a las intendencias y comisarías de su naturaleza territorial. Lo que revelaba era un régimen especial de administración centralizada. Por tanto, la categoría jurídicamente adecuada no era la de dependencia nacional ordinaria, sino la de entidad territorial de régimen especial bajo administración inmediata del Gobierno Nacional.

La Sentencia C-532 de 2005 de la Corte Constitucional refuerza esa comprensión, pues precisó que las expresiones “intendencias” y “comisarías” pertenecían al régimen territorial de la Constitución de 1886, en cuya organización se distinguía entre departamentos, intendencias y comisarías; y que, desaparecida esa diferenciación con la Constitución de 1991, dichas entidades deben entenderse actualmente como departamentos. Esa regla no convierte retroactivamente a las antiguas intendencias en entidades nacionales; por el contrario, confirma que hacían parte de la organización territorial anterior.

De esta manera, el Tribunal Administrativo no podía deducir el carácter nacional de la vinculación por la sola utilización del vocablo “nacional” en la denominación del Intendente. En el derecho público colombiano no resulta extraño que una autoridad territorial haya sido designada, controlada o administrada en forma inmediata por el Gobierno Nacional, sin que ello elimine la naturaleza territorial del ente en cuyo ámbito ejerce funciones. Esa era precisamente la complejidad del régimen de intendencias y comisarías, que el fallo cuestionado debía resolver con mayor rigor.

El segundo yerro se relaciona con la confusión entre la educación misional o nacional contratada y el nombramiento intendencial de la accionante. El Decreto No. 0474 de 1976 muestra que el nombramiento fue expedido por el Intendente Nacional del Putumayo y que, dentro de sus considerandos, se aludió a la administración y dirección de la educación pública por el Gobierno Intendencial. También se observa que allí se hicieron nombramientos de maestros, entre ellos el de Elizabeth Mosquera Vargas.

Ese documento podía mostrar la intervención del Gobierno Nacional en la organización del servicio educativo en el antiguo territorio, pero no demostraba por sí solo que la actora hubiera sido nombrada por el Ministerio de Educación Nacional ni por una autoridad religiosa en virtud de un convenio de educación misional. Si el Tribunal iba a concluir que la vinculación provenía de educación nacional contratada o misional, debía explicar de manera concreta cuál era el soporte del expediente que permitía asociar el nombramiento de la accionante con esa modalidad y por qué tal circunstancia desplazaba la naturaleza territorial especial de la Intendencia.

La sola existencia de intervención nacional en la administración del servicio educativo tampoco era suficiente. La educación pública, por su naturaleza, ha tenido históricamente una dimensión nacional, territorial y concurrente. Pero una cosa es la política, financiación o administración general del servicio, y otra distinta la naturaleza concreta del nombramiento docente para efectos de la pensión gracia. El fallo cuestionado debía diferenciar esos planos y no fusionarlos en una conclusión única.

El tercer yerro consiste en haber otorgado un alcance concluyente a expresiones formales o casillas documentales que contenían la palabra “nacional”, sin valorar de manera armónica todo el acervo probatorio. En el expediente aparecen documentos con referencias nacionales: el Intendente se denominaba “Nacional”; algunos formularios aluden al régimen nacional; y existen menciones al Escalafón Nacional Docente o al Fondo Educativo Regional. Pero esas expresiones no podían asumirse automáticamente como equivalentes a vinculación nacional excluyente del derecho a la pensión gracia.

En los documentos administrativos se observa precisamente una tensión probatoria que exigía análisis, no simplificación. La Resolución No. RDP 007803 registró los periodos iniciales como “N/LIZADO” y negó la prestación por una razón temporal, esto es, porque la accionante no habría cumplido todos los requisitos antes del 29 de diciembre de 1989. Luego, la Resolución No. RDP 015916 advirtió inconsistencias entre certificaciones respecto de la vinculación posterior a 1993, pero reconoció que la certificación CETIL relacionaba los nombramientos de 1976, 1981 y 1993 como tiempos de vinculación nacionalizada.

En ese contexto, la Sección Segunda, Subsección A), accionada, tenía la carga de explicar por qué daba prevalencia a una casilla o a una denominación formal sobre otros documentos oficiales que apuntaban hacia una vinculación territorial o nacionalizada. Incluso podía ocurrir que el uso del término “nacional” en ciertos formatos obedeciera al diseño del formulario, al régimen general del servicio, a la fuente de financiación, al escalafón docente o a la denominación institucional de la autoridad. No corresponde a esta Sala afirmar, sin prueba directa, que esa haya sido necesariamente la razón; lo relevante es que esa posibilidad hacía indispensable una valoración integral, razonada de la prueba documental y no, fragmentaria.

El cuarto yerro se presenta en la valoración de los actos de nombramiento y posesión. El expediente administrativo muestra que la accionante fue nombrada mediante el Decreto No. 0474 de 1976 por el Intendente Nacional del Putumayo; posteriormente, mediante Resolución No. 000078 del 8 de abril de 1981, también expedida por el Intendente Nacional del Putumayo; y, después, mediante Decreto No. 214 del 30 de agosto de 1993, expedido por el Alcalde Municipal de Puerto Asís, en una escuela nacionalizada.

El Decreto No. 214 de 1993 y el acta de posesión No. 140 de la misma fecha resultaban particularmente relevantes, porque la UGPP había advertido que no era claro el tipo de vinculación desde 1993 en adelante. Esos documentos mostraban un nombramiento efectuado por una autoridad municipal y una posesión surtida ante la Alcaldía Municipal de Puerto Asís. Si la Sección Segunda, Subsección A), del Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideraba que, pese a ello, el vínculo debía ser nacional, estaba obligado a explicar por qué esos actos no acreditaban vinculación territorial o nacionalizada.

El quinto yerro se relaciona con la fuente de los recursos. La sentencia de primera instancia había acudido a la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado para recordar que los recursos del situado fiscal y otros recursos transferidos o cedidos por la Nación a entidades territoriales, una vez incorporados a los presupuestos locales, pasaban a ser de propiedad de dichos entes territoriales. Esa regla era relevante porque impedía concluir, de manera automática, que todo servicio financiado con recursos de origen nacional generaba una vinculación nacional.

En ese orden, la Sentencia C-720 de 1999 aporta un criterio metodológico compatible con esa lectura: cuando los distintos criterios de clasificación ofrezcan soluciones contradictorias, debe darse prevalencia al derecho sustancial sobre las manifestaciones meramente formales del legislador. En consecuencia, cualquier norma o interpretación que pretenda mantener un tratamiento diferenciado entre ‘departamentos’ e ‘intendencias y comisarías’, desconociendo su condición actual de entidades territoriales autónomas, debe ser corregida a la luz del derecho sustancial constitucional, que las equipara como departamentos.

Por ello, no era jurídicamente suficiente afirmar que, por existir intervención nacional o recursos con fuente nacional, el vínculo docente era nacional. Antes de la Constitución de 1991 ya existían mecanismos legales de cesión y participación de rentas nacionales a favor de entidades territoriales, y la naturaleza de un recurso o de una relación de servicio público no podía definirse únicamente por su origen remoto, sino por su apropiación, incorporación, administración, destinación y entidad nominadora.

El sexto yerro consiste en no responder de manera suficiente la construcción argumentativa de la sentencia de primera instancia. El Juzgado Veinticinco Administrativo examinó el régimen legal de la pensión gracia, la Ley 91 de 1989, las reglas de unificación del Consejo de Estado, los actos de nombramiento, el acta de posesión y las certificaciones laborales. A partir de ese conjunto probatorio concluyó que la actora acreditaba vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 y más de veinte años de servicio computable para la pensión gracia.

La Sección Segunda, Subsección A), podía apartarse de esa conclusión, pero debía hacerlo mediante una motivación que enfrentara los fundamentos centrales del fallo apelado. No bastaba afirmar que el nombramiento provenía de una autoridad nacional por la denominación del Intendente ni asociarlo genéricamente con la educación nacional o misional contratada. Era necesario explicar por qué esa lectura prevalecía sobre el régimen territorial especial de las intendencias, sobre las certificaciones que mencionaban vinculación nacionalizada, sobre el nombramiento municipal de 1993, sobre el acta de posesión y sobre el precedente aplicable.

El séptimo yerro es el desconocimiento del precedente. La demanda de tutela invoca, entre otras, la sentencia de unificación del Consejo de Estado de 21 de junio de 2018 y la providencia de 11 de agosto de 2022, en cuanto fijaron reglas sobre la pensión gracia, la naturaleza de los recursos destinados a la educación y la posibilidad de que los docentes acrediten la vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980 y completen los demás requisitos después del 29 de diciembre de 1989.

La primera instancia aplicó esas reglas para superar la lectura según la cual todos los requisitos debían estar consolidados antes del 29 de diciembre de 1989. La propia actuación administrativa inicial había negado la pensión sobre esa base, pese a registrar los periodos iniciales como nacionalizados. Por ello, si la Sección Segunda, Subsección A), del Tribunal iba a adoptar una interpretación distinta, debía explicar por qué el precedente no era aplicable o por qué el caso presentaba rasgos fácticos o jurídicos que justificaban su apartamiento.

En este punto debe insistirse en que la Sala no concede el amparo porque la sentencia de primera instancia sea más extensa que la de segunda instancia, ni porque el juez constitucional prefiera una lectura ordinaria sobre otra.

El amparo procede porque la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A), del Tribunal adoptó una conclusión que no se hizo cargo de aspectos normativos y probatorios determinantes: la naturaleza territorial especial de las intendencias y comisarías, la diferencia entre administración inmediata por el Gobierno Nacional y vinculación nacional, la distinción entre educación misional contratada y nombramiento intendencial, el valor de las certificaciones y actos de nombramiento, la existencia de recursos transferidos o cedidos a entidades territoriales y las reglas de unificación sobre pensión gracia.

La justicia material no autoriza al juez de tutela a reconocer directamente la prestación pensional, salvo circunstancias excepcionales que aquí no se advierten como necesarias para el remedio constitucional. Pero sí exige que la decisión ordinaria sea producto de una motivación completa, de una valoración probatoria integral y de una aplicación razonada del precedente. Cuando esos presupuestos fallan, el debido proceso judicial resulta comprometido.

En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social de la señora Elizabeth Mosquera Vargas. Como remedio, dejará sin efectos la sentencia de 25 de enero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, y ordenará dictar una nueva providencia que resuelva el recurso de apelación interpuesto por la UGPP, con observancia de los criterios aquí expuestos.

La nueva decisión deberá pronunciarse de manera expresa sobre la naturaleza jurídica de las antiguas intendencias y comisarías; la incidencia de su administración inmediata por el Gobierno Nacional; el alcance de la expresión “Intendente Nacional del Putumayo”; la diferencia entre educación misional o nacional contratada y nombramiento expedido por autoridad intendencial; la incidencia de los recursos nacionales cedidos, transferidos o incorporados a presupuestos territoriales; el valor probatorio del Decreto No. 0474 de 1976, la Resolución No. 000078 de 1981, el Decreto No. 214 de 1993, el acta de posesión, el Formato Único de Historia Laboral, la certificación CETIL y el certificado de salarios; y las reglas fijadas por el Consejo de Estado en materia de pensión gracia.

Frente al Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá no se impartirá orden alguna, pues la vulneración constitucional se predica de la sentencia de segunda instancia que revocó su decisión. Su vinculación fue necesaria para integrar debidamente el contradictorio y remitir el expediente ordinario, pero no se advierte que su actuación haya causado la afectación que se ampara.

4).- DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Constitución,

5).- FALLA:

PRIMERO. - AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la seguridad social de la señora ELIZABETH MOSQUERA VARGAS, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de 25 de enero de 2024, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 11001-33-35-025-2022-00465-00/01.

TERCERO. - ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A, que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia profiera una nueva sentencia de segunda instancia, mediante la cual resuelva el recurso de apelación interpuesto por la UGPP contra la sentencia de 18 de julio de 2023 dictada por el Juzgado Veinticinco Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá.

CUARTO.- PRECISAR que, al proferir la nueva decisión, el Tribunal deberá pronunciarse de manera expresa, suficiente y razonada sobre la naturaleza jurídica de las antiguas intendencias y comisarías como entidades territoriales de régimen especial bajo administración inmediata del Gobierno Nacional; la diferencia entre esa administración centralizada y la existencia de una vinculación nacional; el alcance de la expresión “Intendente Nacional del Putumayo”; la distinción entre educación misional o nacional contratada y nombramiento efectuado por autoridad intendencial; la incidencia de los recursos nacionales cedidos, transferidos o incorporados a presupuestos territoriales; el valor probatorio del Decreto No. 0474 de 1976, la Resolución No. 000078 de 1981, el Decreto No. 214 de 1993, el acta de posesión, el Formato Único de Historia Laboral, la certificación CETIL y el certificado de salarios obrantes en el expediente; y las reglas fijadas por el Consejo de Estado en materia de pensión gracia respecto de docentes con vinculación territorial o nacionalizada anterior al 31 de diciembre de 1980.

QUINTO. - NEGAR las demás pretensiones de la solicitud de amparo, en cuanto pretendan que el juez constitucional sustituya directamente al juez ordinario en la definición del recurso de apelación o en el reconocimiento inmediato de la prestación reclamada.

SEXTO. - NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los intervinientes por el medio más expedito y eficaz, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO. - INFORMAR que contra esta providencia procede la impugnación dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

OCTAVO. - REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta providencia no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS MARIO ISAZA SERRANO
Conjuez ponente

JOSÉ PABLO SANTAMARÍA PATIÑO
Conjuez

JUAN PABLO ARAUJO ARIZA
Conjuez

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 17 de noviembre de 1972, rad. No. 690, ponente Mario Latorre Rueda, en respuesta a consulta del Ministerio de Gobierno sobre el régimen intendencial y comisarial.
La Sentencia C-532 de 2005 confirma que esas categorías (“intendencias” y “comisarías”) son propias de ese régimen territorial ya superado y que, bajo la Constitución de 1991, deben entenderse como departamentos, es decir, como entidades territoriales autónomas en los términos del artículo 286 y siguientes. De allí se sigue que cualquier norma o concepto que aluda a “intendencias” y “comisarías” como entidades distintas de los departamentos debe leerse hoy como referido a departamentos, salvo que se trate de una disposición expresamente destinada a regular los antiguos territorios nacionales antes de su conversión en departamentos.

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