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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05024-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05024-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Martha Yolanda Arias Bonilla como “guardadora, apoyo legítimo y representante legal” del señor Henry Arias Bonilla, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05024-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: MARTHA YOLANDA ARIAS BONILLA EN CALIDAD DE
“GUARDADORA, APOYO LEGÍTIMO Y REPRESENTANTE
LEGAL” DE HENRY ARIAS BONILLA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reintegro de sumas
reconocidas por conmutación pensional / INCIDENTE DE NULIDAD – Indebida integración
del contradictorio e indebida notificación / DEFECTOS SUSTANTIVO, FÁCTICO Y
PROCEDIMENTAL – No se encuentran acreditados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por la señora Martha Yolanda Arias Bonilla como “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal”2 del señor Henry Arias Bonilla, por conducto de apoderado, de
conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en los
artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 1991.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 30 de junio de 2026, la parte accionante presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, “defensa
técnica, […] garantías reforzadas de los sujetos con discapacidad”3.

Hechos relevantes

2. El Fondo de Previsión del Congreso de la República (Fonprecon) promovió
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en grado de lesividad, contra el Departamento del Tolima y el señor Henry
Arias Bonilla. Lo anterior, con el objeto de obtener la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se reconoció la conmutación pensional con

1 Que ingresó para fallo el 3 de agosto de 2026.
2 Folio 1 del escrito de tutela.
3 Folio 7 ibid.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

fundamento en el régimen especial de congresistas y se reajustó la mesada
pensional del señor José Orlando Arias Salcedo y, posteriormente, se otorgó la
sustitución pensional a sus beneficiarios.

3. El asunto correspondió al Tribunal Administrativo del Tolima que, por medio de
sentencia del 28 de agosto de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

4. El apoderado de la señora Martha Yolanda Arias Bonilla, en su calidad de
guardadora del señor Henry Arias Bonilla, solicitó la nulidad del proceso por
indebida notificación e indebida integración del contradictorio y solicitó la
intervención del Ministerio Público, en aras de garantizar los derechos
fundamentales de su representado.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de auto del 22 de abril de 2026,
resolvió:

“PRIMERO. RECHAZAR de plano la solicitud de nulidad elevada por el
apoderado de la señora Martha Yolanda Bonilla Arias en calidad de curadora
legal del señor Henry Arias Bonilla en calidad de demandado.

SEGUNDO. No dar trámite a las demás solicitudes elevadas por el
apoderado en mención, conforme a la parte considerativa de ésta
providencia.

TERCERO. NOTIFÍQUESE esta providencia en la forma y términos del
artículo 201 del CPACA.

CUARTO. En firme esta decisión, REINGRÉSESE al despacho el
expediente para decidir sobre la concesión del recurso interpuesto contra la
sentencia de primera instancia proferida por esta corporación. […]”4.

6. Como fundamento de su decisión, la autoridad judicial señaló (i) que no se
configuraba una indebida integración del contradictorio, en tanto que las personas
interesadas de las resultas del proceso fueron vinculadas desde la admisión de la
demanda, esto es, los únicos beneficiarios de la pensión por sobrevivencia, la
señora Bonilla de Arias como cónyuge supérstite y el hijo Henry Bonilla Arias; (ii)
que no se acreditaba una indebida notificación, puesto que la sentencia del 28 de
agosto de 2025 fue comunicada a las partes mediante estado del 2 de septiembre
de 2025 y se aportó constancia de ello; y (iii) que el Procurador 27 Judicial II para
Asuntos Administrativos, como agente del Ministerio Público, tenía conocimiento del
trámite del medio de control desde que se admitió la demanda.

7. Inconforme con lo resuelto en el auto precitado, la parte incidentante interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de queja. En sustento de su inconformidad,
reiteró la solicitud de nulidad por indebida notificación de la sentencia de primera
instancia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

4 Folio 6. Archivo “010ED_PRUEBA_30_6_20268_34”.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

8. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de providencia del 24 de junio de
2026, decidió (i) no reponer el auto del 22 de abril de 2026, por medio del cual se
rechazó de plano el incidente de nulidad formulado; y (ii) rechazar por improcedente
el recurso de queja formulado subsidiariamente.

9. Simultáneo al trámite descrito, en el término de ejecutoria de la sentencia del 28
de agosto de 2025, Fonprecon allegó solicitud de adición y complementación de la
decisión de primera instancia. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de auto
del 30 de octubre de 2025, negó lo pretendido.

10. Fonprecon interpuso recurso de apelación contra el auto en comento. El Tribunal
Administrativo del Tolima, a través de auto del 24 de junio de 2026, concedió en
efecto suspensivo el recurso y ordenó la remisión del expediente al Consejo de
Estado.

11. El 30 de junio de 2026, Fonprecon solicitó la corrección de la providencia
precitada, petición que aún se encuentra pendiente de resolver.

Pretensiones

12. En el presente proceso de tutela, la parte accionante solicita lo siguiente (se
transcribe textualmente):

“PRIMERA: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso (Art. 29
C.P.), el derecho a la defensa técnica material, el acceso a la administración
de justicia (Art. 228 C.P.) y las garantías reforzadas de los sujetos con
discapacidad (Art. 13 C.P.) del señor HENRY ARIAS BONILLA, los cuales
fueron flagrantemente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima,
Sala de Oralidad.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO el auto del 22 de abril de
2026 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima dentro del medio de
control con Radicado No. 73001-23-33-000-2020-00444-00, mediante el
cual se rechazó de plano el Incidente de Nulidad Procesal promovido por la
defensa técnica del afectado.

TERCERA: DEJAR SIN EFECTO JURÍDICO el auto del 24 de junio de
2026 dictado por el Magistrado Ponente Luis Eduardo Collazos Olaya dentro
del mismo radicado, mediante el cual resolvió no reponer el auto de rechazo
de plano y declaró improcedente el recurso de queja subsidiario.

CUARTA: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Tolima, Sala de
Oralidad, que proceda a dejar sin valor ni efecto las decisiones de rechazo
de plano y, en su lugar, emita un nuevo pronunciamiento en el que analice
la procedencia del Incidente de Nulidad Procesal formulado por la defensa
de HENRY ARIAS BONILLA. Para ello, el despacho judicial deberá
considerar las particularidades del caso frente a la falta de capacidad para
ser parte de la persona fallecida y la garantía de la defensa material del
sujeto de especial protección constitucional, conforme a los lineamientos
expuestos en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTA: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Tribunal
Administrativo del Tolima, Sala de Oralidad, que adopte las medidas
administrativas y procesales necesarias para que la remisión del expediente
principal ante el Honorable Consejo de Estado no impida ni entorpezca el

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

cumplimiento de la orden de amparo constitucional aquí emitida,
garantizando que el cuaderno respectivo permanezca a disposición del
despacho para el nuevo pronunciamiento ordenado”5.

Fundamentos de la demanda de tutela

13. La parte demandante sostiene que el Tribunal Administrativo del Tolima, con la
expedición de los autos del 22 de abril de 2026 y del 24 de junio de 2026, incurrió
en un defecto sustantivo por indebida aplicación normativa y falta de capacidad
para ser parte. Sostiene que en las decisiones acusadas se “rechazó la nulidad
sosteniendo que demandar a una persona fallecida (ANA RITA BONILLA)
constituyó una irregularidad saneada en la etapa de excepciones previas mediante
un litisconsorcio. Este razonamiento configura un defecto sustantivo flagrante. La
jurisprudencia unificada de la Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Civil,
Sentencia STC13524-2022) y de la Corte Constitucional (Sentencia C-493 de 2016)
determina de forma unánime que la demanda dirigida contra quien ha fallecido con
anterioridad a su presentación no genera una indebida representación, sino una
inexistencia jurídica de la relación procesal respecto de esa persona”6.

14. Asimismo, aduce la configuración de un defecto fáctico por la falta de
valoración de las constancias de notificación de la sentencia del 28 de agosto de
2025. Sostiene que el Tribunal Administrativo del Tolima se limitó a considerar el
correo electrónico remitido al abogado inicialmente registrado dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, sin valorar que el señor Henry Arias Bonilla
es una persona en condición de discapacidad y que su representación legal
corresponde de manera exclusiva a la señora Martha Yolanda Arias Bonilla.

15. Finalmente, señala la existencia de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, debido a que el Tribunal Administrativo del Tolima, al rechazar de plano
el incidente de nulidad propuesto por el extremo activo, “prefirió el blindaje formal
de su providencia sobre la realidad de que el proceso se adelantó a espaldas de la
guardadora de un interdicto y en contra de una ciudadana fallecida”7.

Trámite procesal

16. El 30 de junio de 20268, la Secretaría General de esta Corporación remitió el
asunto al despacho para decidir sobre su admisión.

17. Sin embargo, a través de providencia del 1°. de julio de 2026 9, el magistrado
sustanciador consideró que la demanda no reunía los requisitos mínimos para la
representación judicial. Por lo anterior, resolvió:

“PRIMERO: REQUERIR a la parte accionante para que, en el término de
tres (3) días contados a partir de la comunicación efectiva de esta decisión:

5 Folios 7 y 8 del escrito de tutela.
6 Folio 5 ibid.
7 Folio 7 ibid.
8 Ver índice 3 de Samai.
9 Ver índice 4 de Samai.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

(i) ALLEGUE el poder especial que faculte al abogado Mario Fernando
Cruz Arias para promover la presente acción constitucional en nombre de
Martha Yolanda Arias Bonilla y/o de Henry Arias Bonilla, según corresponda,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; en
caso de no contar con dicho documento; (ii) INFORME si la interdicción del
señor Henry Arias Bonilla fue revisada por la autoridad judicial competente,
y (iii) SUMINISTRE soporte de si la señora Martha Yolanda Arias Bonilla fue
nombrada como apoyo del señor Henry Arias Bonilla o, en su defecto, se
ACLARE la forma en que ejerce la representación o la agencia de los
derechos de la parte demandante”.

18. Esta decisión fue notificada a las partes el 3 de julio de 202610.

19. Por medio de memorial del 6 de julio de 202611, el abogado Mario Fernando
Cruz Arias remitió un memorial mediante el cual explicaba la legitimación en la
causa por activa, a saber:

“Frente al requerimiento del Honorable Despacho encaminado a clarificar
la situación de la interdicción judicial del señor HENRY ARIAS BONILLA
de cara a los mandatos de la Ley 1996 de 2019, me permito fundamentar
la plena legitimación en la causa por activa de la señora MARTHA
YOLANDA ARIAS BONILLA con base en las siguientes realidades
procesales, normativas y jurisprudenciales:

1. Soporte Idóneo en el Registro Civil de Nacimiento (Anotaciones
marginales): Como prueba idónea de la calidad de representante legal
que ostenta mi poderdante, se anexa el Registro Civil de Nacimiento de
HENRY ARIAS BONILLA, expedido el 6 de julio de 2026 por la
Registraduría Municipal del Estado Civil de Guamo - Tolima. En las notas
marginales de dicho documento público consta la cadena de
representación:

2. Sentencia de Interdicción Definitiva: Dictada el 20 de marzo de 2012
por el Juzgado Primero de Familia de Ibagué, la cual declaró la interdicción
por discapacidad mental absoluta del agenciado.

3. Designación de Guardadora Suplente: En dicha providencia se
nombró originalmente como curadora legítima a la señora Ana Rita Bonilla
de Arias, y de forma explícitamente subsidiaria a la señora MARTHA
YOLANDA ARIAS BONILLA.

4. Posesión Definitiva del Cargo: Ante el fallecimiento de la guardadora
principal, se surtió la diligencia formal de posesión del cargo de
GUARDADORA TITULAR por parte de la señora MARTHA YOLANDA
ARIAS BONILLA el 28 de noviembre de 2019 ante el Juzgado Primero de
Familia de Ibagué […]

Por consiguiente, la señora MARTHA YOLANDA ARIAS BONILLA
ostenta un título judicial legítimo, debidamente asentado en el registro civil
y legalmente ultractivo para interponer esta acción de amparo
constitucional en favor de su representado, con el fin de proteger sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica”.

10 Ver índice 8 de Samai.
11 Ver páginas 2 y 3 del escrito de subsanación.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

20. Además, el abogado allegó (i) poder especial para actuar en la acción de
tutela12; (ii) copia del registro civil de nacimiento del señor Henry Arias Bonilla con
expedición del 6 de julio de 2026, donde aparece lo relacionado con “la interdicción
y la posesión del cargo de guardadora”13; y (iii) la constancia del 5 de mayo de 2026
emitida por el Juzgado Primero (1.º) de Familia de Ibagué en el que certifica la
vigencia de la sentencia del 20 de marzo de 2012 y acta de posesión del cargo del
28 de noviembre de 201914.

21. El 14 de julio de 202615, el expediente ingresó al despacho para continuar con
el trámite pertinente.

22. A través de auto de 16 de julio de 202616, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del
Tolima como accionado y a Fonprecon, al departamento del Tolima, al Ministerio
Público y a los demás intervinientes dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2020-00444-00 como
terceros con interés. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el presente
asunto. Entre otras decisiones.

Intervenciones

23. Fonprecon solicitó que nieguen las pretensiones de la demanda, “por cuanto
está siendo empleada para revivir un término procesal que a ciencia y paciencia del
apoderado accionante transcurrió, resulta evidente el uso irracional del mecanismo
de amparo, pues la accionante cuestiona la providencia judicial con argumentos que
se limitan a evidenciar su inconformidad con la sentencia pero no demuestra la
existencia de una vía de hecho por una razón elemental: el señor HENRY ARIAS
BONILLA siempre contó con apoderado antes durante y después de notificada la
sentencia, la misma fue notificada en legal forma y el apoderado hoy accionante
contó con la oportunidad procesal para interponer recurso de apelación”17.

24. Además, señaló que la sentencia del 28 de agosto de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo del Tolima, fue notificada en forma legal al apoderado de la
parte actora en el proceso ordinario, por lo que contó con la oportunidad de
interponer recurso de apelación y no lo hizo.

25. El Tribunal Administrativo del Tolima aportó el enlace de acceso al
expediente contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2020-00444-00.

12 Obra en certificado 21F7A94F63511184 C195E7BFE1E74105 76F9D80A8EF8F274
8DF0B7444D38FE4A, índice 8 de Samai.
13 Obra en certificado 7E88FD6A041B4D77 C6FFCC6EC65FBEB1 EB39B5CEBDF079E3
35DBF0A5F0A71F2A, índice 8 de Samai.
14 Obra en certificado 05E9EA7E962E1EFE 34D05BAFCFB3F974 A6970E94380B91DD
C969F30AFB0A11BE, índice 8 de Samai.
15 Ver índice 10 de Samai.
16 Ver índice 11 de Samai.
17 Folio 3. Archivo “027_MemorialWeb_Respuesta-CONTESTACIoNACCIoN”.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

26. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

27. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

28. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad?

29. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo del Tolima, con la expedición de los autos del 22 de abril de 2026 y
del 24 de junio de 2026, incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental
y, por consiguiente, en la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte accionante?

30. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar el caso
concreto, particularmente: (i) los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales y (ii) el análisis de los defectos alegados.

Análisis formal de la acción de tutela

a) De la legitimación en la causa

31. En primer lugar, la señora Martha Yolanda Arias Bonilla cuenta con legitimación
en la causa por activa, dado que ostenta un título judicial legítimo para actuar como
representante del señor Henry Arias Bonilla. Ello, con fundamento en lo ordenado
por el Juzgado Primero (1.°) de Familia de Ibagué que, por medio de diligencia del
28 de noviembre de 2019, designó a la actora como “guardadora titular”18 de su
hermano. En tal condición, actúa como la persona directamente afectada por la
presunta vulneración de derechos fundamentales en que incurrió la autoridad
judicial accionada.

32. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo del Tolima, autoridad a la cual se le atribuye la transgresión de los
derechos fundamentales reclamados por la demandante. Asimismo, se mantendrá
la vinculación de los terceros con interés, por haber intervenido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 73001-23-33-000-2020-
00444-00.

18 Ver páginas 2 y 3 del escrito de subsanación.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

b) Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales

33. Conforme el precedente constitucional fijado en la Sentencia C-590 de 200519,
reiterado de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor
satisfaga una importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete
causales genéricas de procedencia, y al menos una específica.

34. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar20; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela21, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional22 o el Consejo de Estado23,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP24; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara, detallada y comprensible los
hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que, si
existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable25 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

35. En cuanto a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sentencia C-590 de 2005 precisó que la tutela se
concederá si se presenta al menos uno de los siguientes defectos. A continuación,
se enuncian los defectos específicos explicados por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, profundizando en el defecto invocado por la parte actora.

19 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
20 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
21 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
23 Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
25 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

i. Defecto orgánico, que se genera cuando la sentencia acusada es
expedida por un funcionario judicial que carecía de competencia;
ii. Defecto procedimental absoluto, que se produce cuando la autoridad
judicial actuó por fuera del procedimiento establecido para determinado
asunto;
iii. Defecto fáctico, que se presenta cuando la providencia acusada tiene
problemas de índole probatorio, como la omisión del decreto o práctica de
pruebas, la valoración de pruebas nulas de pleno derecho o la realización
indebida y contraevidente de pruebas existentes en el proceso;
iv. Defecto sustantivo, que ocurre cuando la decisión judicial se toma con
fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, o que no estaban
llamadas a gobernar el caso o a partir de interpretaciones jurídicas
contrarias a la garantía de los derechos fundamentales.
v. Error inducido, que se genera cuando la autoridad judicial vulnera los
derechos fundamentales del afectado producto de un error al que ha sido
inducido por factores externos al proceso, y que tienen la capacidad de
influir en la toma de una decisión contraria a derecho o a la realidad fáctica
probada en el caso;
vi. Decisión sin motivación, que supone que el juez no cumplió con su deber
de expresar los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión;
vii. Desconocimiento del precedente, que se genera cuando frente a un caso
con los mismos hechos una autoridad se aparta de los procedimientos
establecidos por los tribunales de cierre (precedente vertical) o por los
dictados por ellos mismos (precedente horizontal), sin cumplir con la carga
de justificar de forma suficiente y razonada por qué se cambia de
precedente.
viii. Violación directa de la Constitución, que se genera cuando una
providencia judicial desconoce por completo un postulado de la
Constitución, le atribuye un alcance insuficiente o lo contradice.

36. En este contexto, la Sala estudiará en el caso concreto los elementos formales.
En caso de superarlos se iniciará el estudio de mérito.

c) Estudio formal en el caso concreto

37. En el presente asunto se encuentra demostrado que (i) la parte accionante no
cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto, por
cuanto el auto del 24 de junio de 2026 resolvió el recurso de reposición interpuesto
por la parte actora contra la providencia del 22 de abril de 2026 y rechazó por
improcedente el recurso de queja, por lo que se agotaron todas las etapas del
incidente de nulidad propuesto; (ii) la acción se presentó dentro del plazo razonable
porque la última de las providencias enjuiciada se notificó por estado el 24 de junio
de 202626 y la tutela se interpuso el 30 de junio de 2026; (iii) determinó la
irregularidad procesal claramente, en el defecto procedimental, el cual tiene un
impacto particular en el caso; (iv) se identificaron claramente los hechos
generadores de la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido

26 Índice 85 de Samai. Expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho
radicado núm. 73001-23-33-000-2020-00444-00.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

proceso y al acceso a la administración de justicia; y (v) no se trata de una sentencia
de tutela, de una decisión expedida en ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado27 ni
de una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz28.

38. Adicional a ello, la Sala advierte que (vi) se cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que la parte actora explicó las razones por las cuales considera
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. De igual modo, no es un asunto
de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza
excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, como ha
resuelto en casos similares esta Subsección29, se está frente a una duda sobre la
potencial afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio de los
jueces naturales, al tratarse de una controversia relacionada con el reintegro de
sumas reconocidas por conmutación pensional que repercute directamente en los
intereses de una persona en condición de discapacidad.

39. De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la
Sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija
en una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho o
un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales o económicos,
se trata de un asunto que tiene “la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental”30 y se
justifica en la medida de una posible “afectación desproporcionada a derechos
fundamentales31”.

40. De conformidad con lo expuesto, se procederá a efectuar un análisis de fondo
en el asunto bajo estudio.

d) Análisis del caso concreto y de los defectos específicos

41. En el presente asunto, la parte actora sostiene que el Tribunal Administrativo
del Tolima incurrió en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental al proferir los
autos del 22 de abril de 2026 y del 24 de junio de 2026, mediante los cuales negó
el incidente de nulidad promovido contra la sentencia del 28 de agosto de 2025,
dictada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 73001-23-33-000-2020-00444-00. Según afirma, dicha providencia
fue proferida en un proceso en el que se configuró una indebida integración del
contradictorio y una irregular notificación de la sentencia de primera instancia.

27 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2017, SU-585 de 2017, SU-379 de 2019, SU-355 de
2020, SU-388 de 2021, SU-074 de 2022 y SU-114 de 2023.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-478 de 2014 y SU-388 de 2023.
29 Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A. Sentencia del 8 de mayo de 2026. Rad.
11001-03-15-000-2025-05979-01.
30 Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
31 Ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

42. Ahora bien, del examen de la providencia cuestionada se advierte que la
autoridad judicial accionada estudió expresamente cada una de las causales de
nulidad propuestas por la parte incidentante y explicó las razones por las cuales no
resultaba procedente darles trámite.

43. En primer lugar, en relación con la alegada indebida integración del
contradictorio, el despacho recordó que ese planteamiento ya había sido objeto de
decisión mediante el auto del 18 de mayo de 2023, a través del cual declaró no
probada la excepción previa consistente en la falta de integración del litisconsorcio
necesario. Asimismo, explicó que la vinculación de los herederos de la señora Ana
Rita Bonilla de Arias no era necesaria para resolver el medio de control, por cuanto
desde la admisión de la demanda habían sido vinculados quienes ostentaban la
condición de beneficiarios de la sustitución pensional y los efectos de la sentencia
se circunscribían a la legalidad de los actos administrativos demandados.

44. Bajo ese entendido, el Tribunal Administrativo del Tolima concluyó que el
argumento expuesto por la parte demandante constituía una reiteración de un
aspecto previamente resuelto dentro del proceso y, además, no correspondía a una
de las causales taxativas de nulidad previstas en el artículo 133 del Código General
del Proceso, circunstancia que, conforme a lo dispuesto en el artículo 135 ibidem,
imponía el rechazo de plano de la solicitud. Al respecto, indicó la autoridad judicial
demandada:

“De allí que la consideración tenida en cuenta por el despacho para dicha
decisión, es que la integración de los herederos de la señora Ana Rita Bonilla
de Arias como sujeto pasivo, no resulta necesaria a efectos de resolver el
medio de control aquí incoado tendiente en determinar la legalidad de la
conmutación de la pensión del señor José Orlando Arias Salcedo (Q.E.P.D.)
a cargo del FONPRECON, el reajuste especial de tal prestación por parte
de la entidad, así como la sustitución pensional a los beneficiarios de aquel
por su deceso.

Lo anterior, recordando que las personas interesadas de las resultas de este
proceso fueron vinculados desde la admisión de la demanda, esto es, de los
únicos beneficiarios de la pensión por sobrevivencia, de la señora Bonilla de
Arias como cónyuge supérstite y del hijo Henry Bonilla Arias en su calidad
de interdicto. Por lo que el suscrito no evidencia la necesidad de integrar a
los herederos de la demandada habida cuenta que los efectos de la
sentencia se limitan a los hechos y fundamentos jurídicos que dieron origen
a las resoluciones aquí demandadas por la entidad que las profirió.

En el mismo sentido, al estudiar la causal invocada por el incidentante, se
advierte que la misma no está contemplada en el artículo 133 del CGP por
expresa remisión del inciso 1 del artículo 135 ibidem, comoquiera que el
argumento elevado por el apoderado es una reiteración de la excepción
previa ya resuelta por el despacho en la etapa procesal dispuesta para dicho
fin, por lo tanto, al no cumplirse el requisito de expresar la causal invocada,
el despacho rechazará de plano esta alegación”32.

45. En segundo lugar, en lo relativo a la supuesta indebida notificación de la
sentencia de primera instancia, el despacho accionado analizó las circunstancias
procesales relevantes y estableció que la providencia fue notificada al correo

32 Folio 4. Archivo “010ED_PRUEBA_30_6_20268_34”.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

electrónico del apoderado judicial que para ese momento representaba al señor
Henry Arias Bonilla, dirección que había sido suministrada en la contestación de la
demanda. Igualmente, constató que el nuevo poder fue radicado con posterioridad
a dicha notificación, razón por la cual el Tribunal concluyó que el mandato conferido
al anterior apoderado continuaba vigente para ese momento, en los términos del
artículo 76 del Código General del Proceso.

46. En efecto, se tiene que la autoridad judicial verificó que la notificación personal
de la sentencia fue remitida al correo electrónico registrado por el abogado Rafael
Enrique Caicedo Rodríguez en la contestación de la demanda y constató que dicho
profesional actuó como apoderado judicial de la entonces parte demandada durante
el trámite del proceso, incluso hasta la etapa de alegatos de conclusión. Del mismo
modo, estableció que el nuevo poder conferido al abogado Mario Fernando Cruz
Arias fue radicado el 21 de octubre de 2025 y reconocido mediante auto del 30 de
octubre siguiente, esto es, con posterioridad a la notificación de la sentencia.

47. En igual sentido, la providencia examinó la actuación surtida con ocasión de la
solicitud de adición de la sentencia y advirtió que la decisión que resolvió dicha
petición fue notificada cuando el nuevo apoderado ya había sido reconocido dentro
del proceso. A partir de ello, concluyó que, conforme al artículo 287 del Código
General del Proceso, aún existía la posibilidad procesal de interponer recurso de
apelación contra la sentencia principal dentro del término de ejecutoria de la
providencia que resolvió la solicitud de adición. Sobre este punto, indicó el Tribunal:

“En la misma línea, es preciso mencionar que la sentencia de la cual se
predica la indebida notificación, fue objeto de solicitud de adición, que a su
vez fue negada mediante providencia del 30 de octubre de 2025, decisión
notificada por estado del 191 del 6 de noviembre de 20254, por lo tanto,
teniendo en cuenta que el nuevo apoderado le fue reconocido poder el 30
de octubre de 2025, no le es plausible para el despacho asegurar que la
aparente indebida diligencia del apoderado anterior, no permitió a su
poderdante recurrir la sentencia que accedió a las pretensiones de su
contraparte, comoquiera que de conformidad con el artículo 287 del CGP,
dentro del término de ejecutoria del auto que resolvió la adición a la
sentencia, el nuevo apoderado ahora incidentante, bien pudo interponer
recurso de apelación […]”33.

48. Así las cosas, la Subsección advierte que la autoridad judicial accionada no
prescindió del procedimiento legalmente establecido ni omitió resolver las
solicitudes elevadas por el incidentante. Por el contrario, examinó las causales
invocadas, verificó su procedencia a la luz del régimen de nulidades procesales y
expuso las razones jurídicas que la condujeron a rechazar de plano la solicitud. En
consecuencia, el desacuerdo de la parte accionante recae sobre el sentido de la
decisión adoptada y no evidencia la configuración de un defecto procedimental.

49. De igual modo, tampoco se advierte que el Tribunal hubiera omitido valorar
pruebas determinantes para la resolución del asunto o que hubiera dejado de
considerar circunstancias relevantes del expediente. Por el contrario, la decisión se
sustentó en el análisis de las actuaciones procesales y de la documentación obrante

33 Folio 5 ibid.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05024-00
Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

en el expediente, razón por la cual el cuestionamiento formulado por la parte actora
corresponde a una discrepancia frente a las conclusiones alcanzadas por el juez y
no a la configuración de un defecto fáctico.

50. Asimismo, la Sala advierte que la providencia cuestionada contiene una
interpretación razonada de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y
expone de manera suficiente los fundamentos que sustentan la decisión adoptada.
En consecuencia, la inconformidad de la parte accionante se dirige a controvertir el
criterio jurídico acogido por el juez de conocimiento, sin que ello permita concluir
que la providencia se fundó en una interpretación arbitraria, irrazonable o
manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. Por tal razón, tampoco se
configura el defecto sustantivo alegado.

51. Por lo anterior, al no advertirse vulneración alguna de derechos fundamentales
ni la configuración de una causal específica de procedibilidad, se negará el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la señora Martha Yolanda
Arias Bonilla como “guardadora, apoyo legítimo y representante legal” del señor
Henry Arias Bonilla, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo
del Tolima.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado mediante la acción de tutela presentada
por la señora Martha Yolanda Arias Bonilla como “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” del señor Henry Arias Bonilla, por conducto de apoderado,
contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

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Accionante: Martha Yolanda Arias Bonilla en calidad de “guardadora, apoyo legítimo y
representante legal” de Henry Arias Bonilla
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Referencia: Acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

14

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