Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05034-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05034-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2026-05034-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05034-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. LA
ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACTORA
PRETENDE CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE
MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA
ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor
contra la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1.
I.- ANTECEDENTES
1
En adelante SECCIÓN QUINTA.
2
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05034-00
Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
I.1.- La solicitud
El señor NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, los cuales estima vulnerados por la
SECCIÓN QUINTA, al haber proferido la sentencia de 11 de junio
de 2026 dentro del medio de control de cumplimiento de normas con
fuerza material de ley o de actos administrativos identificado con el
número único de radicación 25000-23-41-000-2025-01705-01.
I.2.- Hechos
Indicó que se desempeña como notario en propiedad en la Notaría
Primera del Círculo de Facatativá (Cundinamarca).
Aseguró que por pertenecer a la carrera notarial es titular del derecho
de preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma
circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma
categoría que se encuentre vacante, de conformidad con lo dispuesto
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05034-00
Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 de 20 de junio de
19702.
Señaló que con ocasión del retiro forzoso del notario segundo del
Círculo de Chía (Cundinamarca) en enero de 2024, requirió
oportunamente el ejercicio del derecho de preferencia siendo el único
solicitante y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.
Sostuvo que, ante la renuencia de las autoridades nominadoras,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
contra la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA3, el MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL DERECHO4 y la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO5, con el fin de que se acatara lo dispuesto
en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto 960 y el artículo 5 del
Decreto 2163 de 9 de noviembre de 19706.
Afirmó que el referido proceso fue identificado con el número único
de radicación 2025-01705-00 y le correspondió por reparto a la
2
“Por el cual se expide el estatuto del Notariado”.
3
En adelante PRESIDENCIA.
4
En adelante MINISTERIO.
5
En adelante SUPERINTENDENCIA.
6
“Por el cual se oficializa el servicio de Notariado”.
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Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA7 que, mediante
sentencia de 9 de abril de 2026, accedió a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, les ordenó a las autoridades allí
accionadas materializar mediante acto administrativo su derecho de
preferencia.
Adujo que, inconforme con lo anterior, la parte allí demandada
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la SECCIÓN
QUINTA que, mediante sentencia de 11 de junio de 2026, revocó la
decisión del a quo y, en su lugar, declaró la improcedencia del medio
de control.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico, por cuanto omitió valorar las pruebas obrantes en el
expediente que acreditaban que los supuestos de hecho del derecho
de preferencia ya habían sido verificados por la propia
administración.
7
En adelante TRIBUNAL.
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Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
Precisó que la SECCIÓN QUINTA también incurrió en defecto
procedimental, debido a que: “[…] alteró sustancialmente el
petitum: tomó un hecho de la demanda —la titularidad del derecho—
y lo convirtió en su objeto, sustituyendo la súplica efectivamente
deducida (la orden de cumplimiento de la ley) por una distinta y
expresamente descartada (la declaración de un derecho subjetivo)
[…]”.
I.4.- Pretensiones
Por lo anterior, el actor solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS (REVOCAR) la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sección Quinta de
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
del 11 de junio de 2026, notificada el 18 de junio de 2026, dentro
del radicado 25000-23-41-000-2025-01705-01, con ponencia del
consejero Pedro Pablo Vanegas Gil.
TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, y por razones de
economía procesal, PROFERIR sentencia sustitutiva en la que
se confirme la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A del 9 de abril de 2026.
CUARTO. EN SUBSIDIO de la pretensión tercera, ORDENAR a
la Sección Quinta del Consejo de Estado que profiera nuevamente
sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes, valorando las
pruebas que dejó de analizar y determinando, a la luz de las
mismas, si la Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia
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y del Derecho incumplieron el Artículo 5 del Decreto Ley 2163 de
1970 y el numeral 3 del Artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970
y verificando lo realmente pretendido y probado, así como el
verdadero alcance de la acción de cumplimiento.
QUINTO. Adoptar las demás determinaciones que el juez
constitucional encuentre procedentes para amparar los derechos
fundamentales vulnerados. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la presente
acción porque carece de legitimación en la causa por pasiva, toda
vez que no es la autoridad judicial que profirió la providencia objeto
de censura constitucional ni existir actuación alguna de su parte que
pueda considerarse vulneradora de los derechos fundamentales
invocados.
I.5.2.- El MINISTERIO solicitó denegar la presente acción o, en su
defecto, declarar improcedente la solicitud de amparo, por cuanto no
ha vulnerado los derechos fundamentales invocados y, a su juicio, el
actor cuenta con otro medio de defensa judicial, esto es, el recurso
extraordinario de revisión.
I.5.3.- La SECCIÓN QUINTA afirmó que la presente acción de
tutela no cumple con el requisito general de la relevancia
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constitucional, por cuanto lo pretendido por el actor es reabrir una
controversia ya resuelta por el juez natural, sin que de los cargos
planteados se logre evidenciar alguna arbitrariedad o posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados.
I.5.4.- La PRESIDENCIA y la SUPERINTENDENCIA, guardaron
silencio.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de las acciones de tutela entre las secciones y asigna a
esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
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Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
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susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el
juez actuó completamente al margen del procedimiento
establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la sentencia de 11 de junio de 2026, proferida por
la SECCIÓN QUINTA dentro del medio de control de cumplimiento
de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos
identificado con el número único de radicación 2025-01705-01.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, habida cuenta que, a juicio del actor, incurrió en defecto
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fáctico, por omitir valorar las pruebas obrantes en el expediente que
acreditaban que los supuestos de hecho del derecho de preferencia
ya habían sido verificados por la propia administración y defecto
procedimental, al alterar las pretensiones de la demanda.
Precisado lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso
cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la
SECCIÓN QUINTA vulneró los derechos deprecados e incurrió en
los defectos alegados.
Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional8, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».9
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación10, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
8
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [11]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [12].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [13].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [14].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
[11] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[12] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[13] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[14] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [15]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así, por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [16].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
[15] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[16] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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natural [17]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces;
(iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de
tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal […]”. (Destacado fuera de
texto)
[17] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia
y la independencia del juez ordinario.
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Actor: NORBY FERNANDO MORA SÁNCHEZ
Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva
constitucional, se limita a una discusión meramente legal que gira en
torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural
del asunto, quien fundamentó su decisión con suficiencia, explicando
las razones por las cuales revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
declaró improcedente el medio de control de cumplimiento, por
considerar que no está previsto para dirimir controversias jurídicas,
ni reconocer derechos subjetivos.
En efecto, la SECCIÓN QUINTA al conocer en segunda instancia del
medio de control de cumplimiento, objeto del presente estudio,
consideró lo siguiente:
“[…] 60. Al respecto, la jurisprudencia reiterada de esta Sección
ha sostenido que este mecanismo constitucional no puede ser
concebido como un instrumento paralelo para reconocer derechos
subjetivos12 o resolver controversias que cuentan con otros
medios de defensa. En efecto, la acción de cumplimiento «no
tiene dentro de su objeto el de dirimir controversias jurídicas, ni
el de reconocer derecho subjetivo alguno»13. De lo contrario, «si
se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas
las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en
el caso concreto, se anularía el principio de separación funcional
de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los
mecanismos procesales ordinarios y contencioso
administrativos».
61. A pesar de que el señor Mora Sánchez alega la configuración
de una desatención a tales normas que, a su juicio, contienen un
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mandato imperativo e inobjetable que debe ser acatado
automáticamente, en la medida en que está acreditada su
titularidad del derecho de preferencia como notario, lo cierto es
que lo pretendido implica que se ordene el reconocimiento de
derechos de naturaleza individual, relacionados con su situación
laboral como servidor de carrera notarial y que responden a
circunstancias de naturaleza particular y concreta cuyo estudio
desborda la competencia del juez de la acción de cumplimiento.
62. En efecto, el actor sostuvo en el escrito inicial que la omisión
en la que habrían incurrido las autoridades accionadas se ha
concretado en que estas no han adelantado las actuaciones
requeridas para que pueda ejercer el derecho de preferencia del
cual, a su juicio, es titular. En dicha medida, puso de presente
que, con ocasión del retiro forzoso del notario segundo del
Circuito de Chía en enero de 2024, se certificó la vacancia del
cargo y que desde el 17 de julio de 2025 elevó solicitudes ante el
Gobierno Nacional con el objeto de ser nombrado en dicho cargo
al ser el único solicitante.
63. Al respecto, se acreditó que mediante Oficio OFI25-
00183780 del 19 de septiembre de 2025, la Presidencia de la
República dio respuesta a su solicitud y precisó que el Decreto
2054 de 2014 que reglamentaba el ejercicio del derecho de
preferencia, fue declarado nulo en su integridad por el Consejo
de Estado y, por tanto, no existe marco reglamentario que obligue
al Gobierno Nacional a efectuar nombramientos de notarios en
propiedad con fundamento en el derecho de preferencia.
64. A su vez, se probó que, como respuesta a la solicitud de
constitución en renuencia, mediante Oficio MJD-OFI25-0047758-
DJU-10400 del 3 de octubre de 2025, el Ministerio de Justicia y
del Derecho le informó al actor que su petición había sido remitida
a la Superintendencia de Notariado y Registro y a la Secretaría
Técnica del Consejo Superior de Carrera Notarial, de conformidad
con sus competencias. Por su parte, acreditó que mediante Oficio
OFI25-00193453 del 9 de octubre de 2025, la Presidencia de la
República le informó que su solicitud había sido trasladada por
competencia al Ministerio de Justicia y del Derecho.
65. En virtud de lo expuesto, a pesar de lo establecido por el
juez de primera instancia en relación con el mandato imperativo,
inobjetable y de inmediata aplicación en cabeza de las accionadas,
no se puede obviar que el objeto del litigio propuesto es que se
profiera un pronunciamiento de fondo en relación con una
situación particular y concreta de naturaleza laboral. En efecto, lo
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pretendido por el señor Mora Sánchez es el reconocimiento de la
titularidad del derecho de preferencia y que, como consecuencia,
se acceda a ordenar su nombramiento en el cargo de notario
segundo del Círculo de Chía.
66. Si bien el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
fundamentó su decisión en la consideración de que en la actual
controversia no existe un litigio en relación con la existencia de
un derecho, puesto que el reconocimiento de esta prerrogativa
por parte de la Administración no es discrecional, lo cierto es que
un pronunciamiento sobre lo pretendido por el actor implica el
análisis del cumplimiento de los respectivos requisitos para el
ejercicio del derecho de preferencia, a la luz de la situación laboral
particular del servidor de carrera notarial. En dicha medida, un
estudio de esta naturaleza implicaría trascender la órbita de
competencia del juez de la acción de cumplimiento.
67. Por su parte, a pesar de que en el marco de la segunda
instancia el accionante puso de presente que el cargo al cual
aspira ser nombrado será objeto de un concurso de méritos en
junio de 2026, lo que le impediría ejercer su derecho de
preferencia, lo cierto es que este simple hecho no acredita algún
daño inminente o perjuicio irremediable que afecte gravemente al
actor y que requiera con urgencia la intervención del juez
constitucional.
68. En virtud de lo anterior, se advierte que mediante esta
acción no es procedente dictar órdenes orientadas al
reconocimiento de un derecho de naturaleza subjetiva, con
independencia de que el accionante alegue un supuesto
incumplimiento de una norma. En efecto, el actor cuenta con la
posibilidad de cuestionar la legalidad de los pronunciamientos
mediante los cuales la administración defina su situación en
relación con la solicitud de reconocimiento del ejercicio de su
derecho de preferencia.
69. Ciertamente, es la Administración quien cuenta con la
competencia para evaluar si, en el asunto en concreto, el actor
cumple con los requisitos establecidos por el ordenamiento para
el ejercicio del derecho de preferencia para servidores de carrera
notarial. Por su parte, será el juez de lo contencioso
administrativo quien deba analizar la legalidad de la actuación de
las autoridades frente a la solicitud del reconocimiento del
derecho elevada por el señor Mora Sánchez. De tal forma, el actor
deberá acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con el fin de cuestionar la decisión que adopte la
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administración con respecto a la definición de la situación laboral
que expone […]”.
De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN
QUINTA, dentro de la órbita de su competencia, analizó los
requisitos de procedencia del medio de control de cumplimiento
objeto del presente estudio y concluyó que, si bien el actor alegó la
desatención de unas normas, lo cierto era que lo pretendido
implicaba ordenar el reconocimiento de derechos de naturaleza
individual, relacionados con su situación laboral como servidor de
carrera notarial y que responden a circunstancias de naturaleza
particular y concreta cuyo conocimiento desborda la competencia del
juez de cumplimiento.
Asimismo, la autoridad judicial accionada precisó que el actor cuenta
con la posibilidad de cuestionar la legalidad de los pronunciamientos
mediante los cuales la administración defina su situación en relación
con la solicitud de reconocimiento del ejercicio de su derecho de
preferencia a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez
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de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos
expuestos en el medio de control de cumplimiento, con la finalidad
de que se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad
judicial accionada y se acoja la interpretación que propone, como si
el mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a
los previstos en el trámite ordinario.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino
una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si
este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en
relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la
autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede
inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela
un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la
competencia y la independencia del juez ordinario.
Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y
consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se
debe respetar por el juez constitucional, quien no puede desconocer
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la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus
competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos
fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.
Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el
amparo solicitado por carencia del requisito general de la relevancia
constitucional y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
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para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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