Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05035-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05035-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
24 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05035-00
Accionantes: Angélica Yolanda González Rodríguez
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C y otros.
Tema: Derechos debido proceso, acceso a la administración de Justicia
y ascenso en la carrera docente. Nivelación salarial docente.
Nulidad y restablecimiento del derecho. DECLARA
IMPROCEDENTE.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Angélica Yolanda
González Rodríguez, mediante apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C; del Juzgado 48 Administrativo del
Circuito de Bogotá y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación
(ICFES).
ANTECEDENTES
La accionante pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, y al ascenso en la carrera
docente, que considera vulnerados con la sentencia del 18 de febrero de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 11001-33-42-048-2021-00161-00/04.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que fue vinculada en el grado 2A del escalafón docente, y que participó en la
Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa - ECDF Cohorte III. Convocada por
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la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá mediante Resolución No. 2693
del 3 de diciembre de 2018.
Que obtuvo un puntaje total de 77.02 puntos, compuesto de la evaluación de video
con 75.75 puntos, la autoevaluación con 73.86 puntos, y el promedio de desempeño
con 95.85 puntos.
Que al no superar el umbral de 80 puntos exigidos, se le negó el ascenso al grado
3A del escalafón docente.
Que presentó reclamación ante el ICFES indicando los aspectos evaluados que no
se habían reconocido correctamente, tales como el uso de metodologías activas, el
modelo de conversación en inglés, la participación estudiantil y el manejo de
estrategias didácticas.
Que el ICFES respondió en una plantilla genérica que contenía graves errores «(i)
la instrucción interna “SI ESTÁ ESTO DILIGENCIADO, BORRE ESTE PÁRRAFO”;
(ii) la instrucción “de nuevo, si hay un tercer par evaluador POR FAVOR BORRE
TODO ESTE PÁRRAFO”; (iii) texto inacabado con marcadores “xxxxxxxx” y
referencias a ejemplos genéricos (“vasos de icopor”, “video vean”) que no guardan
ninguna relación con la práctica pedagógica evaluada». Lo cual, denotaba una
ausencia de motivación individualizada.
Que en la respuesta también argumentó que la calificación numérica surgió de la
aplicación del modelo estadístico de Múltiples Facetas de Rasch, lo que «implica
que la rúbrica cualitativa y el puntaje final son, variables independientes, que
convierte al sistema en una caja negra inescrutable para el evaluado».
Que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra del
ICFES, del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación del
Distrito de Bogotá, y el proceso fue asignado al Juzgado 48 Administrativo de
Bogotá, que en sentencia negó las pretensiones y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en sentencia del 18 de febrero de 2026 confirmó la decisión.
Considera que el Tribunal incurrió en los defectos:
i) fáctico, por valoración arbitraria del video, en el cual se mostraban los elementos
que correspondían a los aspectos evaluados por la rúbrica de la ECDF. Consideró
que el Tribunal se «escudó en la autonomía técnica del ICFES» para no valorar, ni
contrastar la prueba con el acto administrativo cuestionado.
ii) sustantivo, porque se avaló la interpretación del ICFES en la cual los niveles
cualitativos de desempeñó de la rúbrica no tienen relación con el puntaje del video,
por lo que se le otorgó a la Resolución 018407 de 2018 un alcance que «convierte
el sistema de evaluación en una caja negra» y que viola el art. 29 de la Constitución
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Política porque no se puede hacer efectivo el ejercicio del derecho de contradicción
y defensa.
Que calificó los errores de «copiar y pegar» en la respuesta de la reclamación al
ICFES como errores de transcripción en una plantilla por lo que no afectaban la
validez del acto, sin embargo, considera que estos errores son la prueba de que el
ICFES no elaboró una respuesta individualizada, incumpliendo el deber de
motivación que exige el Art. 42 del CPACA.
Por último, que se desconoció el artículo 125 de la Constitución Política que exige
que el acceso y ascenso en la carrera docente estén fundados en el mérito, y que
debe verificarse y controlarse judicialmente, lo anterior no se aplicó en tanto el
Tribunal confirió al ICFES la autonomía técnica para definir puntajes sin ninguna
posibilidad de control judicial.
iii) desconocimiento del precedente, en específico de las sentencias de la Corte
Constitucional T-214 de 2012, T-302 de 2008 y T-490 de 2013, en las cuales se
desarrolla la motivación de los actos administrativos, y el derecho a la defensa en
procesos de evaluación de carrera.
PRETENSIONES
Solicitó que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 18 de febrero de 2026, proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 11001334204820210016100/04; y, en
consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que profiera una nueva
sentencia en la que valore de manera íntegra el video aportado como «prueba
determinante».
De manera subsidiaria, solicitó que se ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que decrete y practique las pruebas periciales necesarias para
determinar «la congruencia entre la actuación docente evidenciada en el video y los
niveles de desempeño asignados».
TRÁMITE PROCESAL
El 2 de julio de 2026, se admitió la acción; y se ordenó notificar a las autoridades y
entidades accionadas.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C
manifestó que se desestimaron las pretensiones de la demanda en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho al verificar que las afirmaciones de la actora
carecían de sustento probatorio y eran aseveraciones generales, y concluyó que no
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se configuro irregularidad alguna ni extralimitación de funciones por parte del
ICFES.
Que la discusión traída a sede de tutela es la misma que se llevó al proceso
ordinario, por lo que se desdibuja la naturaleza subsidiaria y residual del mecanismo
constitucional. Que no se incurrió en alguna violación a los derechos fundamentales
de la accionante, puesto que durante el proceso realizó un estudio minucioso de las
pruebas.
Solicitó que se niegue el amparo constitucional solicitado.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) adujo que
lo que la accionante presenta como defecto fáctico y sustantivo es sólo una
inconformidad con la valoración probatoria que le resultó adversa.
Aseguró que la presente acción busca una tercera instancia para que se reabra el
debate probatorio, y que por lo tanto no cumple con el requisito de relevancia
constitucional ni subsidiariedad en su dimensión material. Así mismo, consideró que
no se configuraron los defectos facticos y sustantivos ni el desconocimiento del
precedente.
Solicitó que se declare improcedente la acción y, en subsidio que se niegue el
amparo.
El Juzgado 48 Administrativo del Circuito de Bogotá envió enlace del expediente
digital y, guardó silencio respecto a los hechos y pretensiones de la tutela.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
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La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C-590 de
20052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU-
128 de 2021, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una argumentación
cualificada4.
(...) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (...). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite la
intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde verificar si se superaron los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de la sentencia controvertida, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se advierte que en el presente asunto no se supera la exigencia de
relevancia constitucional, pues no se cumplen sus finalidades, esto es, mantener la
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
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independencia y autonomía judicial, así como evitar que la tutela se convierta en
una instancia adicional y que la controversia verse sobre un asunto de mera
legalidad.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que, aunque se alegó la configuración de errores,
fáctico, sustantivo y de desconocimiento del precedente, lo cierto es que sus reparos
se dirigen a cuestionar el procedimiento de evaluación y calificación, es decir, el
proceso de formación de los actos administrativos expedidos por el ICFES,
indicando que el Tribunal los avaló; pero no sustenta verdaderos defectos en
relación con la providencia que cuestiona.
Debe recordarse que la tutela fue instituida para lograr la protección de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por las autoridades o los particulares en
los casos previstos en la ley, mas no como una instancia adicional en la que pueda
reabrirse un debate netamente legal con el fin de imponer una solución que resulta
más favorable a la peticionaria y desconocer la autonomía e independencia del juez
de la causa.
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal hizo un estudio de fondo del caso y,
se fundamentó en el acervo probatorio allegado, en las normativas, y realizó una
interpretación acorde con los principios de autonomía judicial, además, resolvió de
forma completa cada uno de los aspectos controvertidos en la apelación.
Así mismo, precisó que dentro del proceso no se demostró que existieran
contradicciones entre los pares, o que no se hubiera hecho una retroalimentación
de sus solicitudes, y que por el contrario, el ICFES hizo un análisis completo de las
reclamaciones y sustentó debidamente el acto demandado.
Por último, determinó que la entidad demandada se basó en los lineamientos fijados
por el Ministerio de Educación Nacional para realizar y evaluar la prueba, por lo que
no evidenció una extralimitación de sus funciones.
En este orden, resulta evidente la ausencia de una clara y marcada relevancia
constitucional, por no tratarse de un asunto en el que se discute el alcance,
contenido o goce de un derecho fundamental; sino de una mera manifestación de
inconformidad con la decisión y la pretensión de que se falle de acuerdo con sus
intereses.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
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Primero. DECLARAR improcedente la acción interpuesta por la señora Angélica
Yolanda González Rodríguez, conforme a la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente de la
actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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