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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05035-01

Fecha
10 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05035-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05035-01 Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05035-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05035-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PUES
LOS ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y “AL ASCENSO EN LA CARRERA DOCENTE”.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 24 de julio de 2026, mediante la cual la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

1
En adelante SECCIÓN SEGUNDA.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05035-01
Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

I.1.- La Solicitud

La señora ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,

actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al

acceso a la administración de justicia y “al ascenso en la carrera

docente”, los cuales estima vulnerados por el INSTITUTO

COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN

(ICFES)2, el JUZGADO CUARENTA Y OCHO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ3 y la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA4, al haber proferido esta última autoridad judicial

la providencia de 18 de febrero de 2026 dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 11001-33-42-048-2021-00161-04.

I.2.- Hechos

Indicó que fue vinculada en el grado 2 nivel A del escalafón docente

y participó en la Evaluación de Carácter Diagnóstico Formativa -ECDF

2
En adelante ICFES.
3
En adelante JUZGADO.
4
En adelante TRIBUNAL.

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3

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Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Cohorte III-, convocada por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL

DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ5 mediante la Resolución núm.

2693 de 3 de diciembre de 2018, de conformidad con las reglas y

estructura establecidas por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN

NACIONAL6 a través de la Resolución núm. 018407 del 29 de

noviembre de ese año.

Manifestó que obtuvo un puntaje global de 77.02 puntos, compuesto

de la evaluación de video con 75.75, la autoevaluación con 73.86 y

el promedio de desempeño con 95.85, por lo que, al no superar el

umbral de 80 puntos exigidos, se le negó el ascenso al grado 3 nivel

A del escalafón docente.

Señaló que presentó reclamación ante el ICFES indicando los

aspectos evaluados que no se habían reconocido correctamente,

tales como el uso de metodologías activas, el modelo de conversación

en inglés, la participación estudiantil y el manejo de estrategias

didácticas, frente a lo cual aquel respondió mediante una plantilla

genérica que contenía graves errores que revelaban la ausencia de

una motivación individualizada del acto.

5
En adelante SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.
6
En adelante MINISTERIO.

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Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Indicó que, debido a lo anterior, presentó demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el

ICFES, la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y el MINISTERIO, con el

fin de que se declarara la nulidad de los actos que confirmaron la

calificación y se ordenara la reliquidación del puntaje para superar el

umbral de 80 puntos y obtener el ascenso al grado 3 nivel A y el pago

del lucro cesante por la diferencia salarial dejada de percibir desde la

ejecutoria del acto.

Sostuvo que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2021-00161-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante providencia de 19 de agosto de 2025,

denegó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada

por el TRIBUNAL a través de la sentencia de 18 de febrero de 2026.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, el TRIBUNAL incurrió en defecto fáctico por

omisión y valoración arbitraria del video aportado como prueba, en

el cual se mostraban los elementos que correspondían a los aspectos

evaluados por la rúbrica de la ECDF, el cual no fue tenido en cuenta

por la autoridad judicial accionada “[…] quien se escudó en la

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autonomía técnica del ICFES para no valorar, ni contrastar la prueba

con el acto administrativo cuestionado […]”.

Adujo que también incurrió en defecto sustantivo, por cuanto el

TRIBUNAL avaló la interpretación del ICFES en la cual los niveles

cualitativos de desempeño de la rúbrica no tienen relación con el

puntaje del video, otorgándole así a la Resolución núm. 018407 de

2018 un alcance que “convierte el sistema de evaluación en una caja

negra”, en el que el evaluado recibe niveles cualitativos que

supuestamente reflejan su desempeño pero los mismos no explican

el puntaje final, lo que impide que pueda hacer efectivo el ejercicio

de su derecho de defensa y principio de contradicción.

Finalmente, agregó que la autoridad judicial accionada incurrió en

desconocimiento del precedente fijado por la Corte Constitucional

en las sentencias T-302 de 2008, T-214 de 2012 y T-490 de 2013,

en las que se impone a los jueces el deber de no avalar actos cuya

motivación sea opaca o genérica cuando se trate de decisiones que

afectan situaciones jurídicas particulares y derechos de carrera.

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, la actora solicitó lo siguiente:

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Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

“[…] PRIMERA - PRINCIPAL: TUTELAR los derechos
fundamentales al debido proceso (Art. 29 C.P.), al acceso a la
carrera administrativa y docente en condiciones de igualdad y
mérito (Art. 125 C.P.) y al acceso a la administración de justicia
material (Art. 229 C.P.), vulnerados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en la sentencia del 18 de febrero de 2026.

SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda
instancia proferida el 18 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 11001334204820210016100.

TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca
que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, profiera nueva
sentencia que: (i) valore de manera integral y expresa el video
aportado como prueba determinante, con el minutado que le fue
presentado por la accionante; (ii) contraste el contenido fáctico del
acto administrativo del ICFES con dicha prueba material; y (iii)
efectúe un análisis de motivación del acto que supere el simple aval
a una “metodología estadística” genérica.

CUARTA – SUBSIDIARIA: En caso de encontrarse configurada la
vulneración de derechos, ORDENAR al Juzgado 48 Administrativo
de Bogotá o al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, según
corresponda, el decreto y práctica de las pruebas periciales
necesarias para determinar la congruencia entre la actuación
docente evidenciada en el video y los niveles de desempeño
asignados. […]” (Destacado texto original).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones por no existir

vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, pues

en la sentencia cuestionada se realizó un estudio juicioso del material

probatorio obrante en el expediente ordinario. Además, afirmó que

la actora plantea la misma discusión que ya fue resuelta, lo cual

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desdibuja la naturaleza subsidiaria y residual del presente

mecanismo constitucional.

I.5.2.- El ICFES solicitó declarar improcedente o, en su defecto,

denegar el amparo deprecado, toda vez que la autoridad judicial

accionada no incurrió en los defectos alegados y que lo pretendido

por la accionante es convertir la presente acción de tutela en una

tercera instancia para reabrir el debate probatorio realizado por el

juez ordinario por resultar adverso a sus intereses.

I.5.3.- El JUZGADO se limitó a remitir el link contentivo del

expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno

frente al fondo del asunto.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN SEGUNDA, mediante sentencia de 24 de julio de 2026,

declaró improcedente el amparo al considerar que no se cumplía con

el requisito de la relevancia constitucional.

Para el efecto, consideró que el TRIBUNAL hizo un estudio de fondo

del asunto con fundamento en el acervo probatorio allegado, la

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normativa aplicable y realizó una interpretación acorde con los

principios de autonomía judicial, resolviendo de forma completa cada

uno de los aspectos controvertidos en el recurso de apelación.

Precisó que, si bien la actora alegó la configuración de los defectos

fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, lo cierto es que

sus reparos no se dirigen a controvertir la sentencia cuestionada sino

el procedimiento de evaluación y calificación que dieron origen a los

actos administrativos expedidos por el ICFES, indicando que el

TRIBUNAL los avaló.

Concluyó que resultaba evidente la ausencia de una clara y marcada

relevancia constitucional, por no tratarse de un asunto en el que se

discute el alcance, contenido o goce de un derecho fundamental; sino

de una mera manifestación de inconformidad con la decisión y la

pretensión de que se falle de acuerdo con sus intereses.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó

que se revoque, argumentando que el presente asunto sí reviste

relevancia constitucional en la medida en que la presente acción no

busca convertir al juez de tutela en una "tercera instancia", sino

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conjurar una vía de hecho judicial que amenaza pilares estructurales

del Estado social de derecho.

Afirmó que la relevancia constitucional radica en definir si las

autoridades encargadas de administrar la carrera docente pueden

imponer puntajes inescrutables, frustrando el ascenso de los

educadores, sin que el juez contencioso ejerza un control material

sobre la correspondencia entre la prueba (el video) y el resultado,

por lo que, a su juicio, el a quo constitucional erró al minimizar la

denuncia sobre la falta de motivación del acto administrativo a un

asunto de "mera legalidad".

Reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito

introductorio frente a la configuración de los defectos fáctico y

desconocimiento del precedente y alegó que el asunto ostenta

relevancia constitucional porque no solo se afectan sus derechos,

sino que se fija un precedente sobre los límites de la "autonomía

técnica" de las entidades evaluadoras del Estado frente al control

jurisdiccional, desconociendo el establecido por la Corte

Constitucional en las sentencias T-302 de 2008, T-214 de 2012 y T-

490 de 2013.

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al

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momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

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h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que la actora pretende que se

deje sin efecto la providencia 18 de febrero de 2026, proferida

por el TRIBUNAL dentro del proceso de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2021-

00161-04.

A la citada providencia la actora le atribuye la vulneración de sus

derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia y “al ascenso en la carrera docente”, habida

cuenta que, a su juicio, el TRIBUNAL incurrió en defectos fáctico

y sustantivo, al omitir la valoración probatoria del video que

demostraba los elementos que correspondían a los aspectos

evaluados por la rúbrica de la ECDF y avalar la interpretación del

ICFES en la cual los niveles cualitativos de desempeño de la rúbrica

no tienen relación con el puntaje de dicha prueba.

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Además, alegó que también incurrió en desconocimiento del

precedente fijado por la Corte Constitucional en las sentencias T-

302 de 2008, T-214 de 2012 y T-490 de 2013, según el cual se

impone a los jueces el deber de no avalar actos cuya motivación sea

opaca o genérica cuando se trate de decisiones que afectan

situaciones jurídicas particulares y derechos de carrera.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN SEGUNDA que, mediante sentencia de 24 de julio de

2026, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que

no se cumplía con el requisito de la relevancia constitucional.

Inconforme con lo anterior, la actora interpuso recurso de

impugnación contra la decisión proferida en primera instancia, en el

que reiteró los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito

introductorio frente a la configuración de los defectos fáctico y

desconocimiento del precedente y, además, recalcó que, contrario a

lo afirmado por el a quo, el presente asunto sí reviste relevancia

constitucional, toda vez que los cuestionamientos expuestos no

buscan convertir la acción de tutela en una tercera instancia sino que

se debe definir si las autoridades encargadas de administrar la

carrera docente pueden imponer puntajes inescrutables, frustrando

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el ascenso de los educadores, sin que el juez contencioso ejerza un

control material sobre la correspondencia entre la prueba (el video)

y el resultado.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

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de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional7, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».8

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación9, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

7
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [10]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena de rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [13].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o

[10] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[11] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[12] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[13] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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Actora: ANGÉLICA YOLANDA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucren aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [14]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [15].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [16]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia

[14] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[15] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[16] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 16 de junio

de 202217, precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como

finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

17
Natalia Ángel Cabo.

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un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que se utilice para discutir asuntos de mera

legalidad; (ii) impedir que esta se convierta en una instancia o

recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales; y (iii)

preservar la competencia y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la actora es

que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

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del juez natural, como si este mecanismo se tratara de una instancia

adicional al proceso ordinario cuestionado.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de la

accionante se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial

accionada no valoró el video aportado como prueba que mostraba los

elementos que correspondían a los aspectos evaluados por la rúbrica

de la ECDF, el cual no fue contrastado con el acto administrativo

cuestionado, porque, a su juicio, el TRIBUNAL se escudó en la

autonomía técnica de la entidad demandada.

Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL, así:

“[…] 86. Alega el apoderado de la demandante que el ICFES solo
se pronunció sobre tres (3) de los trece (13) aspectos objetados,
que nunca fueron examinados y/o justificados ni en la evaluación
ni en la respuesta oficial, con lo cual la respuesta no es clara, ya
que según el artículo 9 de la Resolución 018407 de 2018, dichos
criterios se valoran a través de diversos instrumentos: el video, la
autoevaluación, las encuestas y las dos últimas evaluaciones
anuales de desempeño, así mismo establece que el ICFES solo hace
una descripción del procedimiento y no emite una respuesta al caso
viciando con ello la legalidad del acto; sin embargo, una vez
analizado el escrito de reclamación se evidencia que la demandante

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solicita una nueva revisión a su video, planeación y autoevaluación.

87. Analizada la respuesta emitida por la entidad se observa que la
entidad desglosa la solicitud emitiendo en primera instancia una
respuesta clara a la reclamación y seguidamente responde los
interrogantes planteados frente a cada uno de los aspectos
solicitados: autoevaluación, la metodología estadística de la
autoevaluación (criterios y conversión de puntajes por parte del
Icfes), las respuestas emitidas, explicando lo concerniente a los
parámetros de diferenciación y umbrales como puntos de escala y
las opciones de respuesta; así mismo aborda la reclamación frente
al puntaje obtenido en el video y los niveles de desempeño,
estableciendo lo que se espera en el manejo de la práctica
educativa en cada uno de los contextos, le enuncia los comentarios
hechos por los evaluadores así como trata lo concerniente a la
reclamación frente a las evaluaciones de desempeño, las
reflexiones pedagógicas, así como la ponderación hecha a los
instrumentos, concluyendo con ello que su decisión es confirmar la
calificación obtenida por la docente, luego entonces dista mucho de
la realidad lo afirmado por la demandante en su recurso.

88. Afirmó la demandante que los errores e inconsistencia de
transcripción presentes en la respuesta emitida por el ICFES
evidencian que no realizó un análisis preciso de la evaluación, sino
que hubo una obvia utilización de un formato preestablecido,
también señala que no se llevó a cabo un análisis preciso de la
evaluación, sino una obvia utilización de un formato preestablecido
con frases predeterminadas, que se diligencia a manera de guía y
no a partir de un examen individualizado del caso, adicionalmente
no se analizaron las contradicciones presentes en el documento así
como en las observaciones hechas por los evaluadores, y los
errores que estos presentaron frente al ítem del vídeo. Sin
embargo, dentro del plenario no se demostró que hubiese existido
contradicciones entre los pares, o que no se hubiera hecho
retroalimentación de sus comentarios, ya que estos van dirigidos a
examinar la propuesta pedagógica y los procesos didácticos
llevados a cabo por la docente, conclusiones que corresponden a la
clase impartida por la demandante, la cual fue aportada y analizada
a través del video.

89. Ahora bien, lo que se denota en la respuesta proferida por el
ICFES frente a la reclamación presentada por la demandante, en
especial en lo que tiene que ver con las observaciones de los
evaluadores, que al analizarlos corresponden a algunas
indicaciones dadas respecto a la existencia o no de un tercer par
de evaluadores y la forma en que deben ellos desarrollar la
evaluación, así mismo, se aprecia en dichos apartes la puntualidad

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que hacen en las reflexiones dadas a la evaluada como “Reflexión
Pedagógica” establecidas por cada uno de los pares evaluadores,
efectuándole algunas recomendaciones tales como el uso de: “(…)
“Mother tongue” para verificar que todos estuvieran desarrollando
las actividades de acuerdo a las instrucciones dadas”; “(…) no se
observó el “ Self○checking instrucciones” en todos los sectores
donde se encontraban los ss”; “No colocar a los estudiantes dando
la espalda al televisor…. esta situación afecta el ejercicio de
aprendizaje…”; “La evaluación y coevaluación debió hacerse al final
de la clase…”

90. Frente a lo planteado por la demandante al afirmar que el
proceso evaluativo no se desarrolló de manera correcta pues los
motivos de la decisión no se sustentaron en hechos acreditados en
la evaluación ni en la respuesta emitida por el ICFES, dicha
apreciación va en contravía de lo probado en el presente proceso
toda vez que la entidad explica en su respuesta no solo cómo se
realiza la calificación sino que fundamenta los motivos por los
cuales no se llevó a cabo la valoración satisfactoria en cada uno de
los aspectos a evaluar en los respectivos componentes,
adicionalmente ejemplifica para un mayor entendimiento de la
situación para que la docente comprenda lo importante que es la
retroalimentación de su evaluación y los beneficios de su continua
evaluación, la cual, en este caso, no fue superada por la accionante
al no obtener una calificación superior al 80%.

91. De idéntica manera hace un claro análisis frente al puntaje
obtenido en cada uno de los instrumentos a evaluar junto con los
niveles de desempeño que le impiden obtener una calificación
superior al 80% en su evaluación de su práctica educativa, ya que
la docente obtuvo 3 niveles de desempeño en avanzado, 6 niveles
de desempeño en satisfactorio, 9 niveles de desempeño en mínimo
y 3 niveles de desempeño en inferior, sobre la totalidad de los ítems
evaluados, haciendo la entidad una explicación en cada uno de los
contextos: educativo, pedagógico, práctica pedagógica, ambiente
del aula y demás conforme a la normativa vigente.

92. En cuanto al ítem de la autoevaluación, no se aportó ningún
sustento probatorio que permita demostrar que este aspecto fue
erróneamente calificado, pues como aclaró el ICFES en el acto
acusado, cada pregunta tenía un valor diferente, y contestar “Si,
Siempre, o Totalmente de acuerdo” no estaba directamente
relacionado con que estas fueran el mejor indicador de los aspectos
evaluados.

93. Frente a la evaluación del desempeño, fueron aportadas las
certificaciones de las calificaciones anuales desde el año 2017 al

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2024, donde se puede evidenciar que conforme a lo previsto en la
certificación frente a las calificaciones establecidas en los dos años
anteriores 2017 y 2018, el cálculo del porcentaje dado fue
calculado debidamente por la entidad demandada, siendo la
calificación del año 2017 equivalente a 95 puntos, y la del año 2018
fue de 96,7 puntos, lo cual arroja un resultado de 95.85 puntos en
la evaluación de desempeño conforme a lo consignado en la
evaluación realizada.

94. Como se analizó en acápites anteriores, el artículo 35 del
decreto 1278 de 2002 estableció con toda claridad, en cuanto a la
competencia para diseñar estas pruebas de competencias, el
Ministerio de Educación Nacional es el responsable de su diseño y
el encargado de definir los procedimientos para su aplicación,
misión que puede cumplir a través de cualquier entidad pública o
privada que considere idónea. Disposición declarada exequible por
la Corte Constitucional en sentencia C-734 de 2003.

95. Para el caso de la evaluación del periodo 2018 – 2019 el
Ministerio de Educación Nacional celebró con el ICFES un convenio
para desarrollar esta labor, para lo cual estaba legal y
expresamente facultado.

96. Además, en desarrollo de la resolución 018407 de 2018, el
Ministerio de Educación Nacional expidió el “Listado de documentos
de apoyo ECDF 2018 – 2019” dentro de los cuales se puede
encontrar la Guía de Niveles de Desempeño, por lo que resulta claro
que el ICFES, con base en esos lineamientos fijados por el
Ministerio de Educación Nacional, podía darle aplicación, y no se
probó que se haya extralimitado en sus funciones.

97. En consecuencia, no hay lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados, a través de los cuales se negó las
pretensiones de la demanda, así las cosas, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección C,
confirmará la sentencia del 19 de agosto de 2025 proferida por el
Juzgado Cuarenta y Ocho Administrativo Oral del Circuito de
Bogotá, que negó las súplicas de la demanda. […]” (Resaltado del
texto original).

De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL efectuó

un análisis del material probatorio obrante en el proceso ordinario,

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frente al cual determinó que el ICFES sí emitió una respuesta

desglosada y clara que abordó la metodología estadística, las

ponderaciones y las evaluaciones de desempeño de los años 2017 y

2018, cuyo promedio (95.85 puntos) estuvo correctamente

calculado, por lo que la falta de ascenso se debió estrictamente a que

la actora no superó el umbral del 80% exigido por la normativa, al

acumular en la totalidad de los ítems evaluados un rendimiento

mayoritariamente ubicado en niveles mínimos e inferiores.

Frente al argumento de la actora relativo a que la respuesta de la

entidad accionada obedeció a un formato preestablecido que no

analizaba su caso concreto, precisó que dentro del proceso no se

demostró que existieran contradicciones entre los pares o que no se

hubiera hecho una retroalimentación de sus solicitudes y, por el

contrario, el ICFES realizó un análisis completo de las reclamaciones

y sustentó debidamente el acto demandado.

Asimismo, ratificó la plena competencia del ICFES para adelantar las

evaluaciones en virtud de los convenios celebrados con el

MINISTERIO y de conformidad con lo establecido en el Decreto

1278 de 19 de junio 200218, razón por la que concluyó que no se

18
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.

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configuró ninguna irregularidad ni extralimitación de funciones y las

afirmaciones de la actora carecían de sustento probatorio y eran

simples aseveraciones generales.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció con suficiencia, precisamente, frente a todas las

inconformidades que ahora alega la actora en sede constitucional, sin

que se vislumbre que pudo haber actuado de forma abiertamente

arbitraria o desbordado los límites del principio de la autonomía

judicial, por lo que el asunto carece del requisito general de la

relevancia constitucional.

Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, la autoridad judicial accionada decidió el asunto

sometido a su consideración.

De otra parte, se advierte que frente al defecto por desconocimiento

del precedente jurisprudencial invocado por la actora, la Sala

advierte que tampoco se cumple el requisito de la relevancia

constitucional, dado que sus afirmaciones no cumplen con la carga

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argumentativa, por cuanto se limitó a mencionar que se desconoció

lo dispuesto en las sentencias T-302 de 2008, T-214 de 2012 y T-490

de 2013, proferidas por la Corte Constitucional, sin precisar la

relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo resuelto en esas

oportunidades y la controversia del presente asunto.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sección19 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Destacado fuera de texto)

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 2022-04407-01.

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sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad judicial accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la solicitud de

amparo un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez constitucional, quien no puede desconocer

la decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la decisión del a quo,

que declaró improcedente la solicitud de amparo y así se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de septiembre de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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