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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05041-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05041-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2026, en la que la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Óscar Javier Barroso Maurio, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. COMPULSAR, por Secretaría, copias de esta providencia y de las piezas procesales relacionadas con la expedición y notificación de la sentencia del 27 de febrero de 2024, obrantes en el expediente, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto de los magistrados que integraron la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, respecto de los demás servidores judiciales que hubieran intervenido en el trámite, para que, en el ámbito de sus competencias, establezcan quiénes intervinieron y determinen si hay lugar a iniciar actuaciones disciplinarias por los hechos expuestos en la parte motiva. TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05041-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05041-01
Accionante: OSCAR JAVIER BARROSO MAURIO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Relevancia constitucional / Defecto fáctico
/ Desconocimiento del precedente horizontal / Providencias posteriores a la sentencia
cuestionada / Confirma improcedencia.

Sentencia de Segunda Instancia

I. Síntesis de la Decisión

1. La Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la solicitud de amparo. Las
providencias invocadas como precedente fueron dictadas después de la sentencia
cuestionada y, por esa razón, no podían imponer al Tribunal Administrativo de Bolívar
una regla de decisión ni una carga de apartamiento el 27 de febrero de 2024.

2. La circunstancia de que la sentencia hubiera sido notificada el 20 de mayo de 2026
no modifica esa conclusión. La notificación permitió a las partes conocer la providencia
y ejercer los mecanismos correspondientes, pero no trasladó su fecha ni reabrió la
deliberación para incorporar decisiones judiciales posteriores. Los demás
cuestionamientos reproducen las discusiones jurídicas y probatorias formuladas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no evidencian un problema
autónomo de validez constitucional.

II. Antecedentes

La demanda

3. El señor Óscar Javier Barroso Maurio, a través de apoderado judicial, presentó acción
de tutela contra el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena y la Sala
de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar1. Invocó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, a la igualdad y
de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados con las sentencias
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-
007-2020-00012-00/01.

Hechos relevantes

4. El señor Barroso Maurio prestaba sus servicios como patrullero de la Policía Nacional
en el departamento de Bolívar. El 14 de abril de 2017 intervino en un procedimiento
adelantado en un establecimiento comercial del municipio de Magangué, durante el que
el señor Robinson Enrique Larios Larios fue llevado a una estación de Policía.

5. Robinson Enrique Larios Larios presentó una queja en la que afirmó que uno de los
policías le exigió dinero para dejarlo en libertad. A partir de esa información, la Oficina

1 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05041-01
Accionante: Oscar Javier Barroso Maurio
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de Tutela

de Control Disciplinario Interno del Departamento de Policía de Bolívar inició el
expediente DEBOL-2017-62 contra varios integrantes de la institución.

6. En fallo del 5 de septiembre de 2018, la autoridad disciplinaria declaró responsable al
accionante de la falta gravísima prevista en el numeral 4 del artículo 34 de la Ley 1015
de 2006 y le impuso las sanciones de destitución e inhabilidad general por diez años. La
decisión se confirmó el 2 de septiembre de 2019 por el Inspector Delegado Regional
Ocho.

7. El accionante promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación–Ministerio de Defensa Nacional–Policía Nacional, porque no fue
vinculado oportunamente a la indagación preliminar, rindió una declaración bajo
juramento antes de conocer su condición de investigado, algunas pruebas fueron
practicadas por un funcionario que carecía de competencia y no se valoraron elementos
favorables a su defensa.

8. En sentencia del 31 de mayo de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
de Cartagena2 negó las pretensiones porque concluyó que la actuación disciplinaria
respetó las garantías del demandante y que no se demostraron irregularidades que
afectaran la validez de la sanción.

9. La parte demandante apeló porque consideró que no fue informada oportunamente
de la indagación preliminar, fue obligada a declarar bajo juramento y algunas pruebas
fueron practicadas por un funcionario que carecía de competencia. También cuestionó
la exclusión de una grabación y la valoración de los testimonios recaudados durante la
actuación disciplinaria.

10. La Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar3 confirmó la decisión en
sentencia del 27 de febrero de 2024, notificada en mayo de 2026. Consideró que el
proceso disciplinario se adelantó con respeto del debido proceso y que las pruebas que
sustentaron la responsabilidad fueron recaudadas y valoradas legalmente.

11. La sentencia del 27 de febrero de 2024 registró un salvamento de voto del
magistrado Moisés de Jesús Rodríguez Pérez, suscrito el 22 de mayo de 2026 4. El
magistrado manifestó su desacuerdo porque otras salas del Tribunal Administrativo de
Bolívar habían resuelto favorablemente procesos promovidos por policías sancionados
dentro de la misma actuación disciplinaria y señaló que había acompañado esas
decisiones.

Pretensiones

12. El accionante solicitó amparar sus derechos fundamentales, dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia y declarar la nulidad de los actos administrativos en los
que fue destituido e inhabilitado. También pidió su reintegro a la Policía Nacional y el
reconocimiento de los salarios y prestaciones dejados de percibir.

Fundamento de la demanda

13. El accionante sostuvo que la sentencia cuestionada incurrió en defecto fáctico
porque atribuyó capacidad demostrativa a declaraciones que no acreditaban que hubiera
solicitado o recibido dinero. Los testimonios relacionados con la entrega provenían de

2 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia. 2ED_ANEXOS_30_6_20264_44(.pdf).
3 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia. 3ED_ANEXOS_30_6_20264_44(.pdf).
4 SAMAI, índice 2 del proceso de primera instancia. 7ED_ANEXOS_30_6_20264_45(.pdf).

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Accionante: Oscar Javier Barroso Maurio
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de Tutela

personas que conocieron los hechos por referencias del señor Robinson Enrique Larios
Larios.

14. Ningún medio de convicción permitía establecer con certeza su intervención en la
conducta. Por ello, la autoridad disciplinaria y los jueces administrativos debieron aplicar
la presunción de inocencia y resolver la duda a su favor. Reiteró los cuestionamientos
relacionados con la notificación de la indagación preliminar, la garantía de no
autoincriminación, la competencia para practicar pruebas y la exclusión de la grabación
aportada por la defensa.

15. El accionante alegó el desconocimiento del precedente horizontal. Expuso que
otras salas del Tribunal Administrativo de Bolívar declararon la nulidad de las sanciones
impuestas a policías investigados dentro del mismo expediente disciplinario y que la Sala
de Decisión 2 resolvió su caso en sentido contrario sin explicar las razones del trato
diferente.

16. Además, las providencias fueron puestas en conocimiento del Tribunal antes de la
notificación de la sentencia cuestionada. La autoridad judicial debía considerarlas o
explicar las razones para apartarse de ellas.

Trámite impartido e intervenciones

17. En auto del 2 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la
acción de tutela5, dispuso la notificación de las autoridades judiciales demandadas y
vinculó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

18. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cartagena contestó6. Solicitó
declarar improcedente la tutela porque la parte accionante pretendía reabrir una
controversia jurídica y probatoria resuelta por los jueces naturales. Una decisión
desfavorable no demostraba la vulneración de los derechos invocados.

19. El Tribunal Administrativo de Bolívar contestó7. La sentencia respondió los
argumentos formulados en la apelación, las pruebas disciplinarias fueron obtenidas,
incorporadas y valoradas con respeto de las garantías procesales. Frente a las
decisiones invocadas como precedente, indicó que cada proceso debía resolverse según
los cargos, los argumentos de la apelación y las pruebas incorporadas.

20. La Policía Nacional intervino8. Solicitó negar el amparo porque las autoridades
judiciales respetaron el debido proceso y la tutela pretendía convertirse en un
mecanismo adicional para controvertir la valoración probatoria y la legalidad de la
sanción disciplinaria.

Sentencia impugnada

21. En sentencia del 23 de julio de 20269, la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo porque no satisfizo el requisito de relevancia
constitucional.

5 SAMAI, índice 4 del proceso de primera instancia.
6 SAMAI, índice 12 del proceso de primera instancia.
7 SAMAI, índice 14 del proceso de primera instancia.
8 SAMAI, índice 16 del proceso de primera instancia.
9 SAMAI, índice 18 del proceso de primera instancia.

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Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de Tutela

22. Los cuestionamientos relacionados con la valoración de las declaraciones, la
notificación de la indagación preliminar y la aplicación del principio de duda razonable
reproducían la controversia resuelta en el proceso ordinario. Por ello, concluyó que la
tutela se utilizó como una instancia adicional para obtener un nuevo análisis jurídico y
probatorio.

23. Frente al desconocimiento del precedente horizontal, señaló que las decisiones
invocadas fueron dictadas por las Salas de Decisión 3 y 6 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, mientras que el caso del accionante fue resuelto por la Sala de Decisión 2. Por
ello, cada una estaba amparada por los principios de autonomía e independencia judicial
y no tenía la obligación de acoger las decisiones ni de justificar su apartamiento.

Impugnación

24. El accionante impugnó10 porque la Sección Quinta adoptó una comprensión
restrictiva del precedente horizontal al condicionarlo a que las decisiones fueran
proferidas por los mismos magistrados. Las salas de decisión forman parte de un solo
tribunal y no constituyen autoridades judiciales independientes.

25. La Sala de Decisión 2 podía apartarse de las decisiones adoptadas en los otros
procesos, pero debía identificarlas y explicar las razones que justificaban resolver de
manera diferente. Agregó que el salvamento de voto demuestra que los integrantes de
la Sala conocían esas providencias.

26. La ausencia de motivación sobre las decisiones anteriores comprometió los
derechos a la igualdad y al debido proceso, así como los principios de seguridad jurídica
y confianza legítima. Por ello, sostuvo que la controversia sí tenía relevancia
constitucional y no se limitaba a solicitar una nueva valoración de las pruebas.

27. Además, el Tribunal Administrativo de Bolívar había confirmado una tercera decisión
favorable, esta vez en el proceso promovido por Ángel David Tordecilla Ibarra, quien
también fue sancionado dentro del expediente DEBOL-2017-62.

III. Consideraciones

Competencia

28. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado es competente para resolver la impugnación, conforme a los
artículos 86 de la Constitución y 32 del Decreto 2591 de 1991, concordantes con el
Acuerdo 080 de 2019, en el que se expidió el reglamento interno de esta corporación.

Problema jurídico

29. Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse la sentencia que declaró
improcedente la solicitud por falta de relevancia constitucional. En particular, deberá
establecerse si las providencias dictadas después del 27 de febrero de 2024 podían
constituir precedente horizontal exigible al Tribunal por haber sido allegadas antes de la
notificación de la sentencia cuestionada.

30. La impugnación concentra sus reparos en la comprensión del precedente horizontal
y en la relevancia constitucional que atribuye a ese planteamiento. Aunque menciona el

10 SAMAI, índice 24 del proceso de primera instancia.

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principio de duda favorable al disciplinado y las diferencias entre los resultados de los
procesos, no controvierte de manera autónoma las consideraciones de primera instancia
sobre la notificación de la indagación, la declaración jurada, la competencia del
funcionario comisionado, la grabación o la valoración testimonial. El análisis se limitará
a los argumentos efectivamente formulados contra la sentencia impugnada.

Tutela contra providencias judiciales

31. La acción de tutela contra providencias judiciales es excepcional. La Sentencia C-
590 de 2005 sistematizó los presupuestos generales de procedencia y las circunstancias
específicas que pueden justificar la intervención del juez constitucional11. Entre otros
presupuestos, exige que el asunto tenga relevancia constitucional, que se hayan agotado
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, que la tutela se interponga
en un término razonable y que el interesado identifique suficientemente los hechos y
derechos cuya vulneración atribuye a la decisión judicial.

32. La relevancia constitucional constituye un presupuesto autónomo de procedencia.
No se satisface con la sola inconformidad frente a la valoración probatoria o la
interpretación jurídica hecha por el juez natural. La tutela contra providencias judiciales
no está concebida como una instancia adicional para reabrir debates de legalidad o
sustituir las conclusiones razonablemente adoptadas dentro del proceso ordinario12.

33. Para establecer la relevancia constitucional debe determinarse si la controversia
trasciende una discusión exclusivamente legal o económica, si involucra un debate
relacionado con el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental y si la solicitud
de amparo no pretende reabrir una discusión concluida ante el juez natural13. La
acreditación de este requisito habilita el estudio de fondo, en el que corresponde
determinar si se configuró alguna de las causales específicas alegadas14.

Desconocimiento del precedente

34. La Corte Constitucional ha precisado que no toda providencia anterior constituye un
precedente judicial. El antecedente corresponde a una decisión previa que «contiene
algunos puntos de derecho […] que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio»
y que, por ello, tiene un «carácter orientador». En cambio, existe precedente cuando la
sentencia anterior presenta similitudes con el nuevo asunto en cuanto a «(i) patrones
fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una
regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso» 15.

35. La Corte Constitucional distingue tres clases de precedente según la autoridad que
profirió la decisión: (i) el horizontal, integrado por las reglas fijadas por el mismo juez o
por autoridades de igual jerarquía; (ii) el vertical, proveniente del superior funcional o del
órgano de cierre de la respectiva jurisdicción; y (iii) el constitucional, conformado por las
reglas establecidas por la Corte Constitucional16.

36. La fuerza vinculante del precedente busca garantizar la igualdad de trato, la
seguridad jurídica y la confianza legítima, así como dotar de una «racionalidad mínima»
a la función judicial. Sin embargo, esa vinculación no elimina la autonomía e

11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-352 de 2025, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-387 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
14 Corte Constitucional, Sentencia SU-329 de 2024, M.P. Natalia Ángel Cabo.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-438 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-016 de 2026, M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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independencia de los jueces, quienes pueden modificar una interpretación anterior si
cumplen la carga argumentativa correspondiente.17

37. Para apartarse del precedente horizontal, el juez debe «hacer referencia al
precedente con el que ha resuelto cargos análogos», como expresión de la carga de
transparencia, y «exponer las razones suficientes» que justifiquen el cambio
jurisprudencial. Frente al precedente vertical, la carga de suficiencia se acentúa, porque
la autoridad debe justificar por qué la interpretación alternativa ofrece una mejor
realización de los derechos, principios y valores constitucionales. Por tanto, no basta
invocar la autonomía judicial ni manifestar un simple desacuerdo con la regla anterior18.

38. La configuración del defecto exige que la decisión invocada como precedente
existiera cuando el juez resolvió el asunto. La Sección Quinta del Consejo de Estado ha
señalado que «el precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende
aplicar» y que, además, debe existir «una semejanza de problemas jurídicos, escenarios
fácticos y normativos». De este criterio se sigue que una providencia posterior puede
resultar ilustrativa, pero no permite reprochar al juez el desconocimiento de una regla
que todavía no había sido formulada cuando adoptó la decisión cuestionada19.

Caso concreto

39. La Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela. En primer lugar, verificará la legitimación, la inmediatez, la
subsidiariedad y que la providencia cuestionada no haya sido proferida dentro de otra
acción de tutela. Posteriormente, analizará si los cuestionamientos formulados
satisfacen el requisito de relevancia constitucional.

40. La legitimación en la causa está acreditada. El señor Óscar Javier Barroso Maurio
es titular de los derechos cuya protección reclama y fue demandante dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Las autoridades judiciales demandadas
profirieron las providencias a las que atribuye la vulneración.

41. También se satisface la inmediatez. La sentencia cuestionada se notificó el 20 de
mayo de 2026 y la solicitud de amparo se presentó el 1 de julio siguiente, término que
resulta razonable.

42. La subsidiariedad se encuentra acreditada porque el accionante apeló la sentencia
ordinaria de primera instancia y no se advierte otro medio judicial idóneo para plantear
los cuestionamientos formulados en la tutela. La providencia censurada tampoco fue
dictada dentro de otra acción de tutela.

43. Verificados los demás requisitos generales de procedibilidad, la Sala examinará la
relevancia constitucional de los cuestionamientos hechos. En particular, corresponde
establecer si las providencias posteriores invocadas por el accionante podían constituir
precedente exigible al Tribunal y si los demás reparos trascienden la inconformidad con
la interpretación y la valoración probatoria hechas en el proceso ordinario.

44. El demandante sostiene que el Tribunal Administrativo de Bolívar desconoció el
derecho a la igualdad y el precedente horizontal porque otras salas de esa corporación
anularon las sanciones impuestas a policías investigados dentro de la misma actuación

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de febrero de 2018,

radicado 11001-03-15-000-2017-03315-00, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio con cita de la Sentencia T-762 de 2011.

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disciplinaria. En la impugnación destacó que esas providencias fueron allegadas antes
de la notificación de la sentencia cuestionada y que, por esa razón, debieron ser
consideradas al resolver su caso.

45. Este planteamiento exige distinguir el momento en que se profirió la sentencia de
aquel en que fue notificada. La obligación de seguir un precedente o justificar su
apartamiento supone que la regla invocada existiera cuando se adoptó la decisión. Por
ello, además de la relación entre los procesos, es necesario examinar la secuencia de
las providencias para establecer si las decisiones aportadas podían orientar la solución
del asunto o exigir una explicación sobre su apartamiento.

46. La sentencia cuestionada se profirió el 27 de febrero de 2024. Así aparece en su
encabezado y en la constancia incorporada con las firmas. Las providencias invocadas
como precedente se profirieron el 17 de mayo20 y el 31 de octubre de 202421. La decisión
relacionada con Ángel David Tordecilla Ibarra, allegada con la impugnación, se profirió
el 31 de octubre de 2025.

47. Ninguna de esas decisiones existía cuando la Sala de Decisión 2 resolvió el recurso
de apelación del accionante. Por tanto, no constituían un referente obligatorio ni
imponían una carga de transparencia o suficiencia argumentativa frente a una línea
judicial que todavía no había sido formulada.

48. Esta conclusión hace innecesario establecer si una decisión de otra sala del mismo
tribunal puede constituir precedente horizontal. Aun si se aceptara la tesis propuesta por
el impugnante sobre la unidad orgánica del Tribunal Administrativo de Bolívar,
continuaría ausente el presupuesto temporal indispensable para configurar el defecto.

49. La notificación del 20 de mayo de 202622 no modificó la fecha de la sentencia ni
mantuvo abierta la deliberación. Su finalidad fue dar a conocer la decisión y habilitar el
ejercicio de los mecanismos procesales correspondientes. No convirtió en anteriores las
providencias dictadas durante el tiempo transcurrido entre la expedición y la
comunicación del fallo.

50. El artículo 285 del Código General del Proceso establece que «la sentencia no es
revocable ni reformable por el juez que la pronunció». Por consiguiente, los memoriales
a través de los que se allegaron decisiones posteriores no imponían al Tribunal el deber
de reabrir el recurso de apelación ni de modificar el sentido de una sentencia ya
proferida. La demora en su notificación no altera por sí sola el contenido ni la fecha de
la providencia y no fue desarrollada como un defecto constitucional autónomo23.

51. El salvamento de voto suscrito el 22 de mayo de 2026 tampoco demuestra que la
mayoría hubiera desconocido deliberadamente un precedente al decidir en febrero de
2024. Ese documento expresa una discrepancia posterior y alude a providencias
posteriores a la sentencia cuestionada. Las opiniones disidentes no modifican la fecha
de la decisión ni sustituyen las razones adoptadas por la mayoría.

52. Los demás planteamientos tampoco permiten superar la relevancia constitucional.
La falta de notificación de la indagación preliminar, la declaración rendida bajo juramento,
la competencia del funcionario que practicó pruebas, la exclusión de la grabación y el

20 SAMAI, índice 8 del proceso 13001-33-33-007-2020-00012-01.
21 SAMAI, índice 9 del proceso 13001-33-33-007-2020-00012-01.
22 SAMAI, índice 12 del proceso 13001-33-33-007-2020-00012-01.
23 Código General del Proceso, artículo 285.

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mérito de los testimonios fueron propuestos en la apelación ordinaria y examinados por
el Tribunal.

53. El cuestionamiento sobre la valoración probatoria se centró en la certeza sobre la
participación del señor Óscar Javier Barroso Maurio en la conducta sancionada. El
demandante sostuvo que los testimonios de Wadid Martínez Alandete y Marco Antonio
Solís eran de oídas y no demostraban la exigencia o recepción de dinero. También
señaló contradicciones entre las declaraciones e invocó el libro de minutas para afirmar
que podía encontrarse en otro lugar. A partir de esos elementos, consideró que la duda
debía resolverse a su favor.

54. Estos argumentos buscan que se atribuya a las pruebas un alcance distinto del
reconocido en la sentencia cuestionada y que se acoja la conclusión favorable propuesta
por el demandante. La invocación de la sana crítica y de la duda favorable al disciplinado
exige explicar por qué el razonamiento judicial excede una interpretación probatoria
admisible y compromete derechos fundamentales. En este caso, la inconformidad se
sustenta en la lectura alternativa del material probatorio y en las conclusiones
alcanzadas en los procesos de los demás policías, sin identificar un error manifiesto que
permita distinguir el reproche de una discrepancia con la valoración hecha.

55. Resolver esa diferencia a través de una nueva ponderación de las declaraciones y
del libro de minutas convertiría la tutela en una instancia adicional del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho. Por ello, este planteamiento no permite superar la falta
de relevancia constitucional advertida en primera instancia. Junto con las razones
expuestas respecto del precedente, lo anterior conduce a confirmar la sentencia que
declaró improcedente la solicitud de amparo.

56. Finalmente, la Sala advierte que entre la expedición de la sentencia del 27 de febrero
de 2024 y su notificación, hecha el 20 de mayo de 2026, transcurrieron más de dos años.
Este lapso amerita esclarecer las circunstancias que dieron lugar a la demora, pues el
artículo 203 del CPACA prevé que las sentencias se notifiquen dentro de los tres días
siguientes a su fecha24.

57. El artículo 87 de la Ley 1952 de 2019 impone a los servidores públicos que conozcan
hechos constitutivos de una posible falta disciplinaria el deber de ponerlos en
conocimiento de la autoridad competente, con las pruebas disponibles, cuando carezcan
de competencia para adelantar la actuación25. En cumplimiento de ese deber, la Sala
ordenará compulsar copias para que se establezca si la demora advertida obedeció a
omisiones con relevancia disciplinaria en el trámite necesario para comunicar la
sentencia.

58. Las copias se remitirán a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, respecto de
los magistrados que integraron la Sala de Decisión 2 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, respecto de los
demás servidores judiciales que hubieran intervenido en el trámite necesario para
comunicar la sentencia26. Corresponderá a esas autoridades, en el ámbito de sus
competencias, establecer quiénes intervinieron, esclarecer las causas de la demora y

24 Ley 1437 de 2011, artículo 203, inciso primero: «Las sentencias se notificarán, dentro de los tres (3) días

siguientes a su fecha (...)». Para la remisión electrónica por Secretaría, véase también el artículo 205, numeral 1,
modificado por el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.
25 Ley 1952 de 2019, artículo 87, sobre la obligatoriedad de la acción disciplinaria: «(...) Si no lo fuere, pondrá el

hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere (...)».
26 Ley 270 de 1996, artículos 112, numeral 3, y 114, numeral 1, modificados, respectivamente, por los artículos 56 y

58 de la Ley 2430 de 2024.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05041-01
Accionante: Oscar Javier Barroso Maurio
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otro
Referencia: Acción de Tutela

determinar si procede iniciar una actuación disciplinaria. Esta remisión no implica
anticipar un juicio sobre la responsabilidad de persona alguna.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de julio de 2026, en la que la Sección
Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo presentada
por el señor Óscar Javier Barroso Maurio, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. COMPULSAR, por Secretaría, copias de esta providencia y de las piezas
procesales relacionadas con la expedición y notificación de la sentencia del 27 de febrero
de 2024, obrantes en el expediente, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
respecto de los magistrados que integraron la Sala de Decisión 2 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar,
respecto de los demás servidores judiciales que hubieran intervenido en el trámite, para
que, en el ámbito de sus competencias, establezcan quiénes intervinieron y determinen
si hay lugar a iniciar actuaciones disciplinarias por los hechos expuestos en la parte
motiva.

TERCERO. NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los interesados por el medio más
expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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