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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05049-00

Fecha
9 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05049-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Lidia Marina Mendoza Jiménez, por los argumentos expuestos en este fallo. 2. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS, la sentencia del 23 de enero de 2026, proferida por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico, en el medio de control de reparación directa 08001-33-33-008-2020- 00231-01 sólo en lo que respecta a la decisión de no reconocer la indemnización de perjuicios morales a la señora Lidia Marina Mendoza Jiménez. 3. En consecuencia, ORDENAR a la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia, dicte una SENTENCIA COMPLEMENTARIA en la que valore integralmente las pruebas del proceso y considere la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decidir sobre el reconocimiento del perjuicio moral de la señora Lidia Marina Mendoza Jiménez, dada su alegada calidad de hermana del fallecido Nicolás Mendoza Jiménez. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-05049-00 Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez 4. NEGAR el amparo pretendido frente a la señora Cecilia Esther Mendoza Jiménez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 5. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 6. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 7. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIARLA a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05049-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

9 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-05049-00
Demandante CECILIA ESTHER MENDOZA JIMÉNEZ Y LIDIA MARINA
MENDOZA JIMÉNEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA ORAL DE
DECISIÓN C
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Presupuestos de
procedibilidad. Defecto fáctico. Desconocimiento del precedente
judicial. Medio de control de reparación directa. Reconocimiento del
daño moral: la prueba del parentesco. Reglas de valoración
probatoria en el precedente de la Corte Constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado decidir en primera instancia
la acción de tutela instaurada por las señoras Lidia Marina Mendoza Jiménez y
Cecilia Esther Mendoza Jiménez, de conformidad con lo dispuesto por los Decretos
1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 30 de junio de 20261, las señoras Lidia Marina Mendoza Jiménez y Cecilia Esther
Mendoza Jiménez, mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C. Consideran
que esa autoridad vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, al proferir la sentencia del 23 de enero de 2026 que decidió la segunda
instancia en el medio de control de reparación directa 08001-33-33-008-2020-00231-
01 y el auto del 13 de marzo del año en curso que negó la solicitud de adición del
fallo ordinario.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones2:

«1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de los
accionantes, en su calidad de demandantes del proceso de reparación directa identificado
con el radicado 08001333300820200023101, que fueron vulnerados por la SALA DE
DECISIÓN ORAL “C” DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLÁNTICO.

2. ORDENAR a LA SALA DE DECISIÓN ORAL “C” DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO proferir una nueva sentencia de segunda instancia
en la cual se haga una mención expresa al precedente judicial aplicable al asunto y,
además, se agote una valoración integral de las pruebas documentales aportadas».

2. Hechos
En el expediente se advierten los siguientes hechos relevantes:

1
Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: SAMAI (índices 1 y 2).
2
Página 18 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05049-00
Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

2.1. El 17 de diciembre de 2020, la señora Lidia Marina Mendoza Jiménez y otros3
promovieron el medio de control de reparación directa contra la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional para obtener la indemnización de los
perjuicios derivados de la muerte del señor Nicolás Mendoza Jiménez.

En el expediente se lee que la víctima directa falleció con ocasión de un
enfrentamiento con armas de fuego entre agentes de la Policía Nacional y
grupos al margen de la Ley.

2.2. El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado
Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla y se le asignó la radicación
08001-33-33-008-2020-00231-00.

En sentencia del 8 de agosto de 2023, ese despacho negó las pretensiones
de la demanda por considerar que no se acreditó el elemento de imputación;
por el contrario, adujo que se concretó la eximente de responsabilidad del
hecho exclusivo de un tercero.

2.3. El apoderado de la parte actora apeló la sentencia de primera instancia.
Reprochó la omisión de analizar el caso bajo el título de imputación alegado
en la demanda: el daño especial. Además, advirtió que en el caso particular
no se acreditaron los presupuestos del hecho exclusivo de un tercero.

2.4. En sentencia del 1° de diciembre de 2023, la Sala de Decisión Oral C del
Tribunal Administrativo del Atlántico confirmó la decisión de primera instancia
de negar las pretensiones de la demanda por considerar que no se acreditó el
presupuesto de imputación.

2.5. La parte actora interpuso acción de tutela contra las sentencias ordinarias que
negaron las pretensiones de reparación directa. La acción de amparo fue
negada en las dos instancias en el Consejo de Estado; pero, fue seleccionada
para revisión por la Corte Constitucional.

2.6. En la sentencia T-452 de 2025, el tribunal constitucional amparó los derechos
fundamentales de los demandantes al debido proceso y a la igualdad. En la
parte considerativa de la providencia se indicó que el tribunal incurrió en
defecto sustantivo porque omitió pronunciarse sobre el título de imputación de
daño especial, aunque «correspondía a los hechos acreditados y pretensiones
planteadas por los demandantes».

En consecuencia, dispuso:
«TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 1 de diciembre de 2023, dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, dentro del proceso de
reparación directa (…) que se identifica con número de radicado 08-001-33-33-008-2020-
00231-01. Como consecuencia de ello, ORDENAR a dicha autoridad judicial que, en el término
de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, emita una nueva
decisión de segunda instancia en la que se resuelva integralmente el recurso de apelación
interpuesto en el referido proceso contencioso administrativo a partir de las consideraciones y
conclusiones expuestas en esta providencia».

2.7. El 23 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral C, profirió sentencia de reemplazo en la que analizó el caso bajo
el título de imputación de daño especial y, como consecuencia de ello, declaró
la responsabilidad del Estado por el daño antijurídico reclamado y condenó en
perjuicios a la entidad demandada.

3
Justina Fernández Mendoza , Leonor Mendoza Fernández, Alexander Mendoza Fernández, Nicolás Mendoza Fernández,
Manuel Mendoza Sanabria, Sherleyn Mendoza Villamizar, Jeffrey Mendoza Villamizar, Jhonatan Mendoza Narváez,
Yuranis Mendoza Sampayo, Manuel Mendoza Sampayo, Jesús Vega Mendoza, Maroly Vega Mendoza, Ángel Mendoza
Jiménez, Ana Mendoza de Rubio, Francia Mendoza Jiménez, Cecilia Mendoza Jiménez, Lidia Mendoza Jiménez, Nurys
Fernández Mendoza, Sandra Arrieta Fernández, Néstor Arrieta Fernández y Jesús Andrés Camargo Fernández.
2

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05049-00
Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

A pesar de lo anterior, se negó la indemnización frente a Lidia Marina y Cecilia
Esther Mendoza Jiménez, alegadas hermanas de la víctima directa. La
primera, porque «los datos de su registro civil de nacimiento no son visibles, lo que
impide determinar el nivel de consanguinidad con la víctima directa» y la segunda,
porque «aportó partida de bautismo, pero no registro civil de nacimiento, documento
idóneo para la demostración del parentesco».

2.8. La parte actora presentó solicitud de adición contra la sentencia de remplazo,
pero fue negada en auto del 13 de marzo de 2026. El tribunal consideró que
lo que pretendía la petición era cuestionar la valoración de las pruebas que
contenían decisiones desfavorables para los demandantes, intención contraria
al propósito de la figura de la adición de las sentencias.

Frente a la facultad probatoria de oficio de los jueces naturales de la causa
indicó que no tiene por fin suplir la inactividad u omisiones probatorias de las
partes. En todo caso, advirtió que, ante el plazo perentorio que otorgó la Corte
Constitucional para emitir la sentencia de reemplazo, no era posible abrir
periodo probatorio en segunda instancia como lo pretende la parte actora.

3. Fundamentos de la acción

3.1. Las accionantes consideran que la tutela satisface los requisitos generales de
procedibilidad por las siguientes razones: (i) se propone un caso con marcada
relevancia constitucional en tanto evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales invocados y la discusión no se concentra en una cuestión
apenas patrimonial ni legal. Lo que se busca es la valoración integral de las
pruebas a la luz del marco jurídico vigente; (ii) se agotaron los mecanismos
ordinarios de defensa para la protección de los derechos fundamentales y los
argumentos de inconformidad no se enmarcan dentro de las causales del
recurso extraordinario de revisión; (iii) la tutela se radicó en un plazo razonable
si se considera que la sentencia de segunda instancia y el auto que resolvió la
adición se notificaron el 30 de enero y el 13 de marzo de 2026; y (iv) se hizo
una relación clara de los hechos y pretensiones de la acción de amparo y ésta
no se dirige contra una providencia de tutela.

3.2. En cuanto al fondo del asunto, la parte accionante argumentó que la sentencia
del 23 de enero de 2026 incurrió en defecto de desconocimiento del
precedente judicial y en defecto fáctico.

Frente al primer cargo, reprochó que el tribunal accionado al decidir sobre el
reconocimiento de perjuicios de las aquí accionantes no tomó en
consideración las sentencias del Consejo de Estado relacionadas con la
validez de los medios de convicción diferentes al registro civil de nacimiento
para acreditar el parentesco, en los casos en que se carece de ese documento.
Consideran que la mencionada omisión vulnera sus derechos a la igualdad y
al debido proceso.

Mencionó la sentencia de 6 de octubre de 2022, emitida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 11001-03-15-000-
2022-02936-01, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernández.
Transcribió el aparte en el que se indica que en los casos en los que no se
aporta el registro civil de nacimiento para acreditar el parentesco, el juez de
tutela debe activar sus poderes probatorios de oficio para solicitar el
documento faltante, valorar otros medios de prueba o indagar en la
contradicción las razones por las que no se aportó el documento idóneo.

Informó que la señora Cecilia Esther acudió a las autoridades registrales a
obtener su registro civil de nacimiento con posterioridad a la notificación de la
sentencia de reemplazo.
3

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Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

De otro lado, relativo al defecto fáctico indicó que el tribunal accionado omitió
valorar íntegramente los documentos aportados con la demanda. Dijo que para
acreditar el parentesco entre Lidia Marina Mendoza Jiménez y Nicolás
Mendoza se aportó el registro civil de nacimiento de la primera. Destacó que,
aunque el tribunal indicó que el documento contenía datos que no eran visibles
y que impedían determinar el parentesco, lo cierto es que se abstuvo de valorar
otros elementos del documento que permitían establecer a quien pertenecía.

A ese respecto, destacó que era posible extraer los siguientes datos del
documento: «El número de serial del documento es 57971xx y este serial
correspondiente al registro de LIDIA MENDOZA JIMÉNEZ, tal como se puede evidenciar
del mismo documento superpuesto al registro aportado [opción: inscrito]» y en la
sección de «espacio para notas del mismo documento». También indicó que se
debía tener en cuenta que del documento era posible identificar a uno de los
progenitores de la inscrita, el señor Samuel Mendoza Taliens.

De acuerdo con lo anterior, consideran que el tribunal incurrió en una
valoración irrazonable de los medios de prueba porque no consideró en
integridad el registro civil de nacimiento, aunque a partir de su contenido era
posible establecer el titular e identificar a uno de los padres de la registrada.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 6 de julio de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela
interpuesta por Lidia Marina Mendoza Jiménez y Cecilia Esther Mendoza
Jiménez contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión
C.

Además, vinculó como terceros con interés, a la Nación, Ministerio de
Defensa, Policía Nacional; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Público; al Juzgado Octavo Administrativo de
Barranquilla; así como a los demás demandantes del proceso ordinario de
reparación directa 08001-33-33-008-2020-00231-00/01.
También, se ofició al Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla para que
autorizara el acceso al expediente electrónico en Samai y para que notificara
la acción de tutela a las partes y sujetos que integraron el medio de control de
reparación directa analizado.
Finalmente, se solicitó a la Secretaría General de esta Corporación que
publicara aviso con el propósito de enterar a los interesados sobre la
existencia de esta acción de tutela y la posibilidad que les asiste de intervenir
en ella si lo estiman necesario y pertinente. Asimismo, se reconoció al abogado
Hernando Castro Nieto como apoderado de los accionantes.
4.2. El Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla publicó aviso en el que
informó a las partes y terceros con interés en el proceso de reparación directa
08001-33-33-008-2020-00231-00, sobre la existencia de esta acción de tutela.

La Secretaría del Consejo de Estado también publicó aviso en lugar visible de
la corporación con el mismo propósito.
4.3. El Tribunal Administrativo del Atlántico, por conducto del magistrado
ponente de la sentencia acusada, indicó que en la providencia se expusieron
las razones por las que no era posible tener acreditado el parentesco invocado
por las aquí accionantes a partir del análisis de los medios de prueba
aportados al proceso.

Respecto de la señora Cecilia Esther, se precisó que se aportó partida de
bautismo, pero no el registro civil de nacimiento que es el documento idóneo
4

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Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

para probar el parentesco. Recordó que el Decreto 1260 de 1970 establece
que el estado civil de las personas nacidas después de 1938 solo puede
probarse mediante el registro correspondiente.

Respecto de la señora Lidia Marina, se indicó que los datos del registro civil
de nacimiento no eran visibles, situación que impedía corroborar el
parentesco.

De acuerdo con lo anterior, advirtió la falta de relevancia constitucional del
caso particular por considerar que se toma la tutela como una instancia
adicional para exponer los desacuerdos de la parte actora con una decisión
que no le es favorable.

4.4. La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por conducto de
asesora del Área Jurídica de la Secretaría General, solicitó su desvinculación
de la presente acción de tutela considerando que se discute una providencia
judicial en la que no tiene injerencia alguna.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que cuando se
interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los
requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales

4
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
5
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
6
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
7
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5

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exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia
judicial objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Cuestión previa: de la solicitud de desvinculación de la Policía Nacional

La Sala niega la solicitud de desvinculación presentada por la Policía Nacional,
debido a que esa entidad fue integrada como tercera con interés en el proceso
constitucional dada su calidad de entidad demandada en el medio de control de
reparación directa analizado y, en esa medida, es claro el interés que le asiste en
esta causa. Por lo que su vinculación se mantiene en virtud de lo dispuesto en el
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

4. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra una providencia judicial, debe la Sala,
en primera medida, corroborar el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad. De superarse este primer análisis, determinará si la sentencia del 23
de enero de 2026, proferida por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Administrativo del Atlántico, en el proceso de reparación directa 08001-33-33-008-
2020-00231-01, incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
judicial al negar el reconocimiento de perjuicios a favor de las señoras Cecilia Esther
y Lidia Marina Mendoza Jiménez.

5. La tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad exigibles
cuando se interpone contra providencias judiciales

La Sala encuentra satisfechos en este caso los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto debido a
que la petición de amparo: (i) tiene relevancia constitucional, ya que acusa la
vulneración de los derechos fundamentales de las señoras Cecilia Esther y Lidia
Marina Mendoza Jiménez ante la indebida valoración de las pruebas del proceso y
la omisión del tribunal accionado de desplegar sus poderes probatorios de oficio
para esclarecer el parentesco de las accionantes con la víctima directa; (ii) se realizó
una descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda.

(iii) contra la providencia no proceden recursos ordinarios ni extraordinarios que
permitan la garantía de los derechos fundamentales invocados; (iv) la petición de
amparo se presentó en un plazo razonable, considerando que la sentencia acusada
se profirió el 23 de enero de 2026 y se notificó mediante mensaje de datos enviado
a los sujetos procesales el día 30 de ese mes y año8, mientras que la petición de
amparo se promovió el 30 de junio de 2026; y (v) no se discute una sentencia de
tutela.

En cuanto al presupuesto de subsidiariedad debe agregar esta Sala que el recurso
extraordinario de revisión no es idóneo para pretender la garantía de los derechos
invocados por la parte actora, porque los argumentos expuestos en la acción de
tutela no se enmarcan en ninguna de las causales de revisión consagradas en el
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

6. Análisis de los defectos propuestos contra la sentencia del 23 de enero
de 2026

6.1. La Sala analizará los defectos invocados de forma conjunta dado que se
orientan a discutir el juicio probatorio del Tribunal Administrativo del Atlántico

8
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 08-001-33-33-008-2020-00231-01. Archivo
denominado «11. 2020-00231 Dnotifica_T134142542753158498»
6

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respecto del reconocimiento del perjuicio moral a favor de las aquí
accionantes.

6.2. Frente al defecto fáctico conviene recordar que la Corte Constitucional ha
indicado que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales es «estrictamente excepcional»9 a fin de proteger los principios de
autonomía, especialidad e independencia judicial, así como los de seguridad
jurídica y cosa juzgada.
Así entonces, el estudio de la petición de amparo se torna más riguroso frente
al defecto fáctico, pues es pacífico que el juicio de valoración probatoria
desplegado por el juez natural de la causa está prevalido de un amplio margen
de discrecionalidad, propio del sistema de libre valoración acogido en el
Código General del Proceso10.
Lo anterior no quiere decir que aquella discrecionalidad sea ilimitada, pues no
equivale a arbitrariedad o capricho; implica que la intromisión del juez de tutela
en la valoración probatoria del fallador natural se restringe a los eventos en los
cuales la irregularidad sea ostensible, flagrante y manifiesta11.
La acción de tutela no se puede convertir en una instancia revisora de la
actividad probatoria del juez ni un escenario para imponer una tesis alternativa
de valoración probatoria. Cuando la decisión judicial se fundamenta en la
valoración racional y razonable de los medios de prueba, en el marco de
discrecionalidad propio del sistema de libre valoración, no es dable al juez
constitucional dejar sin efectos la decisión judicial, aunque considere que debió
darse una apreciación diferente de los medios de prueba12.
Al respecto, en la sentencia T-217 de 2010, la Corte Constitucional indicó:
«Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden
considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y
razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica,
y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo, sino que sus
actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela
la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la
valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima». (Destaca la Sala)

4.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que, “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente
y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación” 13.

6.3. Establecido lo anterior, se recuerda que, en la sentencia del 23 de enero de
2026, el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó la decisión de primera
instancia para, en su lugar, declarar la responsabilidad de la Policía Nacional
por la muerte del señor Nicolás Mendoza Jiménez.

9
Sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
10
Artículos 165. Medios de prueba y 176. Apreciación de las pruebas.
11
Corte Constitucional. Sentencia SU337 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo, reiterada en la sentencia T-018 de 2023,
con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
12
En ese sentido se pronunció la Corte en la sentencia T-018 de 2023, párrafo 74.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-1029 de 2010. M.P. Humberto Sierra Porto.
7

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05049-00
Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

Como consecuencia de la anterior declaración, la autoridad judicial reconoció
y liquidó el perjuicio moral a favor de algunos de los demandantes en 100
SMLMV o 50 SMLMV, según el grado de consanguinidad con la víctima
directa. Además, condenó a la entidad demandada al pago de perjuicio
material a favor de la señora Justina Isanel Fernández.

El tribunal accionado negó el reconocimiento del daño moral a favor de las
señoras Lidia Marina y Cecilia Esther Mendoza Jiménez con fundamento en
los siguientes argumentos:
«Se niega la indemnización de Lidia Marina Mendoza Jiménez (hermana), porque los datos
de su registro civil de nacimiento no son visibles, lo que impide determinar el nivel de
consanguinidad con la víctima directa, ni a Cecilia Esther Mendoza Jiménez (hermana),
porque aportó partida de bautismo, pero no registro civil de nacimiento, documento idóneo
para la demostración del parentesco14».

6.4. En el escrito de tutela se plantearon, en esencia, dos cuestionamientos. De
una parte, se discutió la falta de una valoración integral y proactiva de los
medios de prueba encaminados a acreditar el parentesco entre Cecilia Esther
y Nicolás Mendoza Jiménez para efectos del reconocimiento de perjuicios en
asuntos de reparación directa.

En particular, se invocó la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2022,
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en la que se reconoció la posibilidad de valorar medios de prueba distintos al
registro civil de nacimiento para establecer el parentesco. Además, en la
providencia se destacó que, en ejercicio de una labor proactiva o incluso
dialógica, el juez de la causa puede indagar las razones por las cuales a la
parte interesada no le fue posible allegar el medio de prueba pertinente y, de
ser necesario, acudir a otros elementos probatorios que permitan esclarecer
este aspecto del debate15.

De otra parte, en el escrito de tutela se reprochó la valoración parcial y aislada
de los medios de prueba que acreditaban el parentesco de Lidia Marina
Mendoza Jiménez con la víctima directa, el señor Nicolás Mendoza. Al
respecto se sostuvo que, si bien algunos datos consignados en el registro civil
de nacimiento de aquella no eran legibles, una valoración integral del
documento, aunada a una actuación judicial más proactiva, habría permitido
identificar información relevante para establecer a quién correspondía el
registro y la identidad de, al menos, uno de los progenitores de la persona
registrada

En ese contexto, la parte actora sostuvo que la omisión en la valoración
integral de dicho medio de prueba configuró un error flagrante y manifiesto,
con incidencia directa y significativa en el derecho a la reparación de una de
las demandantes.
14
«Según la partida de bautismo, la demandante nació el 6 de marzo de 1956, no obstante, el Decreto 1260 de 1970
establece que las personas nacidas a partir de 1938, su estado civil sólo puede probarse mediante el correspondiente
registro.»
15
La parte actora transcribió el siguiente aparte de la sentencia invocada: «Expuesto lo anterior, la Subsección estima que
el presente asunto encuadra dentro de los establecidos por la jurisprudencia constitucional en los cuales se incurre en un
defecto fáctico por desconocimiento de las reglas de la sana crítica, toda vez que el juez del medio de control de reparación
directa pudo solicitar de oficio la prueba faltante y permitir la contradicción de la misma a la parte contraria.
Así las cosas, le asiste razón al a quo cuando indicó que se debió hacer un estudio sobre las circunstancias que impidieron
aportar el respectivo registro civil y, eventualmente, acudir a otras pruebas, como los testimonios y la partida de bautismo,
porque si bien en la sentencia cuestionada se sostuvo que la parte actora “no adujo las razones por las cuales no allegó
el correspondiente registro civil de nacimiento de Solangel Reyes Isidro”, lo cierto es que esto no es suficiente para
abstenerse de analizar si se presentaron circunstancias excepcionales que permitieran limitar los alcances del artículo
105 del Decreto 1260 de 1970.
Por consiguiente, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que
deben propender por su realización, más aún cuando la exigencia documental refiere a asuntos respecto de los que existe
soporte probatorio en el respectivo trámite judicial, pues el exceso ritual manifiesto en materia de exigencia probatoria
puede comportar un defecto fáctico, en aquellos casos en que se omita la práctica de una prueba de oficio para aclarar
un asunto difuso del debate, a pesar de que de los otros medios de prueba puedan inferirse los hechos que sustentan la
pretensión correspondiente».
8

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Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

6.5. En este punto conviene hacer referencia a la sentencia SU-204 de 2025, en la
que la Sala Plena de la Corte Constitucional desarrolló un acápite específico
relativo a «La prueba de la legitimación en la causa por activa, el estado civil y el
parentesco en los procesos de reparación directa».

A ese respecto se destaca la conclusión basada en la jurisprudencia del
Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional relativa a que los familiares
de la persona fallecida que se encuentren en el primero o segundo grado de
consanguinidad y primero civil, en virtud del principio onus probandi incumbit
actori, tienen la carga probatoria de aportar el registro civil de nacimiento,
matrimonio o defunción al proceso de reparación directa. Consideró el alto
tribunal que el registro civil es la prueba idónea del parentesco y del estado
civil, por lo que activa la presunción del daño moral y la prueba de la
legitimación material en la causa17.

En ese sentido, la Corte indicó que el deber de aportación de estos medios de
prueba recae en la parte demandante, pero advirtió que no se trata de un deber
absoluto, sino que existen eventos en los que es razonable que el juez que
conoce la causa flexibilice la carga probatoria o ejerza sus poderes probatorios
de oficio, al interpretar este deber procesal de forma armónica con los
principios de prevalencia del derecho sustancial y de búsqueda de la verdad
material.

Al respecto, conviene transcribir el siguiente aparte de la sentencia:
«La Corte Constitucional ha reiterado que, conforme al CCA y el CPACA, el ejercicio de las
facultades probatorias oficiosas del juez administrativo debe armonizar o equilibrar dos grupos
de intereses y principios constitucionales: (i) los principios de legalidad, imparcialidad y, en
concreto, las reglas que regulan las cargas probatorias de las partes en el proceso de
reparación directa (arts. 13, 228 y 229 de la CP) y (ii) la prevalencia del derecho sustancial
sobre las formalidades (art. 228 de la CP). La aplicación “armónica de este conjunto normativo
demanda al juez establecer bajo qué circunstancias le es dado hacer uso de su facultad
inquisitiva para ordenar la práctica de pruebas de forma oficiosa, sin que ello implique relevar
a las partes de sus cargas probatorias o romper el equilibrio procesal entre ellas”18». (Subraya
la Sala)

A ese respecto, también es pertinente hacer referencia a la sentencia T-113
de 2019, en la que la Corte Constitucional manifestó que, en determinados
casos, la omisión de ejercer los poderes probatorios de oficio puede
representar una afectación desproporcionada al derecho al acceso a la
administración de justicia y al principio de justicia material. Se transcribe el
aparte pertinente de la providencia:
«En síntesis, la Corte ha establecido que en las actuaciones de la administración de justicia
debe prevalecer la aplicación del derecho sustancial, lo que implica que al momento de
interpretar la ley procesal, el juez está obligado a tener en cuenta que el objeto de los
procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos en las normas sustanciales. Por
consiguiente, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho
sustancial, sino que deben propender por su realización, más aún cuando la exigencia
documental refiere a asuntos respecto de los que existe soporte probatorio en el respectivo

16
A pie de página 115 de la sentencia mencionada se relacionó lo siguiente: «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010). Radicación número: 68001-
23-15-000-1997-00023-00(17995). Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez: “Con fundamento en lo anterior puede
concluirse entonces que el registro civil de nacimiento es el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y
suficiente la relación de parentesco con los progenitores de una persona, comoquiera que la información consignada en
dicho documento público ha sido previamente suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento
establecido para tal efecto”. Ver también, Así lo ha determinado esta Corporación. Véase: Consejo de Estado, Sección
Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 2021. Exp. 48.988. C.P. María Adriana Marín; Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia del 22 de marzo de 2012. Exp. 22.206. C.P. Danilo Rojas Betancourth (esta última se refirió al registro civil
como prueba idónea del fallecimiento de una persona). En este mismo sentido, la Subsección C ha declarado la falta de
legitimación en la causa por activa de los demandantes respecto de los cuales no constaba el registro civil de nacimiento
que acreditara el parentesco con la víctima directa: Cfr. Sentencia del 29 de julio de 2022. Exp. 57.521. C.P. Guillermo
Sánchez Luque»
17
Ver los párrafos 69 a 71 de la sentencia SU-204 de 2025.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015.
9

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trámite judicial. Asimismo, el exceso ritual manifiesto en materia de exigencia probatoria puede
comportar un defecto fáctico, en aquellos casos en que se omita la práctica de una prueba de
oficio para aclarar un asunto difuso del debate, a pesar de que de los otros medios de prueba
puedan inferirse los hechos que sustentan la pretensión correspondiente.
Por esa razón, cuando en el proceso contencioso un juez advierte que existen indicios sobre
la relación de parentesco de los familiares con la víctima o del hecho dañoso, es preciso que
ejerza sus facultades oficiosas y solicite los registros civiles correspondientes.» (Destaca la
Sala)

6.6. Ahora bien, al verificar la demanda de reparación directa se observa que las
señoras Lidia Marina y Cecilia Esther acudieron al proceso en calidad de
hermanas de la víctima directa, el señor Nicolás Mendoza Jiménez. Y en el
acápite de pruebas documentales aportadas se relacionó, entre otros, el
registro civil de nacimiento de Lidia Marina Mendoza Jiménez y la partida de
bautismo de Cecilia Esther Mendoza Jiménez.

La Sala iniciará el análisis refiriéndose al registro civil de nacimiento de Lidia
Marina como medio de prueba para acreditar la consanguinidad de cara al
reconocimiento de los perjuicios pretendidos. La revisión del expediente
digitalizado del proceso de reparación directa sub examine permite corroborar
que gran parte del documento19 es ilegible debido a la superposición de la tirilla
de pago para la emisión del documento:

19
Expediente ordinario de reparación directa 08-001-33-33-008-2020-00231-01. Carpeta «PRIMERA INSTANCIA», archivo
denominado «02DemandaMasAnexos», página 113.
10

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6.7. Establecido el anterior contexto, la Sala advierte que respecto de la señora
Lidia Marina no se concretó una ausencia absoluta de la actividad probatoria.
Por el contrario, la parte demandante aportó al proceso el correspondiente
registro civil de nacimiento con el propósito de acreditar el parentesco. La
dificultad en este caso se concreta en que la superposición de otra hoja impide
visualizar integralmente el contenido del documento y, en particular, cierta
información relevante para establecer la filiación. No se observa el nombre de
la madre y aunque se alcanza a leer el del padre la casilla que identifica esa
calidad aparece incompleta.

Aunque es entendible que el documento tal y como fue aportado generara
dudas respecto del parentesco que se pretendía acreditar, la Sala considera
que fue desproporcionado resolver la duda en contra de la parte sin procurar
esclarecer su contenido para establecer si la información allí contenida
permitía construir un indicio fuerte sobre el parentesco.

A ese respecto, se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia T-113
de 2019, sostuvo que, cuando existen indicios sobre el vínculo familiar, el juez
administrativo puede ejercer sus facultades probatorias para obtener los
documentos necesarios. Asimismo, en la sentencia T-151 de 2025, la Corte
Constitucional reprochó que las inconsistencias en el registro civil de
nacimiento del demandante se resolvieran en su contra sin valorar
integralmente el expediente ni acudir a las facultades probatorias oficiosas.

6.8. Para la Sala, el Tribunal Administrativo del Atlántico debió hacer uso de sus
poderes como director del proceso a fin de corroborar el contenido del registro
civil de nacimiento de Lidia Marina Mendoza Jiménez allegado como prueba
al proceso, a fin de establecer su parentesco con Nicolás Mendoza Jiménez.
Esta omisión afectó los derechos constitucionales de la hoy accionante, pues
la autoridad judicial acusada se limitó a constatar la ilegibilidad del registro civil
de nacimiento en el expediente electrónico, pero no valoró el contenido de los
datos legibles del documento ni la existencia de otros medios de prueba que
permitieran acreditar el parentesco ni realizó ninguna otra gestión en procura
de la constatación adicional para establecer la verdad de los hechos.

Aunque es indiscutible que parte del registro civil de nacimiento de la señora
Lidia Marina que aparece en el expediente digitalizado del proceso sub
examine es ilegible, también lo es que es posible identificar, entre otros datos
relevantes, el indicativo serial allí consignado. Con este dato es posible
corroborar el contenido del registro civil en la página web oficial de la
Registraduría Nacional del Estado Civil20, en específico, pueden consultarse
la persona objeto de registro y el lugar y fecha en donde se llevó a cabo la
gestión.

De otra parte, en el documento se puede leer la casilla correspondiente al
progenitor donde aparece relacionado el señor Samuel Mendoza Taliens,
quien obra como padre de otros hermanos21 de Nicolás Mendoza Jiménez
(fallecido) y respecto de quienes obran los registros civiles en integridad. A su
vez, conviene tener presente el hecho 13 de la demanda de reparación directa
en el que se identifica a los hermanos del occiso22.

20
Cfr. https://consultasrc.registraduria.gov.co:28080/ProyectoSCCRC/ Al ingresar en este enlace, debe seleccionar la
opción «usuario público». Después se deberá selección la opción «registro civil de nacimiento» y diligenciar el número
serial del registro civil y la imagen de verificación.
21
Ana Mercedes, Francia Elena y Ángel Mendoza Jiménez. Sus registros civiles obran en las páginas 109, 111 y 115 del
archivo denominado «02DemandaMasAnexos», dentro de la carpeta «PRIMERA INSTANCIA».
22
«13. De igual forma, el occiso era hermano de, ANA MERCEDES MENDOZA DE RUBIO, FRANCIA ELENA MENDOZA
JIMÉNEZ, ANGEL MENDOZA JIMÉNEZ, LIDA MENDOZA JIMÉNEZ y CECILIA ESTHER MENDOZA JIMÉNEZ, como
se desprende de los registros civiles de nacimiento, (Anexos 32,33, 34, 35 y 40), quienes sufrieron gran pérdida por la
muerte de su hermano, que era un líder y apoyo para toda la familia.»
11

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De este modo, se estima que el expediente ponía de presente una
incertidumbre probatoria que merecía el análisis integral de los medios de
prueba con miras a establecer si existía o no un indicio fuerte del hecho que
se pretende acreditar o del requerimiento de una copia íntegra y legible del
mismo documento.

6.9. En esas circunstancias, se destaca que en el caso concreto la controversia no
exige que el juez supla la carga probatoria de la parte actora derivada de su
negligencia, desidia u olvido ni que construya la prueba de oficio ante una
omisión. Lo que se estimaba razonable, de acuerdo con las particularidades
del caso y las reglas de decisión desarrolladas por la jurisprudencia
constitucional, era que, antes de derivar una consecuencia adversa por la
ilegibilidad de algunas partes del registro civil de nacimiento, el juez como
director del proceso desplegara una actividad probatoria más diligente
tendiente a determinar si era posible a partir de las pruebas del proceso tener
por acreditado el hecho o esclarecer el contenido del medio de prueba que fue
legal y oportunamente allegado al proceso para resolver sobre el parentesco.

6.10. De acuerdo con lo anterior, para esta Sala el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del precedente
judicial al negar el reconocimiento de perjuicios a favor de la señora Lidia
Marina Mendoza Jiménez bajo el único argumento de la ilegibilidad parcial del
registro civil de nacimiento.

Se considera que correspondía a la autoridad judicial accionada valorar el
contenido legible del documento en conjunto con las demás pruebas del
proceso y en aplicación de las reglas de decisión establecidas por el
precedente de la Corte Constitucional en la sentencia SU-204 de 2025 y T-113
de 2019, sobre «[l]a prueba de la legitimación en la causa por activa, el estado civil y el
parentesco en los procesos de reparación directa». Lo anterior, con miras a
establecer si era posible tener por acreditado el parentesco o ejercer los
poderes probatorios de oficio si se estaba en uno de los escenarios
decantados por el precedente constitucional para ello.

Se precisa que lo anterior no debe interpretarse como un mandato que obligue
al juez a suplir las cargas probatorias ante la inactividad de las partes, ni como
un respaldo para activar indiscriminadamente las facultades oficiosas del juez
en materia de pruebas. Cada caso debe ser analizado por el juzgador con base
en sus particularidades. Sin embargo, en la situación específica, no se observa
que la indeterminación sobre el parentesco en cuestión se deba a la
negligencia o inacción de los demandantes, sino a que el documento que
podría servir para determinar el hecho era ilegible.

Tampoco se pretende imponer un sentido o resultado de la valoración, lo que
se quiere es que de manera motivada el tribunal adopte una decisión frente a
la acreditación o no del parentesco invocado con fundamento en una
valoración integral de las pruebas y la aplicación del precedente vigente y
aplicable.

6.11. Establecido lo anterior, pasa la Sala a analizar si respecto de la señora Cecilia
Esther (hermana) se materializó la vulneración de los derechos fundamentales
invocados con ocasión de la decisión de negar el daño moral. En la sentencia
acusada la determinación se fundamentó en que para acreditar el parentesco
con el señor Nicolás Mendoza Jiménez se aportó la partida de bautismo, medio
de prueba que no es el idóneo para demostrar el hecho pretendido. Dijo la
autoridad que, de acuerdo con el Decreto 1260 de 1970, el estado civil de las
personas nacidas después de 1938 debe probarse mediante el registro civil de
nacimiento.

12

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Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

Es claro que respecto de esta accionante se tiene la particularidad de que la
parte actora no aportó el medio de prueba que se consideraba idóneo para
acreditar el parentesco. Recuérdese que en la sentencia SU-204 de 2025, se
indicó que el registro civil de nacimiento era el medio de convicción pertinente
para acreditar el parentesco y la legitimación en la causa por activa y que la
carga de traerlo al proceso corresponde a la parte demandante en ejercicio del
principio onus probandi. Se relacionan los apartes pertinentes de la providencia:
«70. El artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 dispone que “[l]os hechos y actos relacionados
con el estado civil de las personas ocurridos con posterioridad a la vigencia de la Ley 92 de
1933, se probarán con copia de la correspondiente partida o folio [del registro civil], o con
certificados expedidos con base en los mismos”. El artículo 106 ejusdem, por su parte,
establece que “[n]inguno de los hechos, actos y providencias relativos al estado civil y la
capacidad de las personas, sujetos a registro, hace fe en proceso ni ante ninguna autoridad,
empleado a funcionario público, si no ha sido inscrito o registrado en la respectiva oficina,
conforme a lo dispuesto en la presente ordenación, salvo en cuanto a los hechos para cuya
demostración no se requiera legalmente la formalidad del registro”. En este sentido, la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado han señalado que en los procesos de reparación directa
la prueba del estado civil y del parentesco es solemne y se acredita con el registro civil (de
nacimiento, matrimonio, defunción, etc.)23.
En tales términos, los familiares que se encuentren en primer o segundo grado de
consanguinidad y primero civil con la persona fallecida que reclamen la reparación del daño,
tienen la carga probatoria de aportar el registro civil —de nacimiento, matrimonio, o
defunción— al proceso de reparación directa. El registro civil es la prueba idónea del
parentesco y el estado civil y, por tanto, (i) activa la presunción de daño moral y (ii) prueba la
legitimación material en la causa. En principio, la falta de acreditación del estado civil y el
parentesco por medio del registro civil conlleva a la denegatoria de las pretensiones por falta
de legitimación material en la causa por activa. Lo anterior, salvo si los interesados demuestran
por otros medios de prueba que son damnificados».

6.12. De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que le asistió razón al tribunal
accionado al indicar que la partida de bautizo24 no es el medio de prueba
pertinente para acreditar el parentesco en el caso particular, sino el registro
civil de nacimiento. Además, la parte actora no expuso ninguna situación de
vulnerabilidad que justificara la omisión de aportar el documento idóneo.
Durante las oportunidades probatorias no se allegó el correspondiente registro
civil de nacimiento ni se acreditó gestión alguna tendiente a obtenerlo.

En este caso, lejos de acreditarse imposibilidad para obtener el registro civil,
la propia acción de tutela señaló que la interesada acudió a la Registraduría
para obtenerlo solo después de que fue notificada de la sentencia de segunda
instancia25. Este hecho resulta indicativo de que el documento podía ser
procurado por la interesada, incluso antes de presentar la demanda, pero no
desplegó la gestión necesaria sino después de conocerse la decisión adversa,
según se indicó en el escrito de tutela.

23
Consejo de Estado, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del veintiocho
(28) de abril de dos mil diez (2010). Radicación número: 68001-23-15-000-1997-00023-00(17995). Consejero ponente:
Mauricio Fajardo Gómez: “Con fundamento en lo anterior puede concluirse entonces que el registro civil de nacimiento es
el documento idóneo para acreditar de manera idónea, eficaz y suficiente la relación de parentesco con los progenitores
de una persona, comoquiera que la información consignada en dicho documento público ha sido previamente
suministrada por las personas autorizadas y con el procedimiento establecido para tal efecto”. Ver también, Así lo ha
determinado esta Corporación. Véase: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 2021. Exp.
48.988. C.P. María Adriana Marín; Sala Plena de la Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2012. Exp. 22.206.
C.P. Danilo Rojas Betancourth (esta última se refirió al registro civil como prueba idónea del fallecimiento de una persona).
En este mismo sentido, la Subsección C ha declarado la falta de legitimación en la causa por activa de los demandantes
respecto de los cuales no constaba el registro civil de nacimiento que acreditara el parentesco con la víctima directa: Cfr.
Sentencia del 29 de julio de 2022. Exp. 57.521. C.P. Guillermo Sánchez Luque.
24
Expediente ordinario de reparación directa 08-001-33-33-008-2020-00231-01. Carpeta «PRIMERA INSTANCIA», archivo
denominado «02DemandaMasAnexos», página 125.
25
En la página 13 del escrito de tutela, se indicó: «Era deber del Despacho indicar los motivos por los cuales se limitó a
aplicar el contenido del artículo 105 del Decreto 1260 de 1970 y se abstuvo de valor otras pruebas dentro del expediente
para poder determinar la existencia de una relación de parentesco entre CECILIA ESTHER MENDOZA JIMÉNEZ y
NICOLAS MENDOZA JIMÉNEZ (Q.E.P.D.) cuando la primera carecía de un registro civil de nacimiento para la fecha de
la interposición de la demanda y hasta la fecha de la notificación de la sentencia de reemplazo, pues, se aclara, que
únicamente procedió a acudir ante las autoridades registrales correspondientes para obtener su registro civil de
nacimiento con posterioridad a la notificación de esta última providencia».
13

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Así, respecto de la señora Cecilia Esther la Sala advierte que la acción de
tutela pretende trasladar a la autoridad judicial las consecuencias de una
insuficiencia probatoria que podía razonablemente ser superada por la parte
interesada en el trámite del proceso o antes. Así las cosas, no se trata de una
carga probatoria que se cumplió con la debida aportación del medio de prueba
pertinente, pero cuyo contenido es ilegible; sino de la aportación de un medio
de prueba que no es pertinente para probar el estado civil o el parentesco; sin
que se hubiesen expuesto argumentos tendientes a explicar la omisión en la
aportación del medio de prueba idóneo.

De acuerdo con lo anterior, no se considera que estén dados los requisitos
para catalogar bajo defecto fáctico la omisión del tribunal de ejercer sus
poderes probatorios de oficio, pues no se trata de un caso de imposibilidad de
aportación del medio de prueba solemne del estado civil o del parentesco,
justificado en un estado de indefensión o de imposibilidad de obtenerlo, sino
que, según se indicó solo se inició la gestión en ese sentido cuando se notificó
la sentencia ordinaria de segunda instancia.

7. Conclusión

En virtud de lo expuesto, esta Sección concederá el amparo solo frente a la señora
Lidia Marina Mendoza Jiménez por considerar que el Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en defecto fáctico y desconocimiento del precedente judicial al
negar el reconocimiento de perjuicios a su favor. En consecuencia, se ordenará a
esta autoridad judicial que dicte una sentencia complementaria en la que valore los
medios de prueba a la luz de la jurisprudencia constitucional relativa a la prueba del
parentesco en procesos de reparación directa, para decidir sobre el reconocimiento
del perjuicio moral respecto de la señora Lidia Marina Mendoza Jiménez, dada su
alegada calidad de hermana del fallecido Nicolás Mendoza Jiménez.

Respecto de la señora Esther Cecilia Mendoza Jiménez, se negarán las
pretensiones de amparo por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la señora Lidia Marina
Mendoza Jiménez, por los argumentos expuestos en este fallo.

2. DEJAR PARCIALMENTE SIN EFECTOS, la sentencia del 23 de enero de 2026,
proferida por la Sala de Decisión Oral C del Tribunal Administrativo del
Atlántico, en el medio de control de reparación directa 08001-33-33-008-2020-
00231-01 sólo en lo que respecta a la decisión de no reconocer la
indemnización de perjuicios morales a la señora Lidia Marina Mendoza
Jiménez.
3. En consecuencia, ORDENAR a la Sala de Decisión Oral C del Tribunal
Administrativo del Atlántico que, en el término de veinte (20) días contados a
partir de la notificación de esta providencia, dicte una SENTENCIA
COMPLEMENTARIA en la que valore integralmente las pruebas del proceso y
considere la jurisprudencia de la Corte Constitucional para decidir sobre el
reconocimiento del perjuicio moral de la señora Lidia Marina Mendoza
Jiménez, dada su alegada calidad de hermana del fallecido Nicolás Mendoza
Jiménez.
14

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Demandante: Cecilia Esther y Lidia Marina Mendoza Jiménez

4. NEGAR el amparo pretendido frente a la señora Cecilia Esther Mendoza
Jiménez, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

5. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

6. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

7. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIARLA a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la
siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

15

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