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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05050-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05050-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05050-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por la Veeduría Ciudadana Funcicaribe en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 11Ver sentencias SU-394 de 2016, T-099 de 2021, entre otras. 12 Ver sentencias T-220 de 2007, T-230 de 2013, entre otras. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00 Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05050-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00
Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera

Temas: Impulso procesal en el medio de control de nulidad / Mora judicial
injustificada

Decisión: Negar la solicitud de amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Abelardo Meza Herazo, en representación
de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe, en ejercicio de la acción de tutela prevista
en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Abelardo Meza Herazo, en representación de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe,
promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la mora judicial en que ha podido
incurrir el Consejo de Estado, Sección Primera, para resolver la admisión de la
demanda con suspensión provisional formulada dentro del medio de control de
nulidad identificado con el radicado 11001-03-24-000-2026-00084-00.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado
«1_DemandaWeb_Demanda_TUTELAANTEELCONSEJOD (.pdf) NroActua2».

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00
Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad presentó demanda contra la Nación,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Administrativa Especial
Parques Nacionales Naturales de Colombia, con la finalidad de cuestionar la
legalidad de la Resolución 0273 del 24 de julio de 2024, mediante la cual se
estableció como requisito obligatorio para el ingreso a las áreas protegidas del
Sistema de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística la adquisición
de un seguro de accidentes con asistencia para los visitantes.

2.2. En la demanda solicitó, además, la suspensión provisional de los efectos de la
referida resolución, al considerar que el acto administrativo vulneraba, entre otras
disposiciones, los artículos 24, 63 y 79 de la Constitución Política.

2.3. El Tribunal Administrativo de Bolívar en providencia del 30 de enero de 2026
declaró su falta de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir el
expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado, al considerar que la
controversia recaía sobre un acto administrativo expedido por una autoridad del
orden nacional.

2.4. Así las cosas, el expediente fue remitido al Consejo de Estado el 19 de febrero
y, el mismo, fue repartido al magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes, de la
Sección Primera, bajo el radicado 11001-03-24-000-2026-00084-00, sin que a la
fecha se haya proferido un pronunciamiento de la admisión de la demanda o de la
medida cautelar presentada.

2.5. El 5 y 9 de junio de 2026 presentó impulsos procesales ante la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante los cuales solicitó que se adoptara una decisión
sobre la admisión de la demanda y la medida cautelar. En el primero, manifestó que
habían transcurrido 106 días desde el ingreso del proceso al despacho sin que se
hubiera adoptado una decisión.

2.6. Para el 1.º de julio de 2026 no se había proferido una decisión que resolviera la
admisión, inadmisión o rechazo de la demanda, ni la solicitud de medida cautelar.

2.7. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales con
ocasión de la mora judicial en el referido medio de control, pues sostuvo que habían
transcurrido cuatro meses desde el reparto del proceso sin que se hubiera proferido
decisión sobre la admisión de la demanda ni sobre la medida cautelar solicitada.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
justicia y plazo razonable del señor ABELARDO MEZA HERAZO y de la Veeduría

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Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

Ciudadana FUNCICARIBE, vulnerados por la mora injustificada del Magistrado
accionado.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Magistrado GERMÁN
EDUARDO OSORIO CIFUENTES, Ponente de la Sección Primera del Consejo de
Estado, que, en un término no mayor a CUARENTA Y OCHO (48) HORAS contadas a
partir de la notificación del fallo de tutela, profiera el auto que resuelva la admisión o
inadmisión de la demanda de nulidad (Rad. 11001-03-24-000-2026- 00084-00), y, en el
mismo acto, DECIDA DE FORMA EXPRESA la solicitud de Dirección Manga Cll 26 N°
15-59 edif. Mirador de Segovia piso 201 Tel: 6655314 Móvil: 3005192024 email:
funcicaribe@outlook.com Email: funcicaribe@outlook.com suspensión provisional del
acto administrativo demandado, dando aplicación preferente al artículo 233 del CPACA.

TERCERO: REQUERIR al Magistrado accionado para que, en adelante, se abstenga de
incurrir en dilaciones injustificadas, bajo los apremios del artículo 2 del Decreto 2591 de
1991 (incidente de desacato). CUARTO: MEDIDA PROVISIONAL artículo 7 decreto
2591 de 1991, mientras se decide esta tutela, ordenar que en el termino de 24 horas
resuelva la medida cautelar, para evitar que se siga causando cobros diarios a turista
para acceder a las playas de uso público, posiblemente inconstitucionales por parte de
magenta SA. […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. La Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales de
Colombia2 solicitó que se negaran las pretensiones de la solicitud de amparo, al
considerar que no se acreditó un perjuicio irremediable ni que la presunta mora en
resolver la admisión de la demanda fuera injustificada. Asimismo, expuso que la
Resolución 0273 de 2024 fue expedida en ejercicio de las facultades atribuidas a la
entidad para la administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales
Naturales, por lo cual, lo que buscaba es salvaguardar la integridad de las personas
que ingresan a las áreas protegidas de posibles accidentes.

5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible3 sostuvo que la situación
planteada no obedecía a una falta de diligencia de la corporación judicial, sino a la
congestión estructural que enfrenta el Consejo de Estado por el volumen de
demandas, recursos y tutelas que ingresan a sus despachos. Asimismo, señaló que
la decisión sobre la admisión, inadmisión o rechazo de una demanda requiere un
estudio riguroso de los presupuestos procesales, las caducidades y los requisitos
de procedibilidad, por lo que no podía entenderse como un trámite mecánico.

6. El Consejo de Estado, Sección Primera4 solicitó que se negaran las
pretensiones de la solicitud de amparo, al considerar que no se configuró una mora

2Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado
«9_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaTutela20260505000 (.pdf) NroActua12».
3Ver índice 13 de Samai Archivo denominado
«10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda13012026E2025621. (pdf). NroActua13».
4 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «9CONTESTACIONDE_InformedetutelaExp20 (.pdf)

NroActua10».

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Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

judicial injustificada dentro del medio de control de nulidad. En esencia, sostuvo que
la congestión y el atraso judicial constituyen circunstancias estructurales que no
necesariamente implican la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, y señaló que, en el caso
concreto, no había transcurrido un plazo irrazonable para resolver sobre la
admisibilidad de la demanda y la medida cautelar, debido a la carga de trabajo del
despacho y al orden de prelación y turno en que deben proferirse las decisiones
judiciales.

7. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico;
iii) procedencia de la solicitud de tutela- derechos de acceso a la administración de
justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas; y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1º del Decreto 333 del 6 de abril
de 2021 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el
Consejo de Estado, Sección Primera.

2.2. Problema jurídico.

10. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Consejo de
Estado, Sección Primera, vulneró los derechos fundamentales de la Veeduría
Ciudadana Funcicaribe, con ocasión de la mora judicial en que ha podido incurrir
para resolver la admisión de la demanda y la solicitud de medida cautelar
formuladas dentro del medio de control de nulidad identificado con el radicado
11001-03-24-000-2026-00084-00?

2.3. Procedibilidad de la solicitud de tutela

11. El artículo 86 constitucional señala que: «[…] [e]sta acción solo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6
del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de
amparo:

4

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Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

12. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha
definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia5, es decir, no es un
mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios
ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco
constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de
un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los
derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo
efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin
dilaciones injustificadas

13. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de
justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del
Estado6, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una
instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus
conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y
respetuosa de la dignidad humana.

14. Por su parte el artículo 229 ibídem determinó que la administración de justicia no
se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión
de naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza
de todos los habitantes del país.

15. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de
acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional7:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a
acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada,
ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental
del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que
forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

5 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121

de 2003.

6 Artículo 2 de la Constitución Política
7 Sentencia C-177 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño

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Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia
constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de
derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo
esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores
constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación,
el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico
de aplicación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan
en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones
y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de
promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene
todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se
proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden
jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la
actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones
que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el
derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición
de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se
desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de
las garantías propias del debido proceso. […]».

16. Por su parte, tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa el derecho
en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin
embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos
y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de
las partes, como el debido proceso.

17. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona
tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera,
además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un
plazo adecuado.

18. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la
definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio
cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia
quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso
judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el
de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia en
procura de una solución pacífica a las controversias sociales.

19. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye
una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden
de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos
rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se
encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el
marco de cada caso, y solo serán aceptables cuando, a pesar de la diligencia y
celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan
cumplirlos.

6

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Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

20. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para
relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos
por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora
judicial tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos
procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales
circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que
las sentencias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean
materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios
constitucionales.

21. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda
actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya
otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas
aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.4. Análisis de la sala

22. Abelardo Meza Herazo, en representación de la Veeduría Ciudadana
Funcicaribe, promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se ordenara al Consejo de Estado,
Sección Primera, proferir el auto que resolviera la admisión o inadmisión de la
demanda de nulidad y, en el mismo acto, decidiera la solicitud de suspensión
provisional formulada dentro del medio de control identificado con el radicado
11001-03-24-000-2026-00084-00.

23. De conformidad con la información registrada en Samai8, se destacan las
siguientes actuaciones:

24. En ejercicio del medio de control de nulidad Abelardo Meza Herazo, en
representación de la Veeduría Ciudadana Funcicaribe, presentó demanda contra la
Nación, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad Administrativa
Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, con la finalidad de cuestionar
la legalidad de la Resolución 0273 del 24 de julio de 2024. En la demanda solicitó,
además, la suspensión provisional de los efectos del referido acto administrativo.

25. El Tribunal Administrativo de Bolívar asumió inicialmente el conocimiento del
proceso y, mediante auto del 30 de enero de 2026, declaró su falta de competencia
funcional y ordenó remitir el expediente a la Sección Primera del Consejo de Estado,
autoridad competente para conocer del asunto en única instancia.

8 Ver en Samai el medio de control de nulidad simple identificado con radicado 11001-03-24-000-

2026-00084-00.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00
Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

26. El 18 de febrero de 2026, el expediente fue remitido al Consejo de Estado y
asignado por reparto al despacho del magistrado Germán Eduardo Osorio Cifuentes
el 19 siguiente.

27. En memoriales del 5 y 9 de junio de 2026, presentó impulsos procesales
mediante los cuales solicitó que se admitiera la demanda y se resolviera la medida
cautelar.

28. El medio de control en cuestión registra como últimas actuaciones en Samai las
siguientes:

29. A juicio de la Sala, sin desconocer el tiempo que ha trascurrido desde la
radicación del expediente, se observa que con posterioridad a su reparto y
radicación se registraron actuaciones en el proceso, entre ellas, el ingreso del
expediente al despacho el 20 de febrero de 2026 y la incorporación de los
memoriales presentados por la parte interesada los días 5 y 9 de junio de 2026.

30. De acuerdo con la contestación de la tutela9, encuentra la Sala que la autoridad
judicial demandada justificó la demora en la carga de trabajo asignada y en el orden
de prelación y turno en el que deben proferirse las decisiones judiciales a su cargo.
Además, consideró que no ha transcurrido un plazo irrazonable para decidir sobre
la medida cautelar y la admisibilidad de la demanda.

31. Lo anterior es importante referirlo, en la medida que si bien la Corte
Constitucional ha considerado que la mora judicial injustificada se configura cuando
«(i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a
la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial»10.

32. Lo cierto es que también «ha reconocido la realidad del país en materia de congestión
del sistema judicial y el exceso de las cargas laborales. Este tribunal es consciente que, en
la mayoría de los casos, el represamiento de procesos “no permite a los funcionarios cumplir

9 Ver índice 10 de Samai. Archivo denominado «9CONTESTACIONDE_InformedetutelaExp20 (.pdf)

NroActua10».
10 Ver sentencias T-230 de 2013, T-186 de 2017, T-052 de 2018, entre otras.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00
Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

con los plazos legalmente establecidos”»11. Razón por la cual, resulta claro que si bien
el expediente ingresó al despacho en febrero de 2026 también lo es que existen
asuntos pendientes de decisión con ingreso anterior, por lo que resulta ajustado a
derecho que la autoridad judicial respete el sistema de turnos, pues el mismo es
garantía del derecho a la igualdad de los demás usuarios de la administración de
justicia. Tal y como lo ha referido la Corte Constitucional12:

«el sistema de turnos ideado por el legislador, “garantiza la igualdad, el debido proceso
y la efectividad de acceso a la administración de justicia, al paso que contribuye a
racionalizar la prestación del servicio de administrar justicia.
[…]
frente a la mora judicial justificada, según las circunstancias del caso, es posible (i) negar
la violación de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
sometiendo al interesado al sistema de turnos».

33. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir
el Consejo de Estado, Sección Primera para resolver la admisión de la demanda y
la solicitud de medida cautelar formuladas dentro del medio de control de nulidad
en cuestión, se recuerda que no todo incumplimiento de un término judicial
constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su
desconocimiento. En el presente caso, como quedó demostrado, la demora
obedeció a la carga de trabajo asignada al despacho y al orden de prelación y turno
en que deben proferirse las decisiones judiciales.

3. Decisión

34. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por la Veeduría Ciudadana Funcicaribe en
la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Primera.

35. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por la
Veeduría Ciudadana Funcicaribe en la solicitud de tutela presentada contra el
Consejo de Estado, Sección Primera.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

11Ver sentencias SU-394 de 2016, T-099 de 2021, entre otras.
12 Ver sentencias T-220 de 2007, T-230 de 2013, entre otras.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05050-00
Demandante: Veeduría Ciudadana Funcicaribe

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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