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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05058-00

Fecha
19 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05058-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción frente al defecto fáctico alegado, por no cumplir el requisito de subsidiariedad; y, en lo demás, NEGAR el amparo deprecado por el señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. 14 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05058-00 Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05058-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

19 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Diecinueve (19) de Agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-05058-001
Accionante : Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado : Tribunal Administrativo del Magdalena
Vinculados : Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación y otros2
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, reparación directa por
privación injusta de la libertad
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por el señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez contra el Tribunal Administrativo
del Magdalena, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

La demanda de tutela

3. El señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez, quien actúa a través de apoderada judicial,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

4. Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
Partes e intervinientes del proceso 47-001-3333-005-2018-00036-00.
3
También alegó el desconocimiento de los principios de congruencia y seguridad jurídica.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05058-00
Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

[…] SEGUNDO: Dejar sin efectos la Sentencia proferida por la Sala del Tribunal
Administrativo del Magdalena de fecha 10 de diciembre de 2025 y notificada el día 5 de
mayo de 2026. En consecuencia, retrotraer el proceso para que se practiquen las pruebas
solicitadas y se profiera una decisión de reemplazo en la que se tenga en cuenta la
valoración integral del acervo probatorio. De no practicarse las pruebas, ordenar a la Sala
del Tribunal Administrativo del Magdalena proferir una nueva Sentencia donde se examine
la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo el título de imputación por Daño
Especial.

Hechos4

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el

accionante se puede evidenciar que, el Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Doce
(2012), el señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez fue vinculado al Ejército Nacional.
No obstante, a raíz de una denuncia por hurto de armamento y material de
intendencia del Batallón General José María Córdoba, fue capturado el señor
Bladimir Torres Fernández, quien reconoció su culpabilidad e incriminó al señor
Racedo Gutiérrez.

6. El accionante fue entonces retirado del servicio activo y, con fundamento en la

declaración del señor Torres Fernández, el Dieciséis (16) de Agosto de Dos Mil
Trece (2013), le impusieron la medida de aseguramiento de detención preventiva
en el batallón, por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones
de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, y hurto
calificado y agravado.

7. El Veintidós (22) de Noviembre de Dos Mil Trece (2013), el señor Bladimir
Torres Fernández rindió entrevista en el Centro Carcelario Rodrigo de Bastidas
de Santa Marta, en la que se retractó de su versión inicial y negó toda
participación del señor Racedo Gutiérrez en el hurto, al explicar que lo había
involucrado «buscando un beneficio personal» y por miedo.

8. El accionante permaneció privado de la libertad hasta el Ocho (8) de Abril de

Dos Mil Catorce (2014), pero, desde esa fecha, permaneció bajo custodia, esta
vez del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Santa Marta – Cárcel Rodrigo de Bastidas, hasta el Dieciocho (18) de Noviembre
de Dos Mil Quince (2015)5. En efecto, en esa fecha, el Juzgado Penal del Circuito
Especializado de Santa Marta accedió a la solicitud de preclusión de la

4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico en SAMAI, índice 2, archivo 3.
5
El señor Racedo Gutiérrez fue trasladado del Batallón de Infantería Mecanizada No. 5 “José María Córdova” a un
establecimiento civil, en razón a las limitaciones del batallón para para garantizar condiciones adecuadas de reclusión.
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Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

investigación, y ordenó su libertad inmediata.

9. A raíz de lo anterior, el Dos (2) de Febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), el señor

Luis Ángel Racedo Gutiérrez, junto a algunos familiares, presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de reparación directa, contra la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación, para que se declarara su responsabilidad
por los perjuicios generados con ocasión de su privación injusta de la libertad, y
se ordenara su indemnización.

10. El proceso de radicado 47-001-3333-005-2018-00036-00 correspondió al
Juzgado Quinto (5.°) Administrativo de Santa Marta, que, en auto admisorio del
Siete (7) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), dispuso «7° REQUERIR a la parte
demandada para que con la contestación de la demanda allegue al plenario, el expediente
administrativo que contenga los antecedentes de la actuación objeto del proceso y que se
encuentren en su poder, so pena de que el funcionario encargado incurra en falta disciplinaria
gravísima sancionable de conformidad con lo consagrado en el parágrafo 1° del artículo 175 de
la Ley 1437 de 2011» .

11. En la audiencia inicial, la autoridad judicial ofició al Juzgado Penal del Circuito

Especializado de Santa Marta y al Juzgado Segundo (2.°) Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Zona Bananera, para que remitieran
copia íntegra del expediente del proceso penal con radicado 47555-60-01029-
2013-00179, incluidas «copias de los audios y videos de las audiencias celebradas dentro
del mismo radicado relacionadas con el sindicado LUIS ANGEL RACEDO GUTIERREZ».

12. Mediante auto del Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023), el

juzgado dio por terminada la etapa probatoria en tanto, encontró que «se han
recaudado la totalidad de las pruebas decretadas en el presente asunto» . Por lo tanto,

prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y corrió traslado para
que las partes alegaran de conclusión. Las partes no recurrieron dicha decisión.

13. En sentencia del Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2024), el

Juzgado Quinto (5.°) Administrativo de Santa Marta negó las pretensiones de la
demanda. Si bien tuvo por acreditado el daño, estimó que, ante la ausencia de
«registro audiovisual de las audiencias preliminares celebradas ante el JUZGADO SEGUNDO
PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTÍAS DE ZONA
BANANERA el día 16 de agosto de 2013, ni el expediente contentivo de las piezas procesales
que fundamentaron las decisiones adoptadas en la predicha diligencia» , no contaba con

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elementos de juicio suficientes para establecer, con certeza, si la decisión del juez
de control de garantías de imponer la medida restrictiva de la libertad se ajustó a
los preceptos legales aplicables.

14. Precisó que, aunque las pruebas no fueron aportadas por las autoridades
judiciales requeridas, esa situación «no exime a la parte interesada del deber probatorio
que le asistía en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso» , y que la

falencia advertida no podía suplirse mediante el decreto oficioso de pruebas,
comoquiera que ello menoscabaría el equilibrio de las cargas procesales y el
principio de imparcialidad. Agregó que la preclusión de la investigación penal no
basta, por sí sola, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado.

15. En desacuerdo con esa decisión, la parte demandante presentó recurso de

apelación en el que sostuvo que, para la fecha de presentación de la demanda,
operaba un régimen objetivo de responsabilidad, de manera que, exigir pruebas
adicionales según criterios jurisprudenciales posteriores desconocía el debido
proceso y el acceso a la administración de justicia. Añadió que, ante la no remisión
de las pruebas decretadas de oficio, el juez debió proferir un auto de mejor
proveer y no trasladar a la parte actora la consecuencia adversa de esa omisión.

16. Admitido el recurso, la parte demandante pidió «reiterar lo que el A-quo solicitó de

manera oficiosa en la audiencia inicial, esto es, “oficiar al JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO
MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE GARANTIA – ZONA BANANERA, con el fin
de que remita con destino al presente proceso copia de las actuaciones surtidas dentro del
proceso penal identificado con el número de radicación 47555-60-01029-2013-00179 […]”». Por

auto del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), el Tribunal
Administrativo del Magdalena se abstuvo de decretar la prueba solicitada, al
concluir que aquella no encuadraba en ninguna de las causales del artículo 212
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), «considerando que la prueba fue decretada de oficio en primera instancia […] y, fue
allegado al proceso el expediente del proceso penal 47555-60-01029-2013-00179».

17. Mediante sentencia del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025),

el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el fallo apelado. La Sala tuvo
por acreditada la privación de la libertad y advirtió que, en el expediente,
únicamente reposaban las actas de las audiencias preliminares, sin los registros
audiovisuales ni las piezas procesales que fundamentaron las decisiones allí

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Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
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adoptadas, omisión que impedía verificar si la medida se ajustó a los principios
de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad. Indicó que, aunque la demanda se
presentó bajo la vigencia del criterio objetivo, el juez debía resolver conforme al
precedente vigente al momento de dictar sentencia, esto es, la sentencia de
unificación del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Dieciocho (2018) 6, que exige
verificar la antijuridicidad del daño.

18. Agregó que la carga de la prueba recaía en la parte demandante, en los
términos del artículo 167 del CGP, y que el decreto oficioso de pruebas, previsto
en el artículo 213 del CPACA, es un mecanismo excepcional orientado a
esclarecer aspectos puntuales, que no suple la inactividad de quien pretende
obtener una condena. Precisó que, ante el incumplimiento de los requerimientos
hechos a la parte demandada, el demandante debía «actuar con diligencia reforzada,
solicitando la inasistencia en el cumplimiento, medidas de apremio o compulsa de copias [sic]».

Concluyó, por tanto, que la acreditación de la privación y la preclusión no bastaba,
por sí sola, para declarar la responsabilidad estatal.

19. El accionante expuso, en su tutela, que la sentencia de segunda instancia

incurrió en un defecto fáctico, en tanto el juzgado cerró la etapa probatoria sin
haber recaudado las pruebas que él mismo decretó de oficio y el tribunal negó su
práctica en segunda instancia, pese a haber sido solicitadas por la parte
demandante y por el Ministerio Público, con lo cual la controversia se resolvió sin
la totalidad de las piezas del proceso penal.

20. Alegó también que la Sala incurrió en un defecto sustantivo al reprocharle no

haber recurrido la legalización de la captura, la imputación de cargos y la medida
de aseguramiento, pues la interposición de recursos en el proceso penal es una
facultad potestativa del procesado y no un deber, de modo que esa omisión no
puede ser interpretada como «un descuido, dolo o negligencia civil» . En su criterio, la
decisión desconoció el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 y el precedente de
unificación del Consejo de Estado del Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Trece
(2013)7.

21. Por último, sostuvo que la providencia censurada omitió examinar la

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 15 de agosto de
2018, Rad. 66001-23-31-000-2010-00235-01, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre de
2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación desde la perspectiva del daño
especial para determinar si la privación en algún momento se tornó injusta, en
virtud del principio iura novit curia y la sentencia del Trece (13) de Abril de Dos
Mil Veintitrés (2023)8, teniendo en cuenta que la privación se prolongó por más
de dos años. En consecuencia, alegó que debió adoptarse la conclusión del
Ministerio Público que «consideró que la privación de la libertad fue injusta, y además hubo
mora del ente investigador al dejar transcurrir un año y cuatro meses para solicitar la preclusión».

II. TRÁMITE PROCESAL

22. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del Seis

(6) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)9, admitió la presente acción de tutela. En
dicha decisión (i) ordenó notificar a la autoridad judicial accionada; y (ii) dispuso
vincular al Juzgado Quinto (5.°) Administrativo de Santa Marta, a la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación y a los demás intervinientes en el proceso
con radicado 47-001-3333-005-2018-00036-00, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

23. 2.1.1. La Fiscalía General de la Nación10 aseguró no encontrarse legitimada en

la causa por pasiva, en tanto, el proveído cuestionado no fue expedido por esa
entidad, sino por la autoridad judicial accionada. Agregó que la tutela no reviste
relevancia constitucional porque, «se vislumbra que se está utilizando la acción de tutela
como mecanismo para reabrir debate legal ya definido, terminado y ejecutoriado». En
consecuencia, solicitó declarar la improcedencia de la acción.

24. 2.1.2. El Juzgado Quinto (5.°) Administrativo de Santa Marta11 remitió copia

del expediente digital, sin pronunciarse sobre el presente proceso.

25. El Tribunal Administrativo del Magdalena y los demás intervinientes y sujetos del

proceso con radicado 47-001-3333-005-2018-00036-00 guardaron silencio, pese a
que fueron debidamente notificados del presente asunto, mediante el despacho
comisorio.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 13 de abril de
2023, Rad. 17001-23-33-000-2014-00349-01 (60.278), C.P. María Adriana Marín.
9
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 4.
10
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 16.
11
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2. La acción

27. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que, resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño
irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3. Problema jurídico

28. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar si

el fallo del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual,
el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la denegación de las
pretensiones del señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez y sus familiares, adolece de
los defectos fáctico y sustantivo, y, por consiguiente, es violatorio de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia del
accionante.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

29. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 12 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado13, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de

12
Sentencia C-590 de 2005.
13
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

30. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

31. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho

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fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

32. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado reviste
de relevancia constitucional, pues, recae sobre la presunta configuración de los
defectos fáctico y sustantivo en la providencia censurada; lo cual, de comprobarse
en los términos expuestos por el actor, vulneraría sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto
de censura no procede recurso alguno, por tratarse de una sentencia de segunda
instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia censurada
quedó ejecutoriada el Doce (12) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)14 y la solicitud
de amparo se radicó el Treinta (30) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026), esto es,
dentro de los seis (6) meses siguientes; y (v) la sentencia acusada no obedece a
una de tutela.

33. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo la causal específica denominada defecto sustantivo. Se descarta el
estudio del tercer cargo invocado, referente a la omisión de examinar la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación desde la perspectiva del daño
especial, en tanto, aquel no corresponde a ninguna causal específica de
procedibilidad, sino que a un simple desacuerdo frente al análisis hecho por la
autoridad judicial accionada.

34. El defecto fáctico es alegado frente a la decisión del Juzgado Quinto (5.°)
Administrativo de Santa Marta de cerrar la etapa probatoria pese a que no había
sido allegada la prueba que decretó y requirió aportar a las autoridades judiciales
demandadas (el registro audiovisual de las audiencias preliminares celebradas ante
el juez de control de garantías y demás piezas procesales que fundamentaron las
decisiones ahí adoptadas), y frente a la decisión del Tribunal Administrativo del

14
Visible en el expediente electrónico del proceso 47001-33-33-005-2018-00036-01 en SAMAI, índice 24, según el cual se
notificó electrónicamente el 5 de mayo de 2026, por lo que, conforme al artículo 203 del CPACA, la misma se entendió surtida
a los dos (2) días hábiles siguientes, esto es, el 7 de mayo de 2026.
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Magdalena de negar la práctica de esa prueba en segunda instancia.

35. También se descarta el estudio de esta causal, por no cumplirse el requisito de

subsidiariedad, como pasa a exponerse. Si bien el accionante se refiere en su tutela
a la sentencia de segunda instancia del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
realidad los cargos formulados están dirigidos a controvertir otras providencias.

36. Por un lado, al atacar la decisión del juzgado de cerrar la etapa probatoria sin

contar con todas las pruebas previamente decretadas, el accionante está
censurando el auto del Veinticuatro (24) de Marzo de Dos Mil Veintitrés (2023),
con el que dio por terminada la etapa probatoria, prescindió de la audiencia de
alegaciones y juzgamiento y corrió traslado para que las partes alegaran de
conclusión. En virtud del artículo 242 del CPACA, esa decisión podía ser recurrida.
No obstante, el actor guardó silencio en esa oportunidad, por lo que se entiende
que no cumplió con agotar todos los recursos en la vía judicial antes de acudir a
la acción de tutela para atacar ese auto.

37. Por otro lado, el señor Racedo Gutiérrez afirma no estar de acuerdo con la

decisión del tribunal de negar la práctica, en segunda instancia, de la prueba en
comento. Sin embargo, revisado el expediente contencioso, se encuentra que esa
determinación no fue adoptada por el tribunal en la sentencia de segunda
instancia atacada, sino que, previamente, en auto del Veintisiete (27) de
Noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024). En esa providencia, la autoridad
judicial accionada se abstuvo de decretar la prueba solicitada, al concluir que
aquella no encuadraba en ninguna de las causales del artículo 212 del CPACA.
Por ende, en su contra procedían tanto el recurso de reposición (art. 242 del
CPACA) como el recurso de apelación (num. 7 del art. 243 del CPACA), pero el
actor no cumplió con agotarlos, de manera que, tampoco se cumple la
subsidiariedad frente a este cargo.

3.5. Caso concreto

3.5.1. Defecto sustantivo

38. El artículo 230 de la Constitución Política prevé que, los jueces se encuentran

sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato, las autoridades

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judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas que regulan
la materia, como expresión del principio de legalidad.

39. La jurisprudencia constitucional15 ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo que:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o yerro
en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación de las
disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el defecto dé
lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una irregularidad de alta
trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o lesione la efectividad de
los derechos constitucionales16.

40. Ahora bien, el desconocimiento del precedente tiene dos modalidades: (i) como

causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencia judicial cuando se
trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto sustantivo por el
desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen en el artículo
241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte
Constitucional en su jurisprudencia17, y la segunda hace referencia a cuando la
autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo18, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y
buena fe19.

15
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
16
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17
Sentencia T-360 de 2014: “[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando:
(i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii)
se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto
que la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
18
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
19
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05058-00
Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

41. Sobre el particular, el accionante argumenta que se configuró el defecto
sustantivo, por desconocimiento del artículo 67 de la Ley 270 de 1996 20, en tanto,
el tribunal señaló en su sentencia que la defensa no habría «interpuesto recurso alguno
contra la decisión de legalidad, ni contra la formulación de imputación, ni la imposición de la medida
de aseguramiento», y por apartarse injustificadamente de la sentencia de unificación

del Consejo de Estado del Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Trece (2013)21 en
la que se habría aclarado que la interposición de recursos ordinarios en el proceso
penal es una facultad potestativa para el sindicado, y no una obligación.

42. Frente a este punto, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en su sentencia

del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025), expuso lo siguiente:

44. En este punto, se evidencia en el expediente que únicamente reposan las actas de las
audiencias preliminares que fueron realizadas por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Zona Bananera, tal como se indicó en líneas
anteriores. De dichas actas se desprende que, en audiencia de fecha 16 de agosto de 2013,
se impartió legalidad a la captura, se formuló imputación y se impuso la medida se
aseguramiento al actor, conforme a lo solicitado por la Fiscalía y bajo los parámetros
establecidos en los artículos 307, 308, 309, 310, 311, 312 y 313 del Código de
Procedimiento Penal.

45. Asimismo, se deja constancia de que la defensa presentó objeciones frente al
procedimiento de captura por falta de inmediatez; Sin embargo, no interpuso recurso alguno
contra la decisión de legalidad, ni contra la formulación de imputación, ni la imposición de la
medida de aseguramiento. Esta última fue considerada por el juez como necesaria,
proporcional y adecuada, ordenándose su cumplimiento en el Batallón Mecanizado Nro. 5
“General José María Córdova”.

46. De igual manera se advierte que no fue allegados los registros audiovisuales de las
audiencias realizadas, ni las piezas procesales que fundamentaron las decisiones
adoptadas en la diligencia mencionada. Esta omisión probatoria impide verificar con certeza
si la decisión adoptada en la audiencia del 16 de agosto de 2013 se ajustó a los preceptos
legales aplicables, particularmente en lo relativo a los principios de legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad exigidos por la Ley 906 de 2004 y la jurisprudencia
constitucional.

47. Ahora bien, se rememora que la litis en el presente asunto gira en torno a la
determinación del régimen aplicable para establecer la responsabilidad estatal por privación
de la libertad que sufrió el actor. En efecto, la controversia se centra en definir si, conforme
al criterio objetivo vigente al momento de la presentación de la demanda, bastaba acreditar
la medida privativa y la preclusión para declarar el daño antijuridico; o si, por el contrario, la
ausencia de registros de la medida de aseguramiento y la aplicación de criterios
jurisprudencias posteriores justifican la negativa de las pretensiones.

48. Adicionalmente, corresponde determinar si la carga de la prueba recaía exclusivamente
en la parte demandante, como lo sostuvo el juez de primera instancia, o si, en virtud el
principio de acceso a la justicia y la facultad para decretar prueba de oficio, el A-quo debió
adoptar medidas para suplir la ausencia de piezas procesales esenciales, evitando que la
deficiencia probatoria impidiera establecer la legalidad de la medida de aseguramiento. […]

20
“ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes
presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos
de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre
de 2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05058-00
Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

43. Al respecto, se aclara que, en el apartado transcrito, el tribunal hizo un simple

recuento de lo que las actas de las audiencias preliminares acreditaban, esto es,
que la defensa presentó objeciones frente a la captura por falta de inmediatez, pero
no recurrió la declaratoria de legalidad de la medida, la formulación de imputación
ni la imposición de la medida de aseguramiento.

44. No es cierto entonces que la autoridad judicial accionada haya derivado de esa

omisión el incumplimiento de un requisito para demostrar la configuración de un
error jurisdiccional en los términos del artículo 67 de la Ley 270 de 1996. Por esa
misma razón, tampoco se apartó de lo establecido por el Consejo de Estado en
sentencia del Diecisiete (17) de Octubre de Dos Mil Trece (2013)22, pues, no
estableció que existiera culpa exclusiva de la víctima al haber omitido interponer
recursos ordinarios en el proceso penal.

45. Además, esa regla no hizo parte de los fundamentos para denegar lo pretendido,

sino que, por el contrario, lo determinante fue la ausencia de pruebas que dieran
cuenta de los fundamentos de las decisiones del Juzgado Segundo (2.°) Promiscuo
Municipal con Funciones de Control de Garantías de Zona Bananera,
particularmente, las actas de las audiencias preliminares y los registros
audiovisuales, para poder evaluar si la imposición de la medida restrictiva de la
libertad se ajustó a los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

46. Así, el tribunal concluyó que el demandante no cumplió la carga que le imponía

el artículo 167 del CGP, según el cual «[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho
de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen» . Bajo ese entendido, el

Tribunal sostuvo que «56. En estos casos, el demandante debe actuar con diligencia reforzada,
solicitando la inasistencia en el cumplimiento, medidas de apremio o compulsa de copias, pues la
falta de gestión adicional puede concluir a la negación de las pretensiones por ausencia de prueba».

47. Ese reproche no se dirigió al hecho de no haber agotado los recursos en la

actuación penal, sino a la gestión que le correspondía desplegar a la parte
demandante dentro del proceso de reparación directa, ante el incumplimiento de
los requerimientos hechos a las autoridades judiciales para que remitieran las
piezas del proceso penal con radicado 47555-60-01029-2013-00179.

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de octubre
de 2013, Rad. 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-05058-00
Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

48. De esta forma, se descarta que se haya incurrido en el defecto sustantivo
alegado, pues, se evidencia que la sentencia del Diez (10) de Diciembre de Dos
Mil Veinticinco (2025) no se apoyó en una disposición inaplicable, sino que acudió
a las reglas procesales sobre la carga de la prueba y sin desconocer el precedente
de esta corporación. Así, la discrepancia de la accionante no recae sobre el
desconocimiento de las normas y precedentes aplicables en su caso, sino sobre
las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo del Magdalena, lo que
no configura un defecto sustantivo.

49. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que, el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el de tutela cuando no observa
vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su intervención.

IV. DECISIÓN

50. Por las razones expuestas, la Sala considera que, comoquiera que, en el
presente asunto, el accionante no cumplió el requisito de subsidiariedad frente al
defecto fáctico alegado y no acreditó la configuración del defecto sustantivo en la
sentencia del Diez (10) de Diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025) proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, se impone declarar la improcedencia de la
acción frente a la primera causal y denegar el amparo solicitado respecto a la
segunda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción frente al defecto fáctico
alegado, por no cumplir el requisito de subsidiariedad; y, en lo demás, NEGAR el
amparo deprecado por el señor Luis Ángel Racedo Gutiérrez contra el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Luis Ángel Racedo Gutiérrez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena

TERCERO. Si la presente sentencia no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15

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