Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05063-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05063-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05063-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05063-00
Accionante: JAIME ANDRÉS GARZÓN GÓMEZ
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Falta de legitimación en la causa por activa
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado
por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 2019 1
de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 6 de julio de 20262, se admitió la presente acción constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El señor Jaime Andrés Garzón Gómez, en nombre propio, presentó acción
de tutela en contra del Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Con
la solicitud de amparo pretende la protección de su derecho fundamental al
debido proceso.
2. La anterior garantía constitucional la estimó vulneradas con ocasión del
auto del 22 de mayo de 2026, por medio de la cual la autoridad judicial accionada
ordenó la suspensión provisional del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025 «por
el cual se convoca, se fijan las bases y el cronograma del concurso de méritos
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A. A su vez, se ordenó vincular como terceros con interés al señor
Juan Rafael Doria Martínez Aparicio, a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho – Ministerio
Público, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Consejo Superior de la Carrera
Notarial, al delegado del Ministerio Público ante el Consejo de Estado que actúa en el proceso
ordinario, a la comunidad interesada en hacerse parte y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Esta última, en los términos del artículo 610 del Código General del Proceso.
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Accionante: Jaime Andrés Garzón Gómez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
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público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la
carrera notarial». Esto, dentro del medio de control de nulidad identificado con el
radicado 11001-03-25-000-2025-00331-00.
3. La parte actora formuló la siguiente pretensión:
Por lo anterior, y por todos los fundamentos oficiosos que considere el despacho,
en aras de restablecer el orden justo, solicito declarar la vulneración del derecho
fundamental invocado y la ilegalidad de la decisión.
1.2. Hechos
4. El señor Juan Rafael Doria Martínez Aparicio, en ejercicio del medio de
control de nulidad, formuló demanda en contra del Acuerdo 01 del 15 de agosto
de 2025, «por el cual se convoca, se fijan las bases y el cronograma del concurso
de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e
ingreso a la carrera notarial», expedido por el Consejo Superior de la Carrera
Notarial. Como pretensión principal solicitó que se declare la nulidad integral de
toda la norma, por expedición irregular al desconocer el trámite de socialización
previsto en el artículo 8, numeral 83 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA). Del mismo
modo, formuló solicitud de suspensión provisional del acto.
5. Mediante auto del 22 de mayo de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de la totalidad del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025. Como
sustento de su decisión, concluyó que dicho acto administrativo desconoció la
norma invocada por el actor y, en dicha medida, consideró que se incurrió en
desatención del principio de jerarquía normativa y vinculante del CPACA, dada
su aplicabilidad a todos los organismos y entidades que ejercen funciones
administrativas, con inclusión de los órganos autónomos como el Consejo
Superior de la Carrera Notarial.
1.3. Sustento de la vulneración
6. La parte actora aseguró que «el concurso de notarios es utilizado como
sofisma de distracción para que mediante todas las argucias jurídicas y
administrativas se mantengan en sus cargos los actuales notarios» lo que, a su
3 ARTÍCULO 8o. DEBER DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO. Las autoridades deberán mantener
a disposición de toda persona información completa y actualizada, en el sitio de atención y en la
página electrónica, y suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que
disponga, y por medio telefónico o por correo, sobre los siguientes aspectos:
(…)
8. Los proyectos específicos de regulación y la información en que se fundamenten, con el objeto
de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Para el efecto, deberán señalar el
plazo dentro del cual se podrán presentar observaciones, de las cuales se dejará registro público.
En todo caso la autoridad adoptará autónomamente la decisión que a su juicio sirva mejor el
interés general.
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juicio, ha imposibilitado que se materialice el derecho al mérito en la carrera
notarial.
7. Así las cosas, el señor Garzón Gómez señaló que la decisión de
suspensión de la totalidad del acto administrativo es desproporcionada e ilegal,
puesto que «el Consejo Superior de Carrera Registral, que administra el
concurso, está conformado por el Consejo de Estado». En tal sentido, alegó que
el magistrado ponente de la decisión es «juez y parte», motivo por el cual
consideró que la decisión cuestionada está «viciada de nulidad», en la medida
en que el Consejo de Estado participó en la elaboración del acto que ordenó
suspender.
8. De esta forma, argumentó que el conflicto de intereses que se configuró
en el asunto obligaba a la autoridad judicial accionada a la designación de un
conjuez para la solución del asunto.
9. Aunado a lo anterior, alegó que se incurrió en una vulneración al debido
proceso ante la ausencia de «convocatoria de los afectados directos», a quienes
se les suspende indefinidamente su derecho a participar en el concurso.
Asimismo, aseguró que en la providencia no se indicó los recursos que proceden
y que, en todo caso, estos mecanismos judiciales no serían idóneos dada la
«urgencia de la decisión» y la «inminencia de la vulneración y lo apremiante de
un remedio judicial».
10. Finalmente, señaló que el acuerdo suspendido no tiene vida jurídica
propia, pues no puede dejarse sin efectos sin que exista un pronunciamiento
sobre las disposiciones contenidas en el Decreto Ley 960 de 1970, la Ley 588 del
2000 y el Decreto 1069 de 2015.
1.4. Intervenciones
11. El señor Juan Manuel Doria Martínez Aparicio solicitó que se niegue lo
pretendido por la parte actora, al considerar que no se cumple con los requisitos
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y, a su vez,
al no acreditarse vulneración alguna de derechos fundamentales. Lo anterior
pues, a su juicio, la intención del actor es usar el mecanismo de amparo como
una instancia adicional al proceso de nulidad y, con ello, reabrir un asunto cuyo
estudio corresponde exclusivamente al juez natural de la causa. Del mismo
modo, argumentó que no se acreditó la configuración de algún defecto o la
vulneración del derecho fundamental al debido proceso.
12. La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado solicitó que
se niegue lo pretendido por el señor Garzón Gómez, al considerar que la acción
de tutela no puede ser usada como un mecanismo que pretende reabrir el debate
sobre un asunto analizado con suficiencia por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, con la garantía al debido proceso demás derechos fundamentales
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de los intervinientes. A su vez, referenció el sustento de la decisión cuestionada.
13. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que el asunto carece de
relevancia constitucional, pues la controversia planteada se reduce a un simple
desacuerdo de legalidad con la providencia judicial cuestionada. Aunado a lo
anterior, argumentó que el accionante no identificó de manera clara y concreta
el sentido en el que tal decisión afectara de forma cierta, actual y verificable su
derecho fundamental al debido proceso. Finalmente, indicó que tampoco cumplió
con el requisito de subsidiariedad, dado que el proceso de nulidad simple se
encuentra en curso.
14. La Superintendencia de Notariado y Registro solicitó que se declare la
improcedencia de la acción al considerar que incurrió en un incumplimiento del
requisito de subsidiariedad y al no acreditarse la configuración de los
presupuestos excepcionales exigidos para la procedencia del amparo contra
providencias judiciales.
II. CONSIDERACIONES
15. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la parte actora al carecer de legitimación en la causa por activa.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
16. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial.
17. De no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de
2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos
vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma
naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de
inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
7 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del
asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial.
18. La solicitud de amparo no cumple con el requisito de legitimación en la
causa, como pasa a explicarse.
19. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
20. En efecto, en relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo
10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser
presentada por cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos
fundamentales, bien sea por sí misma o a través de representante legal,
apoderado judicial o, incluso, a través de la figura de la agencia oficiosa. Al
respecto, la Corte Constitucional manifestó, desde la sentencia T-416 de 1997,
que esta prerrogativa «constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la
medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
sustancial que se discute en el proceso».
21. En este mismo sentido, en sentencia T-552 de 2006, la Corte señaló que
el ordenamiento jurídico colombiano prevé cuatro posibilidades para la
legitimación en promoción de la acción de tutela: (i) su ejercicio directo; (ii) su
ejercicio por medio de representantes legales, en caso de menores de edad,
incapaces absolutos, interdictos y personas jurídicas; (iii) el ejercicio por medio
de apoderado judicial, caso en el que el apoderado debe ostentar la condición de
abogado titulado y el escrito debe contar con poder especial para el asunto y, (iv)
por medio de agente oficioso.
22. De conformidad con lo expuesto con antelación, el señor Garzón Gómez
cuestiona el auto del 22 de mayo de 2026 proferido por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual se dictó la medida
cautelar de suspensión provisional del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025 «por
el cual se convoca, se fijan las bases y el cronograma del concurso de méritos
público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la
carrera notarial». Esto, dentro del medio de control de nulidad identificado con el
radicado 11001-03-25-000-2025-00331-00.
23. De la revisión del expediente y del material probatorio allegado, se
concluye que el interesado no ha sido sujeto procesal en el medio de control de
nulidad y tampoco ha solicitado ser reconocido como coadyuvante, tercero con
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interés, ni ha intervenido de forma alguna en el proceso judicial en el que se dictó
la providencia cuestionada.
24. En este orden de ideas, se advierte que el accionante no está legitimado
en la causa por activa para promover la presente acción de tutela contra el auto
dictado por la autoridad judicial accionada. Como se afirmó previamente, este
requisito consiste en verificar que quien promueve la acción sea el titular del
derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que
se aducen vulnerados. Dado que, en litigios en los que la vulneración alegada se
predique de una providencia judicial, la titularidad de los derechos fundamentales
está en cabeza, en principio, de los sujetos procesales, coadyuvantes e
intervinientes del trámite respectivo, es necesario concluir que el señor Garzón
Gómez no está legitimado en la causa por activa para promover la presente
acción constitucional.
25. Finalmente, si bien el actor indicó que la suspensión de los efectos del acto
administrativo le impedía su participación en el concurso de méritos en cuestión,
lo cierto es que lo relacionado con la posible participación del actor en dicho
trámite corresponde a un hecho futuro e incierto del cual no puede predicarse
alguna vulneración o riesgo actual y concreto con respecto a sus garantías
fundamentales. Esto, en la medida en que dada la medida cautelar dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el cronograma
mediante el cual se fijaba la etapa de inscripciones a este procedimiento
concursal no tuvo lugar.
26. Por lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de legitimación en la causa
por activa del accionante.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por la parte actora.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Subsección A
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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