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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05066-00

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05066-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05066-00 Actor: RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05066-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

9 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05066-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO POR EL ACCIONANTE ES
REABRIR EL DEBATE SURTIDO DENTRO DEL PROCESO
DISCIPLINARIO Y USAR LA ACCIÓN DE TUTELA COMO UNA
TERCERA INSTANCIA. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE
ASPECTOS QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, TRABAJO,
DEFENSA Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL1.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

1
En adelante COMISIÓN NACIONAL.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05066-00
Actor: RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo,

a la defensa, al acceso a la administración de justicia y a los principios

de congruencia e inocencia, los cuales, a su juicio, le fueron

vulnerados por la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido la

providencia de 3 de junio de 2026, dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2022-00167-02.

I.2. Hechos

Refirió que en el marco de un proceso de prueba extraprocesal de

interrogatorio de parte con radicación 2021-08001-00, el JUZGADO

TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE FLORENCIA2 ordenó la compulsa

de copias en su contra y del abogado JOAQUÍN RAÚL ORTIZ

GAMBOA, con ocasión de las presuntas actuaciones que impidieron

el desarrollo normal de las audiencias programadas, entre estas,

recursos y solicitudes sin fundamento legal y reiteradas

incapacidades médicas.

Indicó que, por lo anterior, se inició proceso disciplinario en su

contra, del abogado JOAQUÍN RAÚL ORTIZ GAMBOA y otros

profesionales del derecho, bajo el número único de radicación 2022-

2
En adelante JUZGADO.

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3

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Actor: RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO

00167-00, correspondiéndole por reparto a la COMISIÓN

SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL CAQUETÁ3.

Destacó que en la primera etapa del proceso disciplinario no se

formularon cargos en su contra, sino respecto de otros abogados

plenamente identificados, sin embargo, tras finalizar la audiencia de

juzgamiento y quedar el proceso para fallo, la COMISIÓN

SECCIONAL mediante auto núm. 57 de 9 de noviembre de 2023,

declaró la nulidad oficiosa alegando errores de identidad de los

sujetos disciplinables.

Afirmó que, como consecuencia de dicha nulidad, se realizó una

nueva calificación de cargos el 13 de mayo de 2025, en el cual fue

incluido por primera vez en el proceso disciplinario, cambiando la

identidad de uno de los acusados originales.

Sostuvo que la COMISIÓN SECCIONAL en sentencia de 16 de junio

de 2025, lo encontró responsable de incurrir en la falta disciplinaria

prevista en el numeral 8 del artículo 33 de la Ley 1123 de 22 de

enero de 20074, por la desatención del deber de “Colaborar leal y

legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines

3
En adelante la COMISIÓN SECCIONAL.
4
“Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.

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del estado”, pero únicamente impuso sanción con suspensión en el

ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al abogado

JOAQUÍN RAÚL ORTIZ GAMBOA.

Adujo que en auto de 17 de junio de 2025 la COMISIÓN

SECCIONAL corrigió la sentencia de primer grado, en el sentido de

imponerle también sanción con suspensión en el ejercicio de la

profesión por el término de dos (2) meses.

Relató que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación, que fue desatado de manera confirmatoria por la

COMISIÓN NACIONAL en providencia de 3 de junio de 2026.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que la COMISIÓN NACIONAL incurrió en defecto

procedimental absoluto al declarar una nulidad procesal

infundada, comoquiera que el artículo 106 de la Ley 1123, frente a

la audiencia de juzgamiento y en materia de nulidades establece que:

“[…] Las nulidades generadas y planteadas con posterioridad a la

audiencia de pruebas y calificación serán resueltas en la sentencia

[…]”, por lo que es claro que la nulidad debió resolverse en la

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sentencia y no en auto posterior suscrito únicamente por la

magistrada sustanciadora del proceso.

Destacó que también se incurrió en defecto sustantivo, pues se

declaró la nulidad sin una normativa existente que permitiera

resolverse a través de auto, por lo que con fundamento en lo

dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1123, debió declararse hasta

la sentencia de instancia.

Alegó que se vulneró el principio de congruencia al variar

ilegalmente el componente fáctico y personal de la acusación original

a través de la nulidad decretada en el Auto 057 de 2023, pues dicha

nulidad se basó en la premisa falsa de una supuesta falta de

identificación de los disciplinables, cuando en realidad estos estaban

plenamente identificados y él ni siquiera figuraba en los cargos

iniciales de julio de 2023.

Así las cosas, refirió que al anular lo actuado para incluirlo mediante

una nueva calificación en mayo de 2025 y sustituirlo por uno de los

abogados acusados, desconoce que la identidad de los sujetos en el

pliego de cargos es un aspecto absoluto e inmodificable que obliga al

juzgador a emitir sentencia únicamente sobre los implicados

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originales.

Afirmó que también se incurrió en defecto fáctico, pues nunca

existió unidad de actuación en el interrogatorio de parte

extraprocesal entre los abogados investigados, por lo que se

interpretaron de forma errada las pruebas que llevaron a que fuera

sancionado; además, que no se hizo distinción alguna entre el uso

abusivo del derecho y su ejercicio legítimo, de tal forma que la

autoridad judicial accionada convirtió un debate interpretativo en

cuanto a los efectos en que se conceden los recursos, en una

conducta sancionable.

Refirió que se desconoció el precedente jurisprudencial

horizontal, pues la COMISIÓN NACIONAL pasó por alto su

sentencia de 26 de julio de 2023, dentro del proceso identificado con

el número único de radicación 25000-11-02-000-2018-00503-01, en

el que analizó un asunto similar al de objeto de debate y en el que

se dispuso el deber de ser extremadamente cuidadoso al calificar

como faltas disciplinarias el uso de recursos legales, con el fin de no

restringir el acceso a la administración de justicia y a la defensa.

Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió en

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violación directa de la Constitución de los artículos 1, 13, 29 y

229.

I.4. Pretensiones

El actor solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia, se ordene:

“[…] Dejar sin efectos la sentencia del 3 de junio de 2026 de la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial que confirma la sentencia
del 16 de junio de 2026 y auto 18 de junio de 2025 de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá que me sanciono con
suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión de
abogado en el expediente 18001250200020220016702 y dejar
sin efectos el auto interlocutorio 057 del 9 de noviembre de 2023
y todas las decisiones subsiguientes dictadas por la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Caquetá con excepción de la
sentencia del 16 de junio de 2026 en el expediente
18001250200020220016700.

Ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro
de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia de tutela,
dicte un nuevo fallo de fondo en el expediente
18001250200020220016702 sin que pueda tener en cuenta el
auto interlocutorio 057 del 9 de noviembre de 2023 y todas las
decisiones subsiguientes dictadas por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Caquetá (CSDJC) […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN NACIONAL adujo que no se evidencia

vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados, habida

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cuenta que el trámite disciplinario cuestionado se desarrolló con

sujeción al procedimiento establecido en la Ley 1123 y con la plena

observancia de las garantías procesales.

Por lo anterior, pidió que se declare improcedente la solicitud de

amparo de la referencia.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La COMISIÓN SECCIONAL solicitó que se deniegue el

amparo solicitado, por cuanto no se acredita vulneración alguna.

I.6.2.- El señor JOAQUÍN RAÚL ORTIZ GAMBOA y el JUZGADO

guardaron silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actor : Nery Germania Álvarez Bello,

magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

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de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre

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todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

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actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 3 de junio de 2026, proferida

por la COMISIÓN NACIONAL dentro del proceso disciplinario

identificado con el número único de radicación 2022-00167-02.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, a la

defensa, al acceso a la administración de justicia y a los principios de

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congruencia e inocencia, habida cuenta que, a juicio del actor, la

autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental

absoluto, sustantivo, fáctico, desconoció el precedente

jurisprudencial horizontal y violación directa de la

Constitución.

Para lo anterior, argumentó que la nulidad decretada debió

resolverse en la sentencia de instancia y no en auto suscrito

únicamente por la magistrada sustanciadora del proceso ordinario;

además, que la autoridad judicial accionada convirtió un debate

interpretativo en cuanto a los efectos en que se conceden los

recursos, en una conducta sancionable.

Alegó que se desconoció la sentencia de 26 de julio de 2023 proferida

por la COMISIÓN NACIONAL en el proceso identificado con el

número único de radicación 25000-11-02-000-2018-00503-01, y

que se vulneraron los artículos 1, 13, 29 y 229 de la Carta Política.

Finalmente, sostuvo que se vulneró el principio de congruencia al

variar ilegalmente el componente fáctico y personal de la acusación

original a través de la nulidad decretada en el Auto 057 de 2023,

pues dicho suceso se basó en la premisa falsa de una supuesta falta

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de identificación de los disciplinables, cuando en realidad estos

estaban plenamente individualizados y él ni siquiera figuraba en los

cargos iniciales de julio de ese año.

Así las cosas, refirió que al anular lo actuado para incluirlo mediante

una nueva calificación en mayo de 2025 y sustituirlo por uno de los

abogados allí acusados, desconoce que la identidad de los sujetos en

el pliego de cargos es un aspecto absoluto e inmodificable que obliga

al juzgador a emitir sentencia únicamente sobre los implicados

originales.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si la

COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió

en los defectos alegados dentro del proceso disciplinario identificado

con el número único de radicación 2022-00167-02.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».6

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el

[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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amparo constitucional [11].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en

[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

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como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad; (ii) impedir que la acción de

tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, se destaca que de conformidad con

la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 las decisiones emitidas

por la COMISIÓN NACIONAL en desarrollo del procedimiento

disciplinario tienen la naturaleza de providencias judiciales con la

fuerza y los efectos que de ello se derivan, de tal forma que no

pueden ser sometidas al escrutinio de otra jurisdicción, salvo en sede

constitucional y a través de la acción de tutela siempre que se

acredite el cumplimiento de los requisitos generales y específicos y

se cumplan las condiciones dispuestas por la jurisprudencia para el

efecto.

Ahora bien, al verificar el estudio de los requisitos generales de

procedibilidad, especialmente el requisito general de la relevancia

constitucional, la Sala advierte que la controversia que propone el

actor implica la reapertura de un asunto que ya fue resuelto en sede

15
Sentencia T-140 de 5 de mayo de 2023, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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ordinaria y del cual se pretende constituir una instancia adicional.

En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el actor a esta sede constitucional,

especialmente en lo atinente al momento que se declaró la nulidad y

al principio de congruencia invocado, ya fueron resueltas de forma

admisible por la COMISIÓN NACIONAL, así:

“[…] De las solicitudes de nulidad.

En primer lugar, se advierte que los recurrentes coincidieron en
cuestionar la transgresión del principio de congruencia, al
considerar que la sentencia recurrida modificó la formulación de
cargos del 13 de mayo de 2025. El abogado RAÚL HUMBERTO
ORTIZ HURTADO sostuvo que la actuación debía invalidarse
porque en la audiencia del 28 de julio de 2023 no le fueron
formulados cargos.

Al respecto, impera precisar que la instancia primigenia no alteró
la imputación fáctica delimitada en la audiencia de cargos, ni
extendió o incorporó hechos ajenos al debate. Tal proceder fue
sustentado por el a quo en dos pilares fundamentales: desde el
plano fáctico, constató que las faltas previstas en el artículo 30
numeral 1 y en el artículo 33 numeral 8 de la Ley 1123 de 2007
derivaban de un mismo supuesto, consistente en el uso indebido
de los medios de impugnación y nulidades para dilatar el proceso
de práctica de prueba anticipada radicado No. 2021-08001-00,
tramitado ante el Juzgado 3 Civil Municipal de Florencia-
Caquetá; desde el plano jurídico, aplicó el principio de
especialidad y la garantía del non bis in idem, ejercicio
hermenéutico que permitía seleccionar la disposición con mayor
riqueza descriptiva frente a una unidad fáctica.

En lo que atañe al planteamiento del abogado RAÚL HUMBERTO
ORTIZ HURTADO, se advierte que partió de una interpretación
errada de la decisión recurrida, pues el hecho de que la primera
instancia hubiera subsumido una de las faltas imputadas en
aquella con mayor riqueza descriptiva, al encontrar que ambas
se sustentaban en los mismos hechos, no significaba que no le

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hubiesen sido formulados cargos, toda vez que la imputación
estuvo circunscrita a la interposición de recursos y nulidades
encaminados a dilatar el trámite de práctica de prueba
anticipada radicado No. 2021-08001-00, adelantado ante el
Juzgado 3 Civil Municipal de Florencia-Caquetá, actuación
conocida por los disciplinados desde la audiencia de formulación
de cargos del 13 de mayo de 2025.

Por tal razón, los comportamientos atribuidos permanecieron
incólumes durante el curso de la actuación, pues la decisión de
primera instancia únicamente recayó en la adecuación jurídica
de la conducta, al aplicar el principio de especialidad y evitar la
atribución concurrente de dos faltas edificadas sobre un mismo
supuesto fáctico, determinación que resultó más favorable para
los disciplinados.

Lo anterior permite colegir que la instancia primigenia no
modificó el núcleo fáctico de la imputación, pues los hechos
fueron conocidos por los disciplinados desde el inicio de la
actuación. Además, dicha determinación salvaguardó sus
intereses al evitar una sanción concurrente derivada de una
misma premisa fáctica, razón por la cual, al tratarse de una
facultad orientada a garantizar la seguridad jurídica y la correcta
adecuación típica, la nulidad invocada no estaba llamada a
prosperar.

Respecto de las demás solicitudes de nulidad elevadas por el
jurista RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO, se efectuaron las
siguientes precisiones:

-Se dolió de un defecto procedimental al considerar que la
instancia primigenia decretó una nulidad fuera de los cauces
procesales, para lo cual citó el artículo 106 de la Ley 1123 de
2007.

En lo atinente a dicho reparo, en el auto del 9 de noviembre de
2023 se verificó que la magistrada ponente fundó la nulidad ante
la necesidad de sanear una irregularidad sustancial que afectaba
el debido proceso, dado que “no se identificó plenamente a uno
de los disciplinables, dándole la connotación o identidad de otro
profesional de derecho que comparte el primer nombre y
apellido, con base en una certificación arrimada al Despacho
Judicial”. Tal determinación se sustentó en el artículo 99 del
Código Disciplinario del Abogado, disposición que facultaba para
declarar la nulidad en cualquier estado de la actuación cuando
existieran vicios que comprometieran la estructura del debido
proceso.

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En relación con el artículo 106 ibidem, aunque la norma dispuso
que las nulidades posteriores a la audiencia de pruebas y
calificación debían resolverse en la sentencia, ello no excluyó la
potestad del juzgador disciplinario para corregir de oficio
irregularidades que afectaran la validez del proceso desde su
origen. Por consiguiente, la medida adoptada garantizó la
correcta identificación del disciplinado y se ajustó a las
facultades de saneamiento previstas en el Código Disciplinario
del Abogado, sin transgredir disposición normativa alguna.

-Alegó el recurrente un defecto sustantivo por “disanalogía” de
los precedentes jurídicos citados por la instancia primigenia, al
considerar que estos no guardaban relación con el sub examine
y propuso, en su lugar, una providencia que estimó más cercana
a su caso. Empero, la discrepancia planteada no evidenció vicio
alguno de nulidad, pues la magistrada sustanciadora actuó al
amparo del principio de libertad probatoria previsto en el artículo
87 de la Ley 1123 de 2007, facultad que permite acudir a
criterios jurisprudenciales conducentes a obtener la certeza de
las faltas endilgadas.

Además, la decisión recurrida desarrolló de manera autónoma la
tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad con fundamento en
el acervo probatorio recaudado, así como los criterios aplicados
para la dosimetría de la sanción, razón por la cual la
inconformidad del apelante se redujo a una diferencia
interpretativa frente a la valoración jurídica efectuada por la
instancia primigenia, sin incidencia en la validez de la
providencia.

-Frente a la discrepancia advertida por el recurrente entre la
sanción anunciada en la sentencia del 16 de junio de 2025 y su
parte resolutiva, basta precisar que el a quo profirió auto el 17
de junio de 2025 para corregir un error de digitación, dado que
en el ordinal cuarto se impuso erróneamente la sanción al
abogado JOAQUÍN RAÚL ORTIZ GAMBOA, cuando el disciplinado
correspondía al doctor RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO. Si
bien el recurrente cuestionó que dicha actuación no hubiera sido
suscrita por la Sala Dual, lo cierto es que la corrección no incidió
en aspectos de fondo ni modificó la responsabilidad declarada o
la tasación de la sanción, pues únicamente precisó el
destinatario de la medida disciplinaria. Además, el auto hizo
parte integral del fallo, fue debidamente notificado y se sustentó
en el artículo 16 de la Ley 1123 de 2007 y en el artículo 140 de
la Ley 1952 de 2019, sin afectar el debido proceso ni el derecho
de defensa del apelante.

Así las cosas, las nulidades promovidas por los recurrentes no

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superaron el examen requerido para invalidar la actuación,
razón por la cual serán desestimadas.

En segundo término, los recurrentes coincidieron en controvertir
la conclusión de la instancia primigenia relacionada con la
existencia de una “defensa mancomunada”, al insistir en que
actuaron de manera autónoma, con poderes independientes,
recursos distintos y sustentaciones separadas. Del mismo modo,
descartaron la configuración de maniobras dilatorias, al sostener
que las actuaciones desplegadas correspondieron al ejercicio
legítimo del derecho de defensa y que los aplazamientos
obedecieron a circunstancias justificadas dentro del trámite
judicial.

Para abordar los reparos propuestos, resulta necesario examinar
las actuaciones desplegadas dentro del trámite de práctica de
prueba anticipada radicado No. 2021-08001-00, adelantado
ante el Juzgado 3 Civil Municipal de Florencia-Caquetá:

[…]

Contrario a lo sostenido por los recurrentes, esta Superioridad
comparte las conclusiones alcanzadas por la instancia
primigenia, dado que el acervo probatorio permite advertir que
las actuaciones desplegadas por los abogados JOAQUÍN RAÚL
ORTIZ GAMBOA y RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO
conservaron una misma orientación procesal dentro del trámite
promovido por Luis Alejandro Rincón Díaz contra Amparo
Valenzuela Medina, Carmen Elena Rincón Valenzuela y William
Andrés Rincón Valenzuela.

[…]

En esa línea, la instancia primigenia acertó al colegir que los
investigados interpusieron recursos y nulidades
manifiestamente improcedentes con el propósito de entorpecer
y retardar el normal desarrollo del trámite judicial, pues
insistieron reiteradamente en cuestionar el efecto devolutivo en
que fueron concedidas las apelaciones, pese a que los artículos
323 y 353 del Código General del Proceso establecen dicho
efecto como regla general para esta clase de providencias.
Además, las solicitudes de nulidad y recursos promovidos
reiteraron argumentos ya debatidos dentro de diligencias
anteriores, circunstancia que prolongó injustificadamente un
trámite preprocesal destinado exclusivamente a la recepción de
interrogatorios de parte.

[…]

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Así las cosas, el material probatorio recaudado permitió concluir
que los abogados JOAQUÍN RAÚL ORTIZ GAMBOA y RAÚL
HUMBERTO ORTIZ HURTADO interpusieron solicitudes de
nulidad y recursos manifiestamente improcedentes durante las
audiencias del 24 de marzo y 18 de mayo de 2022, actuaciones
que dilataron un trámite preprocesal destinado exclusivamente
a la práctica de interrogatorios de parte, respaldando además de
manera recíproca las nulidades y alzadas promovidas por el otro
profesional del derecho, circunstancia que acreditó
razonablemente la existencia de una “defensa mancomunada” o
“defensa unificada” encaminada a entorpecer y retardar el
normal desarrollo del trámite judicial […]”.

De los apartes transcritos de la providencia cuestionada, se advierte

que la COMISIÓN NACIONAL desestimó las solicitudes de nulidad

propuestas por los recurrentes, al concluir que la COMISIÓN

SECCIONAL no modificó el núcleo fáctico de la formulación de

cargos de 13 de mayo de 2025, pues la decisión únicamente recayó

en la adecuación jurídica de la conducta al aplicar el principio de

especialidad y la garantía del non bis in idem, sin incorporar hechos

distintos a los inicialmente atribuidos. En ese sentido, precisó que los

comportamientos imputados permanecieron inalterados durante

toda la actuación y que la determinación adoptada resultó incluso

más favorable para los disciplinados al evitar una doble atribución

sobre un mismo supuesto fáctico.

Consideró que la nulidad decretada mediante auto de 9 de noviembre

de 2023 obedeció a la necesidad de sanear una irregularidad

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sustancial que comprometía la validez del proceso ordinario,

consistente en la indebida identificación de uno de los disciplinados,

quien fue individualizado como otro profesional del derecho que

compartía su primer nombre y apellido. Señaló que dicha decisión

tuvo como finalidad garantizar la correcta personalización de los

sujetos procesales y preservar el debido proceso, en atención a lo

previsto en el artículo 99 de la Ley 1123 que autoriza al juzgador

disciplinario para declarar nulidades en cualquier estado de la

actuación cuando se adviertan vicios que afecten su estructura.

Adujo que, aunque el artículo 106 de la Ley 1123 dispone que las

nulidades surgidas con posterioridad a la audiencia de pruebas y

calificación deben resolverse en la sentencia, dicha disposición no

excluye la potestad del funcionario disciplinario para decretarlas

mediante auto cuando resulte necesario corregir de oficio

irregularidades sustanciales que afecten la validez del trámite desde

su origen. En consecuencia, estimó que la decisión de declarar tal

situación mediante auto se ajustó a las facultades de saneamiento

previstas en el ordenamiento disciplinario y no transgredió

disposición normativa alguna.

La autoridad judicial accionada señaló que la discrepancia respecto

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de la corrección efectuada mediante auto del 17 de junio de 2025 no

tenía vocación de prosperidad, pues el a quo se limitó a subsanar un

error de digitación respecto del destinatario de la sanción, sin alterar

el sentido de la decisión ni modificar la responsabilidad declarada o

la tasación de la sanción.

En relación con los reparos dirigidos a controvertir la existencia de

una defensa mancomunada y la supuesta ausencia de maniobras

dilatorias, la COMISIÓN NACIONAL concluyó que el acervo

probatorio acreditó que los abogados JOAQUÍN RAÚL ORTIZ

GAMBOA y RAÚL HUMBERTO ORTIZ HURTADO, desplegaron una

estrategia procesal convergente dentro del trámite de práctica de

prueba anticipada radicada con el número 2021-08001-00, orientada

a obstaculizar el normal desarrollo de la actuación judicial.

Consideró que los disciplinados interpusieron de manera reiterada

recursos y solicitudes de nulidad manifiestamente improcedentes,

insistiendo en cuestionamientos ya resueltos respecto del efecto

devolutivo de las apelaciones y reproduciendo argumentos

previamente debatidos, actuaciones que prolongaron

injustificadamente un trámite preprocesal destinado exclusivamente

a la práctica de interrogatorios de parte. Asimismo, advirtió que

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ambos profesionales respaldaron recíprocamente las nulidades y

recursos promovidos por el otro, circunstancia que evidenció una

actuación coordinada y desvirtuó la tesis según la cual habían

ejercido defensas independientes.

De lo expuesto en precedencia, se extrae que las inconformidades

expuestas en el escrito de tutela de la referencia, además de que

carecen de una perspectiva constitucional, en la medida en que su

solución se deriva de la interpretación que el actor pretende que se

dé a la normativa y las pruebas aportadas al asunto, fueron resueltas

por la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada.

Significa lo anterior que lo pretendido por el accionante es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra la primera

instancia, con la finalidad de que se haga una corrección al análisis

que hizo la autoridad judicial accionada y se acoja la interpretación

que propone, como si el mecanismo de amparo fuera una instancia

o recurso adicional a los previstos en el trámite ordinario.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del

desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal tampoco

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resulta procedente, en la medida en que la providencia que aduce el

actor como desconocida, esto es, la de 26 de julio de 2023, proferida

dentro del expediente identificado con el número único de radicación

2018-00503-01, no guarda identidad fáctica con el asunto objeto de

análisis, pues las actuaciones allí surtidas difieren de la que reprocha

aquí el señor ORTIZ HURTADO, esto es, la nulidad de lo actuado

por un error en la identidad de los sujetos disciplinables, ya que en

la presuntamente desatendida, tal declaratoria no ocurrió; además

que terminó también con sentencia condenatoria al allí investigado

por conductas dilatorias en el ejercicio profesional del derecho.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

demandante, sino una divergencia que obedece a la interpretación

dada por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso

y a la aplicación de la jurisprudencia dispuesta para el caso, en el

cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a la

acción de tutela el carácter de un recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia y la

independencia del juez ordinario.

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Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo y así se dispondrá en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

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TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de julio de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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