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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05075-00

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Claudia Rodríguez Velásquez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05075-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso. 2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05075-00

Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez

6 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05075-00
Demandante: Pablo Alexis Gallo Agudelo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05075-00
Demandante: Pablo Alexis Gallo Agudelo
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración
de la Carrera Judicial
Temas: Derecho fundamental de petición. Hecho superado.

Sentencia primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada en nombre propio, por el señor Pablo
Alexis Gallo Agudelo contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial conforme a lo establecido en el artículo 1 del
Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 2 de julio de 2026, el señor Pablo Alexis Gallo Agudelo interpuso acción de tutela
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial por considerar vulnerado el derecho fundamental de petición. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«PRIMERA: TUTELAR mi derecho fundamental de petición, vulnerado por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL (CARJUD).

SEGUNDA: ORDENAR al representante legal de la entidad accionada, o a quien haga sus
veces, que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación del fallo, emita y notifique una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente
respecto al derecho de petición radicado el 6 de abril de 2026.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 6 de abril de 2026 el señor Gallo Agudelo, realizó petición ante el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera Judicial mediante correo
electrónico dirigido a mesadeayuda@deaj.ramajudicial.gov.co en la cual requirió que:

(i) Se le informara si existía alguna disposición interna, directriz o
interpretación del Acuerdo PCSJA25-12348 del 13 de noviembre de 20251
que impidiera la realización de las pruebas en modalidad remota o con el

1
«Por medio del cual se adelanta el proceso de selección en las modalidades de ingreso y de ascenso y se convoca al concurso de méritos para
la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial».

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Demandante: Pablo Alexis Gallo Agudelo

apoyo de las oficinas consulares para los aspirantes que, al momento de su
aplicación, se encontraran fuera del territorio nacional.
(ii) Adoptara las medidas necesarias para garantizar la presentación de las
pruebas para la Convocatoria 28, dado que se encontraba en el exterior,
razón por la que requería que fueran en modalidad virtual o a través del
apoyo logístico del Consulado de Colombia en Nueva Zelanda;
(iii) Se le notificara la decisión adoptada respecto de las solicitudes formuladas,
junto con las instrucciones precisas que le permitieran presentar las pruebas
en el exterior sin que se afectara su derecho a participar en el concurso de
méritos.

3. Argumentos de la acción de tutela

El accionante indicó que el Consejo Superior de la Judicatura le vulneró el derecho
fundamental invocado, dado que, a la fecha de interposición de la acción de tutela ya
fue superado el término legal fijado en la Ley 1755 de 2015 para que respondiera lo
requerido. No obstante, afirmó que a la fecha no ha sido notificado de respuesta
alguna por parte de la entidad.

Por lo anterior, solicitó que se le ampare el derecho fundamental de petición y en
consecuencia se ordene a la demandada emitir respuesta de fondo, clara y
congruente dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo.

4. Trámite previo

En providencia del 2 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela, ordenó notificar al actor y al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial.

5. Oposiciones

El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, sostuvo que no vulneró el derecho fundamental de petición, puesto que la
solicitud presentada el 6 de abril de 2026 fue resuelta mediante el Oficio CJO26-3400
del 9 de julio de 2026.

En dicha oportunidad explicó que, en virtud de la reserva legal que recae sobre las
pruebas y sobre toda la documentación que constituye su soporte técnico, prevista en
el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley
2430 de 2024, y desarrollada por la jurisprudencia constitucional en las sentencias C-
037 de 1996 y SU-067 de 2022, no resulta jurídicamente viable autorizar la
presentación de las pruebas en modalidad virtual, mediante apoyo consular o a través
de cualquier mecanismo distinto al expresamente previsto en la convocatoria.

En consecuencia, informó que la aplicación de los exámenes debe sujetarse a las
condiciones técnicas y logísticas previamente definidas, las cuales no contemplan la
modalidad virtual remota ni mecanismos alternativos de aplicación, pues ello
comprometería los protocolos de seguridad diseñados para garantizar los principios
de igualdad, mérito, transparencia e integridad que rigen el acceso a la carrera judicial.

En ese sentido, precisó que el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025, mediante el cual se
convocó al concurso de méritos, no contempló la aplicación de las pruebas en
modalidad virtual remota con supervisión en línea, razones por las cuales concluyó

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que no era posible autorizar al accionante para presentarlas desde el exterior ni a
través de ninguna alternativa distinta a la establecida en la convocatoria. Añadió que
la respuesta se emitió en los términos del artículo 28 de la Ley 1437 de 2011.

De igual forma afirmó que el referido oficio fue remitido al actor en la misma fecha al
correo electrónico aportado por él, esto es, pablo.galloagudelo@hotmail.com. En
razón de lo anterior indicó que en el caso objeto de estudio se configuró carencia
actual de objeto por hecho superado, dado que la presunta vulneración alegada
desapareció con la emisión y notificación de la respuesta y en ese entendido se
encontraba plenamente satisfecha la pretensión del actor. Para el efecto aportó la
constancia del envío, en la que se registra que el mensaje fue remitido el 9 de julio de
2026, a las 9:52 a. m., con el archivo CJO26-3400.pdf adjunto.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar si el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Administrativa de Carrera Judicial desconoció el derecho fundamental invocado por el
señor Pablo Alexis Gallo Agudelo ante la falta de respuesta de fondo de la petición
presentada el 6 de abril de 2026.

De acuerdo con lo anterior, corresponde determinar si se incurrió en la vulneración del
derecho fundamental invocado, sin embargo, de manera preliminar se deberá
establecer si en el presente asunto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado.

La Sala anticipa que declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, pues,
en el trámite de la tutela la entidad accionada respondió la petición radicada por el
señor Gallo Agudelo.

Al efecto, la Sala se referirá al: (i) derecho fundamental de petición; (ii) carencia de
objeto y; (iii) análisis del caso concreto.

(i) Derecho fundamental de petición

En el marco del artículo 23 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades y también ante organizaciones
privadas, por motivos de interés general o particular y a obtener una pronta resolución.
Se trata de un derecho de aplicación inmediata según el artículo 85 de la Carta.

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La Corte Constitucional ha señalado que el derecho de petición tiene la connotación
de derecho fundamental y permite garantizar otros derechos tales como la
información, la participación política, la libertad de expresión, la seguridad social, el
acceso a documentos públicos, entre otros.

El derecho de petición presenta un núcleo esencial complejo, ampliamente
desarrollado por la doctrina y la jurisprudencia constitucional. De acuerdo con esta
última, son tres los elementos del núcleo esencial de este derecho: i) que la resolución
sea pronta; ii) que la autoridad dé una respuesta de fondo, es decir que sea clara,
precisa, congruente y consecuente con lo solicitado; y iii) que la decisión adoptada se
le notifique al peticionario2.

Como derecho fundamental, la vulneración de su núcleo esencial es objeto de
protección por la acción de tutela. De este núcleo, sin embargo, no hace parte el
sentido de la respuesta, pues es de competencia exclusiva del sujeto pasivo del
derecho de petición. Por esto, se ha aclarado que la respuesta negativa en ningún
caso significa vulneración del derecho fundamental de petición, ya que «existe una
diferencia entre el derecho de petición y el derecho a obtener lo pedido»3. Aun así, la
Corte Constitucional ha aclarado que «una respuesta es suficiente cuando resuelve
materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante»4.

Para que la respuesta sea efectiva debe ser expedida oportunamente, resolver de
fondo la petición de manera clara y congruente con lo solicitado y debe ser notificada
al peticionario. El incumplimiento de estos requisitos implica la vulneración del derecho
fundamental de petición.

(ii) De la carencia de objeto

El fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza principalmente por hacer
que la orden impartida por el juez en la sentencia tutela se torne inocua. Es decir, que
resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de fondo frente a la
vulneración o amenaza de derechos fundamentales. En reiterada jurisprudencia, la
Corte Constitucional ha establecido que la carencia actual de objeto se materializa en
las siguientes circunstancias: el daño consumado5, el hecho superado6, y el
acaecimiento de una situación sobreviniente7.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-007 de 2017.
4 Corte Constitucional. Sentencias T-561 de 2007 y T-556 de 2013.
5
Daño consumado Es aquel que se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de
tutela, de tal manera que, el juez no puede dar una orden al respecto con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que
se materialice el peligro. Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento
del daño causado por la violación de derecho. No obstante, la Corte ha indicado que, por regla general, la acción constitucional
es improcedente cuando se ha consumado la vulneración pues, esta acción fue concebida como preventiva mas no
indemnizatoria.
Ver, sentencia SU-225 de 2013 de la Corte Constitucional.
6
Hecho superado Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se
evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante. Dicha superación se configura cuando se realizó la conducta pedida (acción o abstención) y, por tanto,
terminó la afectación, resultando inocuo cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental
alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.
Ver, entre otras, las sentencias: T-970 de 2014, T-597 de 2015, T-669 de 2016, T-021 de 2017, T-382 de 2018.
7
Se presenta en aquellos casos en que tiene lugar una situación sobreviniente, que, a diferencia del escenario anterior, no debe
tener origen en una actuación de la accionada, y que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, ya sea porque el
accionante asumió la carga que no le correspondía, o porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.
Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013, T-481 de 2016 y T-038 de 2019.

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(iii) Caso concreto

De entrada, debe advertirse que en el escrito de tutela la parte actora señala que el 6
de abril de 2026 radicó petición ante el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad
Administrativa de Carrera Judicial con la finalidad de que le fuera informado si existía
posibilidad de presentar las pruebas de idoneidad de la Convocatoria 28 en modalidad
remota o con apoyo consular, para que se adoptaran las medidas necesarias que le
permitieran presentarlas desde el exterior y para que se le notificara la decisión
adoptada junto con las instrucciones correspondientes.

De la revisión del expediente, se advierte que en el caso objeto de estudio existe
carencia actual de objeto, porque, en el trámite de la presente acción de tutela, esto
es el 2 de julio de 2026, la Unidad Administrativa de Carrera Judicial respondió la
solicitud del accionante mediante Oficio CJO26-3400 del 9 de julio de 2026.

Dicha respuesta fue remitida el 9 de julio de 2026 al correo electrónico informado por
el demandante como consta en la siguiente captura de pantalla:

Del contenido de dicha respuesta se advierte que la entidad explicó las razones
jurídicas y técnicas por las cuales no resulta procedente autorizar la presentación de
las pruebas de la Convocatoria 28 mediante modalidad virtual, apoyo consular o
cualquier mecanismo distinto al previsto en el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025. Para
ello indicó, entre otros aspectos, que las condiciones del concurso son de obligatorio
cumplimiento, que las pruebas y su soporte técnico tienen carácter reservado
conforme al artículo 164 de la Ley 270 de 1996, modificado por la Ley 2430 de 2024,
y que la aplicación de los exámenes debe sujetarse a las condiciones técnicas y
logísticas previamente establecidas para garantizar los principios de igualdad, mérito,
transparencia e integridad del proceso de selección.

De la revisión del contenido de la petición y de la respuesta proferida por la entidad
accionada, la Sala encuentra que se resolvió la petición, así: frente al primer
requerimiento, informó de manera expresa que el Acuerdo PCSJA25-12348 de 2025,
por el cual se convocó al concurso, no contempló la aplicación de las pruebas en
modalidad virtual remota con supervisión en línea, y precisó el fundamento normativo
de la reserva que recae sobre las pruebas y su soporte técnico. Respecto del segundo,
negó la posibilidad de presentar las pruebas desde el exterior en modalidad virtual o
mediante apoyo consular, así como cualquier alternativa distinta a la prevista en la
convocatoria. Y en cuanto al tercero, comunicó la decisión adoptada al correo
electrónico suministrado por el peticionario.

Sobre este último punto conviene precisar que el sentido negativo de la respuesta no
comporta vulneración del derecho fundamental de petición, pues, según se expuso,
del núcleo esencial de esta garantía no hace parte el derecho a obtener lo pedido,
sino el de recibir una respuesta pronta, de fondo y debidamente notificada,
presupuestos que en este caso se satisficieron.

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De modo que, en el presente asunto se está en presencia de carencia actual de objeto
por hecho superado, porque la solicitud de amparo fue radicada el 2 de julio de 2026
y la respuesta brindada por la entidad demandada fue entregada el 9 de julio de 2026,
es decir, la pretensión de la solicitud de amparo fue satisfecha en el trámite
constitucional de la referencia.

En lo que aquí interesa, hay que decir que el hecho superado exige que la pretensión
de tutela se satisfaga sin que medie orden judicial tal como sucede en el presente
asunto, pues con ocasión de la solicitud de amparo la demandada atendió y tramitó lo
requerido por la parte actora.

Por lo expuesto, en el presente caso, se declarará la existencia de la carencia actual
de objeto por hecho superado, ya que la situación que generó la presunta vulneración
del derecho fundamental del señor Pablo Alexis Gallo Agudelo, ya fue resuelta por
parte del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en el presente caso.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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