RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05084-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05084-00

Fecha
31 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05084-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la Nación. Segundo. Declarar la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales de Gustavo Alonso Amaya Galindo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05084-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

31 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena

Temas: Tutela contra providencia judicial / Tutela conta tutela / Defecto
fáctico y desconocimiento del precedente
Decisión: Declara improcedente el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud formulada por Gustavo Alonso Amaya Galindo en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Gustavo Alonso Amaya Galindo promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo en condiciones
dignas, a la seguridad social y de petición, con ocasión de las sentencias proferidas
el 24 de abril y el 3 de junio de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, en el
recurso de amparo constitucional identificado con el radicado 47001-33-33-004-
2026-00106-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:

2.1. El 3 de diciembre de 2025, el demandante presento derecho de petición ante
el Departamento de Policía Magdalena (DEMAG) identificado con el radicado GE-
2025-001711-DEMAG, en el cual se exigieron dos puntos fundamentales:

«i. Se solicitó reintegrar a la hoja de vida del patrullero los días cincuenta síes (56)
días liquidados a partir del 31 de marzo de 2025. Lo anterior, debido a que el
funcionario gozaba de una Incapacidad Médica Total soportado en el evento 409 del

1
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

14/07/2025, ordenada por su médico tratante y ratificada por un juez constitucional.
La incapacidad otorgaba 30 días prorrogables a 90, vigentes desde el 11 de marzo
de 2025, lo que invalidaba legalmente el disfrute de vacaciones en ese periodo. Ii. Se
requirió información precisa, certificación, radicado y estado actual, sobre las
acciones adelantadas ante la Justicia Penal Militar, Procuraduría y oficinas
disciplinarias, derivadas de la queja interpuesta el 30 de marzo de 2025 (Rad. GE-
2025-000496-DEMAG) por presunta negligencia, omisión y abuso de autoridad contra
el solicitante y acudientes por parte de personas que laboran en la unidad de salud
de la Policía Nacional del Magdalena y personal del Departamento de policía
Magdalena.» (sic)

2.2. La Policía Nacional, al dar respuesta a la citada petición, negó la restitución
de los 56 días de vacaciones con fundamento en normas internas (Instructivo 024
de 2018 y Directiva 003 de 2023), según el parecer del demandante, omitiendo la
aplicación del Bloque de Constitucionalidad y la jurisprudencia de las Altas Cortes
que protegen al trabajador incapacitado, cuya jerarquía prevalece sobre los actos
administrativos institucionales.

2.3. Por su parte, en cuanto al requerimiento relacionado con el estado de los
procesos disciplinarios y penales, la institución emitió una respuesta evasiva e
insuficiente, pues no se proporcionó la información técnica ni de fondo solicitada,
vulnerando el derecho a obtener una respuesta clara y precisa sobre el trámite de
la queja interpuesta ante el competente por falta de garantías en salud.

2.4. El 24 de febrero de 2026, con radicado GE-2026-000292-DEMAG, presentó
un nuevo requerimiento de cuatro (4) puntos ante la Oficina de Asuntos Jurídicos
del departamento de policía del Magdalena – DEMAG; sin embargo, ante la falta de
respuesta promovió solicitud de tutela en contra de la referida institución, por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales de dignidad humana, igualdad,
derecho de petición, debido proceso, seguridad social, trabajo en condiciones
dignas y acceso a la administración de justicia.

2.5. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
del Circuito Judicial de Santa Marta que en sentencia del 24 de abril de 2026 «negó
el amparo de los derechos fundamentales invocados respecto de la presunta vulneración
del derecho de petición relacionada con la solicitud radicada bajo el consecutivo GE-2025-
001711-DEMAG, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado frente a la
petición radicada bajo el consecutivo GE-2026-000292-DEMAG y declaró improcedente la
acción de tutela respecto de la pretensión encaminada a obtener la restitución de cincuenta
y seis (56) días de vacaciones», decisión que fue impugnada por el demandante,
recurso del cual conoció el Tribunal Administrativo del Magdalena que en
providencia del 3 de junio de 2026 confirmó lo resuelto por el a quo con similares
argumentos.

2.6. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico y
desconocimiento del precedente, como se explica a continuación:

2.6.1.Defecto fáctico: Por omisión al declarar la carencia actual de objeto por hecho
superado con fundamento exclusivo en la respuesta suministrada por la Policía

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

Nacional, sin valorar el memorial y el correo electrónico remitidos el 20 de abril de
2026 por el demandante. En esos documentos se demostró que la respuesta
institucional no resolvía integralmente varios puntos esenciales de la petición
relacionados con la Minuta de Guardia, los archivos GEPOL y GECOP, las
actuaciones del Comité de Gestión Humana y una queja disciplinaria. Afirmó que se
omitió examinar una prueba determinante para establecer si existía una satisfacción
material del derecho de petición, limitándose a una verificación formal de la
existencia de una respuesta y desconociendo su deber de efectuar una valoración
integral y sustancial del material probatorio.

2.6.1.1. Por su parte, se incurrió en una valoración probatoria arbitraria al confirmar
la decisión de primera instancia bajo el argumento de que no existían pruebas para
acreditar la insuficiencia de la respuesta otorgada por la autoridad demandada. El
tribunal desconoció el contenido del memorial aportado el 20 de abril de 2026, en el
que se identificaban de manera precisa las falencias de la respuesta policial frente
a los requerimientos formulados. Además, sostuvo que la corporación ignoró el
principio de carga dinámica de la prueba propio de la solicitud de tutela, trasladando
indebidamente al demandante la obligación de aportar documentos que se
encontraban bajo control exclusivo de la administración y cuya entrega era objeto
de la controversia. En consecuencia, considera que la valoración efectuada resultó
irrazonable, excesivamente formalista y contraria a las pruebas obrantes en el
expediente.

2.6.2. Desconocimiento del precedente: se apartaron injustificadamente del
precedente vinculante fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-296 de
2023, en la medida en que las autoridades judiciales calificaron la controversia sobre
la restitución de 56 días de vacaciones como un asunto de naturaleza laboral
susceptible de resolución por los medios ordinarios, pese a que el precedente
constitucional habría reconocido el carácter fundamental del derecho al descanso y
la procedencia excepcional y definitiva de la tutela cuando se trata de sujetos de
especial protección constitucional afectados por incapacidades médicas. Asimismo,
argumentó que ese precedente prohíbe la superposición de vacaciones con
períodos de incapacidad y excluye la posibilidad de justificar esa actuación mediante
normas o directrices internas de la administración.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] Primera. DECRETAR la procedencia definitiva de la presente acción de tutela
contra providencias judiciales, al haberse demostrado la existencia de defectos fácticos,
sustantivos y violación directa de la Constitución en las sentencias de instancia.

Segunda. AMPARAR de manera integral los derechos fundamentales al Debido
Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, Igualdad, Derecho de Petición (en su
núcleo esencial de respuesta de fondo, oportuna y congruente), Trabajo en Condiciones
Dignas, Seguridad Social y Dignidad Humana del señor Patrullero GUSTAVO ALONSO
AMAYA GALINDO.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

Tercera. DEJAR EN SUSPENSÓ Y SIN EFECTO JURÍDICO la sentencia dictada el 3
de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Magdalena (Sala de Decisión), así
como el fallo de primera instancia del 24 de abril de 2026 proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Santa Marta, mediante los cuales se convalidaron las
respuestas evasivas de la entidad pública demandada.

Cuarta. VINCULAR de forma principal y obligatoria al DIRECTOR GENERAL DE LA
POLICÍA NACIONAL para que, en ejercicio de su poder preferente, superior jerárquico
y de mando, vigile, coordine y garantice el cumplimiento estricto e inmediato de las
órdenes constitucionales emitidas en este fallo por parte de sus dependencias
subordinadas.

Quinta. ORDENAR al Comandante del Departamento de Policía del Magdalena
(DEMAG), Coronel Alexander Martin Eljadue o quien haga sus veces, y al DIRECTOR
GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL, que en el término perentorio e improrrogable de
cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia,
procedan a dictar un Acto Administrativo debidamente motivado que ordene la
RESTITUCIÓN INMEDIATA de los cincuenta y seis (56) días de vacaciones a la hoja de
vida y sistema de información del señor GUSTAVO ALONSO AMAYA GALINDO, los
cuales fueron ilegalmente computados y cruzados mientras corría su Incapacidad
Médica Total ordenada por mandato judicial primigenio.

Sexta. ORDENAR al Departamento de Policía del Magdalena (DEMAG) - Oficina de
Asuntos Jurídicos y Comando, que en el mismo término de cuarenta y ocho (48) horas,
proceda a emitir una RESPUESTA DE FORMA Y DE FONDO, CLARA, PRECISA,
EXHAUSTIVA Y CONGRUENTE PUNTO POR PUNTO, sin evasivas ni dilaciones,
resolviendo de manera definitiva los requeridos en el Oficio GS-2026-031217-DEMAG
del 17 de abril de 2026, a saber:

1. Exponer y justificar de manera técnica, motivada y ampliamente detallada las razones
fácticas y normativas por las cuales el Comando de Policía NO le dio trámite oportuno
ante el Comité de Gestión Humana de la Policía Nacional al comunicado con radicado
GS-2024083466-DEMAG, presentado por el accionante desde el 18 de diciembre de
2024. Se deberá indicar fehacientemente qué actas se suscribieron, qué funcionarios
integraron el comité ese día y por qué se retuvo el derecho del uniformado.

2. Suministrar e imprimir de forma íntegra, legible todos los soportes documentales
requeridos principalmente las páginas faltantes del libro público Minuta de Guardia del
Departamento de Policía del Magdalena, correspondientes al lapso comprendido entre
el 10 de diciembre y el 20 de diciembre del año 2024, los documentos electrónicos dentro
de la plataforma GEPOL Y GECOP con todo su acervo de trazabilidad, anexos y
comentarios. En caso de inexistencia, destrucción o pérdida de dichos folios y material
electrónico de carácter públicos, se ordenará a la entidad que allegue la respectiva
denuncia penal e indique bajo qué resolución motivada se justificó la pérdida de los
archivos de seguridad del Estado.

3. Informar con precisión matemática y números de radicado técnico el estado actual,
reparto judicial e identidad de los fiscales y delegados que conocen de las
investigaciones penales y disciplinarias derivadas de las quejas por abuso de autoridad
interpuestas por el actor contra el personal de Sanidad de la Policía Nacional.

Séptima. VINCULAR al trámite constitucional y ORDENAR la intervención inmediata de
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN (A través de la Procuraduría Delegada
para la Fuerza Pública y la Procuraduría Regional del Magdalena) para que, en ejercicio
de sus funciones constitucionales de control disciplinario y protección de los Derechos
Humanos (Art. 277 C.P.), proceda a:

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

1. Iniciar de oficio Investigación Disciplinaria de carácter urgente contra los funcionarios
responsables de la Oficina de Asuntos Jurídicos, el área de Sanidad y el Comando del
DEMAG, por desplegar conductas sistemáticamente dilatorias, renuentes y temerarias
tendientes a vulnerar el derecho fundamental de petición y desacatar precedentes
constitucionales obligatorios (Sentencia SU-296/23) y demás conductas de ocultamiento
de documentos publicos.

2. Ejercer una Vigilancia Administrativa Especial sobre el proceso de restitución de los
derechos laborales y de seguridad social del accionante, rindiendo informes periódicos
al juez de tutela sobre el cumplimiento del fallo.

Octava. ORDENAR la compulsa de copias de todo el expediente con destino a la
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Asignación Especial de Santa Marta) para que
investigue penalmente la presunta configuración de las conductas punibles de
Prevaricato por Omisión (Art. 414 C.P.), Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario de Injusto
(Art. 416 C.P.) y ocultamiento de documento público, en las que pudieron incurrir los
oficiales, suboficiales, patrulleros, agentes o auxiliares, personal civil o contratantes de
la Policía Nacional que ordenaron la retención y ocultamiento de la información del libro
de Minuta de Guardia, los archivos digitales de GECOP Y GEPOL y negación a trámite
de queja o denuncias disciplinarias, además del cercenamiento de los 56 días de
vacaciones del patrullero Gustavo Alonso Amaya Galindo.

Novena. ADVERTIR explícitamente a los accionados (DEMAG), al Director General de
la Policía Nacional y a las dependencias jurídicas involucradas que el incumplimiento,
retraso o desatención parcial de las órdenes impartidas en esta sentencia dará lugar
inmediato a las sanciones del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 (Desacato),
consistente en arresto e indemnizaciones, sin perjuicio de las consecuencias penales
pertinentes. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La Procuraduría General de la Nación2 solicitó declarar la falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es responsable de las
presuntas vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por el demandante,
para lo cual argumentó que la controversia se relacionaba con decisiones adoptadas
por la Policía Nacional respecto de la liquidación de vacaciones durante una
incapacidad médica y con los fallos judiciales que resolvieron una tutela previa sobre
derecho de petición, asuntos ajenos a la actuación de la Procuraduría.
Adicionalmente, señaló que verificó sus sistemas de información y gestión
documental sin encontrar actuaciones preventivas o disciplinarias relacionadas con
los hechos denunciados, por lo que no existió intervención institucional que pueda
considerarse lesiva de los derechos invocados. Finalmente, manifestó que ejercerá
las funciones constitucionales que le correspondan según lo que disponga el fallo,
pero insiste en que las pretensiones de la tutela se dirigen exclusivamente contra la
Policía Nacional y las autoridades judiciales accionadas

5. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

2
Archivo obrante en el índice 12 del Samai.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

2. Consideraciones

6. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

7. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20213, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva

8. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».

9. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente4:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental5. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”6, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

3
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
4
Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
5
Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
6
Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”7
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».

10. Ahora bien, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se declarara su
falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró derecho
fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación directa
entre lo pretendido y las acciones que pueda desplegar para su cumplimiento.

11. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, debido a la solicitud realizada por el demandante, y
en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.

2.3. Problema jurídico

12. La Sala deberá definir si: ¿la solicitud de tutela es procedente para cuestionar
las sentencias proferidas el 24 de abril y el 3 de junio de 2026 por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del
Magdalena, en la acción de tutela identificada con el radicado 47001-33-33-004-
2026-00106-01?

2.4. La solicitud de tutela contra fallos de tutela.

13. De conformidad con lo sostenido por la sala plena de la sección segunda de
esta corporación en la providencia de 4 de marzo de 201022, la solicitud de tutela
contra sentencias proferidas en un trámite de la misma naturaleza es
improcedente.

14. En este sentido, se afirmó que es indiscutible que el juez en tratándose de
fallos de tutela está inmerso en la posibilidad de equivocarse y con ello, de lesionar
los derechos fundamentales de los ciudadanos. Frente a esta posibilidad, sin
embargo, el ordenamiento jurídico ha establecido un mecanismo de control para
evitar la vulneración de derechos fundamentales mediante sentencias de tutela,
mecanismo que por decisión del propio constituyente es el de revisión por parte de
la Corte Constitucional, el cual no sólo busca unificar la interpretación constitucional
en materia de derechos fundamentales, sino erigir a la Corte Constitucional como
máximo tribunal en relación con la interpretación de estos y como órgano de cierre
de las controversias sobre el alcance de los mismos23.

7
Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

15. Así mismo, se excluye la posibilidad de impugnar las sentencias de tutela
mediante una nueva solicitud de tutela por presentarse vías de hecho, en razón a
que la misma Constitución definió directamente las etapas básicas del
procedimiento de amparo y previó que los errores de los jueces de instancia,
inclusive de sus interpretaciones sobre los derechos fundamentales, pudieran ser
siempre conocidos y corregidos por un órgano creado por él, la Corte Constitucional,
a través del mecanismo de la revisión.

16. Ahora bien, el referido instrumento abarca tres dimensiones: 1) el deber de
remitir a la Corte Constitucional la totalidad de los fallos de tutela adoptados por los
jueces de la República para su eventual revisión, con el objeto de que aquella
observe la totalidad de las sentencias de tutela y decida, previo el análisis de los
fallos de instancia, seleccionar las que ameritan una revisión o decretar su no
selección en los demás casos. En ese proceso, además, cualquier persona tiene la
posibilidad de elevar una petición ante la Corte para que una sentencia sea escogida
porque a su juicio incurrió en un error; 2) el efecto principal de no seleccionar para
revisión una sentencia de tutela es la ejecutoria formal y material de la sentencia,
con lo que opera el fenómeno jurídico de la cosa juzgada constitucional; y 3) el
ámbito del control ejercido por la Corte cuando decide revisar un fallo de tutela es
más amplio que el efectuado respecto a los defectos especiales, y, además de las
funciones ya mencionadas, consiste en ejercer un control específico e idóneo de los
fallos de instancia que presuntamente son contrarios a la Constitución.

17. Conforme a lo anterior, admitir que los fallos de tutela definitivamente
decididos o excluidos de revisión por la Corte Constitucional sean luego objeto de
una nueva solicitud de tutela, sin que se evidencie violación al derecho al acceso a
la administración de justicia o al debido proceso, sería avalar el desgaste de la
administración de justicia para la tramitación de una nueva instancia sobre un
proceso de tutela ya concluido, lo cual es contrario a la Constitución (art. 86 C.P.) y
a la Ley (art. 33 del Decreto 2591 de 1991). Esto por una razón: decidido un caso
por la Corte Constitucional o terminado el proceso de selección para revisión y
precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela
para revisión (art. 33 del Decreto 2591 de 1991), opera el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional (art. 243 numeral 1 C.P.)24. Una vez ha quedado
definitivamente en firme una sentencia de tutela por decisión judicial de la Corte
Constitucional, no hay lugar a reabrir el debate sobre lo decidido.

18. Sin embargo, el criterio asumido por la Corte Constitucional frente a la
improcedencia de la solicitud de tutela contra otra tutela se flexibilizó a tal punto que
estableció una serie de requisitos que debe estudiar el juez constitucional para
determinar si la controversia planteada amerita un pronunciamiento que garantice
el debido proceso. Al respecto, en sentencia SU-627 de 2015, sostuvo:

«[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida
por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de
Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que
debe promoverse ante la Corte Constitucional[68].

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con
posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión
del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que
serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la Corte
Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional. […]»

2.5. Sobre el caso concreto

19. Vistos los supuestos de procedencia de la solicitud de tutela para cuestionar
el trámite y pronunciamientos emitidos en un asunto de igual naturaleza, es
pertinente recordar que Gustavo Alonso Amaya Galindo presentó esta solicitud de
tutela con el fin de cuestionar las sentencias proferidas el 24 de abril y el 3 de junio
de 2026 por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta y
el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la acción de tutela identificada con el
radicado 47001-33-33-004-2026-00106-01.

20. Así pues, esta Sala de decisión debe precisar que, conforme a la
jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a la procedibilidad de las
solicitudes de tutela contra decisiones judiciales emitidas en el trámite de una tutela,
el amparo invocado en esta oportunidad es improcedente, en la medida en que la
norma fundamental estableció el mecanismo de revisión como el único medio para

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

conocer y corregir los errores cometidos por el juez constitucional, máxime cuando
se evidencia que el pronunciamiento cuestionado no fue producto de un fraude.

21. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica efectuada en este caso por otro juez constitucional y, por lo tanto, no le
corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus
competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de derecho fundamental
alguno.

3. Conclusión

22. De acuerdo con lo expuesto, en el caso bajo estudio la solicitud de tutela es
improcedente para cuestionar la decisión judicial proferida en otro trámite de tutela;
razón por la cual, la Sala declarará improcedente el amparo constitucional
presentado por Gustavo Alonso Amaya Galindo contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Procuraduría General de la
Nación.

Segundo. Declarar la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales de
Gustavo Alonso Amaya Galindo, en la solicitud de tutela presentada contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena y el Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Santa Marta.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05084-00
Demandante: Gustavo Alonso Amaya Galindo

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.