Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05088-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05088-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05088-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: José Antonio Arcos Arrechea.
Parte accionada: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05088-00.
Asunto: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia por falta de
relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La Universidad de Antioquia en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) presentó demanda en
contra de las resoluciones 031 de 22 de febrero de 2002 y 410 de 18 de
agosto de 2002, por medio de las cuales reconocieron la diferencia
resultante de la aplicación del IBL del inciso 3° del artículo 36 de la ley
100 de 1993 a partir de 13 de enero de 2003 al señor José Antonio Arcos
Arrechea.
1.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia de 30
de enero de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda al considerar que “[…] con la expedición del acto administrativo
demandado, desbordó el ámbito de sus competencias, pues carecía de
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facultad alguna para determinar o corregir la liquidación pensional,
menos aún para reconocer un pago más allá de lo previsto en las
disposiciones legales y constitucionales […]”.
1.3. Inconforme con la decisión anterior el señor José Antonio Arcos
Arrechea presentó recurso de apelación.
1.4. El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante
sentencia de 6 de noviembre de 2025 confirmó la decisión de primera
instancia, al considerar que “[…] la Universidad de Antioquia no tenía
competencia para reconocer a favor del señor José Antonio Arcos
Arrechea un mayor valor en su ingreso base de liquidación, como lo hizo
a través de la Resolución 031 de 22 de febrero de 2002, al ser obligación
del ISS asumir dicho reconocimiento, como entidad administradora de las
cotizaciones realizadas por el demandado y en atención a lo dispuesto
en el parágrafo 2.° del artículo 2.º del Decreto 1068 de 1995, norma que
exigía que el docente, en su condición de servidor público de la
Universidad de Antioquia, fuese afiliado al Sistema General de Seguridad
Social en junio de 1995 […]”.
Adicionalmente, precisó que “[…] la entidad competente para proceder
al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación era el ISS, que
finalmente, reconoció la pensión de jubilación a través de la Resolución
04419 de 24 de abril de 2002, por lo que, era dicha entidad ante quien
debió el pensionado reclamar eventuales reajustes pensionales
conforme al régimen pensional aplicable, por lo que no era plausible que
la Universidad de Antioquia asumiera los pagos señalados, ante el
erróneo convencimiento de que asumía una obligación del ISS […]”.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora de este trámite de tutela mencionó que trabajó en el sector
público entre 1970 y 2000 acumulando más de 30 años al servicio y afirmó que
se encuentra cobijado por el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, pues
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para 1995 ya tenía más de 24 años de servicio.
Señaló que el formulario de afiliación al ISS de 1995 carece de su firma y a su
juicio el mismo vulnera el Decreto 1068 de 1995, que exige la firma del afiliado
para la validez de la afiliación por lo cual consideró que la afiliación fue inválida
y no produjo efectos jurídicos, por lo que al ser inválida la afiliación al ISS, la
Universidad conservaba la obligación legal de reconocer y pagar integralmente
su pensión conforme al Decreto 2337 de 1996
Añadió que “[…] la sentencia impugnada incurrió en un defecto sustantivo al
otorgar validez a una afiliación viciada y desconocer las normas de
competencia que me amparan Constitucionalmente […]”.
Sostuvo que la providencia proferida por el accionante incurre en violación de
expectativas legitimas y por cuanto “[…] desconoce el numeral 3.3 de la
sentencia C-789 de 2002 (Folio 20). La Corte Constitucional determinó que el
régimen de transición no es una mera expectativa sino una expectativa
legítima. Es desproporcionado que quien ha cumplido con más del 75% del
tiempo de trabajo antes de la Ley 100 (en mi caso, 24 años) pierda las
condiciones con las que aspiraba a pensionarse. El Consejo de Estado vulneró
este principio al anular el pago que compensaba ese esfuerzo laboral previo
[…]”.
Arguyó que la autoridad accionada desconoció jurisprudencia constitucional
que protege a quienes tenían una larga trayectoria laboral antes de la entrada
en vigor de la Ley 100 de 1993 y reprochó que “[…] La sentencia impugnada
yerra al sostener que las solicitudes del pensionado ante el ISS validaron la
competencia de dicha entidad. Como bien señala el numeral 10 de la
Sentencia T-1044 de 2001, las normas de competencia son de cumplimiento
inmediato y es la ley, no el peticionario, quien la determina […]”.
Finalmente, manifestó que la providencia enjuiciada afecta su mínimo vital por
cuanto i) la suspensión de la subrogación después de más de 23 años de pago
afecta gravemente su subsistencia y ii) es una persona de avanzada edad y
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con problemas de salud (hipertensión, diabetes, glaucoma y afecciones
cardíacas), por lo que solicita una protección reforzada.
3. Pretensiones
“[…] 1. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido proceso,
seguridad social, mínimo vital y protección de las expectativas legítimas.
2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 6 de noviembre de 2025
proferida por el Consejo de Estado (Sección Segunda).
3. ORDENAR a la Universidad de Antioquia la reanudación inmediata
de los pagos de la subrogación pensional, reconociendo mi condición de
sujeto de especial protección y la vigencia de los Decretos 2527 de 2000
y 2337 de 1996 […]”. [sic en toda la cita]
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 9 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela y
se vinculó a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
y a la Universidad de Antioquia, en calidad de terceros con interés directo en
el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. La Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia se
opuso a la prosperidad de las pretensiones de amparo, al considerar que “[…]
no es procedente, por cuanto pretende utilizar la acción constitucional como
una tercera instancia. Los argumentos expuestos en la tutela: la supuesta
invalidez de la afiliación al ISS por falta de firma en el formulario, la
competencia de la Universidad de Antioquia para reconocer la prestación
pensional con fundamento en los Decretos 1068 de 1995, 2337 de 1996 y 2527
de 2000, así como la protección de sus expectativas legítimas, fueron
planteados y analizados expresamente en las instancias del proceso ordinario
[…]”.
Indicó que el ad quem analizó de forma puntual el argumento relacionado con
la falta de firma en el formulario de afiliación y concluyó que tal situación no
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afectaba la validez de la afiliación al ISS. Lo anterior, debido a que el propio
demandado acudió a dicha entidad para solicitar el reconocimiento de su
pensión y posteriormente su reliquidación, conducta con la que reconoció y
aceptó los efectos derivados de su vinculación al régimen de prima media.
Finalmente, precisó que “[…] La providencia cuestionada no configura una
vulneración manifiesta de derechos fundamentales ni un defecto fáctico o
sustantivo evidente, sino que constituye el resultado de la aplicación razonada
de las normas vigentes al momento de su expedición […]”.
2. La Universidad de Antioquia solicitó declarar improcedente el mecanismo
de amparo por no acreditarse el cumplimiento de los requisitos de procedencia
o, en su defecto, negarlo, toda vez que, del análisis del escrito de amparo
advierte que la accionante no demuestra la configuración de vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,
si ello es así, se deberá:
B) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
3. Caso concreto
3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela
La jurisprudencia pacífica tanto de la Corte Constitucional2 como del Consejo
de Estado3 ha sostenido que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales está supeditada, en primer lugar, al cumplimiento de
unos requisitos generales y, como segunda medida, a la configuración de
alguno de los requisitos especiales para dicha procedencia.
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales se han establecido, los siguientes: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en
el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.
El requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales atinente a la relevancia constitucional se entiende satisfecho cuando
se acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce
2
Ver sentencia C-590 de 2005, entre otras.
3
Sentencias del 5 de julio de 2012 y del 5 de agosto de 2014, expedientes 2009-01328-01(IJ)
y 2012-02201-01, respectivamente. Entre otras.
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de algún derecho fundamental4 y se descarta el uso del mecanismo de amparo
como una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces5.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional precisó que la sola
mención de la vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha
afectación con la configuración de un defecto es insuficiente para tener por
acreditado el cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.
En ese sentido, en dicha decisión, se señaló que, además de la obligación de
identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por qué se
configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una exposición
a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la “[…] entidad
de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]”; (ii) que el alcance de la controversia
“[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”, y (iii) que se “[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]”.
En este contexto, resulta claro que la relevancia constitucional como requisito
genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
tiene como propósito; (i) evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente económico; (ii) impedir
que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales; y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Respecto de lo anterior, esta Sala advierte que la argumentación que esgrimió
la parte actora para acreditar la supuesta vulneración de los derechos
4
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428,
Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
5
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-
18.
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fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada no devela que el
presente asunto gire en torno al alcance de algún derecho fundamental, sino
únicamente frente a la mera inconformidad con la decisión adoptada el 6 de
noviembre de 2025 en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) con radicación núm. 05001-23-33-
000-2021-01251-02.
Lo anterior teniendo en cuenta que el extremo accionante en ningún momento
está poniendo de relieve que la autoridad judicial haya incurrido en una
arbitrariedad judicial, ni tampoco hace una exposición a partir de la cual se
evidencie que su caso tiene la “[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar
la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental y
mucho menos justifica “[…] razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.
Cabe destacar que la argumentación planteada por la parte actora está
asociada a que la autoridad accionada no tuvo en cuenta que el formulario de
afiliación al Instituto de Seguros Sociales de 1995 era invalidado y que esto
conllevaba automáticamente a que la Universidad de Antioquia conservara la
obligación legal de reconocer y pagar integralmente la subrogación pensional
conforme al Decreto 2337 de 1997, circunstancia que se traduce en la
reapertura de un asunto que ya fue resuelto por el juez natural de la causa
judicial.
En ese orden de ideas, se considera que los argumentos de la parte actora
más que develar la existencia de una cuestión que sea de “verdadera
relevancia constitucional” que conlleve la presunta transgresión de derechos
fundamentales, demuestra una inconformidad con la decisión adoptada por la
autoridad accionada como si este mecanismo se tratase de un recurso o
instancia adicional, por lo cual el juez de tutela no puede inmiscuirse en dicho
asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela un carácter que no le es propio
de su naturaleza y de paso invadir la competencia y la independencia del juez
natural.
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Bajo los anteriores argumentos, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia,
de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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