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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05096-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2026-05096-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, por las razones indicadas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05096-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: GERMÁN ANDRÉS PINEDA BAQUERO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN QUINTA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia proferida por Alta Corte. Improcedente por
carecer de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. En nombre propio, Germán Andrés Pineda Baquero promovió acción de tutela
contra la providencia que rechazó la demanda dentro del proceso de nulidad
electoral dentro del radicado 11001-03-28-000-2026-00053-00. La decisión de
rechazar fue confirmada tras ejercer el recurso de súplica.

2. El tutelante promovió demanda de nulidad electoral contra el acto denominado
“Formulario E-26 CTP” del 17 de marzo de 2026. A través de ese acto, la
organización electoral declaró electo como representante a la Cámara por la
Circunscripción Transitoria Especial de Paz 7, período 2026-2030 a Alejandro
Castillo Gaitán.

3. La causal de nulidad invocada fue la referida a un supuesto fenómeno de
trashumancia electoral. Mediante auto de 24 de abril de 2026, el magistrado ponente
inadmitió la demanda y requirió al actor para que individualizara los ciudadanos que
consideraba no residentes y precisara la zona, el puesto y la mesa de votación en
los que se habría presentado la irregularidad.

4. El tutelante no realizó la individualización requerida, sino que expuso argumentos
estadísticos e indicó que era imposible cumplir el requerimiento del auto
inadmisorio, pues la Registraduría Nacional del Estado Civil no entregó la copia de
los formularios E-11.

5. En auto de 5 de junio de 2026, el magistrado sustanciador rechazó la demanda
al verificar que no se corrigió la demanda de nulidad. La parte motiva de la decisión
indicó expresamente que no se había exigido la copia de los formularios E-11 como
requisito de admisión. Sí insistió en que el demandante debía identificar
previamente a los presuntos ciudadanos trashumantes y delimitar los registros
electorales afectados, situación que no fue precisada por el actor.

6. Contra la anterior decisión, el actor presentó recurso que fue tramitado como
súplica. En auto de 25 de junio de 2026, la sala confirmó el rechazo de la demanda.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

7. Sostuvo que las providencias judiciales vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y ejercicio
efectivo del control jurisdiccional, “al imponer una carga procesal objetiva y
materialmente imposible de cumplir”.

8. El tutelante indicó que promovió demanda de nulidad electoral contra el acto
administrativo contenido en el Formulario E-26 CTP del 17 de marzo de 2026,
mediante el cual fue declarada la elección del ciudadano Alejandro Castillo Gaitán
como Representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz
No. 7 (Meta–Guaviare), para el período constitucional 2026–2030. Concretamente
argumentó que, se había configurado una causal de nulidad electoral derivada del
presunto fenómeno masivo de trashumancia electoral que habría afectado de
manera determinante el resultado de la elección, soportándolo en información oficial
expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, estadísticas demográficas
del DANE.

9. El actor sostiene que, el escrito de amparo cumple los requisitos de procedencia
general de tutela contra providencia, y las decisiones atacadas incurrieron en los
defectos procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto, violación directa de la
constitución y desconocimiento del principio de la carga dinámica de la prueba, con
la consecuente violación directa de la constitución y defecto procedimental.

10. Respecto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto el actor sostuvo
que se configuró pues, la providencia objeto de tutela confundió dos momentos
procesales completamente diferentes dentro del medio de control de nulidad
electoral: de una parte, la verificación de los requisitos mínimos necesarios para
admitir la demanda y, de otra, la valoración de las pruebas destinadas a demostrar
la prosperidad de las pretensiones. Esa confusión condujo a que la Sección Quinta
transformara el examen formal de admisibilidad previsto por el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en un verdadero
juicio anticipado sobre el mérito de la controversia, imponiendo al demandante una
carga probatoria que únicamente corresponde al desarrollo del proceso y a la
decisión de fondo.

11. La Violación Directa de la Constitución se produjo pues “la Sección Quinta del
Consejo de Estado impuso al demandante una carga procesal cuyo cumplimiento
era objetiva y materialmente imposible, circunstancia plenamente conocida por la
propia autoridad judicial al momento de adoptar la decisión de rechazo”1. Las
cargas procesales constituyen instrumentos destinados a garantizar el adecuado
funcionamiento del proceso judicial; sin embargo, únicamente pueden exigirse
cuando su cumplimiento depende razonablemente de la actuación del interesado.
Cuando la satisfacción de una carga depende exclusivamente de la conducta de
otra autoridad pública, el ciudadano no puede soportar las consecuencias negativas
derivadas de la actuación estatal.

12. En el tercer cargo (desconocimiento del principio de la carga dinámica de la
prueba) sostuvo que las providencias incurrieron en un defecto procedimental por

1 Escrito de amparo, folio 24

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

no aplicar el deber constitucional de colaboración entre las autoridades públicas y
de las facultades oficiosas que el ordenamiento jurídico reconoce al juez
administrativo para obtener los elementos probatorios necesarios para decidir de
fondo una controversia. El Consejo de Estado partió de un supuesto equivocado:
considerar que toda la carga probatoria recaía exclusivamente sobre el
demandante, sin advertir que la información cuya ausencia motivó el rechazo de la
demanda no se encontraba bajo su disponibilidad material ni jurídica, sino bajo el
control exclusivo de entidades públicas que administran el sistema electoral
colombiano.

13. Enunció un cuarto cargo titulado “violación del principio pro actione del derecho
fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia y de la tutela judicial
efectiva, pues las providencias cuestionadas crearon una barrera de acceso que
hace imposible el control judicial a la trashumancia. En lugar de privilegiar el acceso
al juez natural para que la controversia fuera resuelta mediante el desarrollo
ordinario del proceso electoral, la autoridad judicial optó por la interpretación más
restrictiva posible del régimen de admisión de las demandas, elevando una
exigencia probatoria al rango de requisito formal indispensable para permitir el
acceso a la jurisdicción. La consecuencia inmediata de esa interpretación fue
impedir que el juez competente conociera el fondo del litigio.

14. En el quinto cargo, titulado: “defecto sustantivo por interpretación irrazonable y
desproporcionada del artículo 139 del CPACA y creó un requisito de admisibilidad
no previsto por el legislador”, el actor sostuvo que la Sección Quinta determinó que
la demanda no cumplía los requisitos exigidos por el artículo 139 del CPACA porque
no individualizaba plenamente a cada uno de los ciudadanos presuntamente
inscritos de manera irregular, indicando además las mesas de votación, puestos
electorales y demás elementos específicos que permitieran verificar la incidencia de
cada voto sobre el resultado electoral. Sin embargo, una lectura sistemática del
artículo 139 del CPACA permite concluir que dicha disposición no exige semejante
carga procesal como presupuesto de admisión. La finalidad de esa norma consiste
en garantizar que el demandante identifique razonablemente el acto acusado,
exponga los hechos que fundamentan la demanda, precise las normas
presuntamente vulneradas y formule un concepto de violación que permita
comprender el problema jurídico sometido al conocimiento del juez.

15. El sexto cargo lo titulo “violación del derecho fundamental de acceso a la
información pública, de los principios de buena fe, confianza legitima, coherencia de
la actuación estatal y tutela judicial efectiva”. Argumentó que las providencias
censuradas desconocieron un principio elemental del Estado Social de Derecho: las
autoridades públicas deben actuar de manera coherente, armónica y respetuosa de
la confianza que los ciudadanos depositan en la actuación estatal. Reiteró que, el
accionante solicitó oportunamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al
Consejo Nacional Electoral la información oficial necesaria para estructurar
adecuadamente la demanda electoral.

16. El séptimo cargo lo titulo “violación directa de la constitución, del artículo 29, 228
y 229 de la Constitución”, pues la Sección Quinta del Consejo de Estado convirtió

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

una etapa destinada únicamente a verificar la aptitud formal de la demanda en una
barrera definitiva para impedir el acceso al proceso judicial. Afirmó que la decisión
no fue el resultado de la valoración del mérito de la controversia después de surtido
el proceso. Insistió en que las decisiones fueron adoptadas antes de la admisión de
la demanda, cuando todavía no se había abierto el debate probatorio ni se había
permitido el ejercicio pleno del contradictorio.

17. Como octavo cargo propuso un “desconocimiento del precedente constitucional
sobre el acceso efectivo a la administración de justicia, el principio pro actione, el
exceso ritual manifiesto y la prevalencia del derecho sustancial. configuración de un
defecto por desconocimiento del precedente”, al apartarse de manera injustificada
de las reglas jurisprudenciales consolidadas por la Corte Constitucional en materia
de acceso efectivo a la administración de justicia, prevalencia del derecho
sustancial, principio pro actione, exceso ritual manifiesto y tutela judicial efectiva.
Desde hace varias décadas la Corte Constitucional ha construido una línea
jurisprudencial uniforme según la cual las normas procesales constituyen
instrumentos destinados a garantizar la efectividad de los derechos sustanciales y
no mecanismos para impedir el acceso de los ciudadanos a la administración de
justicia.

18. Como noveno cargo propuso un “desconocimiento del control de
convencionalidad y vulneración del derecho de acceso a la justicia reconocido en la
convención americana sobre derechos humanos, pues las decisiones” vulneraron
las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano en virtud de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que integra el
bloque de constitucionalidad en los términos del artículo 93 de la Constitución
Política. Los artículos 8 y 25 de la Convención Americana no garantizan únicamente
la existencia formal de recursos judiciales. Exigen que dichos recursos sean reales,
efectivos y capaces de producir un pronunciamiento sobre el fondo de las
controversias sometidas a consideración de las autoridades judiciales.

19. Como décimo cargo argumentó que se produjo un “desconocimiento del
carácter constitucional especial de las circunscripciones transitorias especiales de
paz (citrep) y del deber reforzado de garantizar el control judicial de su legalidad”
toda vez que las providencias accionadas desconocieron igualmente la naturaleza
constitucional excepcional de la elección cuya nulidad se pretendía controvertir,
circunstancia que imponía a la autoridad judicial un deber reforzado de garantizar el
acceso efectivo al control jurisdiccional y no de restringirlo mediante la imposición
de exigencias procesales imposibles de satisfacer. La demanda electoral promovida
por el accionante recae sobre una elección correspondiente a una Circunscripción
Transitoria Especial de Paz (CITREP), institución creada como desarrollo del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera e incorporada al ordenamiento constitucional mediante el Acto
Legislativo 02 de 2021 por esa razón, los procesos electorales relacionados con
dichas circunscripciones poseen una especial relevancia constitucional. En lugar de
facilitar el acceso al control jurisdiccional, impusieron una interpretación que impidió
definitivamente cualquier examen sobre las presuntas irregularidades denunciadas.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

20. Finalmente, como décimo primer cargo afirmó que se produjo una “vulneración
del derecho a la verdad, del principio de legalidad electoral y del deber constitucional
del juez de garantizar el esclarecimiento de los hechos relevantes para la
democracia” dado que, las decisiones cuestionadas impidieron que la jurisdicción
contencioso administrativa cumpliera una de sus funciones esenciales, consistente
en verificar la legalidad de los procesos electorales y establecer la verdad jurídica
respecto de los hechos denunciados por el accionante. Indicó que el proceso
electoral no constituye un litigio privado entre intereses exclusivamente individuales,
en atención a que, el interés protegido por el medio de control de nulidad electoral
trasciende ampliamente la esfera jurídica del demandante. Por ello en caso de esta
acción judicial, la autoridad judicial tiene la obligación consistente en garantizar que
exista un escenario judicial idóneo para verificar objetivamente si tales
irregularidades ocurrieron o no. Situación que en su criterio no se produjo.

21. Solicitó que se amparen sus derechos fundamentales, se dejen sin efecto las
decisiones accionadas y se ordene proferir decisión de admisión de la demanda de
nulidad electoral, o de manera subsidiaria que, se deje sin efecto el auto de rechazo
y se ordene volver a estudiar la admisión, pero atendiendo a la jurisprudencia
constitucional sobre acceso a la administración de justicia en caso de acciones
constitucionales.

Trámite de la petición de amparo

22. La acción de tutela fue repartida el 2 de julio de 2026 y le correspondió al
consejero ponente. Sin embargo, el 3 de julio de 2026, se declaró impedido para
conocer el asunto por amistad íntima con el ponente de la providencia atacada en
tutela2.

23. Por esta razón ingresó el 7 de julio de 2026, al despacho del consejero José
Roberto Sáchica Méndez, quien a través de la decisión de 10 de julio de 20263,
negó la manifestación de impedimento.

24. Una vez notificada la decisión precitada, el 16 de julio de 2026, ingresó
nuevamente al despacho ponente y a través de auto de 17 de julio del presente año
admitió la acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo de Estado4. En ese
mismo proveído, se ordenó la vinculación del Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio Público y al ciudadano
Alejandro Castillo Gaitán, así como a los demás intervinientes del proceso de
nulidad electoral identificado con el radicado núm. 11001-03-28-000-2026-00053-
00 como terceros con interés, para que, dentro del término de dos (2) días contados
a partir de su recibo, se pronunciaran sobre el contenido de la acción de amparo.
Además, negó la medida provisional y requirió a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral para que se pronunciaran sobre
aspectos específicos del proceso ordinario5. Entre otras decisiones.

2 Índice samai 5.
3 Índice samai 11.
4 Índice samai 17.
5 Ver ordinal sexto de la resolutiva del auto admisorio.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

25. El magistrado sustanciador6 de las decisiones cuestionadas intervino con el
fin de solicitar que sea declarada improcedente el amparo, o de manera subsidiaria
sea negado, toda vez que del escrito emerge simplemente una inconformidad de la
parte actora con las decisiones controvertidas, sin que se acredite un defecto que
amerite la intervención del juez constitucional. Indicó que, conforme con el criterio
fijado en la sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional, acogido por la
Sección Quinta en la providencia del 29 de septiembre de ese mismo año3, los
cuestionamientos planteados por el actor denotan el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional, en razón a que el objetivo principal de la solicitud de
amparo es discutir el análisis jurídico realizado por la corporación para rechazar la
demanda de nulidad electoral por la supuesta configuración del cargo de
trashumancia electoral.

26. Adujo que, en el escrito de tutela, se evidencia la ausencia de argumentos que
justifiquen la relevancia constitucional de la solicitud de amparo, pues más allá de
insistir en que la carga impuesta en el auto inadmisorio fue excesiva, no se expuso
concretamente la razón por la cual la providencia cuestionada se apartó del
ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia reiterada y pacífica de la Sección Quinta
del Consejo de Estado referente a los requisitos que se deben acreditar en la
demanda promovida por trashumancia electoral. Agregó que, tratándose de la
formulación de demandas de nulidad electoral por causales objetivas, la Sección
Quinta ha reiterado que el proceso no está instituido para que el juez indague,
durante su trámite, las inconsistencias de las que adolece el proceso de votación o
escrutinio, sino para verificar su existencia. Afirmó:

“La postura del demandante, referente a que le corresponde al juez obtener la
información correspondiente luego de admitida la demanda, se erige como una
indeterminación absoluta del cargo de nulidad, omisión que no sólo quebranta
el derecho de defensa del demandado, sino que implica que se traslade a la
autoridad judicial la carga de investigar, bajo supuestos o simples sospechas,
cuántas personas que inscribieron su cédula de ciudadanía para votar en un
determinado municipio no residen en este, cifra que puede ascender a cientos
o miles de ciudadanos.”

27. Insistió que la carga de determinar que una persona no tiene residencia electoral
en un territorio le corresponde a la respectiva autoridad electoral -CNE- o al
demandante, a partir de la información que reposa en distintas bases de datos de
entidades públicas. Además, a la parte actora también le está atribuido el deber de
establecer si los presuntos trashumantes en efecto depositaron su voto, y la zona,
puesto y mesa donde sufragaron.

28. Aclaró que la providencia de inadmisión de la demanda explicó al actor que,
“bien pudo acudir a los documentos cuyo acceso libre al público se encuentran en
las páginas institucionales de las autoridades electorales, o solicitarlos a través de
los mecanismos dispuestos por el legislador, como son, por ejemplo: el formulario
E-3 o el formulario E-10 y confrontarlos con las diferentes bases de datos de otras
entidades estatales5 y con ello identificar cuáles son los ciudadanos que se

6 Índice samai 27.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

encuentran en la señalada irregularidad y así concretar específicamente los
argumentos o motivos de nulidad que alega frente al acto de elección demandado”.

29. Explicó que, el curso del proceso electoral no está diseñado para que el juez
obtenga la información mínima que le corresponde suministrar al actor por mandato
expreso del artículo 139 de la Ley 1437 de 2011. La norma en referencia dispone
que, en las demandas de nulidad electoral por causales objetivas, se debe precisar
en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que
inciden en el acto de elección. Aclaró que, en el auto que rechazó la demanda se
indicó con toda claridad que “no se exigió allegar con la subsanación los formularios
E-11 -acta de instalación y registro general de votantes-, con el propósito de
estructurar el reproche de trashumancia, pues, la Sección Quinta ha señalado, en
distintas ocasiones, que es conocedora de las restricciones que existen para la
consecución de ese documento, debido a la información de datos sensibles que
registran”. Lo que indefectiblemente se requiere para la formulación del reproche es
la identificación de las personas no residentes en el municipio y la zona, puesto y
mesa donde sufragaron, sin que sea de recibo la sola manifestación, a través de
conjeturas y suposiciones, que hubo un incremento desproporcionado en el censo
electoral.

30. El tutelante7 intervino una segunda vez, con el fin de controvertir los
argumentos contenidos en la contestación de la acción de tutela. Indicó que el
magistrado ponente de las providencias cuestionadas no explica las razones por las
cuales transformó la etapa de admisión de la demanda en una verdadera etapa
probatoria. Indicó que, la contestación insiste en afirmar que el demandante debía
identificar individualmente a los ciudadanos presuntamente trashumantes, precisar
el puesto y la mesa de votación y aportar los elementos que demostraran la
irregularidad alegada. Sin embargo, omite explicar cuál es el fundamento
constitucional o legal que autoriza exigir ese nivel de demostración antes de la
admisión de la demanda. Agregó que la contestación de la tutela incurrió en error al
sostener que los formularios E-3 y E-10 permitían estructurar el cargo de nulidad de
trashumancia. El actor insistió en que ninguno de esos formularios contiene
información sobre el domicilio o el arraigo territorial del ciudadano; por ello, aunque
también tienen reserva por la ley de habeas data sólo puede consultarse en las
condiciones previstas por la normativa y no permiten demostrar la trashumancia.

31. Adujo que el argumento de la contestación de la demanda incurre en un error al
partir de una premisa objetivamente equivocada: asumir que los formularios E-3 y
E-10 contienen la información necesaria para determinar la residencia electoral de
un ciudadano. Afirmó que ninguno de esos formularios permite demostrar el
elemento esencial que configura la trashumancia electoral, esto es, que el
ciudadano no reside en el municipio, corregimiento o Circunscripción Transitoria
Especial de Paz donde inscribió su cédula.

32. Ofreció razones adicionales relacionadas con la que, en su criterio, es un error
de la contestación, referida a que los formularios E-3 y E-10 no satisfacen las
exigencias de la demanda de nulidad electoral. Finalizó indicando que, la

7 Índice samai 30.

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Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

contestación de la tutela concluye sin responder los cargos constitucionales
formulados en la acción de amparo.

33. La Registraduría Nacional del Estado Civil8 intervino con el fin de solicitar que
le remitieran el escrito de tutela en formato PDF. Examinado el índice samai 9, la
secretaria de la corporación remitió escrito de amparo en el formato indicado.
Finalmente, participó con el fin de indicar que, el tutelante presentó derechos de
petición referidos a que se le entregarán los formularios electorales. Informó que los
formularios E-14 son documentos públicos y se encuentran disponibles para
consulta y descarga permanente en el repositorio digital institucional. Los
formularios E-11 contienen datos personales e información individualizada de los
ciudadanos, incluyendo firma y huella, razón por la cual, su entrega íntegra se
encuentra limitada por el régimen constitucional y legal de protección de datos
personales. Aclaró que, resulta inexacta la afirmación del accionante según la cual
le fue negado el suministro de la totalidad de la información requerida, pues la RNEC
explicó al peticionario las razones que le impedían entregar determinados datos
sensibles, identificó el sustento jurídico que respalda dicha imposibilidad y le indicó
cuál era la información de naturaleza pública junto con su ruta de acceso.

34. Concluyó indicando que, carece de legitimación en la causa por pasiva toda vez
que, la autoridad no profirió la decisión cuestionada, y solicitó desvincular a la
entidad del proceso de tutela.

35. Alejandro Castillo Gaitán, demandado dentro del proceso de nulidad electoral
con radicado 11001-03-28-000-2026-00053-00 intervino con el fin de solicitar que
se declare improcedente el amparo, pues no satisface el requisito de relevancia
constitucional al reproducir la controversia jurídica ya formulada y resuelta en el
trámite de inadmisión, rechazo y súplica del medio de control de nulidad electoral.
Agregó que, la tutela pretende que ahora el juez constitucional sustituya la
interpretación razonable y motivada del juez natural acerca de las cargas mínimas
de estructuración de una causal de nulidad de índole objetivo por trashumancia
electoral. De manera subsidiaria solicitó que se niegue el amparo. El representante
a la Cámara indicó que, el magistrado ponente de los autos de inadmisión y de
rechazo, y la Sección Quinta del Consejo de Estado autoridad que profirió el auto
que resolvió el recurso de súplica no exigieron una prueba definitiva para admitir la
demanda promovida en el medio de control de nulidad electoral. Exigieron un asunto
diferente, que el actor fijara el objeto litigioso mediante la identificación de los casos
particulares y los registros electorales comprometidos, en otras palabras, que
concretara la censura de trashumancia electoral. Sin esa delimitación, el juez
tendría que investigar indiscriminadamente la totalidad del censo electoral para
construir de oficio el cargo de nulidad electoral que la parte no formuló, mientras la
parte demandada desconocía, al momento de contestar, cuáles ciudadanos y en
cuáles lugares se pretendía controvertir la legalidad del acto de elección, lo cual
claramente constituye una abierta y manifiesta vulneración al derecho fundamental
del debido proceso.

8 Índice samai 31
9 Índice samai 32

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Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
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36. Indicó que la acción de tutela es improcedente porque no cumple la carga
argumentativa de una tutela dirigida contra una alta corte. Agregó que existe una
identidad sustancial entre el debate electoral y el escrito de amparo, señalando que
existe un uso inadecuado del medio de amparo pues busca una instancia adicional.
Afirmó el representante a la cámara:

“En efecto, en el escrito de “subsanación”, el actor afirmó que la
individualización era excesiva, que los formularios E-11 estaban
sometidos a reserva y que el juez debía admitir la demanda para solicitar
la información. En el recurso de súplica sostuvo nuevamente que la carga
era imposible, que se confundía admisibilidad con prueba y que las
estadísticas bastaban para admitir la demanda. Con la presente acción
de tutela el accionante simplemente reproduce esas mismas premisas,
pero ahora las denominó defecto procedimental, defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución.”

37. Concluyó que, el cambio de titulación de los reproches no transforma una
controversia de legalidad en un problema constitucional autónomo. Lo que se busca
es que el juez de tutela determine, por tercera vez, si los datos agregados y la
negativa de acceso a los formularios E-11 permitían tener por estructurado el cargo
electoral. Esa cuestión fue decidida por la autoridad competente mediante
providencias motivadas y no puede ser reabierta por la simple inconformidad del
actor. Indicó que las providencias atacadas, resolvieron la demanda de nulidad
electoral reiterando las reglas jurisprudenciales de la Sección Quinta del Consejo
de Estado respecto de las exigencias de este tipo de demandas en casos de
trashumancia. Agregó que la decisión cuestionada no adoptó una regla
jurisprudencial novedosa. La Sección Quinta ha sostenido desde hace más de dos
décadas que el proceso electoral no se diseñó para descubrir, mediante una
investigación general, irregularidades no determinadas por la parte, sino para
verificar aquellas que ya fueron concretadas en la demanda. Para desvirtuar la
presunción de residencia electoral se deben acreditar concurrentemente los
elementos relacionados con morada, asiento regular, ejercicio de profesión u oficio
y existencia de negocio o empleo en la circunscripción. Una comparación estadística
agregada no permite verificar ninguno de esos elementos respecto de una persona
determinada.

38. Explicó que la Sección Quinta ha señalado que las irregularidades de índole
objetivo deben estar identificadas al momento de presentar la demanda, pues sólo
así la parte demandada puede ejercer plenamente la defensa y el juez conoce el
marco preciso de su decisión. Reiteró que el auto inadmisorio no exigió que el
demandante allegara con la demanda el formulario E-11 como requisito de
admisión. Sino que las providencias exigieron identificar a las personas
consideradas no residentes y precisar zona, puesto y mesa. Aclaró que, las
estadísticas no estructuran por sí solas el cargo de trashumancia. Afirmó que, la
carga protege la justicia rogada, la congruencia y el derecho de defensa, el principio
pro actione no elimina las cargas mínimas fijadas por el Legislador, la omisión es
atribuible al accionante y no puede corregirse mediante tutela y negó que se hubiera
presentado los defectos específicos alegados.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

CONSIDERACIONES
Competencia

39. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Determinación del problema jurídico

40. El 25 de marzo de 2026, el tutelante presentó demanda de nulidad electoral
contra la declaración de elección “Acta de escrutinio Formulario E-26 CTP de 17 de
marzo de 2026, por medio del cual se declaró la Elección de Alejandro Castillo
Gaitán como representante a la Cámara. En la demanda mencionó los supuestos
incrementos desproporcionados de inscripción irregular de cédulas en el
departamento de Guaviare y en el municipio del Retorno. En auto de 24 de abril de
2026, el magistrado sustanciador inadmitió la demanda, pues conforme al artículo
139 de la ley 1437 de 2011, el demandante “debe precisar en qué etapas o registros
electorales se presentan las irregularidades que inciden en el acto de elección”.
Concretamente se requirió al demandante para que determinara los hechos
irregulares que soportan la causal objetiva de nulidad.

41. En memorial de 4 de mayo de 2026, el actor radicó memorial de subsanación
indicando que los motivos de inadmisión incurrían en exceso ritual manifiesto, y que
si delimitó el cargo de la demanda de nulidad electoral reiterando las razones de la
demanda. Indicó que no pudo acceder a la información electoral requerida por el
auto inadmisorio. En auto de 5 de junio de 2026 se rechazó la demanda por falta de
subsanación. En auto de 25 de junio de 2026, se resolvió el recurso de súplica
confirmando el auto de rechazo.

42. En ese contexto, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela
satisface los requisitos generales de procedencia contra providencias judiciales, en
particular el de relevancia constitucional, cuyo examen debe efectuarse de manera
especialmente rigurosa porque las decisiones cuestionadas fueron proferidas por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en ejercicio de sus funciones como órgano
de cierre de la jurisdicción electoral. En caso de encontrar que el amparo es
procedente, se formulará un problema jurídico de fondo.

43. Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, en primer lugar, se reiterará
el precedente sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales de Alta Corte, y se resolverá en el caso concreto, si se cumplen los
requisitos.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes,
requisitos formales de procedibilidad

44. En precedente de unificación de la Corte Constitucional10 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”11. Por lo tanto:

“(…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra
providencias judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad
que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera
que amerite la intervención urgente del juez de tutela”

45. En sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la especial y
exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela dirigida
contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo especial en
señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental, orgánico,
desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre otros), con
el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera protuberante y
ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse de una acción
de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede con el
Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, esta corporación ha indicado,
entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021, SU-215 de 2022, SU-
269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia debe realizarse de
forma más rigurosa o estricta. Eso no significa que la tutela no sea procedente, sino
que en la evaluación adoptada por el juez constitucional tiene que considerarse una
argumentación cualificada, dada la importancia y el rol que cumplen los órganos de
cierre de cada jurisdicción dentro del sistema judicial. De esta manera, cuando la
tutela se dirige contra una decisión expedida por una alta Corte, “además de cumplir
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela y con los
especiales de procedibilidad contra providencias judiciales, se debe acreditar una
irregularidad que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal
manera que amerite la intervención urgente del juez de tutela”12.

46. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal

10 Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
11 Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)
12 Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela13.

47. Respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte14 ha indicado que
existen peticiones de amparo que por su contenido, justificación y pretensiones
carecen de relevancia. Esto se predica de aquellas peticiones de amparo que, en
lugar de cuestionar la validez de la decisión judicial, utilizan el medio constitucional
para plantear diferencias respecto a un específico contenido de un fallo o
interpretaciones alternativas al material probatorio, pero en realidad no muestran
que la decisión adolezca de un requisito esencial para su validez. Se afirma que en
esos eventos acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

48. Se indica que: “Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional
sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos
de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia
judicial” y que la tutela se use para mostrar razones de “inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales”.

49. La SU-128 de 2021 precisó que, no es suficiente con que la parte actora alegue
la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional. A título de ejemplo se
ha indicado que, un asunto carece de relevancia constitucional cuando: “la discusión
se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por
ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que
de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales”.

50. Las providencias de unificación citadas, han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

Análisis de las causales en el caso concreto

51. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

Legitimación en la causa

52. La legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecha, porque Germán
Andrés Pineda Baquero promovió, en nombre propio, la acción de tutela contra las
providencias que inadmitieron, rechazaron y confirmaron el rechazo de la demanda
de nulidad electoral presentada por él. En consecuencia, es el titular directo de los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

13 Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre

otras.
14 SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

justicia cuya vulneración atribuye a las decisiones cuestionadas, pues fue quien
soportó los efectos procesales derivados de la imposibilidad de continuar con el
medio de control electoral. También se cumple la legitimación en la causa por pasiva
respecto de la Sección Quinta del Consejo de Estado, dado que esa autoridad
profirió las providencias a las que el accionante atribuye la vulneración de sus
derechos fundamentales.

53. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación del trámite
del amparo, pues carece de legitimación en la causa por pasiva. Conforme el
artículo 13 del decreto 2591 de 1991, al proceso de tutela deben concurrir las
personas o entidades que se puedan llegar a ver afectadas por un eventual fallo de
amparo. En esa medida, puesto que se cuestionan decisiones relacionadas con una
demanda de nulidad electoral, en la que la organización electoral es parte, una
eventual decisión constitucional, afectaría a la Registraduría Nacional del Estado
Civil, motivo por el cual, en la parte resolutiva se negará la petición de
desvinculación.

La relevancia constitucional

54. El análisis de los defectos invocados se realizará exclusivamente con el
propósito de establecer si los cargos trascienden una discrepancia de interpretación
legal y plantean un verdadero problema de validez constitucional. Por tanto, la Sala
no determinará materialmente si las providencias incurrieron en los defectos
específicos alegados, pues ese estudio sólo sería procedente si se superaran
previamente todos los requisitos generales.

55. En el caso concreto, el actor propuso una petición de amparo constitucional
invocando once causales de procedencia específica de tutela contra providencia.
Todas ellas cuestionan que la decisión de inadmisión, rechazo y confirmación del
rechazo incurrieron en defectos sustantivos, violación directa de la constitución,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del deber de realizar
control convencional al acto electoral demandando, desconocimiento del
precedente constitucional sobre acceso a la administración de justicia. En general
los reproches parten de la premisa que las providencias cuestionadas exigieron al
demandante aportar formularios electorales que no fueron entregados por las
autoridades electorales, motivo por el cual, el tutelante sostiene que las providencias
le hicieron exigencias imposibles de cumplir. El demandante entendió que las
decisiones censuradas de inadmisión y rechazo le requirieron documentos
electorales específicos (los formularios E-3 y E-10), los cuales, a pesar de haber
sido solicitados a las autoridades electorales no fueron entregados.

56. Esta premisa es equivocada y salta a la vista que el auto de inadmisión y el de
rechazo no solicitaron al actor documentos electorales específicos, sino que le
solicitaron, reiterando precedente de la propia Sección Quinta, que superar
argumentaciones generales sobre el censo de la circunscripción territorial, sino que
indicara concretamente qué personas incurrieron en la supuesta trashumancia y en
qué mesas. Información que es posible consultar acudiendo a la información pública
de la organización electoral. Se lee en el auto atacado de 24 de abril de 2026:

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

“En criterio del actor, hubo una inscripción irregular de cédulas de ciudadanía
en los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar (Guaviare),
lo que generó un incremento injustificado de ciudadanos inscritos para votar en
el año 2026 (47.650) respecto del año 2022 (34.543), de acuerdo con los datos
suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para el efecto, se limitó a señalar el porcentaje de aumento de la supuesta
inscripción irregular de ciudadanos para sufragar, en los citados municipios, sin
identificarlos ni precisar la zona, puesto y mesa en donde votaron.

Al respecto, se tiene que, tratándose de la formulación de cargos por causales
objetivas de nulidad electoral, como sucede en este caso, «[e]l demandante
deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las
irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección», según lo establecido
en el artículo 139 del CPACA.

Conforme con la disposición en cita, para la debida estructuración del cargo de
nulidad se requiere precisión de los registros electorales en donde acaecieron
las irregularidades que alteraron el resultado de las votaciones. En ese sentido,
no es admisible hacer simples señalamientos genéricos e indeterminados
acerca de la ocurrencia de anomalías en la votación y los escrutinios.

Es importante indicar que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sección
Quinta, desde tiempo atrás, el medio de control de nulidad electoral no está
concebido para que se descubran, en el trámite procesal, las inconsistencias
que adolece el proceso de votación o de escrutinio, sino para comprobar la
existencia de tales irregularidades:

“(…) la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear
hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que el juez
en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta, así tenga
que realizar una investigación que cubra el proceso electoral realizado en toda o
parte de la respectiva circunscripción electoral. El proceso electoral no se
puede utilizar para descubrir, mediante investigación, hechos irregulares
ocurridos con motivo de determinadas elecciones o nombramientos, sino
para corroborar, comprobar que efectivamente los ya descubiertos,
concretos y determinados por el demandante tuvieron ocurrencia. (Negrillas
fuera de texto)

En esa línea, se concluye que la falta de determinación del cargo no solo
quebranta el derecho de defensa del demandado, sino que, además,
implica que el juez sea quien deba realizar una «búsqueda oficiosa e
interminable de inconsistencias en los documentos electorales, ya que
por más esfuerzos que hiciera la parte demandada, su defensa nunca
podría ser idónea debido a que solamente hasta la sentencia, cuando se
asigne el mérito probatorio a cada medio de prueba, los elegidos por voto
popular tendrían certeza de cuáles son los casos de falsedad»”.

57. Respecto de los formularios E-10 y E-11, el auto censurado le indicó al actor,
que no se trata de aportar copias de los mencionados documentos, sino que la
causal de nulidad invocada por la demanda, le impone “ determinar con precisión
los hechos irregulares que soportan la censura por causales objetivas de nulidad,
pues, se reitera, no le corresponde al juez electoral escudriñar oficiosamente en los
registros electorales las inconsistencias que se alegan, aunado a que tal omisión
vulnera el derecho de defensa del demandado y desconoce el carácter rogado de
la jurisdicción de lo contencioso administrativo”.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

58. Lo que exigió al actor fue “identificar a cada uno de los ciudadanos que, en su
criterio, no residían en el municipio respectivo, con indicación clara y precisa de la
zona, puesto y mesa donde ejercieron el sufragio”.

59. El auto de 5 de junio de 2026, el magistrado sustanciador examinó el documento
de subsanación de la demanda, en la que verificó que el actor reiteró sus mismos
argumentos, “Insistió en que, en los municipios de San José del Guaviare, El
Retorno y Calamar se presentó un incremento del censo electoral del 38%, pasando
de 34.543 a 47.650 ciudadanos, lo cual no se acompasa con las dinámicas
demográficas reales y no está asociado a procesos migratorios identificados;
además, refleja un comportamiento atípico respecto de elecciones anteriores. Esta
situación constituye un indicio objetivo de inscripción irregular de cédulas de
ciudadanía”. En la subsanación indicó que, no le era posible aportar los formularios
E-11 ya que mediante oficio RNEC-S 2026-0050409 la Registraduría Nacional le
informó que esos documentos contienen datos personales de los votantes, por lo
cual, revisten carácter reservado, y en esa medida, sólo pueden ser entregados por
requerimiento de la autoridad judicial.

60. El auto de 5 de junio de 2026, el despacho sustanciador reiteró que, conforme
el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011 contiene un imperativo dirigido a que el
demandante precise en qué etapas o registros electorales se presentan las
irregularidades o vicios que inciden en el acto electoral. Inmediatamente precisó:

“Por otro lado, es importante indicar que en la providencia no se pidieron los
formularios E-11 -acta de instalación y registro general de votantes-, con el
propósito de que estructurar el reproche, pues, la Sección Quinta ha señalado,
en distintas ocasiones, que es conocedora de las restricciones que existen para
la consecución de ese documento, debido a la información de datos sensibles
que registran.

Además, se debe tener en cuenta que la finalidad del documento en referencia
es demostrar que efectivamente el ciudadano depositó el sufragio, circunstancia
que no es propia de esta etapa inicial, sino de una posterior, con miras a la
comprobación de la irregularidad invocada. Por esa razón, no se requiere para
la presentación de la demanda”

61. El auto de inadmisión y el de rechazo fueron precisos en indicar que no se
requerían los formularios mencionados por el tutelante como supuestamente
exigidos, sino precisar el cargo de nulidad, concretado en señalar las personas que
incurrieron en la supuesta trashumancia, señalando la zona, puesto y mesa dónde
ejercieron el derecho. Lo anterior, siguiendo reiterado precedente de la sección
electoral respecto de los requisitos de una demanda electoral invocando la causal
7 de nulidad, conceptualizada como causal objetiva. Los autos explicaron que, el
actor eligió la causal objetiva y en esa medida, fue su decisión asumir las cargas
procesales que impone ese tipo de examen de legalidad, excluyendo que se hayan
requerido documentos electorales concretos como el formulario E-3 o E-10.

62. En el auto de la sala electoral de 25 de junio de 2026, al resolver el recurso de
súplica, se le reiteró por tercera vez al actor que, debía delimitar y precisar los casos
de trashumancia, no simplemente fundamentar la demanda a partir de información
demográfica de los últimos cuatro años. El auto precisó que, conforme el precedente

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

reiterado de la corporación “el medio de control de nulidad electoral no está previsto
para que se descubran, en su curso procesal, las irregularidades de que adolece el
acto electoral demandado, motivo por el cual, los demandantes no pueden
limitarse a plantear hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en
cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de
que el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta,
así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral
realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral”15.

63. El auto indicó que para la corrección de la demanda, el actor pudo haber acudido
“a los documentos cuyo acceso libre al público se encuentran en las páginas
institucionales de las autoridades electorales” y ejemplificó dichos documentos con
el formulario E-3.

64. En sentir de esta sala, dentro del proceso contencioso administrativo se precisó
que la causal elegida por el demandante exigía la concreción de los ciudadanos que
incurrieron en la trashumancia, y exigía superar los argumentos demográficos del
cambio de población del circuito electoral para el último evento electoral. Los autos
atacados fueron precisos en indicar que el actor debía profundizar en su demanda
y plantear un cargo concreto, identificable en las personas que supuestamente
incurrieron en trashumancia, y que, para ello, existe información de público acceso.
En ningún momento el auto admisorio o de rechazo le exigió aportar formularios
electorales específicos, pues las propias providencias indicaron que la corporación
conoce que los documentos electorales, en muchas ocasiones, están sometidas a
reserva.

65. El auto de inadmisión lo que requirió al demandante era la necesidad de
concretar y precisar los fundamentos de la nulidad electoral profundizando y
concretando la censura. Aclarando que, el simple cambio demográfico de los
municipios que integran el circuito electoral de la CITREP 07, carece de alcance
para estructurar la causal de nulidad invocada, concretamente el numeral 7° del
artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior en aplicación de un reiterado
precedente de la Sección Quinta referido a que, el proceso judicial de nulidad por
aquella causal no reviste el alcance para hacer un examen procesal de indagación
y averiguación de la trashumancia, sino de corroboración de esta. Examinada la
demanda de nulidad electoral, esta sala encuentra que, el cargo propuesto por el
tutelante se funda únicamente en el supuesto aumento injustificado de la densidad
demográfica de los municipios que integran el circuito electoral.

66. En esa perspectiva, de manera total, y en punto al examen de procedencia
formal, se verifica que, la acción de tutela se utiliza como una instancia adicional
para cuestionar la corrección de decisiones en las que, se estudiaron los mismos

15 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005, expediente 27001-23-31-

000-2003-00759-01(3204), M.P. Darío Quiñonez Pinilla . Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso
Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 20 de marzo de 2025. MP Gloria María Gómez
Montoya. Radicación: 68001-23-33-000-2023-00875-01 Consejo de Estado. Sección Quinta.
Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Exp: 250002324000201200075-01. M.P: Alberto Yepes
Barreiro. Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 20 de febrero de 2025. Exp: 52001-23-
33-000-2023-00425-01. M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

reparos del actor. En efecto, se utiliza la acción constitucional para reabrir una
discusión procesal que se surtió en tres momentos procesales: la inadmisión, el
rechazo y la súplica, sin evidenciar que la corporación haya incurrido en una
arbitrariedad protuberante que haga imperiosa la intervención del juez
constitucional. Por el contrario, las decisiones cuestionadas aplican reglas
jurisprudenciales reiteradas de la misma Sección Quinta del Consejo de Estado, y
en esa medida, no se vislumbra el más mínimo elemento de arbitrariedad
protuberante que haga procedente la tutela en casos del amparo contra
providencias proferidas por Alta Corte.

67. Adicionalmente, en punto al requisito de relevancia constitucional, como se
indicó, el actor presenta los reparos que fueron examinados y resueltos en las
etapas procesales oportunas y con la suficiente claridad. Se insiste, el auto
inadmisorio y de rechazo y el que resolvió la súplica, en ningún momento le
requirieron documentos electorales precisos, le indicaron que debía concretar los
hechos que fundamentan la nulidad, ello en desarrollo del artículo 139 de la Ley
1437 de 2011. Quiere decir esto que los múltiples reparos del actor se relacionan
con la interpretación de una norma legal, el artículo 139 del CPACA, o una supuesta
carga procesal de imposible cumplimiento, la cual, como ya se indicó no fue exigida
por la autoridad judicial, o el desconocimiento del precedente constitucional, el cual,
como también ya se mencionó, no fue desconocido, sino que por el contrario, las
decisiones atacadas fueron proferidas reiterando pacífica jurisprudencia de la
Sección Quinta de esta corporación.

68. Con el fin de dar respuesta a cada una de las causales específicas de
procedencia invocadas por el actor, se presenta el siguiente cuadro, con los once
reparos propuestos y las razones de su improcedencia.

Defecto invocado Razones concretas por las cuales no satisface la
relevancia constitucional.
i Defecto Las providencias atacadas no confundieron las etapas
procedimental por procesales, ni exigieron medios de prueba concretos al
exceso ritual tutelante. El auto inadmisorio le indicó que debía precisar
manifiesto y su acusación, pero no le indicó que material o formalmente,
confusión entre los debía surtirse la etapa probatoria. Le indicó que, conforme
requisitos de el precedente reiterado de la sección, la nulidad por la
admisibilidad de la causal séptima no es un juicio para indagar por el proceso
demanda y las de expedición del acto, y adicional a ello, se indicó que la
exigencias demanda de nulidad electoral en esa específica causal no
probatorias debe fundarse en hechos genéricos, abstractos si precisión
necesarias para de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. En esa
demostrar las medida, las decisiones cuestionadas no trasladaron la
pretensiones discusión probatoria del juicio de legalidad del acto
electoral, a la etapa de admisión, pero sí exigieron
concretizar la acusación, se insiste, superando la simple
enunciación de un aumento demográfico del censo
electoral de los municipios que integran el circuito electoral
de la CITREP 7.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Por lo anterior, este cargo será declarado improcedente por
carecer de relevancia al plantear una discrepancia de
criterio con la decisión que le fue adversa.
ii Imposición de una Como ya se indicó que, el demandante sostiene que, los
carga procesal autos demandados nunca exigieron una específica
objetiva y exigencia probatoria, requirieron del demandante que
materialmente precisará el cargo de nulidad indicando las condiciones
imposible de cumplir. individuales de cada acto de trashumancia precisando las
violación directa del mesas, los puestos de votación y los votantes. Como lo
debido proceso, del indicó el auto que resolvió el recurso de súplica, ello podría
acceso a la ser satisfecho con información de acceso público. Sin
administración de embargo, se insiste, lo que requirió el magistrado
justicia sustanciador en el auto de 24 de abril fue superar la
generalidad del cargo de nulidad fundado únicamente en el
cambio demográfico del censo electoral.

Por lo anterior, este cargo será declarado improcedente por
carecer de relevancia al plantear una discrepancia de
criterio con la decisión que le fue adversa.
iii Desconocimiento del El cargo carece de relevancia constitucional pues parte de
principio de la carga una premisa equivocada. El auto de inadmisión solicitó
dinámica de la precisar las condiciones fácticas de la trashumancia
prueba, del deber de identificando las personas, los puestos de votación y las
decretar pruebas de mesas en las que se produjo. No le indicó que debía aportar
oficio y del deber de medios de prueba específicos. Además, como ya se indicó,
colaboración entre el auto que resolvió el recurso de súplica le indicó que existe
las autoridades. información de acceso público que permite construir ese
configuración de un cargo de nulidad. Las providencias censuradas le
defecto requirieron al demandante cumplir la exigente carga
procedimental y de argumentativa de la causal invocada por el propio actor, en
una violación directa los términos del reiterado precedente de la corporación,
de la constitución esto como condición de posibilidad de admisión de la
demanda, y posteriormente, si era procedente aplicar la
carga dinámica de la prueba. En el caso concreto los autos
requirieron al actor concretar su acusación de índole legal,
esto pues, no basta una afirmación genérica o global
respecto de la trashumancia, sino que deben indicarse los
votantes, los puestos y las mesas.

Se declara improcedente por carecer de relevancia al
plantear una discrepancia de criterio con la decisión
adversa, más no mostrar un verdadero yerro de validez.
iv Violación del Se trata de un argumento que plantea una discrepancia de
principio pro actione, criterio con la decisión que le fue adversa, pero no precisa
del derecho un defecto de validez. Expresa una crítica a la decisión que
fundamental de rechazó la demanda de nulidad electoral, y afirma que se
acceso efectivo a la creó una barrera de acceso, sin embargo, desde la
administración de perspectiva de la procedencia formal del amparo se verificó
justicia y de la tutela que las decisiones judiciales le reclamaron al actor precisar
judicial efectiva. la el cargo conforme el precedente reiterado de la Sección
providencia Quinta de la corporación, precisando los votante, los
accionada creó una puestos y las mesas, evitando acudir a cargos globales,

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

barrera judicial que generales e imprecisos, como el solo aumento demográfico
hace imposible el de un circuito electoral.
control jurisdiccional
de la trashumancia
electoral
v Defecto sustantivo El cargo de declarar improcedente pues plantea la
por interpretación hermenéutica de una norma de índole legal, sin que
irrazonable y explique de manera concreta, la manera en la que se
desproporcionada transgrede un parámetro constitucional. Plantea una
del artículo 139 del discrepancia de criterio interpretativa de una norma legal.
código de
procedimiento
administrativo y de lo
contencioso
administrativo. la
providencia judicial
creó un requisito de
admisibilidad no
previsto por el
legislador
vi Violación del Se trata de aseveraciones que buscan reabrir un debate
derecho fundamental judicial resuelto por el juez ordinario, y que parte de
de acceso a la premisas fácticamente equivocadas, es decir que, el auto
información pública, de inadmisión solicitó específicos documentos electorales.
de los principios de Se insiste, lo que requirió fue precisar el contenido concreto
buena fe, confianza de la causal de nulidad, superando la afirmación general y
legítima, coherencia global del aumento demográfico. En esa medida, el
de la actuación argumento del escrito de tutela es de aquellos que presenta
estatal y tutela una discrepancia interpretativa o de criterio con la decisión
judicial efectiva. El que fue adversa.
estado no puede
impedir el acceso a
la información y,
simultáneamente,
exigir su aportación
como requisito para
acceder a la justicia
vii Violación directa de El cargo carece de relevancia constitucional pues se limita
los artículos 29, 228 a invocar una norma constitucional, sin precisar una
y 229 de la contradicción objetiva y corroborable entre la providencia
Constitución Política. cuestionada y los mandatos constitucionales. Se trata de un
configuración de una argumento que busca reabrir discusiones resueltas por el
denegación de juez ordinario.
justicia por
imposición de
requisitos no
previstos por el
legislador
viii Desconocimiento del El accionante no identifica una regla de decisión contenida
precedente en un precedente constitucional que resulte directamente
constitucional sobre aplicable a la estructuración de la causal objetiva de nulidad
el acceso efectivo a electoral examinada y que hubiera impuesto a la autoridad

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

la administración de judicial demandada una solución distinta.. Por el contrario,
justicia, el principio existe precedente de la Sección Quinta reiterado y pacífico
pro actione, el de, al menos, los últimos quince años, respecto de la
exceso ritual concreción que exige el cargo de nulidad relacionado con
manifiesto y la la hipótesis de trashumancia electoral. En el escrito de
prevalencia del amparo, el actor mencionó como desconocido el
derecho sustancial. precedente fijado en la Sentencia C-590 de 2005, la cual,
configuración de un entre sus reglas jurisprudenciales reiteradas y constitutivas
defecto por de precedente se refieren a las causales de procedencia de
desconocimiento del tutela contra providencia y el recurso de casación en el
precedente código de procedimiento penal. En esa medida, el supuesto
precedente desconocido no es vinculante para el caso
concreto.

Se declarará improcedente por carecer de relevancia
constitucional al plantear un argumento que utiliza la acción
de tutela como medio para reabrir un debate ya resuelto, y
sin mostrar una arbitrariedad protuberante, en el caso de
una decisión proferida por una alta corte.
ix Desconocimiento del El cargo del escrito de tutela no precisa las razones por las
control de cuales, una norma específica del bloque de
convencionalidad y constitucionalidad/convencionalidad, precise obligaciones
vulneración del concretas en cabeza del Estado colombiano respecto de la
derecho de acceso a admisión o examen de demandas de nulidad electoral. El
la justicia reconocido actor sostiene que las decisiones acusadas vulneran los
en la convención artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre
americana sobre Derechos Humanos. Esa afirmación se fundamenta en el
derechos humanos supuesto de que la decisión de inadmisión y rechazo le
exigieron aportar al proceso unos específicos formularios
electorales, pero como ya se indicó ello no fue exigido. El
requerimiento judicial iba dirigido a precisar y concretar los
fundamentos fácticos de la supuesta trashumancia
indicando los votantes, los puestos y las mesas en las que
se presentó el fenómeno, lo cual, resulta posible
estructurarlo a partir de la información de público acceso
del día de las elecciones.

Se declarará improcedente el amparo por carecer de
relevancia al proponer un argumento que plantea una
discrepancia de criterio con la decisión que le fue adversa.
x Desconocimiento del Este cargo resulta genérico e impreciso. Es cierto que las
carácter circunscripciones especiales para la paz son el resultado
constitucional del acuerdo final de paz suscrito en el año 2016, pero de
especial de las ello no se deducen que debía admitirse la demanda de
circunscripciones nulidad electoral, la cual, se encuentra regulada por las
transitorias normas pertinentes de la ley 1437 de 2011 y la
especiales de paz jurisprudencia construida por la Sección Quinta de la
(citrep) y del deber Corporación. Normalmente, el Consejo de Estado ejerce el
reforzado de control de legalidad de los actos electorales que sean
garantizar el control demandados, siempre, desde una perspectiva de
judicial de su rigurosidad y control de su juridicidad sin que existan
legalidad

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

deberes inferiores o superiores por tratarse de alguna
específica circunscripción electoral.
xi Vulneración del Dicho cargo es genérico, impreciso y se limita a plantear
derecho a la verdad, una discrepancia de criterio con una decisión judicial que
del principio de fue adversa al actor, esto pues no se indicó de manera
legalidad electoral y concreta la manera en la que la decisión vulnera el derecho
del deber a la verdad, el cual está previsto constitucional e
constitucional del internacionalmente, como una garantías de las víctimas de
juez de garantizar el violaciones a los derechos humanos en el contexto de
esclarecimiento de procesos judiciales, y como una garantía de la sociedad en
los hechos el contexto de procesos de transición a conocer la verdad
relevantes para la histórica de lo ocurrido en procesos de dictadura o
democracia conflictos armados16. El actor invoca el derecho a la verdad,
pero de manera concreta no muestra las razones por las
cuales, las providencias lo vulneran o amenazan.

69. Por lo anterior, como ya se indicó se declarará improcedente el amparo por no
satisfacer la carga argumentativa de los reparos dirigidos contra providencias
proferidas por una Corte de cierre, concretamente, el requisito de relevancia
constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la petición de desvinculación presentada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil, por las razones indicadas en la parte motiva de la
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo promovido por las razones
expuestas en la parte motiva de la providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

CUARTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

16Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos
mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), 2005

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05096-00
Accionante: Germán Andrés Pineda Baquero
Accionado: Consejo de Estado-Sección Quinta
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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