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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05099-01

Fecha
1 de octubre de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05099-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de agosto de 2026, mediante la cual la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por la parte actora. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05099-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

1 de octubre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Primero (1. °) de octubre de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05099-01
Accionante: JORGE HERNANDO PEDRAZA VARGAS
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca y declara
improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 6 de agosto de
2026 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Lo anterior, de
conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con
el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025,
así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 6 de julio de 20262, la referida autoridad judicial admitió la acción
constitucional y, mediante providencia del 27 de agosto de 2026 concedió la
impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. El señor Jorge Hernando Pedraza Vargas, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá. Con
la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

2. La vulneración de sus garantías se la adjudica a la sentencia del 27 de
marzo de 2026, mediante el cual el tribunal accionado confirmó lo decidido por el
Juzgado 10 Administrativo de Tunja en providencia del 11 de febrero de 2022
que declaró probada (i) la excepción denominada «legalidad del acto demandado

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que el juez de primera instancia notificó

en calidad de accionado al Tribunal Administrativo de Boyacá. A su vez, ordenó la vinculación del
departamento de Boyacá, del Hospital Universitario San Rafael de Tunja y de la señora Luz Dary
Guerrero.

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Decreto 623 de 27 de diciembre de 2017»; (ii) la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva del Hospital San Rafael de Tunja3; y (iii) negó
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho4.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Se me amparen los derechos fundamentales al, DEBIDO PROCESO,
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y DEMAS QUE APAREZCAN,
conculcados durante el trámite de la presente acción y cualquier otro del mismo
rango que se determine como violado.

2. Se deje sin valor y efecto la sentencia proferida por el por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, dentro del medio de control Nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 15001-33-33-010-2018-00076-01. Magistrado
Ponente Luis Ernesto Arciniegas y se proceda como en derecho corresponda.5

1.2. Hechos

4. El 14 de agosto de 2018, el accionante interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el departamento de Boyacá, con el propósito
de que se declarara la nulidad del Decreto No. 623 de 27 de diciembre de 2017,
mediante el cual el gobernador de Boyacá designó a la señora Luz Dary Guerrero
Moreno en el cargo de asesor de control interno, Código 105, Grado 11, del
Hospital San Rafael de Tunja, para el período comprendido entre el 1 de enero
de 2018 y el 31 de diciembre de 20216 y, a su vez, solicitó la nulidad de los demás
actos que integraron la actuación administrativa que culminó con la expedición
del referido decreto.

5. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado 10
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja que, mediante sentencia del 11 de
febrero de 2022, declaró probada (i) la excepción denominada «legalidad del acto
demandado Decreto 623 de 27 de diciembre de 2017»; (ii) la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva del Hospital San Rafael de Tunja y; (iii)
negó las pretensiones de la demanda.

6. Lo anterior, por cuanto, no logró demostrar la nulidad del acto
administrativo demandado, pues la entidad territorial observó el procedimiento
previsto en la convocatoria para la designación del cargo de asesor de control
interno, lo que garantizaba el principio del mérito. Concluyó que, de conformidad
con las pruebas obrantes en el expediente, la señora Guerrero Moreno cumplía
los requisitos exigidos para ser designada en dicho cargo. Destacó que el
procedimiento adoptado para la designación de los jefes de control interno no
constituía un concurso de méritos, sino una convocatoria sustentada en criterios

3 Por cuanto no intervino en el proceso de designación ni expidió el acto administrativo acusado,

y tampoco era el llamado a soportar las pretensiones de la demanda.
4 Proceso identificado con el radicado 15001-33-33-010-2018-00076-00/01.
5 Transcripción literal que puede contener errores.
6 Lo anterior, en el marco del proceso de selección adelantado por la entidad territorial para la

provisión del referido cargo, en el que participó el accionante.

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objetivos de selección, dentro de la cual subsistía la facultad discrecional de la
administración.

7. Precisó que el acto correspondiente contenía una invitación para
conformar un banco de hojas de vida y no un concurso de méritos y que el
Hospital San Rafael de Tunja carecía de legitimación en la causa por pasiva en
la medida en que no intervino en el proceso, no intervino en el acto administrativo
enjuiciado, ni era el llamado a soportar las pretensiones de la demanda.

8. Inconforme con lo anterior, el accionante interpuso recurso de apelación a
través del cual adujo que la señora Guerrero Moreno no acreditaba la experiencia
ni reunía los requisitos exigidos por la Ley 87 de 1993 y la Ley 1474 de 2011, en
vista de que las certificaciones aportadas para demostrar su experiencia no
satisfacían las exigencias previstas en dichas disposiciones.

9. Mediante sentencia del 27 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo
de Boyacá confirmó lo decidido por el a quo, al evidenciar que la señora Guerrero
Moreno acreditó el requisito mínimo de experiencia profesional previsto en el
parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 para desempeñar el cargo de
jefe o asesor de la oficina de control interno, consistente en 3 años de experiencia
en asuntos relacionados con el control interno.

10. Además porque, del análisis integral de las certificaciones laborales
allegadas al expediente y de las funciones allí descritas, contrastadas con los
criterios funcionales previstos en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y en la
Circular Externa 100-02 de 2011 del Departamento Administrativo de la Función
Pública, se constató que varias de las actividades desarrolladas por la designada
guardaban relación material con la evaluación de procesos institucionales, el
seguimiento a la gestión administrativa, la implementación de sistemas de
calidad, el control de procedimientos organizacionales y el fortalecimiento de los
mecanismos de control interno.

1.3. Sustento de la vulneración

11. La parte actora manifestó que el Tribunal Administrativo de Boyacá al
proferir la sentencia del 27 de marzo de 2026 vulneró sus derechos
fundamentales al haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo y violación
directa de la constitución.

12. En cuanto al defecto fáctico, afirmó que se otorgó un alcance indebido a
las certificaciones laborales aportadas para acreditar la experiencia de la señora
Guerrero Moreno. En particular, cuestionó que se reconociera como presunta
experiencia en control interno la adquirida en cuatro entidades privadas y en
cargos de auxiliar administrativa, pese a que, en su criterio, estas no guardaban
relación con el cargo de asesor de control interno ni con las funciones propias de
las entidades estatales. Añadió que el cargo auxiliar constituía un empleo de

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apoyo y no directivo, por lo que no podía equipararse a la experiencia exigida
para ejercer como jefe o asesor de control interno, empleo que calificó como del
más alto nivel.

13. Igualmente, alegó la configuración de un defecto sustantivo y violación
directa de la Constitución porque el fallo desconoció que el control interno está
previsto para las entidades y organismos públicos, conforme a los artículos 209
y 269 de la Constitución, la Ley 87 de 1993, así como la sentencia C-826 de 2013.
Sobre el particular, sostuvo que la experiencia en empresas privadas que no
ejercen funciones públicas no podía homologarse a la exigida para el cargo en
discusión, por lo que de no haberse tenido en cuenta dicha experiencia, él hubiera
sido la persona llamada a ocuparlo.

1.4. Intervenciones

14. El Tribunal Administrativo de Boyacá calificó de improcedente la acción
de tutela. Precisó que la sentencia cuestionada fue adoptada con fundamento en
la Constitución, la ley, la jurisprudencia aplicable y las pruebas allegadas al
proceso, sin arbitrariedad ni configuración de causal específica de procedencia
de tutela contra providencia judicial.

15. Señaló que, tras valorar integralmente las certificaciones laborales y
contrastar las funciones acreditadas con las actividades previstas en la Ley 87 de
1993 y la Circular Externa 100-02 de 2011, concluyó que la señora Guerrero
Moreno acreditó aproximadamente seis años y dos meses de experiencia
relacionada con control interno, superior al mínimo de tres años previsto en la
Ley 1474 de 2011. En consecuencia, afirmó que no incurrió en una indebida
valoración probatoria o aplicación normativa y que se garantizaron los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

16. El Hospital Universitario San Rafael de Tunja solicitó su desvinculación
del trámite constitucional. Sostuvo que la tutela se dirige contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá y que el accionante no le
atribuyó acción u omisión alguna que hubiera vulnerado sus derechos
fundamentales. En consecuencia, alegó falta de legitimación en la causa por
pasiva, ante la inexistencia de un nexo causal entre la actuación de la ESE y la
vulneración alegada.

1.5. Sentencia de primera instancia

17. Mediante sentencia del 6 de agosto de 2026, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, negó el amparo solicitado al considerar
que no se configuró el defecto fáctico alegado y desvinculó al Hospital
Universitario San Rafael de Tunja.

18. Para ello, explicó que el tribunal accionado definió el alcance del requisito

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de experiencia previsto en el parágrafo 1.º del artículo 8 de la Ley 1474 de 2011
y adoptó un criterio funcional, conforme al cual la experiencia en asuntos de
control interno no requería haber sido adquirida exclusivamente en entidades
públicas ni en dependencias formalmente denominadas de control interno.

19. Igualmente, constató que la autoridad judicial examinó individualmente las
certificaciones laborales, confrontó las funciones acreditadas con las previstas en
el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y descartó las que no evidenciaban relación
suficiente con asuntos de control interno y, concluyó que, aun sin estas, la
persona designada acreditaba aproximadamente seis años y dos meses como
experiencia profesional relacionada, tiempo superior a los tres años exigidos
legalmente.

20. Por último, señaló que el accionante no demostró la omisión de pruebas
determinantes, la alteración de su contenido objetivo ni una valoración
ostensiblemente arbitraria, sino una discrepancia con la interpretación jurídica y
la apreciación probatoria del juez natural.

1.6. Impugnación

21. La parte actora impugnó la anterior decisión al considerar que, aunque el
juez constitucional efectuó un análisis de fondo sobre el control interno de
gestión, no examinó suficientemente la irregularidad que, a su juicio, presentaban
las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia de la señora Luz
Dary Guerrero Moreno. Particularmente, reiteró que, de las seis experiencias
tenidas en cuenta, cuatro correspondían a entidades privadas y solo dos al sector
público, que sumaban aproximadamente dos años y medio de experiencia.

22. Igualmente, cuestionó que se computara la experiencia adquirida en HHS
CAR antes de la obtención del título profesional y la desempeñada en cargos de
auxiliar de calidad y auxiliar administrativa, por no corresponder al nivel
profesional requerido. Reprochó que se homologaran actividades de gestión y
control de calidad desarrolladas en entidades privadas con las funciones de
control interno propias del sector público.

II. CONSIDERACIONES

23. La Sala revocará la decisión del 6 de agosto de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
declarará la improcedencia de la acción de tutela presentada. En ese sentido, se
explicarán las razones por las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera
el requisito general de relevancia constitucional.

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Accionante: Jorge Hernando Pedraza Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05099-01

2.1. Caso concreto

La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales

24. El Consejo de Estado7 y la Corte Constitucional8 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales9 y a la configuración de algún
defecto especial10 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura el defecto invocado, la
Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

25. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

26. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales,
como pasa a explicarse.

27. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).

28. La Sala advierte que el señor Jorge Hernando Pedraza Vargas está
legitimado en la causa por activa, porque conformó la parte demandante en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictó la
providencia que se cuestiona mediante esta vía. A su vez, se evidencia que el
Tribunal Administrativo Boyacá, está legitimado en la causa por pasiva por haber

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de

2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y,
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
8 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;

SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
9 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv)

inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los
hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la
misma naturaleza, una sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública
de inconstitucionalidad o nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida
por la Sección de Apelación del Tribunal Especial para la Paz.
10 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv)

defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento
del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

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proferido la decisión objeto de estudio el presente trámite constitucional.

29. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional11, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

30. Como se expuso previamente, la parte accionante reprocha la decisión del
27 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
mediante la cual confirmó la decisión que negó las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el acto de
designación de la señora Luz Dary Guerrero Moreno como asesora de control
interno del Hospital San Rafael de Tunja.

31. En concreto, sostuvo que dicha autoridad incurrió en los defectos, fáctico,
sustantivo y violación directa de la Constitución, al valorar como experiencia
relacionada con asuntos de control interno las labores desarrolladas por la
designada en entidades privadas y en cargos que, a su juicio, no tenían la entidad
ni las funciones exigidas para acreditar la experiencia exigida en la Ley 1474 de
2011.

32. En su criterio, desconoció las disposiciones constitucionales y legales que
regulan el sistema de control interno en las entidades públicas, al equiparar
funciones desempeñadas en organizaciones privadas con la experiencia
requerida para ejercer el cargo objeto de controversia.

33. Asimismo, insistió en que no examinó suficientemente la irregularidad que
presentaban las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia de la
señora Guerrero Moreno, y que cuatro de ellas correspondían a entidades
privadas, las cuales no guardaban relación con el cargo ni con las funciones
propias del sector público.

34. Precisado lo anterior, la Sala advierte que la controversia propuesta carece
de relevancia constitucional, en la medida en que los argumentos desarrollados
en la solicitud de amparo corresponden, sustancialmente, a los mismos que
fueron expuestos por la parte actora dentro del proceso ordinario y reiterados en
la presente acción constitucional.

11 Sentencia SU-215 de 2022.

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35. En efecto, del análisis de la providencia cuestionada se evidencia que la
autoridad judicial accionada se pronunció expresamente sobre las circunstancias
que ahora se presentan como fundamento de la acción de tutela.

36. Así, se advierte que efectuó un análisis de las certificaciones laborales
obrantes en el expediente y contrastó las funciones allí acreditadas con los
criterios funcionales previstos en la Ley 87 de 1993 y en la Circular Externa 100-
02 de 2011 del Departamento Administrativo de la Función Pública.

37. Con fundamento en lo anterior, concluyó que varias de las actividades
desarrolladas por la señora Guerrero Moreno guardaban relación material con
asuntos de control interno y que, por ende, resultaban idóneas para acreditar el
requisito de experiencia profesional relacionado exigido por el ordenamiento
jurídico.

38. En efecto, los cuestionamientos formulados en esta sede no evidencian
una problemática autónoma de carácter constitucional, sino una manifiesta
inconformidad con las conclusiones jurídicas y probatorias a las que arribó el juez
ordinario, pues insiste en que las certificaciones laborales debieron recibir una
valoración distinta y que la experiencia acreditada por la persona designada no
podía ser tenida en cuenta para efectos del cumplimiento de los requisitos del
cargo.

39. Nótese que en la impugnación la parte actora insiste en sostener que
cuatro de las experiencias valoradas corresponden al sector privado, que
determinadas actividades no debían ser computadas y que algunas labores
fueron desarrolladas antes de la obtención del título profesional. Sin embargo,
tales cuestionamientos corresponden precisamente a los argumentos que fueron
planteados y resueltos por el juez natural dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

40. En consecuencia, la solicitud de amparo no se encamina a evidenciar una
vulneración iusfundamental diferente de la controversia ordinaria, sino a obtener
una nueva valoración de los hechos, las pruebas y los argumentos ya
examinados por la autoridad judicial competente.

41. En esa medida, la Sala encuentra que la acción de tutela fue utilizada
como una instancia adicional para replantear asuntos que ya fueron ampliamente
debatidos y resueltos por el juez natural de la causa, a través de la cual el
accionante busca reabrir la discusión e imponer su propia valoración probatoria
y su entendimiento sobre el alcance del requisito de experiencia profesional
previsto en la Ley 1474 de 2011.

42. Por consiguiente, admitir el estudio de fondo de tales cuestionamientos
implicaría desnaturalizar este mecanismo constitucional y convertirlo en una

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tercera instancia destinada a revisar el acierto de las decisiones adoptadas por
los jueces ordinarios en el marco de su autonomía e independencia judicial.

43. Por ende, la Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó el
amparo, y, en su lugar, declarará la improcedencia del mecanismo constitucional
de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 6 de agosto de 2026, mediante la cual la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo
solicitado. En su lugar, DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela
interpuesta por la parte actora.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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