Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05103-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05103-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05103-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05103-00
Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo /
Liquidación bombero / Defecto fáctico y sustantivo
Decisión: Niega el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Danny Alberto Peñaloza Sánchez en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Danny Alberto Peñaloza Sánchez promovió solicitud de tutela con el fin de
que se ampararan sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y al acceso a la administración de justicia, con ocasión de del auto proferido
el 31 de julio de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
en el proceso ejecutivo identificado con el radicado 25000-23-42-000-2020-01037-
01.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. El demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra del Distrito Capital de
Bogotá – Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Bomberos de Bogotá, con el fin
de que declarara la nulidad de los actos administrativos con los que se le negó el
reconocimiento y pago de las horas extra, reliquidación de cesantías y reajuste del
recargo nocturno y el trabajo en dominicales y festivos.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia le correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que, en sentencia del 4 de julio de 2013 negó las
pretensiones de la demanda. Decisión contra la cual interpuso recurso de apelación
la parte demandante por lo que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en providencia del 19 de febrero de 2015 revocó lo resuelto para, en
su lugar:
«[…] DECLARASE la nulidad de los actos demandados, en cuanto negó el
reconocimiento y pago de las horas extras, re liquidación de las cesantías y el reajuste
del recargo nocturno y el trabajo en dominicales y festivos.
ORDENASE a la entidad demandada que a título de restablecimiento del derecho
reconozca y pague al señor DANNY ALBERTO PEÑALOZA SANCHEZ identificado con
la cedula de ciudanía No 79.716.401, los siguientes derechos laborales:
a) El valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, desde el 21 de
junio de 2008, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, acorde
con la prueba documental allegada al proceso, liquidadas con base en el factor hora que
resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número de horas mensuales
sobre el número de horas mensuales de jornada ordinaria laboral (190).
b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos laborados por
la parte actora desde el 21 de junio de 2008, empleando para el cálculo de los mismos
el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no
240 y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el
Distrito y lo que debió pagarse por tales conceptos como resultado del reajuste.
c) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del 21 de
junio de 2008 con el valor que surja por concepto de las horas extras cuyo
reconocimiento se ordena.
d) No se reconocen los descansos compensatorios, por encontrarse debidamente
acreditado su pago y disfrute conforme a las pruebas allegadas al proceso y tampoco la
reliquidación de la prima de servicios, vacaciones y navidad, por cuanto el trabajo
suplementario no constituye factor salarial para su liquidación. […]». (sic)
2.3. Con posterioridad, presentó demanda ejecutiva contra la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de lograr
el cumplimiento de la referida decisión judicial, de manera que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en auto del 26 de julio de 2021 libró mandamiento
ejecutivo modulado a favor del Danny Alberto Peñaloza Sánchez y contra la
mencionada entidad ejecutada, por concepto de «una suma resultante ascendiente a
cincuenta y nueve millones novecientos tres mil quinientos ochenta y tres pesos con setenta
y siete centavos ($59’903.583,77) MLC», como fundamento de la decisión tuvo en
cuenta el concepto técnico realizado por la auxiliar contable del Tribunal en el que
se efectuó la liquidación.
2.4. La parte ejecutante interpuso recurso de apelación en el que argumentó que
se omitió de manera injustificada el reconocimiento del tiempo trabajado por el
ejecutante entre septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2019, a pesar de las
pruebas existentes para tal periodo, además de que se desconoció la realidad del
periodo reclamado en la demanda, en particular las horas laboradas mes a mes por
el ejecutante junto con los respectivos recargos del 35%, 200% y 235%, se dividió
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Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
la asignación básica mensual en 240 horas, cuando la jornada máxima legal
corresponde a 190 horas mensuales y omitió incluir las 50 horas extras diurnas
ordenadas en la sentencia ejecutada.
2.5. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 31 de
julio de 2025 modificó el numeral primero del auto emitido el 26 de julio de 2021 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de adicionar que el
ejecutante tiene derecho a los intereses moratorios que se causaran desde la
ejecutoria de la sentencia constitutiva del título ejecutivo hasta que la entidad
ejecutada cumpliera la obligación en su totalidad, por su parte confirmó en todo lo
demás al considerar que los argumentos del recurso de alzada no tenían vocación
de prosperidad2.
2.6. Se vulneraron sus derechos fundamentales al incurrir en defectos fáctico y
sustantivo, como se explica a continuación:
2.6.1. Defecto fáctico: Se efectuó una valoración probatoria incompleta y errónea,
pues ignoró documentos que demostraban un mayor número de horas laboradas y
períodos no liquidados, reduciendo indebidamente el valor de la condena
reconocida en su favor. Esto debido a que: i) se reconocieron menos horas con
recargo de las realmente laboradas; ii) no se tuvo en cuenta el periodo comprendido
entre septiembre de 2015 y enero de 201.9
2.6.2. Defecto sustantivo: Se interpretaron de manera errada las normas laborales
y las órdenes contenidas en la sentencia de recaudo, lo que produjo una liquidación
inferior a la realmente debida y condujo a la negación de valores que habían sido
judicialmente reconocidos. Lo anterior, por cuanto; i) se desconoció que el divisor
correcto era 190 horas mensuales; ii) se permitió una liquidación basada en criterios
incompatibles con lo ordenado en la sentencia ejecutada; iii) se descontaron
recargos ya pagados de manera que terminó reduciéndose injustificadamente el
crédito reconocido; y iv) se negó el reconocimiento de intereses moratorios pese a
existir diferencias pendientes de pago.
1.1.1. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] SEGUNDA: Que el Honorable Consejo de Estado, ampare al señor DANNY
ALBERTO PENALOZA SANCHEZ, los derechos Constitucionales Fundamentales:
DERECHO A LA IGUALDAD, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, y el derecho al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y disponga DEJAR SIN EFECTOS las
decisiones adoptadas por la SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN "A", DEL H.
CONSEJO DE ESTADO, con la expedición de las providencias proferidas por esta
instancia judicial, el 31 de julio de 2025, notificada electrónicamente el 18 de septiembre
de 2025, mediante la cual la accionada confirmó la providencia del 26 de julio de 2021,
2 El ejecutante presentó solicitud de aclaración que fue resuelta por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en auto del 26 de febrero de 2026 de manera desfavorable por considerar
que sus argumentos estaban dirigidos a que se reconsiderara la postura tomada en la providencia
cuya modificación requería.
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Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
proferida por la Subsección B del H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y
finalmente al proferir la providencia que no accedió a la solicitud de adición, aclaración y
corrección, del 26 de febrero de 2026 notificada el 10 de marzo de 2026, por la cual no
se accedió a la solicitud de adición, aclaración y corrección de la providencia proferida
el 31 de julio de 2025; solicitadas por la parte ejecutante, dentro del proceso ejecutivo
con Radicación 25000 23 42000 2020 01037 01;
TERCERO: Que el Honorable Consejo de Estado, con base en lo anterior, ordene a la
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”, DEL H. CONSEJO DE ESTADO, profiera
una nueva providencia, mediante la cual se revoquen las providencias proferidas el 31
de julio de 2025 y 26 de febrero de 2026, y se profiera nueva providencia que de alcance
real a los puntos contenidos en la sentencia de recaudo de segunda instancia, respecto
a la totalidad del tiempo laborado por el actor desde el 21 de junio de 2008 hasta el 31
de enero de 2019 en tumos de 24 horas, toda vez que se liquidó hasta agosto de 2015,
donde la contadora del H. Tribunal para emitir su concepto acogido por el H. Tribunal
tuvo en cuenta únicamente las tablas de liquidación de la entidad ejecutada, en las
cuales se desconoce la reliquidación de los recargos ordinarios nocturnos del 35%,
recargos festivos diurnos del 200% y recargos festivos nocturnos del 235%, laborados
después de las primeras 190 horas laboradas cada mes, o sea que se desconoce el 50%
de las horas laboradas con recargos, toda vez que se reconocen en promedio 76 horas
de recargos del 35% cuando normalmente el actor laboraba 144 a 155 horas de dichos
recargos nocturnos ordinarios, desconociendo en dicha liquidación la sentencia de
unificación jurisprudencial expediente 25000 23 25000 2010 00 725 01, de fecha 12 de
febrero de 2015, donde se deja en claro que se deben reliquidar la totalidad de recargos
laborados por el demandante sobre el factor 190 horas mensuales, así como tampoco
se tiene en cuenta en la liquidación el periodo laborado por concepto de horas extras y
recargos del 35% 200% y 235% y reliquidación de cesantías, desde septiembre de 2015
al 31 de enero de 2019 sin tener en consideración que el actor continuo laborando el
mismo sistema de tumos de 24 y percibiendo solamente recargos liquidados y pagados
dividiendo la asignación básica mensual en 240 horas cuando la jornada máxima legal
reconocida en el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 es de 190 horas mensuales
para todos los empleados públicos nacionales o territoriales, así como la respectiva
liquidación de los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia
hasta el pago total de la obligación. acorde con la sentencia de recaudo de segunda
instancia proferida por el H. Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A del 19
de febrero de 2015; en reconocimiento de los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, del accionante dentro de la
presente demanda de tutela, dando alcance real a los artículos 33, 35, 36 y 39 del
Decreto Ley 1042 de 1978. […]». (sic)
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A3 solicitó que se
declarara improcedente el amparo o, en subsidio, se negara, en tanto no se vulneró
derecho fundamental alguno por falta de subsidiariedad por lo cual sostuvo que las
decisiones atacadas fueron adoptadas tras un análisis detallado de los reparos
planteados en la apelación y conforme a las normas aplicables; así, no se configuró
ninguna causal específica de procedencia de la tutela, lo que se pretendía era
reabrir una discusión ya resuelta por el juez natural y convertir este mecanismo de
protección constitucional en una instancia adicional.
5. El Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá4 pidió que se declarara la
improcedencia de la solicitud de tutela y su desvinculación del trámite por
3 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 11 del Samai.
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configurarse la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de
vulneración de derechos fundamentales atribuible esa entidad. Como fundamento,
expuso que la tutela estaba dirigida a controvertir decisiones judiciales adoptadas
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro de un proceso
ejecutivo relacionado con el reconocimiento y liquidación de horas extras y recargos,
respecto de las cuales la entidad no tenía competencia, participación ni facultad
alguna para modificarlas o ejecutarlas.
6. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de
Bogotá5 solicitó que se declarara improcedente la tutela y se negaran las
pretensiones al considerar que el demandante contaba con mecanismos judiciales
ordinarios y extraordinarios idóneos para controvertir las decisiones cuestionadas y
que se pretendía reabrir un debate ya resuelto dentro del proceso ejecutivo.
6.1. Como sustento de su requerimiento sostuvo que las providencias expedidas
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A fueron adoptadas con pleno respeto del debido proceso,
tras un análisis integral de las normas aplicables, las pruebas obrantes y los
argumentos de las partes, sin que se configurara defecto alguno o vulneración de
derechos fundamentales; además, señaló que el demandante no agotó todos los
mecanismos de defensa disponibles, no acreditó un perjuicio irremediable ni una
condición de especial protección constitucional y buscaba utilizar la tutela como una
instancia adicional para controvertir decisiones judiciales ejecutoriadas.
7. Los demás terceros interesados guardaron silencio.
2. Consideraciones
8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.
2.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 1.º del
Decreto 333 del 6 de abril de 20216, y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 20197, esta
Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
5 Archivo obrante en el índice 12 del Samai.
6 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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2.2. Cuestión previa
2.2.1. Legitimación en la causa por pasiva
10. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:
«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».
11. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente8:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental9. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”10, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”11 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales
(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».
12. Ahora bien, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación
directa entre lo pretendido y las acciones que pueda desplegar para su
cumplimiento.
13. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, debido a la solicitud realizada por el demandante, y
8 Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
9 Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
10 Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
11 Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.
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en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
14. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».
15. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
16. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado14 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
17. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
18. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos16, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales17.
19. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
20. La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A vulneró los derechos fundamentales de Danny Alberto Peñaloza
Sánchez con ocasión del auto del 31 de julio de 2025 con el cual se modificó el
numeral primero del auto emitido el 26 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el sentido de adicionar que el ejecutante tiene derecho a los
intereses moratorios que se causaran desde la ejecutoria de la sentencia
constitutiva del título ejecutivo hasta que la entidad ejecutada cumpliera la
obligación en su totalidad, por su parte confirmó el mandamiento de pago librado,
incurriendo, presuntamente, en defectos fáctico y sustantivo?
2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
21. En cuanto al requisito de inmediatez, esta Sala de decisión debe precisar
que, si bien es cierto el auto cuestionado fue proferido el 31 de julio de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se puede desconocer que
el demandante presentó oportunamente solicitud de corrección, adición y aclaración
con el convencimiento de que aquella era procedente para cuestionar algunos
asuntos sobre los que consideró se pronunció de manera errada o faltó
pronunciamiento por parte del ad quem, aunque dicho recurso no prosperó, su
interposición no se advierte abiertamente injustificada ni encaminada a revivir el
término para acudir al juez de tutela, máxime cuando debía promoverse dentro del
término de ejecutoria de la providencia recurrida.
16 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
17 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.
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22. Además, para la Sala, no resulta razonable atribuir al demandante el tiempo
que tardó la autoridad judicial en resolver la solicitud de corrección, aclaración o
adición presentada por la parte demandante, pues esta fue interpuesta
oportunamente y solo fue decidida por el Consejo de Estado, sección segunda,
Subsección A, mediante providencia del 26 de febrero de 2026, después de
transcurridos cerca de siete meses desde la providencia recurrida, así, durante ese
periodo no existió una inactividad imputable a la parte actora que permita concluir
que abandonó la defensa de sus derechos.
23. Esta conclusión cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que,
tratándose de tutela contra providencias judiciales, el agotamiento de los
mecanismos ordinarios y extraordinarios disponibles constituye uno de los
presupuestos de subsidiariedad, por consiguiente, no resultaría coherente exigir al
interesado acudir a esos recursos y, una vez agotados, considerar que el tiempo
empleado por la jurisdicción para resolverlos determina el incumplimiento de la
inmediatez respecto de la providencia inicialmente cuestionada, pues ello
conduciría a impedir el acceso al amparo tanto si el interesado acude directamente
a la tutela como si previamente agota los mecanismos ordinarios o extraordinarios
de defensa.
24. En esa línea argumentativa, como la solicitud de corrección, aclaración o
adición fue promovida oportunamente, guardaba relación directa con los
cuestionamientos formulados contra el auto del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, y la demora en su resolución no fue atribuible a la parte
demandante, la Sala encuentra satisfecho el requisito de inmediatez respecto de la
providencia del 31 de julio de 2025.
25. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud
de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.4.2. Del defecto fáctico
26. La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»18, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente»19. La segunda, se acredita
cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque,
por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»20.
27. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas
que adelanta el juez natural, sólo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía
de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
18 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP Antonio Barrera Carbonell
19 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
20 Sentencia T-538 de 1994.
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vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.4.3. Del defecto sustantivo
28. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez
adopta una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en
una norma evidentemente inaplicable al caso concreto21. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta22, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
29. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.
30. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales23.
2.4.4. Sobre el caso concreto
31. Danny Alberto Peñaloza Sánchez acudió al juez de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos el auto del 31 de julio de 2025 con el cual se modificó el numeral primero
del auto que libró mandamiento de pago emitido el 26 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en el sentido de adicionar que el ejecutante tiene
derecho a los intereses moratorios que se causaran desde la ejecutoria de la
sentencia constitutiva del título ejecutivo hasta que la entidad ejecutada cumpliera
la obligación en su totalidad.
32. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en los defectos
fáctico y sustantivo, con sustento en los siguientes argumentos que guardan
21 Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
22 Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018.
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relación con los expuestos en el recurso de apelación que presentara en el proceso
ejecutivo, a saber:
32.1. La modulación de las pretensiones se basó en una tabla de liquidación que
no fue transcrita en su totalidad, sino únicamente en su encabezado y nota final.
Además, la profesional del área contable solo tuvo en cuenta la liquidación
presentada por la parte ejecutada, sin examinar detalladamente la elaborada por la
parte actora ni los desprendibles de pago que la respaldaban.
32.2. La liquidación contenida en el mandamiento de pago desconoce la realidad
del periodo reclamado en la demanda, en particular las horas laboradas mes a mes
por el ejecutante junto con los respectivos recargos del 35%, 200% y 235%.
Además, se efectuó un cálculo incompleto, al dividir la asignación básica mensual
en 240 horas, cuando la jornada máxima legal corresponde a 190 horas mensuales.
Y omitió incluir las 50 horas extras diurnas ordenadas en la sentencia ejecutoriada,
pese a que el ejecutante laboraba en promedio 360 horas mensuales, distribuidas
en 15 turnos de 24 horas cada uno.
32.3. No se ofició a la entidad demandada para que aportara la certificación de las
horas laboradas mensualmente por el ejecutante entre junio de 2008 y el 31 de
enero de 2019.
32.4. Se omitió el reconocimiento del tiempo trabajado por el ejecutante entre
septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2019 a pesar de las pruebas existentes
para dicho periodo, pues solo se tuvo como tiempo laborado solo el comprendido
entre junio de 2008 y agosto de 2015.
32.5. Al descender al caso en concreto, se observa que el demandante presentó
demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia proferida
el 19 de febrero de 2015 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, de manera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto del 26 de
julio de 2021 libró mandamiento ejecutivo modulado a favor del Danny Alberto
Peñaloza Sánchez y contra la mencionada entidad ejecutada, por concepto de «una
suma resultante ascendiente a cincuenta y nueve millones novecientos tres mil quinientos
ochenta y tres pesos con setenta y siete centavos ($59’903.583,77) MLC». Como
fundamento de la decisión, tuvo en cuenta el concepto técnico realizado por la
auxiliar contable del tribunal en el que se efectuó la liquidación. Decisión contra la
cual la parte ejecutante interpuso recurso de apelación.
33. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 31 de julio
de 2025 modificó el numeral primero del auto emitido el 26 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de adicionar que el
ejecutante tiene derecho a los intereses moratorios que se causaran desde la
ejecutoria de la sentencia constitutiva del título ejecutivo hasta que la entidad
ejecutada cumpliera la obligación en su totalidad; y, confirmó en todo lo demás el
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auto apelado al considerar que los argumentos del recurso de alzada no tenían
vocación de prosperidad, para lo cual consideró:
«[…] 46. Por último, se expone en el recurso que el tribunal no incluyó en la parte
resolutiva el reconocimiento de los intereses moratorios causados, a pesar de que en la
parte considerativa si analizó su concesión.
47. Sobre este punto, se observa que, en efecto, el a quo al desarrollar en la providencia
apelada los montos sobre los cuales se libraría el mandamiento de pago se refirió al
reconocimiento de los intereses moratorios en los siguientes términos:
«(…) En ese sentido, se observa del expediente que la ejecutoria de la sentencia fue el
4 de agosto de 2015 y si bien el acto administrativo se dio el 1º de septiembre de 2015
a discreción de la administración, la reclamación de cumplimiento fue elevada el 15 de
diciembre de 2015. En ese sentido, y como se observa del título de recaudo en primera
instancia, el proceso se manejó bajo la égida del Decreto 01 de 1984 del cual el artículo
177, en sus incisos 5º y 6º, dispuso:
“(…) Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán intereses
comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y moratorios
después de este término. Texto Subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-188 de 1999. Inciso 6º Cumplidos seis meses
desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la
que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad
responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el
efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando
se presentare la solicitud en legal forma. (…)” (Énfasis del texto).
De lo anterior, se evidencia que las sentencias una vez ejecutoriadas generan
intereses, además, si el interesado no acude antes de los seis meses, una vez
ejecutoriada, ante la entidad para su cumplimiento, cesará la causación de los
mismos, empero, como se evidencia del acto administrativo que dio cumplimiento a
las providencias, el ejecutante cumplió con aquella carga en tiempo; en consecuencia,
no cesó la causación de los intereses dispuesto en la norma en cita (…) Negrilla de
la Sala.
48. Como se aprecia en la parte subrayada por la Sala, el a quo se refirió expresamente
al reconocimiento de los intereses moratorios causados sobre el título ejecutivo,
precisando que su causación inició desde la ejecutoria de la sentencia y no cesó en
ningún momento, dado que la solicitud fue presentada por el demandante dentro de los
seis meses siguientes a dicha ejecutoria, conforme lo establece el artículo 177 del CCA.
No obstante, en la parte resolutiva de la providencia omitió pronunciarse al respecto.
49. La Sala concuerda con el criterio de la autoridad de primera instancia, en cuanto a
que el demandante tiene derecho al pago de los intereses moratorios causados desde
la ejecutoria de la sentencia hasta que la entidad cumpla totalmente con la obligación.
Ello, por cuanto el título ejecutivo quedó ejecutoriado el 4 de agosto de 2015, y la solicitud
de cumplimiento fue presentada el 15 de diciembre del mismo año, es decir, dentro del
plazo de seis meses previsto legalmente.
50. Además, aunque en la parte resolutiva de la sentencia constitutiva del título no se
detalló que el demandante tenía derecho al reconocimiento de los intereses moratorios,
esta corporación en decisiones precedentes ya se ha pronunciado al respecto, indicando
que conforme lo preceptuado en el artículo 177 del CCA y el artículo 16 de la Ley 446
de 1998, los intereses moratorios deben reconocerse así no se hayan dispuesto en la
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sentencia, pues operan de pleno derecho y por ministerio de la ley. Así, por ejemplo, se
cita sobre el particular el siguiente apartado24:
«Finalmente, es de señalar que en numerosas ocasiones, la Sección Segunda a través
de sus subsecciones ha señalado que25 «[…] en aplicación del artículo 177 del C.C.A.
y del artículo 16 de la ley 446 de 1998 se impone que se deban intereses moratorios a
partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, así no se haya dispuesto
explícitamente en el texto de la sentencia , pues “operan de pleno derecho y el deber
de indemnizar lo impone la ley”19; una conclusión contraria sería en perjuicio del
accionante, quien vería deteriorado el poder adquisitivo de su dinero.»
51. En ese sentido, habrá de modificarse el numeral primero de la parte resolutiva de la
providencia de primera instancia, en el sentido de adicionar que el ejecutante tiene
derecho a los intereses moratorios que se causen desde la ejecutoria de la sentencia
constitutiva del título ejecutivo hasta que la entidad ejecutada cumpla totalmente con la
obligación. […]». (sic)
34. Ahora bien, en cuanto a los argumentos en los que la parte demandante
sustenta el reclamo formulado, se evidencia que Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, se pronunció como a continuación se observa.
35. En principio, sostuvo que la modulación de las pretensiones se basó en una
tabla de liquidación que no fue transcrita en su totalidad, además de que la
profesional del área contable solo tuvo en cuenta la presentada por la parte
ejecutada; no obstante, la corporación judicial demandada sostuvo que: «[…] no
constituyen razones suficientes para evidenciar error alguno en el auto recurrido. Ello, dado
que el tribunal precisó de manera clara que la liquidación que fundamentó la decisión se
encontraba en el expediente, por lo que el actor tenía la posibilidad de efectuar los análisis
aritméticos que sustentaran los reproches, los cuales, en cambio, fueron planteados de
forma escueta y sin respaldo probatorio en el recurso […]».(sic), consideraciones que
resultan razonables, máxime si se tiene en cuenta que el ejecutante tuvo la
oportunidad de desarrollar y profundizar en tal reproche para sustentarlo de manera
suficiente.
36. En cuanto a que se liquidaron de manera incompleta las horas laboradas al
dividir la asignación básica mensual en 240 horas, cuando la jornada máxima legal
corresponde a 190 horas mensuales, la autoridad judicial demandada precisó: «[…]
Sobre este punto, basta indicar que el apelante yerra al afirmar lo anterior, pues claramente
se observa en la liquidación realizada por la profesional contable del tribunal —a folio 147
y siguientes del expediente físico— que se realizaron los cálculos con base en la jornada
máxima legal de 190 horas y no con 240 horas como se afirma en el recurso. […]».(sic),
apreciación frente a la cual es pertinente aclarar que el juez de tutela no tiene
competencia para realizar una nueva valoración aritmética, máxime cuando la
afirmación efectuada en la providencia cuestionada se corrobora con el material
probatorio aportado.
24 Sentencia de la Subsección A, de 23 de octubre de 2023, proceso radicado 25000-23-25-000-
2016-00008-01 (4067-2019), con ponencia del consejero doctor Gabriel Valbuena Hernández.
25 Sentencia de la Subsección B, de 28 de junio de 2018, proceso radicado No. 25000-23-42-000-
2014-03440-01 (4313-2017), con ponencia de la Consejera doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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37. Asimismo, el demandante señaló que la liquidación omitió el reconocimiento
de las 50 horas extras diurnas ordenadas en el título ejecutivo, pese a que laboraba
en promedio 360 horas mensuales distribuidas en 15 turnos de 24 horas, frente a lo
cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, explicó: «[…] 39. Sobre
este punto, debe precisarse que, si bien en la sentencia constitutiva del recaudo se ordenó
el reconocimiento de 50 horas extras diurnas mensuales — con fundamento en los artículos
36 a 38 del Decreto 1042 de 1978—, el ejecutante alega que la liquidación fue incompleta,
ya que no se incluyeron las 360 horas mensuales que, según afirma, laboraba en promedio
en 15 turnos de 24 horas. Es decir, sostiene que no se tuvieron en cuenta la totalidad de
las horas efectivamente trabajadas. […] 40. En ese sentido, para la Sala, no le asiste razón
al apelante al considerar que la sentencia constitutiva del título ordenó el pago de la
totalidad del tiempo laborado. Por el contrario, en dicha providencia se estableció de manera
clara que solo procede el reconocimiento en dinero de hasta 50 horas extras mensuales, y
que el tiempo adicional debe compensarse con un día de descanso por cada ocho horas
extras trabajadas. Además, la sentencia precisó que se demostró que, conforme a los
turnos desarrollados por el demandante, dicho tiempo fue efectivamente compensado
mediante el sistema de turnos26. En consecuencia, este cargo del recurso tampoco
prospera, pues el actor pretende el reconocimiento de estipendios que no fueron
reconocidos en el título. […]».(sic).
38. En este punto, la Sala recuerda lo resuelto en un asunto de contornos
similares, al decidir una segunda instancia en un proceso ejecutivo, así27:
«[…] 22. Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aborda el cálculo del capital en relación con las horas extras diurnas, los
recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos, con lo cual dio cumplimiento
al título ejecutivo. En efecto, el a quo estableció los siguientes valores:
[…]
22.3. Para determinar el valor hora de trabajo dominical y festivo, se calculó por el 100%
[porcentaje establecido en el artículo 39 ejusdem11] de recargo de cada hora laborada
en una jornada ordinaria laboral de 190 horas mensuales. Como ocurre en el recargo
nocturno, sin incluir el valor hora de la asignación básica.
26 En detalle, la sentencia constitutiva del título sobre el particular dijo lo siguiente: «(…) se desprende
que trabajó en una jornada de 24 horas de labor por 24 horas de descanso (24 x 24), que incluye
horas diurnas y nocturnas, alternando en una semana 4 días de trabajo y 3 de descanso y en la
siguiente, 3 días de la labor y 4 de descanso, por lo que en una semana laboraba 72 horas y en la
otra 96, lo que arroja un promedio de 360 horas laboradas en el mes, superando de esta forma la
jornada ordinaria legal de 44 horas semanales que equivalen a 190 horas mensuales.
De lo anterior se tiene que si […] trabajó 360 horas mensuales por el sistema de turnos (24x24) y si
la jornada ordinaria es de 190 horas mensuales, entonces […] laboró 170 horas adicionales a la
jornada ordinaria, es decir, tiempo extra, de las cuales sólo se pueden pagar en dinero 50 horas
extras al mes, de conformidad con los límites establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de
1978, modificado por el artículo 13 del Decreto-Ley 10 de 1989.
Bajo tal entendimiento, como en el presente caso […] laboró 170 horas extras, de las que sólo se
pueden pagar en dinero 50 horas extras y las que superen dicho tope se pagarán con tiempo
compensatorio, se deduce que […] tenía derecho a que le fueran compensadas 120 horas extras al
mes, a razón de un (1) día de descanso por cada 8 horas extras de trabajo, es decir, 15 días de
descanso.
Ahora bien, como se demostró que […] en atención a los turnos desarrollados, disfrutaba de 15 días
de descanso al mes, concluye la Sala que el tiempo extra que superó el tope legalmente permitido,
fue debidamente compensado […] por la entidad demandada, con los 15 días de descanso que
disfrutaba mensualmente. […]
27 Providencia del 31 de octubre de 2024, proceso ejecutivo rad. 25000-23-42-000-2022-00058-01
(1038-2023). CP: Juan Enrique Bedoya Escobar.
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23. Y si bien frente a estos dos últimos ítems, es decir, el recargo nocturno y el trabajo
en dominicales y festivos, la sentencia que sirve de título ejecutivo en la parte resolutiva
solo ordenó «[r]eajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos
laborados por el actor desde el 28 de mayo de 2007, hasta cuando se dé cumplimiento
a la presente sentencia, empleando para el cálculo de los mismos el factor de 190 horas
mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y no 240, y pagar las
diferencias que resulten a favor del demandante, entre lo pagado por el Distrito y lo que
debió pagarse por tales conceptos como resultado del reajuste». . Es del caso, reiterar
que en la parte considerativa el tribunal hizo alusión a los porcentajes que corresponden
a para su pago, en los siguientes términos:
«[los recargos nocturnos que «el artículo 35 del Decreto 1042 de 1978, estipula un
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre la asignación mensual para los
empleados que trabajan ordinariamente en la jornada nocturna […] de los dominicales y
festivos que el «el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 dispone ´sin perjuicio de lo que
dispongan normas especiales respecto de quienes presten servicio por el sistema de
turnos, los empleados públicos que en razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar
habitual y permanentemente los días dominicales a festivos, tendrán derecho a una
remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o
festivo laborado […]».
24. Ahora bien, no se desconoce que en el proceso ejecutivo se aportaron desprendibles
de pago que dan cuenta de que la entidad ejecutada efectuó pagos a Camilo Antonio
Velásquez Matallana bajo la denominación «recargos nocturnos 35%, recargos festivos
diurnos 200%, recargos festivos nocturnos 235%, horas extras 175%, horas extras 225%
y horas extras 275%» sobre la base de una jornada laboral de 240 horas mensuales. No
obstante, como se dijo anteriormente, al realizar una lectura integral de la sentencia
recaudo, se advierte con claridad que esta dispuso que la reliquidación de las horas
extras diurnas, los recargos nocturnos y el trabajo en días dominicales y festivos debía
efectuarse con base en los porcentajes establecidos en el Decreto 1042 de 1978, y
tomando como referencia una jornada ordinaria de 190 horas mensuales, y no de 240
horas.
25. Y es que el perjuicio en la liquidación de los emolumentos mencionados radicaba,
precisamente, en el número de horas que constituían la jornada ordinaria laboral, la cual
tenía un máximo mensual de 190 horas para el personal de guardianes de la Cárcel
Distrital. Al no contar con una regulación especial, les resultaba aplicable el Decreto 1042
de 1978, siendo sus labores comparables a las del personal bomberil, como se expuso
anteriormente. Así lo puso de presente la providencia de unificación del 12 de febrero de
2015 radicado 25000-23-25000- 2010-00725-01 (1046-2013), que fue citada en la
sentencia de recaudo: (…)
26. Es más, lo anterior permite establecer sin lugar a dudas que la sentencia de
unificación no señaló porcentajes de los recargos distintos de los señalados en el
Decreto 1042 de 1978, y que como ha venido claro son los ordenados en la sentencia
de recaudo y que fueron calculados en el mandamiento de pago.
27. Ahora, respecto de que el mandamiento de pago para los meses de marzo de 2008,
enero, febrero, septiembre de 2010, enero de 2011, junio y julio de 2013 causó saldos
negativos al ejecutado, ello se debió a que, como lo dijo el a quo, los pagos realizados
por la entidad ejecutada, en algunos meses registraron saldos negativos. Sin embargo,
la orden de recaudo fue clara en precisar el modo de liquidar la condena, esto con
fundamento en el Decreto 1042 de 1978, luego no es un descuento «ilógico y contrario
a derecho», como lo señala el recurrente, los descuentos son montos que, desde el
inicio, no debieron ser desembolsados por dichos porcentajes, lo cual generó un saldo a
su favor que debe ser objeto de ajuste. […]». (sic)
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39. En concordancia con lo anterior, para la Sala los presuntos defectos fáctico
y sustantivo invocados no se configuran, ya que si bien se fundamentan en una
supuesta indebida interpretación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, lo cierto
es que, esa disposición establece que el trabajo en días dominicales y festivos se
remunera «con una suma equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado, más el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin
perjuicio de la remuneración ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber
laborado el mes completo», y cuya aplicación al caso concreto se fundó en el
contenido de la sentencia a ejecutar.
40. Por último, pese a que el demandante considera que debían reconocerse los
periodos trabajados entre septiembre de 2015 y el 31 de enero de 2019, la
corporación judicial demandada dio cuenta de las razones por las cuales no era
posible hacerlo de tal manera y los factores que limitaban la competencia del juez
de ejecución, como, a continuación, se observa: «Frente a lo anterior, la Sala precisa
que el juez de ejecución debe limitar su actuación al cumplimiento estricto del contenido del
título judicial. En tal sentido, la sentencia proferida por esta corporación el 19 de febrero de
2015 reconoció únicamente valores por concepto de horas extras, recargos nocturnos y
trabajo en domingos y festivos laborados por la actora entre el 21 de junio de 2008 y el 4
de agosto de 2015, fecha en que quedó ejecutoriado el fallo. […] 43. En consecuencia, los
periodos laborados por la demandante entre septiembre de 2015 y enero de 2019 no fueron
objeto de reconocimiento en la sentencia, por lo que no hacen parte de las órdenes de
cumplimiento ejecutivo. En virtud de ello, el juez de ejecución carece de competencia para
pronunciarse sobre su ejecutabilidad. Por lo tanto, este argumento del recurso tampoco
prospera.», interpretación que no resulta contradictoria al ordenamiento jurídico.
41. Al respecto, en un asunto de contornos similares en el que la controversia
giraba en torno a la liquidación del factor hora y la remuneración de las horas
laboradas en las distintas jornadas de una persona que se desempeñaba en el
cargo de bombero del municipio de Medellín, en sentencia del 18 de abril de 2024,
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado28, sostuvo:
«[…] Sobre la jornada laboral de los bomberos, la Sección Segunda29 ha señalado que
si bien el trabajo desarrollado por dicho personal cuya jornada es excepcional por la
actividad ejercida puede ser regulado en 24 horas diarias, tal situación debía generar el
reconocimiento del trabajo suplementario, pues de lo contrario, la situación de tales
servidores resultaría inequitativa y desigual respecto de otros empleados que realizan
funciones que son menos riesgosas.
Así las cosas, se consideró que ante la falta de existencia de una regulación de la jornada
laboral especial para las personas vinculadas al cuerpo de bomberos, debía aplicarse el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, que implica que toda labor realizada en exceso de
las 44 horas semanales constituye trabajo suplementario o de horas extras, las cuales
deben ser remuneradas en las condiciones previstas en el artículo 35 y siguientes del
referido decreto, deduciendo para dicho efecto los días de descanso remunerado,
vacancias, licencias, permisos y demás situaciones administrativas del trabajador.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 18 de abril de 2024, radicado
05001-23-33-000-2017-01042-01 (4663-2021), C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del 2 de abril de 2009, exp.
66001-23-31-000-2003-00039-01(9258-05), C. P: Víctor Hernando Alvarado Ardila; sentencia de 31
de octubre de 2013, exp. 25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13), C.P: Bertha Lucía Ramírez de
Páez (E) y sentencia del 12 de febrero de 2015, exp. 25000-23-25-000-2010-00725-01 (1046-13).
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Textualmente la Sala ha sostenido lo siguiente:30
«Como la actividad del Cuerpo de Bomberos Distrital es de carácter permanente y se
presta de forma continua e ininterrumpida, la Unidad Administrativa estableció como
jornada de trabajo un sistema de turnos de 24 horas de labor por 24 horas de
descanso remunerado, teniendo en cuenta la jornada ordinaria que incluye horas
diurnas y nocturnas, dominicales y festivos de manera continua, es decir que en una
semana se trabajan 3 días y descansan 4 y la siguiente semana viceversa.
Este tipo de jornadas llamadas mixtas se encuentran reguladas en el artículo 35 del
Decreto 1042 de 1978 de la siguiente manera:
«Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales para los funcionarios que trabajen
ordinariamente por el sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria
o permanentemente en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la
parte del tiempo trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del
treinta y cinco por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso.» […]».
(sic)
42. Por su parte, en sentencia del 9 de noviembre de 2023, la Subsección B de
la Sección Segunda del Consejo de Estado tuvo la oportunidad de pronunciarse
acerca de la fórmula utilizada por el municipio de Medellín para establecer el factor
hora de trabajo suplementario uno de sus trabajadores, de la siguiente manera:
«[…] Ahora bien, el municipio de Medellín argumento en el recurso de alzada que, para
realizar la liquidación tomó como umbral 223 horas mensuales, lo que significa que el
reconocimiento de los distintos recargos no los realizó sobre 190 para fijar el valor de la
hora ordinaria. Lo anterior, al estimar que aquellas son más beneficiosas para el
empleado, dado que tomar las 190 horas “(…) tendría un vacío al no consagrar el
descanso dominical como un día efectivamente remunerado (…)”.
La Sala advierte que el límite legal de las 44 horas define el tope de horas semanales
laboradas, que debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año, y dividir
el resultado entre 12 meses, para obtener 190 horas al mes, motivo por el cual el
parámetro que aplica la entidad demandada, conforme al sistema de liquidación de
recargos, no es el adecuado, por lo que resulta procedente para la liquidación de las
horas extras (trabajo adicional a la jornada laboral establecida) tener en cuenta dicha
base (190 horas) para obtener el valor de la hora ordinaria31. […]». (sic)
43. Asimismo, en sentencia del 14 de septiembre de 2017, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado32 fijó los parámetros a tener en cuenta en
una causa en la que se discutía la liquidación de las horas de trabajo suplementario
de una persona que desempeñaba el cargo de bombero en el municipio de Medellín,
como, a continuación, se observa:
«[…] Visto lo anterior, y en atención a que la inconformidad del actor se contrae al cálculo
de las horas laborales a tener en cuenta para la liquidación del trabajo suplementario, se
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C.P: Bertha Lucía Ramírez de Páez (E).
Sentencia de 31 de octubre de 2013. Exp.25000-23-25-000-2010-00515-01(1051-13).
31 Ver sentencias del 10 de mayo de 2018 dentro del expediente 25000-23-25-000-2012-01143-01
(232-2015); 5 de junio de 2020, dentro del expediente 25000-23-42-000-2013-00291-01 (3364-
2018); y del 14 de julio de 2022, dentro del expediente 25000-23-42-000-2018-01363-01 (3087-
2021); todas con ponencia del consejero de Estado Carmelo Perdomo Cuéter.
32 Radicado 05001-23-33-000-2013-00294-01(1624-14), C.P. Carmelo Perdono Cuéter.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05103-00
Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
advierte que al proceso no se allegó la certificación de los turnos por él laborados, y si
bien en la contestación de la demanda se señala que «con el fin de informar sobre el
número de horas semanales que labora el demandante durante cada turno, se anexa en
copia separada y cd, los cuadros de turnos laborados por el servidor», los mismos no se
aportaron; pero en atención a que de los decretos municipales y de la certificación
expedida por la unidad de administración de talento humano se desprende que desde el
9 de octubre de 2007 hasta el 30 de agosto de 2011, se desempeñó en una jornada de
12 horas de labor por 24 horas de descanso (12 x 24), que incluye horas diurnas y
nocturnas, se debe proceder al reconocimiento del trabajo suplementario, descontando
lo ya pagado por la entidad.
Ahora bien, el límite legal, de las 44 horas, determina el tope de horas semanales
laboradas, que debe multiplicarse por 52 semanas, que son las que tiene el año y dividir
el resultado por 12 meses, para obtener 190 horas, parámetro que debe aplicar el
accionado, conforme a su sistema de liquidación de recargos, sin tener en cuenta las
horas de trabajo que superen este tope.
Resulta imperioso colegir que al realizar la anterior operación aritmética la entidad
demandada no podrá pagar más de 50 horas extras al mes de conformidad con los
límites establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el artículo
13 del Decreto ley 10 de 198933, y las que superen dicho margen se pagan con tiempo
compensatorio, en razón a un (1) día de descanso por cada 8 horas extras de trabajo,
es decir, 15 días de descanso al mes.
Igual suerte corre la liquidación de los recargos nocturnos ordinarios y festivos diurnos y
nocturnos, para cuyo cálculo se debe tener el parámetro de 190 horas. […]». (sic)
44. Así las cosas, esta Sala de decisión observa que la corporación judicial
demandada no incurrió en ningún requisito especifico de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial, debido a que la providencia acusada fue proferida
conforme a las normas y jurisprudencia reguladoras de su función judicial, apoyada
en el material probatorio obrante en el proceso para efectuar la interpretación que
consideró más ajustada al caso concreto, frente a lo cual, se insiste, el juez natural
del asunto goza de autonomía funcional y se presume la buena fe en sus decisiones.
45. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado
de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la corporación judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, lo
que conduce a la denegatoria del amparo.
46. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación
jurídica del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
33 «Artículo 13. Para efectos del pago de horas extras, de dominicales y festivos o del reconocimiento
del descanso compensatorio, los literales a. y d. del artículo 36 del Decreto-ley 1042 de 1978; y el
literal a. del artículo 40 del mismo Decreto, quedarán así:
a. El empleo deberá pertenecer al Nivel Operativo, hasta el grado 17 del Nivel Administrativo y hasta
el grado 09 del Nivel Técnico.
b. En ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales».
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05103-00
Demandante: Danny Alberto Peñaloza Sánchez
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
3. Conclusión
47. En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que
la parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Danny Alberto Peñaloza Sánchez, en
la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Secretaría Distrital de Gobierno
de Bogotá.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Danny Alberto
Peñaloza Sánchez, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
(con salvamento de voto)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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