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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05104-00

Fecha
7 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05104-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia. 9 Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00 Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05104-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

7 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., siete (07) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: Acción de tutela / Niega amparo – No se configuró el defecto alegado

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 2 de julio de 2026, la Caja de Compensación Familiar del Chocó
(COMFACHOCO) promovió acción de tutela contra la Sala Quinta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Chocó, con el fin de que se amparara su derecho
fundamental al debido proceso.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos el auto del 27 de mayo de 2026, proferido dentro
del proceso de reparación directa2 que la señora Yasney Hurtado Murillo y su núcleo
familiar iniciaron contra COMFACHOCO, el Hospital Eduardo Santos de Itsmina y la
Unidad Médica Espíritu Santo, con el propósito de obtener el resarcimiento de los
perjuicios ocasionados por la falla en la prestación del servicio médico que derivó en
la muerte de su hija en gestación.

3.
El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Octavo Administrativo
del Circuito de Quibdó que en sentencia del 31 de marzo de 2025, accedió
parcialmente a las pretensiones. Mediante fallo del 29 de septiembre de 2025, el
Tribunal Administrativo del Chocó mantuvo la declaratoria de responsabilidad por la
falla en la prestación del servicio; sin embargo, modificó la sentencia de primera
instancia en cuanto a las excepciones, las entidades responsables y la tasación de
los perjuicios morales. En concreto, declaró de oficio la falta de legitimación en la

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Radicado: 27001333300320230025801

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

causa del Hospital Eduardo Santos de Itsmina y atribuyó la responsabilidad a
COMFACHOCO EPS y a la Unidad Médica Espíritu Santo. Asimismo, ajustó la
condena por concepto de perjuicios morales a los parámetros fijados por el Consejo
de Estado en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014. En consecuencia,
reconoció a los padres de la hija por nacer una suma equivalente a 100 smlmv y a
sus hermanos y a su abuelo, 50 smlmv.

4.
El 30 de diciembre de 2025, se procedió por parte de la Caja de Compensación
accionante al pago de la condena en un 50% “tal y como lo ordenó el Tribunal
Administrativo, y como lo solicitó el apoderado de la parte demandante, quedando
de esta forma extinguida la obligación”.

5.
No obstante, el 17 de febrero de 2026, los demandantes presentaron solicitud de
aclaración del fallo, al considerar que existía una incongruencia entre su parte motiva
y resolutiva respecto de la tasación de los perjuicios morales; mientras que en las
consideraciones se fijaron 50 smlmv para cada uno de los ocho hermanos y para el
abuelo de la víctima, y 100 smlmv para cada uno de sus padres, la redacción de la
condena en la parte resolutiva daba a entender que esos valores correspondían
conjuntamente a cada grupo de beneficiarios. Por ende, se pidió precisar que las
sumas reconocidas tenían carácter individual.

6.
El 27 de mayo de 2026, el Tribunal Administrativo del Chocó profirió auto en el que
rechazó la solicitud de aclaración por considerarla extemporánea. No obstante,
corrigió de oficio el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de
septiembre de 2025, indicando que COMFACHOCO y la Unidad Médica Espíritu
Santo deben pagar 100 smlmv a cada uno de los progenitores de la menor no nacida
y 50 smlmv para cada hermano y su abuelo.

7.
En el escrito de tutela, la parte accionante atribuyó a la autoridad judicial accionada
la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. Expuso que, aunque rechazó la solicitud de aclaración,
procedió motu proprio a corregir un supuesto error de transcripción y, mediante esa
actuación, alteró sustancialmente la sentencia de segunda instancia, pese a que ya
se encontraba ejecutoriada.

8.
Explicó que, conforme al artículo 285 del CGP, la aclaración únicamente procede
cuando su parte resolutiva contiene expresiones o conceptos que ofrecen verdadero
motivo de duda, o cuantos estos aparecen en la motivación e inciden directamente
en la decisión. Aclaró que esta figura no constituye un recurso, ni permite revocar o
reformar lo resuelto. En el caso concreto, afirmó que la petición formulada por la
parte demandante era extemporánea, por no haberse presentado en el plazo previsto
en el artículo 290 del CPACA, por lo que el Tribunal accionado debió limitarse a
rechazarla, sin examinar nuevamente la sentencia, ni introducir -de oficio- cambios
respecto del monto de la condena.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

9.
De otro lado, señaló que la facultad de corrección dada a los jueces solamente
permite subsanar operaciones matemáticas equivocadas, omisiones, alteraciones o
cambios de palabras contenidos en la parte resolutiva o que influyan en ella y, acorde
a lo dispuesto en la sentencia T-875 de 2000, ese mecanismo puede ser usado
incluso después de ejecutoriada la providencia, pero no autoriza al operador judicial
a modificar el alcance material de lo decidido.

10.
En su criterio, la sentencia del 29 de septiembre de 2025, no contenía un error
aritmético, de digitación o de transcripción susceptible de ser corregido, y el auto
cuestionado tampoco señaló las frases, términos, palabras o expresiones sobre las
cuales recayó el presunto yerro. Es así como estimó que la motivación ofrecida para
corregir el fallo carecía de sustento y encubría una adición de su contenido original.

11.
Agregó que tampoco concurrían los presupuestos de la adición de la sentencia
porque la autoridad judicial no omitió pronunciarse sobre algunas de las pretensiones
de la demanda, ni sobre un asunto que debiera resolverse necesariamente. Por
ende, consideró que, la decisión objeto de tutela desconoció la inmutabilidad y
ejecutoriedad de las providencias judiciales, así como los principios de cosa juzgada,
confianza legítima y seguridad jurídica.

12.
La accionante enmarcó esa actuación en un defecto procedimental absoluto.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.
Mediante auto de 27 de julio de 20263, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada y se vinculó al Hospital Eduardo Santos de
Istmina E.S.E., a la Unidad Médica Espíritu Santo, a la Previsora S.A Compañía de
Seguros y a los señores Yasney Hurtado Murillo, Carlos Antonio Martínez Murillo,
Yarleidis Yaritza Martínez Perea, Carlos Yanier Martínez Perea, Sandra Patricia
Martínez Perea, Alexandra Martínez Asprilla, Deily Saray Martínez Hurtado, Deyson
Cáceres Hurtado, Yeison Samuel Camacho Hurtado, Deicy Dayana Cáceres
Hurtado, Francisco Fernando Hurtado, Lucía Encarnación Murillo Bonilla, Amador
Martínez Benítez, José Amado Martínez Palacios y Luz María Martínez Palacios, en
calidad de terceros con interés. De igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo y requerir al
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó para que remitiera copia
digital del expediente con radicado 27001-33-33-003 2023-00258-00/01.

14.
Tanto el Tribunal accionado como los terceros interesados guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES

C. Análisis del caso concreto

3 Notificado el 15 de julio, 3, 12 y 18 de agosto de 2026.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

15. La Sala negará el amparo solicitado ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales invocados. El Tribunal Administrativo del Chocó no excedió
los límites de la facultad de corrección al proferir el auto del 27 de mayo de 2026, ni
modificó sustancialmente la sentencia del 29 de marzo de 2025, en lo relativo a la
condena impuesta a la caja de compensación accionante y a la Unidad Médica
Espíritu Santo.

16. Corresponde a la Sala verificar el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este sentido, lo
primero por recalcar es que la cuestión que se debate en esta oportunidad
trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de relevancia constitucional, pues los
supuestos que sustentan la tutela plantean un posible desconocimiento del debido
proceso y de la cosa juzgada. Se le atribuye a la autoridad judicial accionada
reformar de oficio un aspecto sustancial de una sentencia ejecutoriada, ejerciendo
indebidamente su facultad de corrección, con ocasión de una solicitud de aclaración
extemporánea. Además, la accionante satisfizo la carga argumentativa mínima
exigida, al identificar la actuación que estima irregular y explicar las razones por las
cuales considera que esta comprometió sus derechos fundamentales.

17. Aunado lo anterior, la Sala encuentra que concurren los otros requisitos generales

de procedencia del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales contra una
providencia judicial, en tanto: (i) la decisión cuestionada es de segunda instancia y
contra ella no procede ningún otro recurso; (ii) la irregularidad que se alega es
determinante en la decisión, pues lo que se cuestiona es justamente que se dictó un
auto en el que se modificó de fondo lo resuelto en sentencia del 29 de septiembre
de 2025, sin contar con respaldo legal para ello; (iii) la accionante indicó los hechos
que sustentan la solicitud de su amparo constitucional y evidenció de manera clara
y concreta la forma en que estima vulnerados los derechos fundamentales
invocados; (iv) el recurso de amparo constitucional fue ejercido en un plazo
razonable (2 de julio de 2026), considerando que la notificación de la providencia se
realizó 29 de mayo de 2026; y, (v) la providencia censurada no fue proferida en el
marco de una acción de tutela ni corresponde a una de aquellas providencias
respecto de las cuales la tutela es absolutamente improcedente.

18. En cuanto al defecto procedimental absoluto invocado, su estudio impone
examinar el contenido de la sentencia del 29 de septiembre de 2025, la solicitud de
aclaración formulada por la parte demandante en el proceso de reparación directa y
el auto del 27 de mayo de 2026, con el propósito de establecer si el Tribunal excedió
los límites de la facultad de corrección.

19. El 31 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Quibdó

profirió sentencia de primera instancia en la que declaró responsables
solidariamente a COMFACHOCÓ y la Unidad Médica Espíritu Santo por los
perjuicios sufridos por la señora Yasney Hurtado Murillo y su núcleo familiar, con
ocasión a la falla en la prestación del servicio médico entre los días 19 a 21 de mayo

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

de 2021, que produjo el fallecimiento de su hija que estaba por nacer. Como
consecuencia, condenó a esas entidades a pagar a los demandantes por concepto
de perjuicios inmateriales -morales- las siguientes sumas de dinero: (i) 100 smlmv
para cada uno de los padres de la víctima, (ii) 100 smlmv para cada uno de los 8
hermanos y (iii) 50 smlmv para su abuelo.

20. En el fallo de segunda instancia, proferido el 29 de septiembre de 2025 por el

Tribunal Administrativo del Chocó, se mantuvo la declaratoria de responsabilidad
por falla en la prestación del servicio médico, no obstante, consideró necesario
ajustar los topes de los perjuicios morales reconocidos a los hermanos de la menor
fallecida.

21. En los numerales 71 a 75 de la parte resolutiva de la providencia, la autoridad

judicial explicó que, en lo referente al reconocimiento de los perjuicios morales en
caso de muerte, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 28 de
agosto de 2014, unificó su criterio e indicó que había lugar a reconocer ese concepto
indemnizatorio, en atención al grado de relación afectiva o consanguineidad que
tenían los demandantes con la víctima, según la siguiente tabla:

22. Acorde a ello, advirtió que, en el plenario se encontraba acreditado que los
señores Yarleidis Yaritza Martínez Perea, Carlos Janier Martínez Perea, Sandra
Patricia Martínez Perea, Alexandra Martínez Asprilla, Deily Saray Martínez Hurtado,
Deyson Cáceres Hurtado, Yeison Samuel Camacho Hurtado, Deicy Dayana
Cáceres Hurtado y José Amador Martínez Benítez, son los hermanos y abuelo -
respectivamente, de la menor no nacida, por lo que, ocupan el segundo grado de
consaguineidad, correspondiéndoles, según la tabla referida, indemnización por 50
smlmv.

23. Precisó que este tope definido jurisprudencialmente, fue desconocido en el fallo

de primera instancia porque se les reconoció por concepto de perjuicios morales la
suma de 100 smlmv, lo que imponía al Tribunal accionado modificar ese monto,
fijándose en 50 smlmv, en aplicación de la regla de unificación jurisprudencial.

24. En el considerando 75 dejó expresamente consignado que, respecto a la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de
Quibdó, dispondría: “Modificar la condena impuesta por concepto de perjuicios
morales, fijando en 50 SMLMV la suma a reconocer para cada uno de los
familiares beneficiarios, en su calidad de hermanos y abuelo de la víctima”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

25. Noobstante, al trasladar esa determinación a la parte resolutiva omitió la
expresión “para cada uno”, al disponer la cuantía de la condena impuesta a
COMFACHOCO respecto de los integrantes del núcleo familiar demandante:

“MODIFÍQUESE la sentencia No. 016 del 31 de marzo de 2025, a través de la cual el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, concedió parcialmente las pretensiones de
la demanda promovida por la señora YASNEY HURTADO MURILLO Y OTROS contra la (sic)
HOSPITAL EDUARDO SANTOS DE ISTMINA, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILINAR DEL
CHOCÓ… Y LA UNIDAD MÉDICA ESPÍRUTO SANTO, de conformidad con la parte
considerativa de esta providencia.

Y en su lugar, quedará así: (…)

CUARTO: CONDÉNASE a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ
“COMFACHOCÓ” y la UNIDAD MÉDICA ESPÍRITU SANTO, a pagar:

Por concepto de perjuicios morales a:
• Para los señores YASNEY HURTADO MURILLO Y CARLOS ANTONIO MARTÍNEZ
MURILLO, la suma de 100 smlmv, en su condición de padres de la víctima.
• Para los señores YARLEIDIS YARITZA MARTÍNEZ PEREA, CARLOS JANIER MARTÍNEZ
PEREA, SANDRA PATRICIA MARTÍNEZ PEREA, ALEXANDRA MARTÍNEZ ASPRILLA,
DEILY SARAY MARTÍNEZ HURTADO, DEYSON CÁCERES HURTADO, YEISON SAMUEL
CAMACHO HURTADO y DEICY DAYANA CÁCERES HURTADO, la suma de 50 SMLMV, en
su condición de hermanos de la víctima.
• Para el señor JOSE AMADOR MARTÍNEZ BENÍTEZ, la suma de 50 SMLMV, en su condición
de abuelo de la víctima. (…)” (Subraya fuera del texto original)

26. Se evidencia que la redacción podía generar dudas acerca de si los 100 smlmv

correspondían individualmente a los padres o constituían una suma conjunta, y si
los 50 smlmv debían reconocerse a cada hermano o distribuirse entre todos ellos.

27. Con fundamento en esa diferencia, el 17 de febrero de 2026, la parte demandante

en el proceso ordinario presentó solicitud de aclaración de la sentencia, respecto al
pago de perjuicios reconocido a favor de los padres y hermanos de la víctima,
individualmente considerados. Alegó que, según el numeral 75 de la parte
considerativa del fallo, se entendía que para cada uno de estos individuos
correspondía el pago de 100 o 50 smlmv acorde a su grado de consanguineidad
debidamente probado, mientras que, en la parte resolutiva, ello no quedó lo
suficientemente claro.

28. El17 de abril de 2026, COMFACHOCÓ presentó oposición a la solicitud de
aclaración, alegando que debía rechazarse por extemporánea, puesto que no se
interpuso dentro del término previsto en el artículo 290 del CPACA, sumado a que,
el 30 de diciembre de 2025, había efectuado el pago del 50% de la condena, tal
como le fue ordenado por el Tribunal accionado, quedando extinguida la obligación.

29. Mediante auto del 27 de mayo de 2026, la autoridad judicial demandada rechazó

la petición de aclaración de la sentencia de segunda instancia, por extemporánea.
No obstante, precisó que tal petición tampoco estaba llamada a prosperar, pues no
versaba sobre la existencia de un concepto o frase dudosa susceptible de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

aclaración, sino sobre un yerro material que debía ser corregido conforme lo
dispuesto en el artículo 286 del CGP.

30. Indicó que, revisado el fallo del 29 de septiembre de 2025, advirtió que en el
numeral cuarto de la parte resolutiva, por error involuntario del Tribunal, se omitió
indicar que la indemnización por concepto de perjuicios morales reconocida a los
padres de la víctima directa por la suma equivalente a 100 SMLMV y a los hermanos
de aquella por el valor de 50 SMLMV es para cada uno de ellos, como se había
establecido en la parte considerativa de la misma providencia.

31. Aseveró que ese yerro no configuraba una ambigüedad ni una expresión oscura

que requiriera precisarse para efectos de interpretación, razón por la cual no se
enmarca en el supuesto previsto en el artículo 285 del Código General del Proceso,
como se sostuvo previamente. Por el contrario, aclaró que constituyó un error de
transcripción u omisión de palabras que incidía directamente en la parte resolutiva,
supuesto que encajaba en lo dispuesto por el artículo 286 ibidem, el cual permitía
su corrección en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, sin afectar el
sentido de la decisión.

32. Es así como, la autoridad judicial accionada rechazó la solicitud de aclaración

presentada por la parte demandante y, de oficio, procedió a corregir el numeral
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia del 29 de septiembre de 2026, “de
manera que se adecúe a lo realmente decidido en sede de segunda instancia, sin
que ello implique modificación del sentido del fallo”.

33. Precisado el contenido de la actuación cuestionada, la Sala considera que el
Tribunal demandado no desconoció el alcance ni las finalidades de la corrección de
las providencias judiciales. El operador judicial diferenció adecuadamente ambas
aquella de la aclaración y concluyó razonablemente que, aunque la solicitud de los
demandantes era extemporánea, ello no impedía verificar si la parte resolutiva
contenía un yerro susceptible de corrección oficiosa, en los términos del artículo 286
del CGP.

34. La corrección se encuentra prevista en el artículo 286 del CGP y puede realizarse

en cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, respecto de errores puramente
aritméticos, así como de yerros por omisión, cambio o alteración de palabras,
cuando estén contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella.

35. Si bien ninguna de estas facultades autoriza al juez a reabrir el debate jurídico o

probatorio ni a modificar materialmente lo decidido, la corrección sí permite subsanar
defectos en la expresión formal de la providencia, con el fin de que su parte
resolutiva reproduzca fielmente una determinación ya adoptada en la motivación. De
ahí que para establecer si se trata de una actuación admisible o de una reforma
sustancial de la sentencia encubierta, se considera necesario verificar si la

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

modificación se limita a exteriorizar el sentido inequívoco de la decisión original o si,
por el contrario, incorpora una determinación nueva.

36. Así, se estima acertada la conclusión del Tribunal relativa a que la
extemporaneidad de la solicitud de aclaración únicamente impedía que esta fuera
resuelta favorablemente, pero no eliminaba su facultad de corregir, aun de oficio y
en cualquier tiempo, los yerros comprendidos en el artículo 286 del Código General
del Proceso. Por tanto, el rechazo de la petición formulada por los demandantes no
impedía que, al advertir la omisión de unas palabras en la parte resolutiva, se
examinara si procedía subsanarla mediante la figura procesal correspondiente.

37. Es así como se concluye que la corrección se mantuvo dentro de sus límites. La

sentencia del 29 de septiembre de 2025 estableció en su motivación que las
indemnizaciones correspondían a cada beneficiario, de acuerdo con su grado de
parentesco y los parámetros fijados en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado del 28 de agosto de 2014. En particular, identificó a los padres, hermanos y
abuelo de la víctima, determinó el nivel de relación aplicable a cada grupo y precisó
el monto que correspondía reconocer a sus integrantes. Pese a ello, en la parte
resolutiva se omitió la expresión “para cada uno”, necesaria para reproducir con
exactitud lo explicado en esas consideraciones.

38. Incluso, al referirse específicamente a los hermanos, el Tribunal advirtió que la

primera instancia les había reconocido 100 SMLMV a cada uno, aunque, de acuerdo
con la regla jurisprudencial aplicada, el límite correspondiente al segundo grado de
consanguinidad era de 50 SMLMV. Por ello, anunció expresamente que modificaría
la condena para fijarla en ese monto para cada uno de los familiares beneficiarios,
en su calidad de hermanos y abuelo de la víctima. La determinación adoptada,
entonces, no consistió en reconocer una suma global de 50 SMLMV para ser
distribuida entre los ocho hermanos, sino en reducir de 100 a 50 SMLMV la
indemnización individual previamente concedida a cada uno.

39. Esta conclusión también se desprende de la estructura de la parte resolutiva, tal

como fue redactada inicialmente, porque, en esta se individualizaron los distintos
grupos de beneficiarios de la indemnización, se relacionaron los nombres de sus
integrantes y se indicó que la condena, se imponía acorde a la parte considerativa
de la sentencia.

40. Es así como, se evidencia que la inclusión de esas palabras no alteró los
beneficiarios, el concepto indemnizatorio, ni la suma condenatoria inicialmente fijada
por el Tribunal accionado. Tampoco introdujo una determinación que hubiera estado
ausente de la sentencia. Se limitó a subsanar una omisión en la redacción de la
parte resolutiva para hacerla concordante con la motiva, actuación que se considera
no desbordó lo dispuesto en el artículo 286 del CGP.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

41. No prospera, por tanto, la interpretación propuesta por Comfachocó, según la cual

los 100 SMLMV debían distribuirse entre ambos padres y los 50 SMLMV entre los
ocho hermanos. Se considera que esa lectura se sustenta exclusivamente en la
omisión advertida y desconoce, tanto la remisión de la parte resolutiva a la
motivación como el análisis individual del parentesco y de los topes indemnizatorios.
Sumado a que conduciría a reducir las condenas reconocidas desde la primera
instancia sin que el Tribunal hubiera expresado esa determinación -adviértase que
respecto de los padres mantuvo el monto concedido y, en relación con los hermanos
y abuelo, únicamente lo redujo de 100 a 50 SMLMV para cada uno-.

42. De otro lado, se descarta que la autoridad judicial demandada haya efectuado

una adición de la sentencia porque no resolvió una pretensión omitida, tampoco
incorporó un asunto nuevo, ni amplió el contenido material de la condena.
Únicamente corrigió la falta de unas palabras necesarias para que la parte resolutiva
expresara fielmente la determinación debidamente sustentada en el fallo, sobre el
monto de la condena impuesta.

43. Por demás, se advierte que la circunstancia alegada por Comfachocó consistente

en haber efectuado un pago antes de la corrección, tampoco modifica la naturaleza
del yerro ni transforma en sustancial una actuación formalmente correctiva. El
alcance de la condena podía entenderse de la lectura integral de la providencia y no
estaba sujeto a la interpretación unilateral que una de las obligadas acogió al
momento de cumplirla.

44. Con todo, la Sala advierte a la parte actora que la acción de tutela no puede ser

empleada para atribuir a una omisión de redacción, un alcance contrario al sentido
integral de la propia decisión judicial y, obtener con ello, la reducción de la condena,
incluso, desatendiendo parámetros de indemnización fijados en sentencias de
unificación por el Consejo de Estado, máximo tribunal de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

45. Acorde a lo hasta aquí expuesto, se concluye que el Tribunal Administrativo del

Chocó no se apartó del procedimiento aplicable ni excedió su competencia al proferir
el auto del 27 de mayo de 2026, pues la corrección del fallo de segunda instancia,
se ajustó al artículo 286 del CGP y no comportó una modificación sustancial sobre
el monto de la condena. Por ende, se negará el amparo solicitado.

46.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de amparo, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de la presente sentencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05104-00
Accionante: Caja de Compensación Familiar del Chocó - COMFACHOCO
Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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