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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05108-01

Fecha
21 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-05108-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

R E S U E L V E PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por el señor Luis Fernando Cruz Araujo, por intermedio de apoderado, contra la Subsección A, Sección Cuarta, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más expedito. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2026-05108-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

21 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: LUIS FERNANDO CRUZ ARAÚJO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, al derecho sustancial y a la igualdad / MEDIO DE CONTROL
DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Determinación del Impuesto
Predial Unificado / REQUISITO DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Se plantea un
debate de contenido legal y económico.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por el señor Luis
Fernando Cruz Araujo, a través de apoderado, con la sentencia del 30 de julio de
2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con
lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 29 del
Decreto 2591 de 19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 2 de julio de 2026, la parte accionante, por intermedio de apoderado, promovió
acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al
derecho sustancial y a la igualdad.

Hechos relevantes

2. El señor Luis Fernando Cruz Araujo presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Secretaría de Hacienda
Municipal de Chía, con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos
administrativos:

̶ Resolución núm. 0811 del 03 de marzo de 2022, emitida por el Secretario
de Hacienda Municipal de Chía, por medio de la cual se determina el valor
de una obligación tributaria a favor del municipio y en contra del hoy

1
Que ingresó a despacho para fallo el 4 de septiembre de 2026.

1

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

demandante por concepto del Impuesto Predial Unificado por las vigencias
2013 a 2021, del predio identificado con cédula catastral núm. 00-00-0003-
3724-831 y matrícula inmobiliaria núm. 50N-20549263, ubicado en la vereda
La Balsa, interior 82, conjunto Rincón de los Nogales II P.H.

̶ Resolución núm. 1699 de 02 de mayo de 2023, emitida por el Secretario
de Hacienda Municipal de Chía, por medio de la cual se resuelve un recurso
de reconsideración en contra de la Resolución núm. 0811 del 03 de marzo
de 2022, confirmando el acto recurrido.

̶ Resolución núm. 1700 de 02 mayo 2023, emitida por el Secretario de
Hacienda Municipal de Chía, por medio de la cual se libró mandamiento de
pago en contra del hoy demandante, por el cobro del Impuesto Predial
Unificado por las vigencias 2013 a 2021, del predio identificado con cédula
catastral núm. 00-00-0003-3724-831 y matrícula inmobiliaria núm. 50N-
20549263, ubicado en la vereda La Balsa, interior 82, conjunto Rincón de los
Nogales II P.H.

3. A título de restablecimiento del derecho, el actor solicitó que se declarara la
prescripción de la acción de cobro de las vigencias 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017
y que se reconociera que no estaba obligado a cancelar las sumas cuyo cobro
pretendía el municipio de Chía por concepto de Impuesto Predial Unificado y
complementario de las vigencias citadas y los intereses moratorios.

4. El asunto correspondió al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Zipaquirá que, por medio de sentencia del 11 de agosto de 2025, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. El a quo reconoció que, si bien era cierto que el contribuyente incumplió
reiteradamente el pago del impuesto predial, ese hecho no podía habilitar a la
entidad demandada para desconocer los límites legales de la prescripción. Así,
recordó que el impuesto se causaba anualmente y debía liquidarse por cada
vigencia, por lo que la administración no podía acumular varios años en un solo acto
administrativo, como ocurrió con la Resolución núm. 0811 de 2022. De ese modo,
concluyó que la Secretaría Municipal de Hacienda de Chía actuó de manera tardía,
pues dejó transcurrir más de cinco años sin iniciar el cobro coactivo respecto de las
vigencias 2013 a 2017, lo que configuraba la prescripción.

6. Inconforme con la decisión precitada, la Secretaría de Hacienda Municipal de
Chía interpuso recurso de apelación e indicó que correspondía al demandante
probar plenamente la ocurrencia de la prescripción, así como demostrar el momento
exacto de exigibilidad de las obligaciones y la inactividad administrativa durante
cinco años, carga probatoria que, según afirmó, no fue satisfecha.

7. El conocimiento de la segunda instancia fue asignado a la Subsección A de la
Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, mediante
sentencia del 12 de junio de 2026, revocó la providencia recurrida y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.

2

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

8. Como fundamento de su decisión, el ad quem concluyó que “no es jurídicamente
viable acceder a las pretensiones del demandante cuando estas se fundamentan
en la alegada prescripción de la acción de cobro de obligaciones tributarias, en el
marco de un proceso dirigido contra actos administrativos de determinación del
impuesto predial, sin que el demandante, haya alegado la ilegalidad de los actos
administrativos demandados en lo que respecta a la naturaleza jurídica de los
mismos y al análisis de los elementos propios de la obligación tributaria –hecho
generador, base gravable, tarifa y sujeto pasivo–, no siendo procedente introducir
debates ajenos a esta fase del procedimiento. Aceptar lo contrario implicaría
desnaturalizar la estructura del sistema tributario, anticipando el examen de una
institución que solo cobra relevancia en el escenario de ejecución”2.

Pretensiones

9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):

“PRIMERA. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la prevalencia del derecho
sustancial del señor Luis Fernando Cruz Araujo.

SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 12 de junio de 2026,
proferida por la Subsección «A» de la Sección Cuarta del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25899-33-33-002-
2023-00387-01, incluida la condena en costas.

TERCERA. ORDENAR al Tribunal accionado proferir una nueva sentencia
que, dando prevalencia al derecho sustancial y mediante una lectura integral
de la demanda, estudie de fondo si las obligaciones por impuesto predial de
las vigencias 2013 a 2017 se encontraban extinguidas al momento de su
cobro.

CUARTA. En subsidio, las medidas que el Despacho estime idóneas para
restablecer los derechos vulnerados”3. (sic en toda la cita)

Fundamentos de la demanda de tutela

10. La parte demandante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, ocurrida
con ocasión de la expedición de la sentencia del 12 de junio de 2026. Sostiene que
la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
al proferir la decisión enjuiciada, incurrió en un defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto, al sacrificar el derecho sustancial en aras de una distinción formal.

11. Al respecto, menciona que “[e]l Tribunal sacrificó el derecho sustancial en aras
de una distinción formal. Revocó un fallo que, examinando el fondo, había
encontrado probada la prescripción de las vigencias 2013 a 2017, y lo hizo sin
desvirtuar esa conclusión sustancial, apoyándose únicamente en que el cargo se
rotuló como «prescripción» (art. 817) y no como «caducidad de la facultad de
determinar» (art. 717). La sustancia de lo alegado —que la obligación se extinguió
por el transcurso del tiempo y por la inactividad de la administración durante más de

2
Folio 17. Archivo “007_7ED_PRUEBA_2_7_202612_26”.
3
Folio 9 del escrito de tutela.

3

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

nueve años— era inequívoca y así lo entendió el juez de primera instancia. Derrotar
esa defensa por la etiqueta de la norma invocada es anteponer la forma a lo
sustancial”4.

12. Asimismo, aduce que se configura un defecto fáctico, por cuanto considera
que la autoridad judicial accionada omitió valorar pruebas relevantes que obraban
en el expediente y demostraba: “de un lado, la inactividad de la administración por
más de cinco años respecto de cada vigencia, tenida por demostrada en primera
instancia; y de otro, la Resolución No. 2986, aportada oportunamente como prueba
sobreviniente, que acreditaba que la propia administración había suspendido el
cobro coactivo para deferir la discusión a esta jurisdicción”5.

Trámite procesal

13. Por medio de auto del 6 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar a la Subsección
A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como
accionado, y a la Secretaría de Hacienda del municipio de Chía y al Juzgado
Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de Zipaquirá como terceros con interés
directo en el resultado del proceso. Asimismo, se vinculó a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo necesario, interviniera en el
presente asunto. Entre otras decisiones.

Intervenciones

14. El Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito de Zipaquirá solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela de la referencia por no acreditar el
cumplimiento de los requisitos generales y específicos exigidos para la procedencia
excepcional del amparo contra providencias judiciales. A su juicio, los argumentos
expuestos se limitan a expresar su desacuerdo con la interpretación jurídica
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin demostrar la
configuración de un defecto constitucional que habilite la intervención del juez de
tutela.

15. La Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca pidió que se declare improcedente la acción, por considerar que la
tutela no puede emplearse como un medio alternativo, adicional o complementario
de defensa judicial, ni como una tercera instancia. En ese sentido, señaló que
correspondía al accionante demostrar y argumentar debidamente las razones por
las cuales estimaba vulnerados sus derechos al acceso a la administración de
justicia y a la no configuración de un exceso de ritual manifiesto con ocasión de la
providencia cuestionada.

16. El municipio de Chía instó a que se nieguen las pretensiones de la demanda,
por cuanto aduce que el procedimiento adelantado por el Tribunal Administrativo de

4
Folio 6 ibid.
5
Folio 8 ibid.

4

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Cundinamarca se ajustó a los parámetros, normas y reglas aplicables para la
adopción de la sentencia de segunda instancia.

La sentencia de primera instancia

17. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de
julio de 2026, declaró improcedente la presente acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

18. A juicio del a quo, en la controversia planteada: (i) el debate no se realizó desde
una óptica constitucional; (ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo
como una tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo; y, (iii) la pretensión guarda
relación con un asunto de contenido económico.

19. De este modo, precisó que “si bien la parte accionante aduce que le fueron
desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente que en
la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que el
motivo de su inconformidad gira en torno a que la Subsección A de la Sección
Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó la sentencia de primera
instancia, para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda”6.

La impugnación

20. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual reiteró los argumentos expuestos en la demanda de
tutela.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

22. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad contra providencias judiciales,
particularmente, el de relevancia constitucional?

23. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si la Subsección A
de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la
expedición de la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida en el curso del medio

6
Folio 9. Archivo “019_19Sentencia_25ACfExp20260510800L”.

5

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
núm. 25899-33-33-002-2023-00387-01, incurrió en un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y en un defecto fáctico y, por consiguiente, en la vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad de la parte accionante?

24. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el cumplimiento
del requisito de relevancia constitucional y (iii) el caso concreto.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

25. Conforme con el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20057, reiterado
de manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren siete causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

26. De manera frecuente la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar8: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela9, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional10 o el Consejo de Estado11,
ni una sentencia interpretativa (SENIT) proferida por la Sección de Apelación del
Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP12; (iii) que se
cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que la tutela se promueva en un
plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y comprensible
los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en cuestión y que,
si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite procesal; (v) que se
cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el interesado acredite que
agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance, salvo que pretenda evitar
la consumación de un perjuicio irremediable13 o los medios de defensa judicial
existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la cuestión planteada
sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el caso trate sobre un
asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico; (vii) que cuando
se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga un efecto decisivo en la
decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no hubiere ocurrido el alcance
de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.

7
Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
8
Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
9
La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el
principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
11
Al respecto, ver, entre otras, Corte Constitucional, Sentencias SU-391 de 2023, SU-215 de 2022,
SU-573 de 2017, SU-585 de 2017.
12
Corte Constitucional, Sentencia SU-388 de 2023.
13
Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

6

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Del requisito de relevancia constitucional

27. La relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales y tiene como finalidad asegurar su
naturaleza excepcional. Esta exigencia supone que la controversia planteada esté
directamente orientada a la protección de derechos fundamentales y no se limite a
reproches de legalidad o interpretaciones judiciales que competen exclusivamente
al juez ordinario.

28. La Corte Constitucional indicó14 que la tutela contra providencias judiciales no
puede convertirse en una instancia adicional para cuestionar sentencias ni
reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios. Para que una acción tenga
relevancia constitucional, debe existir una afectación real y desproporcionada de los
derechos fundamentales, más allá de la simple inconformidad con la decisión
judicial.

29. En ese sentido, la Corte estableció tres criterios para identificar si una acción de
amparo constitucional satisface el requisito de relevancia constitucional en el evento
en que pretende reabrir el debate15, a saber: (i) la discusión debe recaer sobre un
asunto constitucional y no solamente legal o económico; (ii) el caso debe
relacionarse con un debate jurídico que se centre al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental, o tiene una trascendencia para la aplicación y el
desarrollo eficaz de la Constitución; y (iii) la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates exclusivamente legales.

30. Así, no basta invocar genéricamente la violación de un derecho fundamental
para entender cumplido este requisito, ya que es indispensable demostrar, de
manera clara y concreta, cómo la decisión judicial atacada ha generado una
transgresión real y significativa de una garantía constitucional. En suma, el examen
de relevancia constitucional permite distinguir entre un juicio de validez
constitucional, que justifique la intervención del juez de tutela, y un juicio de
corrección judicial, el cual se escapa de su competencia16.

Caso concreto

31. En el caso bajo estudio, el señor Luis Fernando Cruz Araujo presentó acción de
tutela contra la sentencia del 12 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A. Sin embargo, la
Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el presente
asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional.

32. Revisada integralmente la demanda de tutela, se advierte que la parte
accionante pretende reabrir el debate jurídico en torno a cuestiones que ya fueron

14
Corte Constitucional, Sentencia SU-033 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias SU-134 de 2022 y SU-128 de 2021.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-134 de 2022.

7

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

examinadas y resueltas por el juez natural en ambas instancias del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. En efecto, el escrito no introduce cargos
nuevos de relevancia constitucional ni plantea la configuración de un defecto
específico en la providencia cuestionada, sino que insiste en la revisión de asuntos
probatorios y argumentativos que fueron objeto de valoración y decisión dentro del
trámite ordinario.

33. Al respecto, se tiene que, en la decisión cuestionada, la autoridad judicial
consideró lo siguiente (Se transcribe con posibles errores):

“[…] Visto lo anterior y teniendo en cuenta las pretensiones del actor dentro
de este proceso, las cuales se enmarcan en la solicitud de prescripción de
las obligaciones derivadas del Impuesto Predial Unificado por las vigencias
2013 a 2021, del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-
20549263, es claro que lo pretendido por el actor dista de discutir la
consecución del acto de liquidación oficial, así como lo determinado en este
en cuanto al valor del impuesto predial por las vigencias enmarcadas con
anterioridad.

Por el contrario, el contribuyente solo encaminó su argumentación de
ilegalidad de los actos demandados, en la solicitud de una declaratoria de
prescripción de la obligación, inmiscuyéndose así en temas propios del
proceso de cobro coactivo, lo que no es legalmente aceptable para la
discusión de la legalidad de un acto de determinación fiscal.

La imposibilidad de estudiar la prescripción de la acción de cobro dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho dirigido contra actos
de determinación fiscal en materia de impuesto predial obedece a la
autonomía funcional y jurídica existente entre las etapas de determinación
del tributo y de su cobro coactivo. En efecto, la determinación oficial del
impuesto constituye una fase previa en la que se define la existencia y
cuantía de la obligación tributaria, mientras que la prescripción de la acción
de cobro se enmarca exclusivamente en la etapa posterior de ejecución,
regulada por normas específicas. […]

En este sentido, no es jurídicamente procedente analizar la prescripción de
la acción de cobro cuando el litigio se centra en la legalidad de actos de
determinación del tributo, ya que, la prescripción de la acción de cobro no
constituye un cargo de nulidad contra los actos de determinación, por cuanto
corresponde a una etapa posterior e independiente del procedimiento
tributario que se instituyó para la consecución del título y obligación fiscal
que posteriormente será el objeto de cobro. […]

En el caso concreto, el concepto de violación y las normas que se alegan
como vulneradas se fundamentan en la prescripción, y no en la caducidad
de la facultad administrativa para proferir los actos demandados. Por esta
razón, al no encontrarse el asunto en etapa de cobro coactivo sino en un
proceso de determinación, no resulta procedente el estudio de dicha figura.

De igual manera, no le sería posible a esta Sala de decisión en segunda
instancia como juez de cierre de la contienda legal que se discute, el
permitírsele recomponer el debate jurídico atendiendo motivos ajenos a la
discusión central que se debate, por cuanto, en atención al principio de
justicia rogada que reviste a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
el control de legalidad de los actos administrativos en sede judicial se debe
limitar a la comparación entre los motivos de inconformidad y las normas
acusadas como vulneradas, lo que constituye el marco de referencia sobre
el cual se debe emitir el pronunciamiento judicial. Lo anterior, por cuanto en
reiterada y reciente jurisprudencia del más alto tribunal de lo contencioso

8

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

administrativo, en un caso similar al que hoy nos ocupa, se estableció lo
siguiente”17.

34. De conformidad con lo citado, esta Sala encuentra que la controversia versa
sobre un asunto meramente legal y económico. Según la jurisprudencia
constitucional, las discusiones de orden legal relativas a un derecho de esta
naturaleza deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos
para su trámite, puesto que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones”18.

35. Además, la Corte Constitucional ha considerado que un asunto carece de
relevancia constitucional (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación
de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de
una norma “de rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente
monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un
interés general”19.

36. En ese sentido, la Sala considera que la acción de tutela no es el escenario
adecuado para examinar el valor de una obligación tributaria a favor del municipio
de Chía, así como la declaratoria de prescripción de las vigencias 2013 a 2017 que
fue negada por la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, dado el innegable carácter patrimonial que implica dicha temática,
sumado al carácter eminentemente legal de la discusión planteada en la acción
constitucional.

37. La Subsección advierte que la acción de tutela carece de relevancia
constitucional, toda vez que el debate planteado se limita a una controversia de
índole puramente económica. Aunque la parte accionante formuló su inconformidad
bajo la apariencia de un defecto fáctico, lo cierto es que la providencia cuestionada
sí tuvo en cuenta el material probatorio obrante en el expediente del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, solo que no le atribuyó el efecto
jurídico pretendido por la demandante. En esa medida, el debate se contrae a una
discrepancia sobre la acción de cobro de las obligaciones correspondientes a las
vigencias 2013 a 2017, las cuales, a su juicio, se encontraban prescritas, al haber
transcurrido el término legal de 5 años sin actuación efectiva de la administración.

38. De igual modo, no se evidencia que la discusión comprometa un derecho
fundamental en su núcleo esencial, en particular el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia en su dimensión sustancial. Tampoco se alegó ni acreditó
una afectación concreta al mínimo vital o una circunstancia excepcional que
permitiera concluir que la discusión sobre la prescripción del Impuesto Predial
Unificado trasciende el plano patrimonial para adquirir relevancia constitucional.

17
Folios 15, 16 y 17. Archivo “007_7ED_PRUEBA_2_7_202612_26”.
18
Sentencia SU-173 de 2019.
19
Ibidem.

9

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05108-01
Accionante: Luis Fernando Cruz Araujo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

39. En conclusión, la Subsección considera que la intención de la parte demandante
es someter a un nuevo análisis lo que ya ha sido definido de manera válida y
razonable por el juez natural de la causa, lo que lleva a la improcedencia de la acción
de tutela debido al incumplimiento del requisito mencionado anteriormente.

40. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, se confirmará la sentencia del 30
de julio de 2026, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la petición de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2026, proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por el señor Luis Fernando Cruz Araujo, por intermedio de
apoderado, contra la Subsección A, Sección Cuarta, Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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