RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05111-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05111-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05111-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: proceso de reparación directa.
Subtema 2: desplazamiento forzado y ejecución extrajudicial de militante de la
Unión Patriótica. Subtema 3: caducidad. Subtema 4: defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política.

Sentencia de Primera Instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la señora Ludis Durán Sánchez y otros contra
el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1. Síntesis del caso

Los señores Ludis Durán Sánchez, Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio
Durán y Gerardo Berrio Durán presentaron solicitud de amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral, que consideraron vulnerados por el Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ocasión de los autos proferidos
el 22 de agosto y 20 de noviembre de 2025, respectivamente, dentro del expediente
con radicado núm. 11001-33-36-034-2025-00133-00/01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

2. La señora Ludis Durán Sánchez y otros1 presentaron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional y la Policía Nacional, con el propósito de que se les
declarara responsables por los perjuicios derivados de la muerte del señor Gerardo
Berrio Sanabria, militante de la Unión Patriótica, el 16 de agosto de 1991 en el
municipio de Becerril (Cesar); así como el consecuente desplazamiento forzado del
que fueron víctimas.

3. El asunto correspondió en primera instancia bajo el radicado núm. 11001-33-
36-034-2025-00133-00 al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá,
autoridad que profirió auto el 22 de agosto de 20252 en el que rechazó la demanda
porque encontró probada la excepción de caducidad.

4. El despacho indicó que para la fecha de presentación de la solicitud de
conciliación y de la demanda, el término previsto en el literal i) del artículo 164 del
CPACA se encontraba ampliamente vencido, debido a que el hecho dañoso,
consistente en la muerte del señor Gerardo Berrio Sanabria, ocurrió el 16 de agosto
de 1991. Luego de citar la sentencia de unificación de la Sección Tercera del
Consejo de Estado del 29 de enero de 20203 expuso lo siguiente:

Así entonces, recogiendo la conclusión de la jurisprudencia4, asumir que el accionante
solo pudo acceder a la jurisdicción luego de 34 años de ocurridos los hechos
conllevaría a la inoperancia de la caducidad o a que la misma dependa
exclusivamente de la liberalidad de los demandantes […] lo cual genera inseguridad
jurídica y contraría la razón de ser de la figura.

En suma, la demanda no explica las razones por las que, entre los hechos dañosos y
la presentación de la demanda, transcurrieron alrededor de 34 años, asumiendo, en
contravía de lo señalado por la jurisprudencia, que podría acudir a la jurisdicción en
cualquier momento, sólo debido al carácter cualificado de la conducta de la que fue
objeto la víctima5.

5. La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y confirmada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
mediante auto del 20 de noviembre de 2025.

6. El Tribunal explicó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, proferida en el caso «Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs.
Colombia», aunque reconoció la responsabilidad internacional del Estado por la
violencia sistemática contra los miembros de dicho partido político, no constituyó el
punto de partida para el cómputo de la caducidad, dado que la jurisdicción ya había
reconocido en decisiones anteriores la existencia del exterminio de los integrantes
de la Unión Patriótica como un hecho notorio en el que tuvo incidencia el Estado
colombiano.

1
Los demás demandantes son los siguientes: Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio Durán y Gerardo
Berrio Durán.
2
Samai, exp. núm. 11001-33-36-034-2025-00133-00, índice 4, certificado 27A7425FC43AEB77
609613C99A398B5A 294815F7907290CF C1ACD12FAF66D746.
3
Exp. núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01.
4
1001-03-15-000-2025-01496-00
5
Se transcribe incluso con errores de texto.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

7. Por otro lado, señaló que dicha sentencia no estableció una regla general
sobre el término de caducidad del medio de control de reparación directa respecto
de los casos de homicidio o desplazamiento forzado de víctimas de la Unión
Patriótica, máxime cuando la parte demandante no acreditó ni alegó circunstancias
que le hubieran impedido materialmente ejercer el derecho de acción.

8. En cuanto a la cesación del desplazamiento forzado, indicó que en el
expediente no obraba denuncia ni prueba que acreditara dicho hecho, pues en la
demanda solo se manifestó que, después del velorio del señor Gerardo Berrio
Sanabria, la señora Ludis Durán Sánchez y sus hijos tuvieron que desplazarse por
temor, sin precisar las circunstancias temporales, el lugar de destino o su posterior
retorno.

9. Por lo tanto, advirtió que, en el formulario de declaración para la inscripción en
el Registro Único de Víctimas (RUV), la señora Ludis Durán Sánchez señaló como
lugar de declaración el municipio de Becerril y como fecha el 11 de mayo de 2015.
A partir de ello, planteó dos hipótesis: que la familia se hubiera desplazado y
posteriormente retornado a su lugar de domicilio, o que nunca hubiera sido víctima
de desplazamiento forzado.

10. Bajo la primera hipótesis, consideró que las causas del desplazamiento
habrían cesado a más tardar en 2015, circunstancia que habría permitido a los
demandantes acceder a la administración de justicia e incidía en el cómputo de la
caducidad.

11. No obstante, precisó que, conforme con la sentencia de Unificación SU-254
de 2013 y su posterior reiteración jurisprudencial, el término de caducidad debía
contabilizarse a partir de la ejecutoria de dicha providencia, esto es, desde el 23 de
mayo de 2013. En consecuencia, concluyó que los dos años para ejercer el medio
de control de reparación directa vencieron el 23 de mayo de 2015, por lo que la
demanda resultó extemporánea, dado que la solicitud de conciliación extrajudicial
se presentó el 10 de diciembre de 2024 y la demanda el 21 de abril de 2025.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

12. Los señores Ludis Durán Sánchez, Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio
Durán y Gerardo Berrio Durán solicitaron al juez constitucional6 que ampare sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la igualdad y a la reparación integral y, en consecuencia, que ordene lo siguiente:

SEGUNDO: […] se dejen sin efecto el Auto del Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Bogotá de fecha 22 de agosto de 2025, y el Auto del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A de fecha 20 de
noviembre de 2025, mediante los cuales se rechazó la demanda de reparación directa
por considerar caducado el medio de control.

6
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2026-05111-00, índice 2, certificado A56FBD04BDAB4109
BD441C2A8B0714C9 63A9E6DBB6396E22 8E3DC13BDE687D72.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

TERCERO: […] al Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá admitir la
demanda de reparación directa radicada el 21 de abril de 2025, para que se tramite
conforme a derecho y se garantice el acceso efectivo a la Administración de Justicia.

CUARTO: […] a las autoridades judiciales accionadas aplicar en adelante los
principios de interpretación conforme al bloque de constitucionalidad, control de
convencionalidad y principio pro persona, especialmente en los casos relacionados
con víctimas de graves violaciones de derechos humanos o del genocidio político de
la Unión Patriótica.

13. Como sustento de sus pretensiones, la parte actora sostuvo que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto sustantivo al aplicar de
manera estricta el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, sin
atender el bloque de constitucionalidad, el principio pro persona ni las reglas
jurisprudenciales aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos.

14. Aseveró que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
desconocieron que el cómputo de la caducidad debía realizarse a partir del
momento en que las víctimas adquirieron cierto conocimiento de la imputabilidad
estatal y contaron con una posibilidad real de acudir a la administración de justicia.
Para respaldar esta posición, invocó las sentencias SU-253 de 2013, SU-254 de
2013 y SU-312 de 2020 de la Corte Constitucional, así como la sentencia de
unificación 61033 de 2020 del Consejo de Estado.

15. Asimismo, alegó que las autoridades accionadas omitieron valorar
adecuadamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
proferida el 27 de julio de 2022 y notificada el 30 de enero de 2023, mediante la cual
se declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el exterminio
sistemático de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica y se reconoció
expresamente al señor Gerardo Berrio Sanabria como víctima de ejecución
extrajudicial en el Anexo I, numeral 485.

16. Señaló que dicha decisión impuso al Estado el deber de garantizar el acceso
efectivo a la justicia y la reparación de las víctimas, así como de remover los
obstáculos que impidieran el ejercicio de sus derechos. Sostuvo que el Tribunal
consideró que la responsabilidad estatal en los hechos relacionados con la Unión
Patriótica constituía un hecho notorio, lo que, a su juicio, desconoció las reglas
relativas al conocimiento efectivo de la imputabilidad estatal. Agregó que las
decisiones judiciales previas sobre esos casos tenían efectos inter partes y no erga
omnes, por lo que no podían servir para presumir que los accionantes tenían certeza
de la imputación del daño al Estado.

17. De igual forma, planteó que se desconoció la regla fijada en la sentencia SU-
254 de 2013 respecto del cómputo de la caducidad en casos de desplazamiento
forzado, conforme con la cual debían atenderse las particularidades de cada
situación y los obstáculos que enfrentaban las víctimas para acceder a la justicia.

18. Afirmó además que el desplazamiento forzado constituye una violación de
carácter continuado, que se mantiene mientras la víctima no pueda retornar en

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

condiciones de seguridad ni reconstruir su proyecto de vida. Cuestionó que el
Tribunal concluyera que las causas del desplazamiento habían cesado, a más tardar
en 2015, con fundamento en la declaración presentada para la inscripción en el
Registro Único de Víctimas, sin prueba suficiente que respaldara esa conclusión.

19. En relación con el defecto fáctico, indicó que las autoridades judiciales no
otorgaron el valor probatorio correspondiente al reconocimiento efectuado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del señor Gerardo Berrio
Sanabria, identificado como víctima en el numeral 485 del Anexo I de la sentencia
del caso «Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia».

20. Refirió que las autoridades judiciales omitieron valorar integralmente el
contexto de riesgo y la persistencia de estructuras paramilitares en el corregimiento
de Estados Unidos, municipio de Becerril (Cesar), así como las condiciones reales
de retorno y arraigo de la familia. También cuestionó que el análisis judicial se
hubiera concentrado principalmente en el desplazamiento forzado, sin estudiar de
manera suficiente la procedencia de la demanda respecto de la ejecución
extrajudicial del señor Gerardo Berrio Sanabria.

21. También alegó el desconocimiento del bloque de constitucionalidad y del
control de convencionalidad, por la falta de aplicación de los artículos 93 de la
Constitución Política y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
así como por la inobservancia de los estándares fijados por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de acceso a la justicia y reparación de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

22. En ese sentido, reiteró que las decisiones cuestionadas se apartaron del
precedente fijado en las sentencias SU-254 de 2013, SU-312 de 2020, SU-241, SU-
279, SU-429 y SU-439 de 2024 en relación con el cómputo de la caducidad frente
a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, la protección reforzada de las
personas desplazadas y el deber de valorar los obstáculos materiales que enfrentan
las víctimas para acceder a la administración de justicia.

23. Manifestó que se desconoció la sentencia de unificación 61033 de 2020 del
Consejo de Estado, según la cual el término de caducidad debe computarse desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación estatal y
advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, así como la regla
conforme a la cual dicho término no corre cuando existan circunstancias que hayan
impedido materialmente el ejercicio de la acción.

24. Indicó que las providencias cuestionadas desconocieron precedentes
horizontales y decisiones adoptadas en casos análogos por distintos juzgados
administrativos de Bogotá y por el propio Tribunal Administrativo de Cundinamarca7,
en los que se admitieron demandas o se revocaron decisiones que declaraban la
caducidad en asuntos relacionados con víctimas de la Unión Patriótica,
desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. En su criterio, el Tribunal se

7
En el escrito de tutela se citaron los siguientes radicados: 2024-00323-01, 2025-00074-01 y 2025-00022-01.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

apartó injustificadamente de esas decisiones, lo que generó un trato desigual frente
a situaciones fácticas comparables.

25. Finalmente, adujo que las providencias cuestionadas incurrieron en violación
directa de la Constitución, al desconocer los mandatos contenidos en los artículos
2, 13, 29, 93 y 229 superiores, referentes al deber estatal de garantizar la protección
efectiva de los derechos de las víctimas, su igualdad material, el debido proceso y
el acceso a la administración de justicia.

26. Añadió que, ante las dudas existentes sobre la cesación del desplazamiento,
el conocimiento de la imputabilidad estatal y los obstáculos materiales para acudir
a la jurisdicción, las autoridades judiciales debieron aplicar los principios pro actione
y pro víctima, permitiendo el desarrollo probatorio del proceso en lugar de rechazar
la demanda en la fase inicial por caducidad.

2.3. Trámite procesal

27. La parte tutelante radicó documentos ante esta corporación el 21 de enero de
2026 y, mediante correo electrónico del 26 de enero de 2026, la Secretaría de la
Sección Tercera los remitió por competencia a los juzgados administrativos de
Bogotá al advertir que se trataba de una demanda de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

28. El asunto correspondió al Juzgado Treinta y Uno Administrativo de Bogotá
que, en auto del 29 de abril de 2026, inadmitió la demanda y solicitó subsanarla
para que la parte actora: (i) acreditara el vínculo legal de cada uno de los
demandantes y aportara el poder conferido a su representante judicial; (ii)
demostrara el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría General de la Nación; y (iii) allegara los documentos que se
encontraban en su poder y que había relacionado en el acápite de pruebas.

29. Los señores Ludis Durán Sánchez, Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio
Durán y Gerardo Berrio Durán presentaron memorial el 4 de mayo de 2026, en el
que aclararon que el 21 de enero de 2026 habían promovido acción de tutela contra
las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá
y confirmadas por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, oportunidad en la que aportaron el escrito de amparo.

30. Indicaron que la solicitud de amparo fue radicada con el número 3481291 y
que, aunque aportaron las pruebas correspondientes en tres archivos, por error no
adjuntaron el escrito de tutela.

31. Posteriormente, el Juzgado emitió auto del 18 de junio de 2026, en el que
ordenó remitir el expediente al Consejo de Estado porque la acción se dirigía contra
una providencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y,
por tanto, carecía de competencia para conocer del asunto.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

32. El despacho ponente de esta Subsección, con auto del 6 de julio de 20268,
admitió la demanda de tutela; vinculó en calidad de terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional; requirió el expediente
ordinario objeto de controversia; tuvo como pruebas los documentos aportados; y
dispuso las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

33. El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá 9 mencionó que no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, pues la
tutela no podía convertirse en una tercera instancia ni en un mecanismo para reabrir
debates propios del juez natural o controvertir decisiones adoptadas conforme al
principio de legalidad. Señaló que ello desconocería la independencia judicial y
afectaría la seguridad jurídica. En consecuencia, solicitó que se denegaran las
pretensiones de amparo.

34. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca10 consideró que la parte tutelante no acreditó una carga
argumentativa suficiente para demostrar la vulneración de un derecho fundamental,
dado que sus reparos se dirigieron a cuestionar la interpretación y aplicación de las
reglas de caducidad del medio de control de reparación directa y la valoración
probatoria efectuada por el juez natural. Por ello, concluyó que la acción de tutela
no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, razón por la cual resultaba
improcedente.

35. El Ministerio de Defensa, Policía Nacional11 aclaró que carecía de competencia
para acceder a las pretensiones de la parte actora, toda vez que la legitimación en
la causa por pasiva correspondía a las autoridades judiciales que conocieron del
proceso. Que no fue parte del trámite contencioso administrativo ni tuvo injerencia
en las decisiones adoptadas dentro del mismo, motivo por el cual solicitó su
desvinculación.

36. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente
solicitud de amparo interpuesta por los señores Ludis Durán Sánchez, Dauris Berrio
Durán, Kellys Johanna Berrio Durán y Gerardo Berrio Durán contra la Subsección A
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

8
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05111-00, índice 4, certificado 62A1710E54C0D871
1AA8D40DB5670CA4 9B991084CD0F575D 9A2CA606D8B0AE7C.
9
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05111-00, índice 14. Certificado 206EF30DF287380F
A6431B863FBFFD3A 51DBD1E96798029D 230270C34F7943F3.
10
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05111-00, índice 17, certificado 36BC69257BD145D4
F4F01FF0CA87C732 E9B06C10E6F3E581 06CE835EAEC95436.
11
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05111-00, índice 18, certificado EBDBA86D7F45AA30
781258D7F8920E7F 061FF7B1D38C2C7E 0FF490AE706F8C89.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

3.2. Legitimación en la causa

38. La legitimación en la causa por activa de los señores Ludis Durán Sánchez,
Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio Durán y Gerardo Berrio Durán se
encuentra acreditada porque son los demandantes en el proceso de reparación
directa con radicado núm. 11001-33-36-034-2025-00133-00 en el que fueron
emitidos los autos que, según afirmaron, vulneraron sus derechos fundamentales.

39. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y de la Subsección A de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debido a que son las
autoridades que profirieron las decisiones judiciales acusadas de vulnerar derechos
fundamentales.

40. Por otro lado, se advierte que el Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional solicitó su desvinculación al considerar que no estaba llamada a responder
por la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

41. Al respecto, la Sala debe aclarar que su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y
contradicción. En ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como
autoridad accionada, no es posible declarar su falta de legitimación en la causa por
pasiva. Por lo anterior, se negará dicho requerimiento.

3.3. Cuestiones preliminares

42. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien el escrito de tutela se dirige a
cuestionar las providencias proferidas por el Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Bogotá y la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del medio de control de reparación directa
con radicado núm. 11001-33-36-034-2025-00133-00/01, lo cierto es que los
argumentos que sustentan las pretensiones de la parte actora guardan unidad de
materia y se dirigen en similares términos frente a las dos decisiones cuestionadas.

43. En consecuencia, el estudio del presente asunto se centrará en la providencia
de segunda instancia expedida el 20 de noviembre de 2025 por la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que esta
decisión fue la que puso fin a la actuación judicial promovida por la señora Ludis
Durán Sánchez y otros.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

44. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte
Constitucional ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias
judiciales procede de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado
núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

8

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

generales y específicos, en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales
se haga un uso abusivo de este mecanismo constitucional13.

45. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y
que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

46. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales14 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

47. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

48. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional16 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa y con claridad en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

49. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

13
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
15
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

50. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.

51. De igual manera, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez
que la sentencia objeto de reparos fue proferida el 20 de noviembre de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
y la demanda de tutela se presentó el 4 de mayo de 2026, esto es, dentro del plazo
de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional17 y del Consejo de
Estado18 como razonable.

52. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela,
sino que se dictó dentro de un proceso de reparación directa.

53. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico, de
desconocimiento del precedente judicial y constitucional y de violación directa de la
Constitución por desatención del bloque de constitucionalidad y del control de
convencionalidad, en ese orden, continuará con el análisis de fondo en los términos
que planteó la parte actora.

3.5. Problema jurídico

54. La Sala debe determinar si ¿el Tribunal accionado vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
igualdad y a la reparación integral de la parte tutelante?

55. En particular, deberá establecer si ¿el auto del 20 de noviembre de 2025
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente
judicial y constitucional y de violación directa de la Constitución al confirmar la
decisión que declaró la caducidad de la demanda?

56. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados;
ii) breves consideraciones sobre el presupuesto de caducidad; y iii) caso concreto.

3.5.1. El defecto sustantivo

57. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada

17
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado19.

58. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta
que la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

59. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales en
su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de las
normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]20.

60. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía
de los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

61. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).21

3.5.2. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente

62. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la

19
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
21
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas22.

63. Al respecto, la Corte Constitucional23 ha considerado que el precedente se
define como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a
un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior24. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.

Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales.

64. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia25.

65. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano
que los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por

22
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar”
la vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento
en estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la
misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para
valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse
de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el
precedente horizontal».
23
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
24
Se transcribe incluso con errores de texto.
25
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»26.

66. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela27.

67. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela
ante la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5.3. Violación directa de la Constitución

68. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual,
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»28.

69. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo, sin embargo, en sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200529.

70. Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se
configura en los siguientes eventos:

26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del
precedente horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y
suficiencia. El primero exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares
(es decir, que reconozca expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un
precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a
la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial
o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el
derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores
judiciales».
28
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
29
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

a) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal
de conformidad con el precedente constitucional.

b) Se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata.

c) Los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución.

d) Si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales30.

71. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone de manera preferente la aplicación de los
postulados de la Carta Política, sus reglas, principios y valores.

3.5.4. Presupuesto de caducidad del medio de control de reparación directa
en asuntos de delitos de lesa humanidad

72. El artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 prevé en su numeral 2, literal i31, que el
término de 2 años de vigencia del medio de control de reparación directa inicia a
partir del día siguiente a la ocurrencia de los hechos, o desde que los demandantes
debieron tener conocimiento de estos, siempre y cuando se demuestre que no
pudieron conocerlo antes. En cuanto al delito de desaparición forzada, tiene su
propia regulación.

73. Por otra parte, la Corte Constitucional, al abordar el derecho fundamental a la
reparación integral de la población víctima del desplazamiento forzado, consideró
en la sentencia SU-254 de 2013 lo siguiente en relación con la caducidad del medio
de control:

VIGÉSIMO CUARTO. DETERMINAR que para efectos de la caducidad de futuros
proceso judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los términos
para la población desplazada sólo podrán computarse a partir de la ejecutoria del
presente fallo y no se han de tener en cuenta trascursos de tiempo anteriores, por
tratarse de sujetos de especial protección constitucional, en atención a sus
circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta.

30
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
31
«Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
Sin embargo, el término para formular la pretensión de reparación directa derivada del delito de desaparición
forzada, se contará a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto desde la ejecutoria del fallo
definitivo adoptado en el proceso penal, sin perjuicio de que la demanda con tal pretensión pueda intentarse
desde el momento en que ocurrieron los hechos que dieron lugar a la desaparición».

14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

74. Lo anterior tuvo fundamento en que la población víctima del desplazamiento
forzado son sujetos de especial protección constitucional en atención a las
circunstancias de vulnerabilidad extrema y debilidad manifiesta, en concordancia
con la sentencia C-099 de 2013, puesto que la indemnización por vía administrativa
no podía constituir el goce efectivo a la reparación integral.

75. En este punto, cabe destacar que la sentencia SU-254 de 2013 tuvo por objeto
el alcance y desarrollo de los derechos fundamentales de las víctimas del
desplazamiento forzado y no la regulación en sí misma del presupuesto de
caducidad del medio de control de reparación directa.

76. Por otro lado, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
profirió sentencia de unificación de jurisprudencia el 29 de enero de 202032, dado
que no existía un criterio uniforme en cuanto a la exigibilidad del término de
caducidad para demandar en reparación directa por delitos de lesa humanidad o un
crimen de guerra. En esa oportunidad, determinó lo siguiente:

PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con
ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro
asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al
Estado, bajo las siguientes premisas: i) en tales eventos resulta aplicable el término
para demandar establecido por el legislador; ii) este plazo, salvo el caso de la
desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando
los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del
Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y iii) el
término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas,
empezará a correr el plazo de ley.

77. En particular, el alto tribunal estableció que no resultaba exigible el
presupuesto de la caducidad en aquellos casos en los que se configuraban
circunstancias que obstaculizaban materialmente el ejercicio del derecho de acción,
como secuestros o enfermedades; pero que, una vez fueran superadas dichas
situaciones, iniciaría el término de 2 años.

78. En esa oportunidad no se efectuaron precisiones excepcionales para eventos
de desplazamientos forzados, por lo que debe entenderse que aplican las reglas
generales de la sentencia de unificación a las demandas presentadas para reclamar
la reparación de los perjuicios causados con ese delito.

79. Por su parte, la Corte Constitucional también incurrió en sus diferentes salas
de revisión en posturas encontradas respecto del análisis del término de caducidad
del medio de control en asuntos de graves violaciones de derechos humanos,
motivo por el que la Sala Plena dictó la sentencia de unificación SU-312 de 2020,
decisión en la que acogió la tesis de la sentencia de la Sección Tercera del Consejo
de Estado del 29 de enero de 2020.

32
Expediente núm. 85001-33-33-002-2014-00144-01.

15

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

80. El tribunal constitucional fijó como subreglas, entre otras, que el presupuesto
de caducidad no podía aplicarse de «manera rígida» sino que, bajo ciertas
particularidades procedía su flexibilización para garantizar el acceso a la
administración de justicia, las cuales debían ser valoradas en cada caso; que el
término previsto es razonable en el entendido de que exige que el interesado tuviera
la posibilidad de conocer la participación de un agente del Estado en los hechos y
de acudir a la administración de justicia a presentar su reclamación; y que, debido
a que las víctimas tienen dificultades para cumplir la carga probatoria, tal estándar
debía flexibilizarse.

81. Por último, la postura de la sentencia SU-312 de 2020 fue reiterada por la Corte
Constitucional en el fallo SU-439 de 2024.

3.6. Caso concreto

82. En el asunto bajo estudio, los ahora tutelantes presentaron demanda de
reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional y Policía Nacional, con la pretensión de que se declarara la
responsabilidad del Estado por la muerte del señor Gerardo Berrio Sanabria
ocurrida el 16 de agosto de 1991, por su condición militante de la Unión Patriótica,
y el posterior desplazamiento del que fueron víctimas. Además, que se condenara
al pago de los daños y perjuicios causados.

83. En primera instancia, el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá
rechazó la demanda en auto el 22 de agosto de 2025 porque encontró probada la
excepción de caducidad. El despacho concluyó que habían transcurrido
ampliamente los dos años previstos para ejercer el medio de control y que los
demandantes no demostraron la existencia de una circunstancia que les hubiera
impedido acudir oportunamente a la administración de justicia. Además, consideró
que no era válido afirmar que solo conocieron la responsabilidad estatal con la
sentencia de la CIDH, pues desde muchos años antes era conocida la situación de
desprotección de los miembros de la Unión Patriótica.

84. Contra la anterior decisión la parte demandante presentó recurso de apelación,
para lo cual argumentó que la caducidad no podía ser analizada sin considerar el
contexto de violencia y desplazamiento sufrido, y que solo tuvo certeza de la
responsabilidad estatal con la sentencia de la CIDH de 2023, por lo que el término
debía contarse desde esa fecha. Además, sostuvo que, en casos de violaciones a
los derechos humanos, la caducidad no es procedente.

85. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca profirió auto el 20 de noviembre de 2025 en el que
confirmó el incumplimiento del presupuesto de caducidad.

86. Al respecto, los tutelantes afirmaron que el Tribunal incurrió en los defectos
sustantivo, fáctico, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución. En el escrito de amparo argumentaron que la caducidad debía
contarse desde el momento en que tuvieron certeza de la responsabilidad del
Estado, lo que ocurrió únicamente con la notificación de la sentencia de la CIDH

16

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

sobre el caso de la Unión Patriótica el 30 de enero de 2023. Por ello, consideraron
que la demanda se presentó en 2025 de manera oportuna.

87. Por otro lado, adujeron que el desplazamiento forzado es un daño de carácter
continuado y que la caducidad solo puede computarse cuando cesan las
condiciones que impiden a las víctimas acceder efectivamente a la administración
de justicia. En consecuencia, reprocharon que las decisiones judiciales no valoraran
adecuadamente si el desplazamiento y las condiciones de riesgo habían finalizado.

88. Pues bien, dado que todos los argumentos de tutela controvierten la decisión
que declaró la caducidad de la demanda, la Sala analizará de manera conjunta la
posible configuración de los defectos invocados.

89. Revisado el auto del 20 de noviembre de 2025, se observa que la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca recordó que,
conforme al artículo 164 del CPACA y a la sentencia de unificación de la Sección
Tercera del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, las pretensiones de
reparación directa, incluso cuando se derivan de delitos de lesa humanidad o
crímenes de guerra, están sometidas al término de caducidad de dos años.

90. Dicho plazo, según el sustento normativo y jurisprudencial, se cuenta desde
que la víctima conoció o debió conocer la participación del Estado en el daño y la
posibilidad de imputarle responsabilidad, salvo que existan obstáculos materiales
que hayan impedido ejercer la acción.

91. También, destacó que el desplazamiento forzado constituye un daño
continuado, por lo que el plazo de vigencia del medio de control no inicia
necesariamente desde la ocurrencia del hecho, sino desde la cesación del daño.
Para determinar ese momento deben analizarse las circunstancias particulares de
cada caso, tales como el retorno al lugar de origen, la existencia de condiciones de
seguridad para regresar, el reasentamiento o arraigo de la víctima en otro lugar o la
posibilidad real de acceder a la administración de justicia.

92. Tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente la
sentencia SU-254 de 2013, reiterada en las sentencias SU-429 de 2024 y T-004 de
2025, según la cual, tratándose de víctimas de desplazamiento forzado, los términos
de caducidad solo pueden computarse a partir de la ejecutoria de dicha sentencia,
en atención a su condición de sujetos de especial protección constitucional y a las
condiciones de vulnerabilidad que genera el desplazamiento.

93. Frente al caso concreto, luego de establecer los parámetros legales y
jurisprudenciales para resolver sobre el presupuesto de la caducidad, el Tribunal
valoró que al proceso ordinario fueron aportadas las siguientes pruebas:

(i) el registro civil de defunción de Gerardo Berrio Sanabria y los registros civiles de
parentesco;

(ii) declaración rendida por Ludis Durán Sánchez ante las autoridades de atención a
víctimas en 2015;

17

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

(iii) declaraciones extraprocesales de terceros sobre los hechos ocurridos en agosto
de 1991;

(iv) certificaciones expedidas por la organización Unión Patriótica que reconocen a
Gerardo Berrio Sanabria como víctima de homicidio y a Ludis Durán Sánchez como
víctima de desplazamiento forzado;
(v) un recorte de prensa relacionado con el conflicto armado en el municipio de
Becerril; y

(vi) el anexo de la sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica
vs. Colombia, en el que figura Gerardo Berrio Sanabria como víctima.

94. De las pruebas aportadas y los parámetros legales y jurisprudenciales
estudiados en el auto del 20 de noviembre de 2025, el Tribunal abordó los reparos
del recurso de apelación sobre el conocimiento de la imputación del daño al Estado
a partir de la sentencia de la CIDH. Al respecto, explicó que la sentencia de la CIDH
en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia no podía
tomarse como el momento a partir del cual los demandantes adquirieron
conocimiento de la posible responsabilidad estatal.

95. Señaló que dicha providencia reconoció la participación y responsabilidad del
Estado en la violencia sistemática contra los miembros de la Unión Patriótica, pero
que esa realidad ya había sido reconocida con anterioridad por la Corte
Constitucional, el Consejo de Estado e incluso por la propia jurisprudencia
interamericana con el caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia de 2010, al punto
de constituir un hecho notorio.

96. Así, concluyó que la responsabilidad estatal por los crímenes cometidos contra
integrantes de la Unión Patriótica había sido objeto de numerosos pronunciamientos
judiciales desde años atrás, razón por la que no compartió la tesis de que
únicamente con la notificación de la sentencia de la CIDH en 2023 los demandantes
hubieran conocido la posibilidad de imputar el daño al Estado.

97. Agregó que la sentencia de la CIDH no estableció una regla especial sobre la
caducidad de las acciones de reparación directa y que, además, los demandantes
no acreditaron circunstancias que les hubieran impedido ejercer material y
oportunamente el derecho de acción.

98. Para esta Sala, los argumentos del Tribunal encuentran respaldo en las
normas que regulan la materia y la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado
y de la Corte Constitucional, pues el término de caducidad no depende de la
existencia de una sentencia que declare formalmente la responsabilidad estatal,
sino del momento en que la víctima conoció o debió conocer los hechos que
permitían advertir la posible participación del Estado y la consecuente imputación
del daño.

99. Desde esta perspectiva, resulta razonable sostener que una decisión judicial
posterior no necesariamente constituye el punto inicial para el cómputo del término
cuando la discusión sobre la participación estatal en los hechos ya había sido

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

ampliamente desarrollada por la jurisprudencia nacional e internacional. En este
punto, cabe destacar que la parte accionante reconoció la existencia de dicha
jurisprudencia, pero adujo que no tenía efectos erga omnes y que el caso del señor
Gerardo Berrio Sanabria no había sido estudiado.

100. Sobre ello, es preciso reiterar que no se comparte el argumento de los
tutelantes porque no es necesaria la existencia de una decisión judicial que
reconozca la participación del Estado en unos hechos para tener certeza de la
imputación del daño. Así, si bien tienen razón en que algunos de los precedentes
resolvían casos concretos, lo cierto es que estos permitían conocer la intervención
de agentes estatales en los ataques contra miembros de la Unión Patriótica.

101. Tampoco resulta convincente la afirmación según la cual la inclusión del señor
Gerardo Berrio Sanabria en los anexos de la sentencia de la CIDH constituyó el
hecho que generó el conocimiento de la imputación, toda vez que esa inclusión
representa un reconocimiento internacional de la condición de víctima dentro de ese
proceso, pero no un hecho nuevo creador de responsabilidad estatal ni un elemento
indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.

102. La posibilidad de promover el medio de control de reparación directa no
dependía de que existiera un pronunciamiento específico de la CIDH u otra
autoridad judicial sobre el caso individual del señor Berrio Sanabria; sino de la
existencia de elementos que permitieran cuestionar judicialmente la conducta
estatal, circunstancia que, tal y como lo concluyó el Tribunal, era cognoscible con
anterioridad a la sentencia de 2022.

103. Finalmente, también carece de sustento la referencia a que la sentencia de la
CIDH ordenó facilitar el acceso a la justicia de las víctimas de la Unión Patriótica,
en el entendido de que no se aplicara el presupuesto de caducidad, puesto que,
como lo destacó el Tribunal, dicha providencia no estableció una regla especial
sobre la vigencia del medio de control de reparación directa ni dispuso que los
términos para demandar debieran contarse desde su notificación.

104. En consecuencia, el reconocimiento de medidas de acceso a la justicia y
reparación para las víctimas no alteraba por sí solo el régimen jurídico de caducidad
aplicable al medio de control de reparación directa ni permitía concluir que el término
empezó a correr únicamente el 30 de enero de 2023.

105. En cuanto a los reparos de tutela relacionados con la flexibilización del
cómputo de la caducidad de cara a la condición de desplazamiento, es preciso tener
en cuenta que el Tribunal revisó las pruebas y encontró que no existía alguna que
acreditara las circunstancias del desplazamiento forzado alegado por los
demandantes, ya que no se aportó denuncia de los hechos ni información concreta
sobre su duración, lugar de llegada o permanencia fuera de Becerril.

106. Además, destacó que en la declaración rendida por Ludis Durán Sánchez para
la inscripción en el RUV, en mayo de 2015, figura como lugar de diligenciamiento el
municipio de Becerril, lo que permitía inferir que para esa fecha había retornado al

19

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

lugar de origen o, al menos, que ya estaba en condiciones de acceder a la
administración de justicia.

107. Con fundamento en la jurisprudencia constitucional sobre desplazamiento
forzado, el Tribunal sostuvo que, aun aplicando la regla favorable de la sentencia
SU-254 de 2013, el término de caducidad debía contarse desde la ejecutoria de
dicha providencia, ocurrida el 23 de mayo de 2013. En consecuencia, concluyó que
el plazo de dos años venció el 23 de mayo de 2015, por lo que la solicitud de
conciliación presentada en diciembre de 2024 y la demanda radicada en abril de
2025 resultaban extemporáneas.

108. Así las cosas, las conclusiones del Tribunal resultan consistentes con la
jurisprudencia que reconoce el desplazamiento forzado como un daño continuado,
pero que al mismo tiempo exige identificar algún momento objetivo a partir del cual
podía iniciarse el cómputo de la caducidad. La sola alegación del desplazamiento
no relevaba a la parte demandante de aportar elementos mínimos que permitieran
establecer la persistencia del daño, las condiciones de riesgo, la imposibilidad de
retorno o la subsistencia de obstáculos para acceder a la administración de justicia.

109. Sobre este punto, cabe resaltar que esta Sala revisó el escrito de tutela y
advirtió que los tutelantes argumentaron que el desplazamiento fue continuado,
cuestionaron que el Tribunal hubiera considerado superada esa situación en 2015
y sostuvieron que no existía prueba de retorno, arraigo o cesación del
desplazamiento; no obstante, no identificaron de manera precisa qué pruebas
demostraban esa condición ni hasta qué fecha se mantuvo.

110. En tal sentido, ante la ausencia de tales elementos, era legítimo que el juez
acudiera a las pruebas disponibles para determinar si existían indicios de
superación de dichas circunstancias, al margen de que, más allá de la manifestación
de esa condición, no había pruebas que la demostraran.

111. En todo caso, la aplicación de la regla especial contenida en la sentencia SU-
254 de 2013 favorecía a los demandantes, pues impedía contabilizar cualquier
término anterior a la ejecutoria de esa providencia. Sin embargo, incluso bajo ese
criterio más garantista, el Tribunal constató que la acción fue promovida varios años
después del vencimiento del plazo legal y que no se acreditaron circunstancias
excepcionales que justificaran un cómputo posterior. Por ello, concluyó
razonablemente que la demanda se encontraba caducada, sin desconocer la
condición de víctimas invocada por los accionantes ni la naturaleza continuada del
desplazamiento forzado.

112. Por las razones expuestas, el control de convencionalidad aducido en el
escrito de tutela ni los principios pro persona y pro víctima permitían en el caso
concreto superar el presupuesto de caducidad exigido en demandas de reparación
directa, puesto que quedó razonablemente expuesto en el auto del 20 de noviembre
de 2025, por un lado, que los demandantes tuvieron conocimiento de que el daño
podía ser imputado al Estado muchos años antes que la sentencia de la CIDH y,
por otro lado, que no estaban demostrados los elementos sobre desplazamiento
forzado que permitieran extender el plazo de vigencia del medio de control.

20

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

113. Por último, la parte accionante alegó que el auto reprochado desconoció
precedentes horizontales y decisiones adoptadas en casos análogos por distintos
juzgados administrativos de Bogotá33, en los que se admitieron demandas o se
revocaron decisiones que declaraban la caducidad en asuntos relacionados con
víctimas de la Unión Patriótica, desplazamiento forzado y ejecuciones
extrajudiciales. En su criterio, el Tribunal se apartó injustificadamente de esas
decisiones, lo que generó un trato desigual.

114. En relación con las providencias citadas proferidas por jugados administrativos
de Bogotá, cabe advertir que no constituyen precedente obligatorio horizontal para
el Tribunal, dado que esta última corporación es superior funcional, motivo por el
cual su desconocimiento no constituye la vulneración de derechos fundamentales.

115. En cuanto a las decisiones citadas del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca34 que la parte tutelante sostuvo fueron desconocidas, además de
que una de ellas no fue emitida por la misma subsección accionada35, cabe destacar
que en esos casos la autoridad judicial tuvo por acreditada la condición de
desplazamiento a partir de elementos aportados por las partes y que, ante la falta
de pruebas que permitieran determinar el momento en que finalizó esa situación,
admitió la demanda para resolver sobre la caducidad con posterioridad.

116. Así, es preciso recordar que en el asunto objeto de estudio, el Tribunal revisó
las pruebas y encontró que no existía alguna que acreditara siquiera las
circunstancias del desplazamiento forzado alegado por los demandantes.
Asimismo, se reitera que esta Sala revisó el escrito de tutela y advirtió que los
accionantes no identificaron de manera precisa qué pruebas demostraban esa
condición ni hasta qué fecha se mantuvo.

117. En ese orden, se observa que los autos invocados por los tutelantes como
desconocidos por el Tribunal no constituyen precedente horizontal, dadas las
diferencias fácticas que tienen con las particularidades del caso concreto. Por tal
motivo, la providencia del 20 de noviembre de 2025 objeto de reparos no adolece
del defecto alegado.

4. Conclusión

118. La providencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes, por cuanto no incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo, de desconocimiento del precedente y de violación directa de la
Constitución.

33
En el escrito de tutela se citaron los siguientes radicados: 2024-00323-01, 2025-00074-01 y 2025-00022-01.
34
En el escrito de tutela se citaron los siguientes radicados: 2024-00323-01, 2025-00074-01 y 2025-00022-01.
35
En el expediente 2025-00074-01, el auto citado lo profirió la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

21

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05111-00 (8098)
Accionantes: Ludis Durán Sánchez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y otro

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación que formuló el Ministerio de Defensa,
Policía Nacional, por las razones expuestas en esta providencia.

Segundo: Negar la acción de tutela que presentaron los señores Ludis Durán
Sánchez, Dauris Berrio Durán, Kellys Johanna Berrio Durán y Gerardo Berrio Durán
contra el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Bogotá y la Subsección A de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por los motivos
contenidos en esta sentencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.