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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05118-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05118-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Patricia Pineda Henao, por las razones expuestas en la parte considerativa. SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Grupo de sentencias que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, profiera una respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición elevada por la señora Patricia Pineda Henao el 3 de junio de 2026. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05118-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05118-00
Accionante: Patricia Pineda Henao

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05118-00
Demandante: Patricia Pineda Henao
Demandado: Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Grupo
de Sentencias
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela. Derecho fundamental de petición. Accede al amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela promovida por Patricia
Pineda Henao contra la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial – Grupo de
Sentencias.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

Patricia Pineda Henao, actuando en nombre propio, promovió acción de tutela con el
propósito de obtener la protección de sus derechos de petición e igualdad, los
cuales considera vulnerados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Grupo de Sentencias, con ocasión de la presunta falta de respuesta al derecho de
petición que presentó el pasado 3 de junio de 2026, con el fin de que se diera
cumplimiento a la decisión judicial emitida el 4 de febrero de 2025, mediante la cual
se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la Nación – Rama Judicial,
en los términos del mandamiento de pago de fecha 2 de septiembre de 2024
proferido dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado núm. 66001-33-
31-001-2017-00254-01.

2. Hechos

Los hechos en que se sustenta el escrito de tutela son los siguientes 1:

1
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70B4C235076747AF 0FB58056D1438035.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05118-00
Accionante: Patricia Pineda Henao

2.1. El 3 de junio de 2026 la señora Patricia Pineda Henao presentó petición al
Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial con el
fin de que se diera cumplimiento a la decisión judicial proferida el 4 de febrero de
2025, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la
Nación – Rama Judicial, en los términos del mandamiento de pago de fecha 2 de
septiembre de 2024 proferido dentro del proceso ejecutivo identificado con el
radicado núm. 66001-33-31-001-2017-00254-01; adicionalmente solicitó que se le
informara en qué fecha se realizaría el pago restante a su favor.

2.2. Indica que al momento de la presentación de la acción de tutela no ha recibido
respuesta a la petición elevada.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

La parte accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición e
igualdad. En consecuencia, pidió que, por vía de tutela, se ordene al Grupo de
Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial dar respuesta
clara, precisa y de fondo a la petición elevada el 3 de junio de 2026.

Sostuvo que el derecho de petición permite a cualquier persona acudir a cualquier
entidad para presentar solicitudes, las cuales deben ser atendidas dentro del
término legal y brindar una respuesta clara, precisa y de fondo. Adicionalmente
sostuvo que dicho derecho constituye una garantía fundamental que protege los
principios, derechos y deberes establecidos en la Constitución Política.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 6 de julio de 20262, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación, comunicó a las partes la posibilidad de presentar
informes, dispuso tener como pruebas los documentos aportados con el escrito de
tutela y suspendió los términos.

Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:

4.2. La señora Patricia Pineda Henao3 presentó memorial por medio del cual
informó que el 14 de julio de 2026 había recibido respuesta por parte de la autoridad
judicial accionada sin embargo, indicó que dicha respuesta no resulta congruente
con el derecho de petición radicado el 3 de junio de 2026 al informarse el turno
respecto del pago de una demanda de bonificación judicial y no respecto del pago
de la demanda de reconocimiento de pago de dominicales y festivos.

2
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51081AC2BB0ECC34 F5A4F3B4A6C5DD41.
3
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8B013B2D01F052F8 D1BF2C0697DAD900.

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Accionante: Patricia Pineda Henao

En razón de lo anterior argumentó que dicha respuesta no satisface su derecho
fundamental de petición, al no atender de manera específica el asunto planteado ni
resolver de fondo las inquietudes formuladas en el derecho de petición presentado
el 3 de junio de 2026. En consecuencia, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales y que se ordenara a la autoridad accionada emitir una respuesta
congruente a la petición presentada.

4.3. El Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial4, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado debido a
que mediante correo electrónico del 14 de julio de 2026 se remitió al correo
electrónico de la actora: ppinedah@cendoj.ramajudicial.gov.co la respuesta al
derecho de petición presentado el 3 de junio de 2026.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
señora Patricia Pineda Henao, pues fue quien presentó el derecho de petición del
cual se alega la presunta falta de respuesta.

2.2. De igual forma, se encuentra demostrada la legitimación en la causa por
pasiva del Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, en tanto actúa como autoridad ante la cual se presentó el derecho de
petición.

3. Problema jurídico

La controversia se centra en establecer si la autoridad accionada vulneró los
derechos fundamentales de petición e igualdad de la señora Patricia Pineda Henao,
al no dar respuesta a la solicitud formulada el 3 de junio de 2026.

4. Derecho de petición

El artículo 23 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
general o particular, y a obtener una pronta resolución. Su regulación está
establecida en el Título II de la Primera Parte del Código de Procedimiento
4
Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado DDCC1504F9D1A83C 2E887554D6CDD5F3
80AFF64E5D9C2496 D4D7FB7ED116455E.

3

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Accionante: Patricia Pineda Henao

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5, y de acuerdo con el artículo 136
de dicho cuerpo normativo, las personas tienen derecho a presentar, de forma
respetuosa, solicitudes de interés general o particular ante las autoridades, y a
“obtener pronta resolución, completa y de fondo”.

La Corte Constitucional7 ha indicado que “(…) dentro de sus garantías se
encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe
entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación
debe ser clara y efectiva respecto de lo pedido, de tal manera que permita al
peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En esa dirección también ha
indicado que a este derecho se adscriben tres posiciones: “(i) la posibilidad de
formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término
legal y la consecuente notificación de la respuesta al peticionario”.

Además, la jurisprudencia constitucional ha definido el núcleo esencial de este
derecho bajo los siguientes términos:

“El núcleo esencial de un derecho representa aquellos elementos
intangibles que lo identifican y diferencian frente a otro derecho, los cuales
no pueden ser intervenidos sin que se afecte la garantía. En el derecho de
petición, la Corte ha indicado que su núcleo esencial se circunscribe a: i) la
formulación de la petición; ii) la pronta resolución, iii) respuesta de fondo y
iv) la notificación al peticionario de la decisión”8. (Subrayado fuera del texto)

De otro lado, si quien recibe la solicitud considera que no tiene competencia para
contestarla, debe informar al interesado, verbalmente o por escrito, proceder con la
remisión de esta al competente y enviar copia del oficio remisorio al peticionario. En
caso de no existir funcionario competente, así deberá comunicarlo9.

Ante una petición respetuosa, una autoridad debe responder de manera sustantiva y
congruente con lo solicitado; pedir su complementación si es necesario, para luego
resolverla de fondo o remitirla a la autoridad competente, en donde explique las
razones de su decisión, todo dentro de los plazos establecidos por la ley.

5
Título sustituido por la Ley 1755 de 2015.
6
Ley 1755 de 2015, artículo 13. “Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona
tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este código,
por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras
actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la
resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y
requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de
abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación con las entidades dedicadas a su
protección o formación”.
7
Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2018. Al respecto, ver sentencias : T-737 de 2005., T-236 de 2005,
T-718 de 2005, T-627 de 2005, T-439 de 2005, T-275 de 2006, T-214 de 2005, T-867 de 2013, T-268 de 2013
y T-083 de 2017, entre otras.
8
Corte Constitucional, sentencia C-951 de 2014, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
9
Artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

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Accionante: Patricia Pineda Henao

Otro punto para destacar es que, a través de la Ley 1755 de 2015 10, se reguló el
término para resolver las peticiones presentadas en general, el cual es de quince
(15) días después de su recepción. Ahora bien, cuando se solicitan documentos o
información se resolverá en los diez (10) días siguientes a su recepción y si no se le
da respuesta al peticionario, se entenderá que la solicitud se ha aceptado y, por
ende, las copias se entregarán en los tres (3) días siguientes. Por su parte, el
artículo 20 ibídem prevé sobre la atención prioritaria a las peticiones de
reconocimiento de un derecho fundamental cuando estas deban ser resueltas para
evitar un perjuicio irremediable al peticionario.

En suma, el derecho de petición adquiere real importancia, por cuanto es
considerado como un instrumento fundamental con el que cuenta el Estado para
hacer efectiva la democracia participativa, pues con fundamento en este, los
ciudadanos pueden acudir ante las autoridades con el fin de informarse y hacer
efectivos los demás derechos fundamentales.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que se amparará el derecho fundamental de petición de la parte
solicitante, por las razones que se exponen a continuación.

5.1. La señora Patricia Pineda Henao interpuso acción de tutela con el propósito de
obtener la protección de su derecho fundamental de petición e igualdad, los cuales
considera vulnerados por el Grupo de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial al no otorgarse respuesta a la petición elevada el 3 de junio
de 2026 mediante la cual solicitaba que se diera cumplimiento a la decisión judicial
emitida el 4 de febrero de 2025, mediante la cual se ordenó seguir adelante con la
ejecución en contra de la Nación – Rama Judicial, en los términos del mandamiento
de pago de fecha 2 de septiembre de 2024 proferido dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado núm. 66001-33-31-001-2017-00254-01.

5.2. Con base en los documentos aportados con la tutela, por la entidad accionada y
en el memorial presentado por la accionante, la Sala constata que, si bien el Grupo
de Sentencias de la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial emitió
respuesta mediante el correo enviado el 14 de julio de 2026, esta no resolvió de
fondo, de manera clara y congruente, la petición presentada por la accionante.

5.3. Se advierte que la accionante solicitó que “se dé cumplimiento a la decisión
judicial emitida el 4 de febrero de 2025, mediante la cual se ordenó seguir adelante
con la ejecución, en lo relacionado con el pago de los dominicales y festivos
causados entre los años 2014 a 2017. Lo anterior, teniendo en cuenta que el pago
efectuado durante el año 2024 se realizó de manera parcial, quedando un saldo

10
Ley 1755 de 2015 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” junio 30 de 2015.

5

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pendiente por cancelar, pese a que el turno correspondiente ya fue asignado.” 11.
Adicionalmente con la petición anexó los autos proferidos por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira proferidos dentro del proceso identificado con
el radicado número 66001-33-33-001-2017-00254-01, de fecha 4 de febrero de
2025, mediante el cual se ordenó seguir adelante con la ejecución en contra de la
Rama Judicial en los términos del mandamiento de pago del 2 de septiembre de
2024, y 18 de febrero de 2026, mediante el cual se modificó la liquidación del crédito.

Sin embargo, al revisar la respuesta suministrada por la autoridad accionada se
evidencia que brindó respuesta respecto del proceso “No.
66001333300520170039902, cuenta de cobro radicada el 17 de mayo de 2023, a la
cual se le asignó el número de expediente administrativo No. 13209-L.” 12. Al revisar
el referido radicado, la Sala encuentra que corresponde a un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho tramitado ante el Tribunal Administrativo de Risaralda
en relación con el reconocimiento y pago de la bonificación judicial.

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Índice 00009 del aplicativo SAMAI, certificado DDCC1504F9D1A83C 2E887554D6CDD5F3
80AFF64E5D9C2496 D4D7FB7ED116455E.

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5.4. En efecto, se advierte que la respuesta no atendió congruentemente lo
solicitado por la accionante, en razón de que no se le informó el estado respecto del
cumplimiento de la decisión judicial proferida dentro del proceso ejecutivo
identificado con el radicado número 66001-33-31-001-2017-00254-01, sino que se
le informó sobre el cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso
identificado con el radicado número 66001-33-33-005-2017-00399-02.

En ese sentido, la Corte Constitucional13. ha reiterado que la respuesta al derecho
de petición debe atender efectivamente lo solicitado; para ello la contestación debe
ser clara, comprensible, precisa y responder específicamente a lo pedido, por lo que
debe abordar la materia objeto de la solicitud.

5.5. En ese contexto, la Sala concluye que la conducta desplegada por la entidad
accionada configura una vulneración del derecho fundamental de petición, en la
medida en que, pese a haberse emitido respuesta material a la solicitud elevada,
este no resultó congruente a la petición elevada y no respondió a las inquietudes de
la accionante.

5.6. En ese orden de ideas, resulta evidente el incumplimiento del deber
constitucional y legal de garantizar una respuesta de fondo, clara y oportuna,
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de
2015, lo que impone la protección del derecho invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

13
Ver entre otras T-174 de 2026, Sentencia SU-191 de 2022, T-012 de 1992, T-377 de 2000, C-007
de 2017, T-058 de 2018, T-230 de 2020, SU-213 de 2021.

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Accionante: Patricia Pineda Henao

FALLA

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de la señora Patricia
Pineda Henao, por las razones expuestas en la parte considerativa.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena a la Dirección Ejecutiva de la
Administración Judicial – Grupo de sentencias que, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, profiera una respuesta de
fondo, clara, precisa y congruente a la petición elevada por la señora Patricia Pineda
Henao el 3 de junio de 2026.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado

AOB

8

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