Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05133-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05133-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05133-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA / Improcedencia /
No se acreditaron los supuestos excepcionalísimos para su procedencia.
Surtido el trámite de ley, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de amparo
constitucional de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1. El 2 de julio del año en curso, José Rito Landazuri Landazuri, por conducto de
apoderada judicial, presentó demanda de tutela en busca de que se dejara sin
efectos la sentencia del 23 de junio de 2026, proferida por la autoridad accionada,
dentro del trámite de tutela1 que promovió en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC) - Establecimiento Penitenciario de Mediana
Seguridad y Carcelario de Tumaco “Cárcel Judicial de Bucheli”.
2. En dicho proceso solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, trabajo, libertad y acceso a la administración de justicia, los cuales estimó
vulnerados por la entidad accionada ante la negativa de certificar el tiempo laborado
para una futura redención de la pena bajo el argumento de que no existía registro en
el sistema denominado Plan de Acción y Sistema de Oportunidades “PASO”.
3. A través de la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Nariño revocó
la decisión de primera instancia2 que había concedido el amparo solicitado. En su
lugar, declaró la existencia de la cosa juzgada en relación con la solicitud de
protección del derecho fundamental de petición y la improcedencia de la pretensión
orientada a que se ordenara a la entidad enjuiciada reconocer el tiempo laborado por
1 Con radicado número 52835-33-33-002-2026-00077-00/01.
2 El fallo dictado el 19 de mayo de 2026 por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Tumaco.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el accionante y los días a que tendría derecho para efectos de redención de la pena
que le fue impuesta.
4. Señaló que previamente el actor había instaurado otra acción de tutela3 con
fundamento en los mismos hechos y persiguiendo el mismo objeto. Indicó que, en
esa oportunidad, se amparó su derecho fundamental de petición y, en consecuencia,
se ordenó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Tumaco emitir una respuesta clara, de fondo, completa y congruente frente a las
solicitudes presentadas el 8 de enero y el 19 de febrero de 2026, que abordara de
forma expresa los siguientes asuntos: la certificación de conducta del interno, los
certificados de cómputo por actividades laborales para redención de pena y el
concepto relacionado con el otorgamiento de subrogados penales. Destacó que, en
el marco de ese trámite, el accionante formuló un incidente de desacato.
5. Sostuvo que pese a que el INPEC respondió la petición y negó la expedición de la
certificación solicitada sobre el tiempo laborado para redención de la pena, el señor
Landazuri acudió nuevamente al juez constitucional alegando la vulneración de sus
derechos fundamentales, incluido el de petición, sin exponer ningún hecho nuevo
que habilitara el estudio de un asunto ya decidido por otro juez de tutela.
6. Aseveró que, en todo caso, el juez de tutela carece de competencia para intervenir
en el trámite del proceso penal al que se encuentra vinculado el actor, a efectos de
desconocer o modificar la decisión adoptada por el juez de conocimiento frente a la
autorización de trabajo otorgada. En consecuencia, tampoco puede ordenar al
INPEC expedir una certificación en términos distintos a los definidos por el juez de la
causa.
7. Como fundamento de la presente acción, la parte accionante adujo que el Tribunal
accionado vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia, al incurrir en los siguientes yerros:
8. Defecto fáctico, por valorar de forma errónea el acervo probatorio, pues este no
solo evidenciaba que los derechos invocados en la nueva solicitud de amparo eran
distintos, sino también la existencia de un hecho novedoso derivado de otra
respuesta emitida por el establecimiento penitenciario con posterioridad al fallo que
amparó su derecho de petición.
9. Explicó que, como consecuencia de la sentencia proferida el 17 de abril de 2026
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Tumaco y del posterior
trámite incidental de desacato, la entidad accionada emitió varias respuestas.
Manifestó que en ellas el director del instituto penitenciario se negó a certificar el
tiempo laborado, por considerar que no existía una solicitud previa ante el Programa
de Asignación de Actividades, pese a que el Juzgado Primero Penal Municipal
3 Con radicado número 52-835-31-09-003-2026-00026-00.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ambulante con Función de Control de Garantías de Pasto lo había autorizado para
desempeñarse como auxiliar de bodega en la empresa Centro De Soluciones
Integrales S.A.S. y existían elementos que acreditaban el ejercicio efectivo de dicha
actividad.
10. Sostuvo que dicho pronunciamiento constituye un hecho nuevo que motivó
interposición de una nueva acción de tutela, al considerar que dicha respuesta
transgredía sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, libertad y
acceso a la administración de justicia. Lo anterior, por cuanto le impedía acceder a
la redención de pena y prolongaba la restricción de su libertad.
11. Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución, toda vez que la
autoridad accionada confundió la certificación del tiempo laborado con el
reconocimiento de tiempo de trabajo o estudio para la redención de la pena. Indicó
que la primera corresponde al INPEC, mientras que la segunda requiere de la
certificación respectiva y de la posterior valoración por parte del juez competente.
Precisó que la finalidad de su solicitud consiste precisamente en obtener el
documento que acredite la labor efectivamente realizada.
12. En ese orden, arguyó que el Tribunal omitió aplicar el artículo 81 de la Ley 65 de
1993, al concluir que la autoridad competente para certificar el tiempo laborado era
el juez penal y no el INPEC. Refirió que, de conformidad con dicha disposición,
corresponde al director del establecimiento penitenciario certificar las jornadas de
trabajo cumplidas por las personas privadas de la libertad, en cualquiera de la
modalidad en que estas se desarrollen, ya sea intramural o durante la ejecución de
una medida de prisión domiciliaria.
B. Trámite procesal
13. Mediante auto del 10 de julio de 2026, se dispuso: (i) admitir la acción de tutela;
(ii) notificar de su presentación a la autoridad judicial demandada; (iii) vincular, en
calidad de terceros con interés, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) – Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de
Tumaco “Cárcel Judicial de Bucheli”; (iv) comunicar la decisión a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado; y (v) requerir al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Tumaco que remitiera copia digital del expediente con radicado número
52835-33-33-002-2026-00077-00/01, así como a la abogada Diana Xiomara Morales
Villamarín para que allegara en forma debida el poder que la faculta para actuar en
representación del señor Landazuri Landazuri en el presente trámite.
(i) Tribunal Administrativo de Nariño4
14. Solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, al considerar que no cumple
4 Intervención digital contenida en 3 folios.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial. Adujo que la decisión cuestionada se adoptó a partir de una valoración
conjunta de los elementos de juicio obrantes en el expediente, en ejercicio de la sana
crítica y con fundamento en el marco normativo y jurisprudencial sobre la materia.
15. En memorial visible a índice 11 del expediente digital, la profesional del derecho
antes mencionada atendió el requerimiento efectuado en el auto admisorio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Caso concreto
16. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por no encontrar
acreditados los presupuestos que habilitan su procedencia.
17. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción
de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente y rigurosa carga argumentativa, que la providencia acusada
fue producto de un actuar fraudulento5.
18. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la
acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en una conducta dolosa o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido
debido a que resulta evidentemente incorrecto6.
19. En el presente asunto, la parte actora alegó que la autoridad accionada incurrió
en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, así como en un defecto
sustantivo y en violación directa de la Constitución, por la confusión conceptual entre
el certificado de tiempo laborado y el reconocimiento de dicho periodo para efectos
de la redención de la pena.
20. De esta manera, el ejercicio argumentativo de la accionante se circunscribió a la
formulación de causales específicas de procedibilidad propias de la acción de tutela
contra una providencia judicial ordinaria, obviando la carga argumentativa adicional
que se impone cuando la sentencia objetada fue dictada en un proceso de tutela.
5 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015, reiterada en la sentencia SU-387 de 2022.
6 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
21. Dicha exigencia no se satisface con la sola enunciación de errores de apreciación
probatoria o de interpretación en relación con el alcance de determinadas
disposiciones. Como se anotó, cuando se acude al juez de tutela en busca de
controvertir una sentencia emitida en un trámite de la misma naturaleza, el
demandante no solo tiene la carga de demostrar, mediante un ejercicio
argumentativo serio y suficiente, la configuración de las causales específicas de
procedibilidad que atribuye a la decisión cuestionada, sino que, además, debe
acreditar de manera suficiente que la providencia objetada obedece a una actuación
fraudulenta producto de una intención dolosa o que se deriva de una interpretación
que riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la buena fe judicial.
22. No obstante, el accionante no desarrolló argumento alguno orientado a evidenciar
la existencia de un actuar fraudulento en el fallo objeto de reproche. Los reparos que
fundamentaron la vulneración alegada se reducen a simples discrepancias
valorativas y de interpretación jurídica con la decisión adoptada por el juez de tutela,
que no resultan suficientes para relevar la ocurrencia de un vicio susceptible de
comprometer derechos fundamentales.
23. Aunado a lo anterior, del contenido de la decisión objetada tampoco se vislumbra
algún indicio de arbitrariedad, dolo o fraude que habilite la procedencia
excepcionalísima del mecanismo de amparo, máxime si se tiene en cuenta que no
se ha surtido el trámite de selección eventual ante la Corte Constitucional.
24. Dicha circunstancia impide considerar la configuración de una eventual cosa
juzgada fraudulenta, habida cuenta que, según el Alto Tribunal, dicha figura sólo
podría producirse cuando la sentencia objetada no haya sido seleccionada para
revisión y haya vencido el término de insistencia7.
25. Porlo expuesto en precedente, la Sala declarará improcedente el amparo
deprecado.
26. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
7 Sentencia T-266 de 2022.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05133-00
Demandante: José Rito Landazuri Landazuri
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Diana Xiomara Morales
Villamarín, portadora de la tarjeta profesional 368.525 del Consejo Superior de la
Judicatura, como apoderada de la parte accionante, en los términos y para los
efectos del poder allegado en virtud del requerimiento efectuado en el auto admisorio
de la demanda.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
8 VF
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