RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05136-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05136-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05136-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR la solicitud de prórroga del 10 de julio de 2026 presentada por la abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y por la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: AMPARAR el derecho de petición de la señora Silvia Arenas Calderón respecto de la solicitud presentada el 9 de marzo de 2026 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales. CUARTO: En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la parte peticionaria la respuesta emitida frente a la solicitud del 9 de marzo de 2026, a través del correo electrónico indicado en dicha petición para efectos de notificaciones. QUINTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO de la demanda de tutela promovida por la señora Silvia Arenas Calderón, en lo que respecta a la petición formulada el 12 de mayo de 2026 al Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. SÉPTIMO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05136-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: SILVIA ARENAS CALDERÓN
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RESPUESTA DE PETICIÓN –
omisión en notificar la respuesta al correo electrónico de la accionante - No hubo
contestación de la petición presentada el 12 de mayo de 2026 / CARENCIA
ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO - respuesta a derecho de petición
durante el trámite de la acción de tutela.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela instaurada
por la señora Silvia Arenas Calderón, de conformidad con lo consagrado en el
artículo 86 de la Constitución Política, en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de
19911.

I. A N T E C E D E N T E S

La demanda

1. El 3 de julio de 2026, a través de apoderado2, la señora Silvia Arenas Calderón
presentó acción de tutela contra de la Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura y la oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda con el fin
de obtener la protección de su derecho fundamental de petición.

Hechos relevantes

2. El señor Mario de Jesús Cañas Valencia contrajo matrimonio católico con la
señora Silvia Arenas Calderón el 26 de julio de 19753.

3. El ciudadano mencionado prestó sus servicios en la Administración de Justicia
desde 1970 hasta 1980. Sin embargo, no se acreditó el tiempo de servicios laborado
en la Procuraduría General de la Nación, en lo que corresponde a las fechas de
septiembre de 1976 y enero de 1980.

1 Que ingresó para fallo el 17 de julio de 2026.
2 El abogado es el señor Juan Esteban Gómez Jiménez.
3 Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73 17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6
328BD8FA4BC8E5AC, pág. 10, índice 2 de samai.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

4. El señor Mario de Jesús Cañas Valencia falleció el 6 de enero de 1980 por
accidente de tránsito4.

5. Con base en esas situaciones, el 9 de marzo de 20265, la señora Silvia Arenas
Calderón radicó una petición ante la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de
Hacienda con el fin de que se certificara el tiempo de servicios CETIL 6 donde diera
cuenta de los periodos, cargo y los salarios devengados por el señor Cañas
Valencia.

6. De igual modo, el 12 de mayo de 20267, la actora radicó la misma solicitud ante
el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, a juicio de la accionante, para la
fecha de la presentación de la acción de tutela no había respuesta por ninguna de
las autoridades.

Pretensiones

7. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, se formularon las siguientes
pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“PRIMERA. – Que se declare la violación al derecho fundamental de petición
a la señora SILVIA ARENAS CALDERÓN por parte de la OFICINA DE
BONOS PENSIONALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LA RAMA
JUDICIAL.

SEGUNDA. – Se ordene a la OFICINA DE BONOS PENSIONALES DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y LA RAMA JUDICIAL”8.

Fundamentos de la demanda de tutela

8. La tutelante consideró vulnerado su derecho fundamental de petición de
conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, dado que ninguna de las
entidades cuestionadas atendió sus solicitudes. También mencionó el artículo 32 de
la Ley 1755 del 2015, en lo que se refiere a la garantía de dicho derecho frente
organizaciones privadas.

4 Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73 17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6
328BD8FA4BC8E5AC, pág. 10, índice 2 de samai. Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73
17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6 328BD8FA4BC8E5AC, págs. 13 y 14, índice 2 de
samai.
5 Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73 17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6
328BD8FA4BC8E5AC, pág. 10, índice 2 de samai. Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73
17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6 328BD8FA4BC8E5AC, págs. 22 y 23, índice 2 de
samai.
6 Se refiere a la Certificación electrónica de tiempos laborados.
7 Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73 17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6
328BD8FA4BC8E5AC, pág. 10, índice 2 de samai. Obra en certificado EA1F4A8AD232FD73
17EBCDE350F8287D E576E2445DB638B6 328BD8FA4BC8E5AC, págs. 27 y 28, índice 2 de
samai. Si bien la solicitud figura con fecha del 9 de marzo de 2026, lo cierto es que allegó un
pantallazo en el cual da cuenta de que la solicitud fue presentada el 12 de mayo de 2026.
8 Ver pág. 2 del escrito de tutela.

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Trámite en primera instancia

9. Mediante auto del 6 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la solicitud
de amparo y ordenó notificar al Consejo Superior de la Judicatura y a la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales como
accionados y a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial como tercero con
interés en las resultas del proceso. También ordenó la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. De otra parte, reconoció personería al
señor Juan Esteban Gómez Jiménez como abogado.

Intervenciones

10. A través de la abogada de la Unidad de Asistencia Legal, el 10 de julio de 2026,
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura allegó un memorial en el cual solicitaba una prórroga de dos (2) días
hábiles para contestar la acción de tutela de la referencia.

11. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió que la solicitud radicada
ante la Oficina de Bonos Pensionales del 9 de marzo de 2026, identificada con el
radicado No. 2026-025665, fue respondida el 25 de marzo de 2026 a través del
correo electrónico juanestebangomezjimenez1@gmail.com. A su vez, allegó la
respuesta emitida y el comprobante de envío con constancia de lectura.

12. De otra parte, indicó que en cumplimiento del procedimiento establecido en el
Decreto 1833 de 2016 y de acuerdo con los lineamientos de esa autoridad dados
en la respuesta, la Procuraduría General de la Nación fue quien ingresó a CETIL la
información correspondiente. Por tanto, no puede modificar, crear o eliminar los
datos que las demás entidades certifican a través del sistema. Es decir, no puede
ser atendido por dicha oficina. Con base en lo anterior, solicitó su desvinculación,
dado que no se configura una relación directa entre la vulneración alegada y la
actuación de la OBP9.

13. A través de un magistrado auxiliar en encargo, la Presidencia del Consejo
Superior de la Judicatura explicó que la Unidad de Recursos Humanos de las
Direcciones Seccionales de Administración Judicial y/o la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial está legitimada para dirimir la controversia señalada. Esto
de conformidad con el artículo 1°. del Acuerdo PSAA09-6203 del 2009. De igual
modo precisó que esa dependencia es quien tiene la aptitud legal por ser la
competente para definir el reconocimiento y pago de los emolumentos y
prestaciones sociales con relación del personal que trabaja en los distritos judiciales
de su jurisdicción territorial, así como la expedición de los certificados, corrección
de los mismos, reconocimiento y demás situaciones que deriven del pago o
descuentos de nómina.

14. De otra parte, adujo que el accionante radicó la solicitud al correo electrónico
sistemagestiondocumental@deaj.ramajudicial.gov.co, mismo que corresponde al

9 Oficina de Bonos Pensionales.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

dominio de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Por tanto, el Consejo
Superior de la Judicatura no ha tenido conocimiento de esta situación.

15. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado10 guardó silencio a
pesar de haber sido notificada.

CONSIDERACIONES
Competencia

16. La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
201911.

Cuestión previa

17. A través de memorial del 10 de julio de 202612, se advierte que la abogada de
la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
solicitó una prórroga por el término de dos (2) días hábiles con el fin de contestar la
acción de tutela.

18. No obstante, al revisar el expediente de tutela, se constató lo siguiente: (i) el
auto admisorio proferido por el despacho sustanciador estableció con claridad que
las partes contaban con el término de dos (2) días, contados a partir de su recibo,
para pronunciarse sobre el contenido de la acción de amparo. Dicha providencia fue
notificada a las partes el 8 de julio de 2026; (ii) el proceso de tutela ingresó al
despacho para fallo el 17 de julio de 2026, y la solicitud fue presentada el 10 del
mismo mes y año, es decir, transcurrieron cuatro (4) días hábiles después de la
solicitud. Durante esos días, la DEAJ pudo allegar la contestación correspondiente,
máxime si se tiene en cuenta que, en el trámite de la acción de tutela, no existen
etapas preclusivas que impidan valorar los informes aportados con posterioridad al
vencimiento del término concedido13; (iii) la acción de tutela debe resolverse de
manera expedita y ágil, por lo que, en este caso particular, aplazar la decisión para
ampliar un plazo de respuesta desnaturalizaría dichos principios14; y (iv) el 27 de
julio de 2026, la entidad allegó una contestación cuando el expediente ya había
ingresado al despacho para fallo, desde el 17 de julio de 2026, y había sido
registrado “a la Sala para sentencia”, para su estudio en la sesión del 29 de julio
siguiente. Por tanto, dado el estado procesal en que se encontraba el asunto al
momento de su presentación, no se accederá a la solicitud formulada en dicho

10 El 8 de julio de 2026, fue notificado a través de los correos electrónicos
procesosnacionales@defensajuridica.gov.co y notificacionesjudiciales@defensajuridica.gov.co. Ver
índice 7 de samai.
11 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
12 Ver índice 8 de samai.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU387 de 2022 y Auto 567 de 2019.
14 Corte Constitucional, Auto 038 d 2005 y Sentencia T-217 de 2001.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

escrito. Lo anterior no impide valorar la contestación allegada el 27 de julio de 2026
y sus anexos, en atención al carácter informal del trámite de tutela, ya que fueron
aportados antes de que se profiriera sentencia.

Problema jurídico y metodología de la decisión

19. La Sala deberá determinar, si la acción de tutela satisface los requisitos de
procedibilidad formal. En caso de superar el anterior examen, esta Corporación
debe establecer si la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
vulneraron el derecho fundamental de petición de la señora Silvia Arenas Calderón,
al no brindar una respuesta frente a las solicitudes presentadas el 9 de marzo y 12
de mayo de 2026. En el marco de este análisis, deberá examinarse, además, si se
configuró la carencia actual de objeto por hecho superado, al emitir, según las
entidades accionadas, respuesta a las peticiones del tutelante.

20. Con el objetivo de resolver los problemas jurídicos planteados, la Subsección
adoptará la siguiente ruta de análisis: (i) se examinarán los requisitos generales
para la procedencia de la acción de tutela y lo relacionado con el derecho de petición
y (ii) se realizará el análisis del caso concreto conforme a cada una de las
autoridades a las que se presentaron los derechos de petición del 9 de marzo y 12
de mayo de 2026.

Procedibilidad formal de la acción de tutela

21. A continuación, se examinará si se satisfacen los requisitos de procedibilidad
formal de la acción de tutela.

Legitimación en la causa por activa y por pasiva

22. La señora Silvia Arenas Calderón cuenta con legitimación en la causa por activa
para formular la acción de tutela, puesto que es la titular de los derechos que alega
como vulnerados. En los soportes allegados al proceso y alguna de respuestas
otorgadas por las autoridades accionadas, se advierte que la accionante radicó una
solicitud el 9 de marzo y 12 de mayo de 2026.

23. Respecto de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de
Bonos Pensionales y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial cuentan con legitimación en la causa por pasiva, pues son
las autoridades a las que se enviaron las peticiones que se reclaman como no
contestadas.

24. Ahora bien, la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales solicitaron su
desvinculación. No obstante, tal como se indicó anteriormente, dicho Ministerio es
una de las autoridades a las cuales le fue enviado uno de los derechos de petición.
De igual modo, no se accederá a la solicitud de desvinculación del Consejo Superior
de la Judicatura, pues la petición del 12 de mayo de 2026 fue dirigida a la Rama

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Judicial y remitida a un canal institucional de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, autoridad vinculada al presente trámite y competente para
atenderla. Por ello, existe una relación suficiente entre la conducta cuestionada y
las autoridades vinculadas al extremo pasivo de la acción.

Inmediatez

25. De acuerdo con la información suministrada dentro del expediente de tutela, la
parte accionante satisfizo el requisito, pues las peticiones se formularon 9 de marzo
y 12 de mayo de 2026. Ahora bien, tal como lo indicó en la solicitud de amparo, las
peticiones no habían sido resueltas, por lo cual la vulneración alegada es actual. En
efecto, se supera el requisito de inmediatez.

Subsidiariedad

26. En relación con el requisito de subsidiariedad, el Decreto 2591 de 1991 indica
que la persona que acuda ante el juez de tutela deberá agotar los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su disposición. En el presente caso, la Sala
advierte que la señora Silvia Arenas Calderón no cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial para obtener la protección de su derecho fundamental, razón por la
cual procederá al estudio de fondo del caso.

27. Por consiguiente, la acción es procedente y la Sala realizará el estudio sobre
las solicitudes formuladas por la actora y que a su juicio no fueron resueltas por el
Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales
y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.

Estudio sustantivo de la acción de tutela

Del derecho fundamental de petición

28. El artículo 23 Constitucional establece el derecho fundamental de todas las
personas a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o
particular, con el fin de obtener una pronta resolución. Con base en esta norma y la
regulación estatutaria en la Ley 1755 de 2015, la Corte Constitucional ha sintetizado
los elementos del derecho, como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Reglas jurisprudenciales del derecho de petición
Elementos del derecho fundamental de petición
El derecho de petición protege la posibilidad cierta y efectiva de dirigir a
Formulación las autoridades o a los particulares, en los casos que determine la ley,
solicitudes respetuosas. Dichos sujetos no pueden negarse a recibirlas o
abstenerse de tramitarlas. Los obligados a cumplir con este derecho
deben recibir toda clase de peticiones, a excepción de las irrespetuosas.
El término de respuesta del derecho de petición debe entenderse como
Pronta un tiempo máximo que tiene la administración o el particular para resolver
resolución la solicitud. Según la Ley 1755 de 2015, salvo norma especial, ese plazo

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

corresponde a 15 días hábiles en las peticiones, a 10 días en la solicitud
de información o documentos o a 30 días en las consultas.
La respuesta a la petición debe ser de fondo. Por lo tanto, debe ser: (i)
Respuesta clara, “inteligible y de fácil comprensión”; (ii) precisa, de forma tal que
de fondo “atienda, de manera concreta lo solicitado, sin información impertinente”
y “sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas”; (iii) congruente, es decir,
que “abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con lo
solicitado”, y (iv) consecuente, lo cual implica “que no basta con ofrecer
una respuesta como si se tratara de una petición aislada (…) sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.
La respuesta debe ser notificada, por cuanto la notificación es el
Notificación mecanismo procesal adecuado “para que la persona conozca la
resolución de las autoridades, acto que debe sujetarse a lo normado en
el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”. Esta obligación
genera para la administración la responsabilidad de actuar con diligencia
para que su respuesta sea conocida.

29. En este contexto, la vulneración del derecho fundamental de petición se
configura cuando la autoridad guarda silencio y omite pronunciarse dentro de los
plazos legalmente establecidos, y cuando pese a emitir una respuesta, esta no
satisface de manera clara, precisa y congruente el contenido de la solicitud
formulada y, por tanto, no puede considerarse como una respuesta de fondo
adecuada o idónea. Igualmente, el hecho de que se brinde una respuesta no implica
la aceptación de lo requerido. Además, el término y la obligación para responder
una solicitud opera para una entidad con independencia de que dentro de esta deba
someterse a diferentes trámites o etapas. Esto sin perjuicio de que cuando no sea
posible resolver la petición en el plazo legal, la autoridad deberá informar al
interesado, antes de su vencimiento, los motivos de la demora y el nuevo término
razonable para responder, que no podrá exceder el doble del inicialmente
previsto10.

30. No obstante, el juez constitucional puede encontrarse con escenarios en los
que, al momento de adoptar una decisión, la situación fáctica que dio lugar a la
acción de tutela por presunta afectación del derecho fundamental de petición ha
desaparecido. En tales casos, se configura la figura de la carencia actual de objeto,
toda vez que cesó la causa que motivó la intervención del juez constitucional, y ya
no subsiste un interés jurídico que justifique una orden de protección.

31. La Corte ha reconocido que dicha figura se presenta cuando durante el trámite
de la acción de tutela desaparecen las circunstancias que originaron la presunta
vulneración de derechos fundamentales, lo que hace innecesario un
pronunciamiento judicial. En tal caso, cualquier pronunciamiento del juez carecería
de eficacia, toda vez que no existe un conflicto jurídico por resolver15. El Tribunal
Constitucional16 ha identificado tres supuestos para la configuración de la carencia
actual de objeto: (i) hecho superado; (ii) daño consumado o (iii) situación

15 Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2022. M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-109 de 2022. M.P: Paola Andrea Meneses Mosquera.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

sobreviniente. En atención a los antecedentes del presente caso, la Subsección se
detendrá a realizar algunas precisiones sobre el hecho superado. En particular, la
hipótesis (i) opera cuando la vulneración o amenaza del derecho fundamental
desapareció porque la autoridad accionada adoptó, de manera voluntaria y
oportuna, las medidas necesarias para restablecer el derecho presuntamente
vulnerado17. En tales casos, la tutela pierde objeto, pues ya no subsiste la situación
lesiva que justifique una intervención del juez constitucional-

32. En suma, frente a la configuración de la carencia actual de objeto por hecho
superado, el juez constitucional debe abstenerse de emitir un pronunciamiento de
fondo, toda vez que los hechos que dieron lugar a la interposición del recurso de
amparo fueron superados, o bien porque las pretensiones del actor fueron
satisfechas por mecanismos distintos a la acción de tutela18.

Análisis del caso concreto

De la solicitud presentada el 9 de marzo de 2026 a la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales

33. La señora Silvia Arenas Calderón interpuso acción de tutela contra la Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, al
considerar que vulneró su derecho fundamental de petición. Esto por no brindar una
respuesta integral sobre su petición presentada el 9 de marzo de 2026. Allí había
solicitado que se certificara el tiempo de servicios CETIL donde se indicara el
tiempo, el cargo y los salarios devengados por el señor Mario de Jesús Cañas
Valencia.

34. Por su parte, la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina de
Bonos Pensional dentro de su contestación informó que la solicitud fue contestada
el 25 de marzo de 2026, al correo electrónico
juanestebangomez@nadersierra.com.co. Dicho correo corresponde al mismo que
la parte accionante mencionó para efectos de notificaciones.

35. Pues bien, al revisar los anexos allegados junto con la contestación, se encontró
que la respuesta otorgada al apoderado de la señora Silvia Arenas Calderón sobre
la petición presentada el 9 de marzo de 2026 a través de radicado No. 1-2026-
025665, en el encabezado figura como correo electrónico
juanestebangomez@nadersierra.com.co. No obstante, se encontró que, en el
comprobante de envío fue enviado al correo electrónico
juanestebangomezjimenez1@gmail.com. Es decir, una dirección electrónica
diferente a la referenciada en la petición para efectos de notificaciones. A saber:

17 Corte Constitucional, Sentencias T-226 de 2024, T-244 de 2023 y SU-096 de 2018.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-771 de 2014. M.P: Martha Victoria Sáchica Méndez.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

36. Es importante, traer a colación la Sentencia T-105 de 2025, donde la Corte
Constitucional consideró vulnerado el derecho de petición, cuando la entidad
demandada en esa oportunidad envió la respuesta a su solicitud a otra dirección de
correo electrónico a la señalada por los actores. En ese sentido, se dispuso a
notificar en debida forma al señor José Kenedy Caicedo Sinisterra de la respuesta
expedida el 31 de agosto de 2020. Lo anterior debido a que el pueblo
afrodescendiente Esfuerzo Pescador había presentado una petición el 25 de agosto
de 2020 a la Agencia Nacional de Tierras. Sin embargo, dicha solicitud fue
contestada el 31 de agosto del mismo año, pero no fue notificada al señor Caicedo
Sinisterra quien figuraba como el representante legal del CCNEP. Incluso en el
expediente la ANT no aportó ninguna prueba de la remisión de esa comunicación al
correo electrónico del representante del CCNEP.

37. Por todo lo anterior, se concluye que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
– Oficina de Bonos Pensionales vulneró el derecho fundamental de petición. Esto
porque si bien elaboró una respuesta a la solicitud radicada el 9 de marzo de 2026
identificado con el radicado No. 1-2026-025665, no la envío al correo electrónico
juanestebangomez@nadersierra.com.co, señalado para recibir notificaciones. En
consecuencia, la respuesta no fue comunicada en debida forma, lo que desconoció
uno de los elementos esenciales del derecho de petición.

38. En este punto, la Sala precisa que respecto de la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales no se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Aunque la entidad elaboró una
respuesta a la solicitud formulada por la accionante, esta no fue remitida al correo
electrónico señalado para efectos de notificaciones y no se acreditó que la
peticionaria hubiera tenido conocimiento efectivo de su contenido. Por tanto,
al momento de adoptarse esta decisión subsiste la vulneración de uno de los
elementos esenciales del derecho fundamental de petición y, en consecuencia, la
intervención del juez constitucional conserva plena utilidad, pues la orden dirigida a
que la respuesta sea debidamente remitida no caería en el vacío.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

39. En tal virtud, se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Oficina
de Bonos Pensionales que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación de la presente providencia, remita la respuesta otorgada
frente al derecho de petición formulado el 9 de marzo de 2026 a la parte peticionaria.
Dicha contestación debe ser enviada al correo electrónico identificado en la solicitud
para efectos de notificaciones.

De la solicitud presentada el 12 de mayo de 2026 al Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

40. La señora Silvia Arenas Calderón interpuso acción de tutela contra el Consejo
Superior de la Judicatura, al considerar que vulneró su derecho fundamental de
petición. Esto por no brindar una respuesta integral sobre su petición presentada el
12 de mayo de 2026 al correo electrónico
sistemagestiondocumental@deaj.ramajudicial.gov.co. Allí había solicitado que se
certificara el tiempo de servicios CETIL donde se indicara el tiempo, el cargo y los
salarios devengados por el señor Mario de Jesús Cañas Valencia.

41. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura dentro de su contestación
indicó que tal solicitud correspondía a la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Seccional de Administración Judicial o Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de conformidad con el artículo 1°. Del Acuerdo PSAA09-
6203 de 2009. En el mismo sentido indicó que el correo al que fue enviada la
solicitud corresponde al dominio de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. De igual modo, la parte accionante allegó una captura de pantalla en el
cual se demostraba el envío de la solicitud el 12 de mayo de 2026. A saber:

42. Luego de que el expediente ingresara al despacho para fallo y fuera registrado
para su estudio en Sala, el 27 de julio de 2026, la abogada anteriormente
mencionada allegó una contestación. En ella señaló que se configuraba la carencia
actual de objeto por hecho superado, dado que la presunta vulneración del derecho
fundamental invocado había desaparecido. En ese sentido, informó que, mediante
oficio DEAJRHO26-2726 del 21 de julio de 2026, el jefe de Prestaciones Sociales
de la Unidad de Talento Humano de la DEAJ dio respuesta a la petición radicada
por el apoderado de la señora Silvia Arenas Calderón. Asimismo, indicó que dicha
contestación fue remitida el 24 de julio de 2026 al correo electrónico
juanestebangomez@nadersierra.com.co., por lo que consideró que se había
emitido una contestación clara, completa y de fondo. Revisados los anexos

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

aportados, se constata tanto la respuesta dirigida a la parte accionante como el
correo electrónico mediante el cual fue remitida.

43. La Sala confirma que la entidad demandada acreditó que, el 24 de julio de 2026,
remitió al apoderado de la accionante la respuesta a la petición formulada el 12 de
mayo del mismo año. En dicha comunicación señaló lo siguiente:

Petición presentada el 12 de mayo de 2026 Respuesta otorgada por el jefe de
a la Unidad de Recursos Humanos de la Prestaciones Sociales de la Dirección
Dirección Ejecutiva de Administración Ejecutiva de Administración Judicial
Judicial
“1. se me certifique el tiempo de servicios “De manera atenta, me permito
donde conste los periodos, el cargo y los manifestarle que, con el fin de darle
salarios devengados por el señor Mario de respuesta a su solicitud se procedió a
Jesús Cañas Valencia (Q.E.D.P), se revisar los aplicativos de nómina
identificaba con cédula de ciudadanía Prodygytek y Kactús, en los cuales no se
8.300.773”19 evidenció vinculación laboral del señor
Cañas Valencia (Q.E.P.D.) al Nivel Central
de la Rama Judicial”20

44. En ese orden de ideas, al verificarse que la omisión que motivó la presentación
de la acción de tutela cesó durante el trámite del proceso, el juez constitucional se
ve imposibilitado para emitir una orden de protección respecto de los derechos
fundamentales invocados. Ello obedece a que desapareció el objeto jurídico que
daba fundamento a la solicitud de amparo, en tanto la situación que originó la
presunta vulneración fue plenamente superada en el curso del presente
procedimiento.

45. Por lo anterior, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado respecto de la petición formulada el 12 de mayo de 2026 al Consejo
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, pues
durante el trámite constitucional desapareció la circunstancia que motivó la solicitud
de amparo. En efecto, mediante oficio DEAJRHO26-2726 del 21 de julio de 2026,
remitido a la parte accionante el 24 del mismo mes y año, la entidad dio respuesta
a la petición.

19 Ibidem.
20 Ver certificado 4C69607C9C42F84C 85DDA7B1B30BD9AB 47E7121E29A5835E
81B7B0F7DFDBC5C6, índice 13 de samai.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR la solicitud de prórroga del 10 de julio de 2026 presentada por
la abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (DEAJ), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta decisión.

SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y por la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales, de conformidad con
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho de petición de la señora Silvia Arenas Calderón
respecto de la solicitud presentada el 9 de marzo de 2026 al Ministerio de Hacienda
y Crédito Público – Oficina de Bonos Pensionales.

CUARTO: En consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
– Oficina de Bonos Pensionales que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, remita a la parte peticionaria la
respuesta emitida frente a la solicitud del 9 de marzo de 2026, a través del correo
electrónico indicado en dicha petición para efectos de notificaciones.

QUINTO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO
SUPERADO de la demanda de tutela promovida por la señora Silvia Arenas
Calderón, en lo que respecta a la petición formulada el 12 de mayo de 2026 al
Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

SÉPTIMO: De no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento parcial de voto

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05136-00
Accionante: Silvia Arenas Calderón
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otro
Referencia: Acción de tutela (Primera instancia)

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.