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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05138-00

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05138-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por la Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el señor José Ramón Visbal Ilera, actuando en su calidad de administrador y representante legal de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará, por las razones expuestas. TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05138-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05138-00
Demandante: COMUNIDAD DE CONDUEÑOS DEL ANTIGUO RESGUARDO
INDÍGENA REMATADO DE TUBARÁ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza – Subsidiariedad y
falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la solicitud formulada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela consagrada en el artículo 86 constitucional y desarrollada en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y
el artículo 13 del Acuerdo 080 del 2019 de la Sala Plena de la corporación,
modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 2 de julio de 20261, el señor José Ramón Visbal Ilera,
actuando en su calidad de administrador y representante legal de la Comunidad de
Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, de petición y a la
igualdad.

Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión de la sentencia de tutela del 5 de
mayo de 2026, que: i) amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará, ii) dejó sin efectos la providencia del 7
de abril de 2026, del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que rechazó de plano por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por
la citada comunidad, iii) amparó el derecho fundamental de petición de la comunidad
respecto a la Procuraduría General de la Nación y denegó la protección respecto

1 Samai, índice 2.

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Demandante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05138-00

del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y iv)
ordenó a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de
Instrucción del Atlántico, comunicar la respuesta del 24 de abril de 2026 al correo
electrónico jrvisbal@rocketmail.com.

Lo anterior, en el marco de la acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2026-
00292-00, promovida por la referida comunidad contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el demandante solicitó lo siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, defensa, igualdad y protección judicial de la Comunidad
de Tubará, vulnerados por la Magistrada DRA. PATRICIA SALAMANCA GALLO.

SEGUNDO: DEJAR Sin EFECTOS PARCIALMENTE la Sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección F, del Cinco (5)
de mayo de 2026, ÚNICAMENTE en lo que respecta a:

a)-La ERRADA "Orden" Dada EN PUNTO Quinto: a la Procuraduría Regional de
Instrucción del Atlántico"; por ser una entidad No DEMANDADA, e Incompetente,
para Resolver de Fondo, lo que la Normas determina, del deber DE PEDIR, la Corte
Suprema las Sentencias de propiedad del subsuelo y Remitirlas al Ministerio de
Minas, Para que Realicen el "Registro" en los Libros de la Providencia del 10 de
Octubre de 1942 y Se Expidiera el Acto administrativo Correspondiente a Esas
Situaciones administrativas; y COMO Se le PIDIO, No Vigiló que se Resuelvan las
Peticiones de "Exoneración de Multas, Por "No Registro"; y del Reconocimiento de
la fuerza mayor, para mantener el derecho por la No explotación, por las "causas
ajenas" a nuestra Voluntad, el litigio de 25 años, ante el consejo estado, (Fallos 16
marzo 2015 y 18 marzo 2024), contra el mismo Ministerio.

b)-La DENEGACIÓN del "amparo" de los derechos fundamentales de petición, a la
propiedad privada colectiva; a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna,
frente al Ministerio de Minas y Energía y la Vinculación de Procuraduría general, No
Resolver de Fondo, lo Peticionado, del Parágrafo del Art 2.2.1.2.1.2 del Decreto
1073 del 2015.

TERCERO: DEJAR Sin EFECTOS el “Auto” del 26 de junio de 2026, mediante el
cual la Magistrada accionada se abstuvo de dar inicio al incidente de desacato, por
cuanto mantuvo su error y no corrigió la vulneración.

CUARTO: ORDENAR al MINISTERIO de MINAS y ENERGÍA y a la AGENCIA
NACIONAL de HIDROCARBUROS que, en el término improrrogable de 48 horas,
procedan a:

1-Registrar formal y actualizada las Sentencias del 10 de octubre de 1942, para
poder hacer el Registro del fallo del 31 de agosto de 1944(Aviso 100-Derecho por
Oposición), en los libros correspondientes, conforme al “Art 1” de la Ley 10 de 1961
y del Decreto 1073 de 2015, los “Art 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2 y Art 2.2.1.2.1.3” del
Decreto 1073 de 2015.

2-Exonerar a la Comunidad de Tubará del “pago de multas” por la falta del “Registro
Oportuno” de la Sentencia del 10 Octubre 1942; declarando la “FUERZA MAYOR”;
derivada de los más de VENTICINCO(25) años de litigio Administrativos y
Judiciales; con el Ministerio de Minas, conforme al “Art 64” del Código Civil y por los
“Art 8, 9 y 77” del Decreto 2477 de 1986.

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3-Expedir el “Acto Administrativo”; Correspondiente; que reconozca formalmente los
“derechos adquiridos” sobre el subsuelo de las 16.500 hectáreas del Resguardo
Indígena Rematado de Tubará.

QUINTO: ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL de la NACIÓN que, en el
término de 48 horas, requiera a la Corte Suprema de Justicia las copias auténticas
de las Sentencias del 10 octubre 1942 y del 31 de agosto 1944 y emita el “concepto
correspondiente”, conforme a la “COMPILACIÓN” del “Parágrafo” del “Art
2.2.1.2.1.2” del Decreto 1073 de 2015; Orden, que En el MISMO Sentido,
CONTEMPLA el “Parágrafo” del “Art 2”, del Decreto 1348 de 1061.

SEXTO: ORDENAR como medida provisional que, mientras se surte el trámite de
la presente acción de tutela, el Ministerio de Minas y la ANH “Se ABSTENGAN” de
otorgar concesiones a terceros, sobre las 16.500 hectáreas de Tubará, y los Once
(11) pozos del Campo de “las Perdices”; que nos pertenecen como mejoras (con
taladro); realizadas con contratistas nuestros; para evitar un daño irreversible.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes supuestos fácticos:

El tutelante puso de presente que el 19 de noviembre de 2025 realizó una petición
ante el Ministerio de Minas y Energía y la Procuraduría General de la Nación, en la
que solicitó lo siguiente:

a) EL REGISTRO FORMAL y ACTUALIZADO de la sentencia del 10 de octubre de
1942; conforme al “Art 1” de la Ley 10 de 1961 y a los “Arts. 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2
del Decreto 1073 de 2015; La cual históricamente ha estado inscrita en el Libro No. 2
de Sentencias y Avisos con No. 17, desde el 17 de octubre de 1943; para efectos
legales.

b) La “Exoneración” de multas; por la “falta de Registro Oportuno”; ante el Ministerio
de Minas, y la configuración de “fuerza mayor” derivada de más de Veinte (20) años
de litigios; contra el Ministerio, que expidió dos (2) Resoluciones (el 10 de abril y 26
de junio de 1996); en donde “No se Registró” el nuevo administrador ni se Registró el
nuevo operador extranjero, que las explotaría (Empresa ALLIEND Energy)

c) Y la expedición de un “Acto Administrativo”; que reconozca formalmente la “fuerza
mayor” y los “derechos adquiridos”; EMANADOS de las Sentencias de la Corte
Suprema de Justicia del Diez (10) de octubre de 1942.

d) SOLICITUD de la intervención obligatoria de la Procuraduría General en los
términos del PARÁGRAFO del “Art 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 2015 y de sus
funciones constitucionales”.

Sostuvo que el 10 de diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en
adelante, ANH) respondió a la petición, declarándose incompetente para atender la
solicitud, con el argumento de que sus funciones se circunscribían a la
administración de recursos hidrocarburíferos de propiedad de la Nación, por lo que
era competencia del Ministerio de Minas y Energía.

El 11 de febrero de 2026, a través de oficio con radicado No. 2-2026-003958, el
Ministerio de Minas y Energía se negó a realizar la actualización del registro de la
sentencia de 1942 con el argumento de que dos fallos del Consejo de Estado del
16 de marzo de 2015 y 18 de marzo de 2024, habían definido la propiedad del
subsuelo de Tubará a favor del Estado y omitió pronunciarse sobre las demás

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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Resguardo Indígena Rematado de Tubará
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peticiones, relativas a la exoneración de multas, el reconocimiento de fuerza mayor
y la expedición de un acto administrativo.

Sostuvo que el 24 de febrero de 2026, ante la falta de una respuesta de fondo por
parte del Ministerio de Minas y Energía y la omisión absoluta de la Procuraduría
General de la Nación, presentó constitución en renuencia ante la primera entidad,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 393 de 1997 y el numeral
3 del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011.

Indicó que el 4 de marzo de 2026, mediante oficio con radicado No. 2-2026-006707,
en respuesta a la constitución en renuencia, el Ministerio calificó la petición como
reiterativa y replicó su respuesta inicial. Posteriormente, el 9 de marzo de 2026, con
oficio Radicado 2-2026-007438, dicha entidad se ratificó en su negativa de registrar
la sentencia del 10 de octubre de 1942 y no dio trámite a lo solicitado.

Resaltó que, como consecuencia de lo anterior, promovió una acción de
cumplimiento contra el Ministerio de Minas y Energía y la Procuraduría General de
la Nación, identificada con el radicado 11001-33-35-009-2026-00130-00, actuación
que conoció por reparto el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, que el 7 de abril de 2026, la rechazó de plano con el argumento que las
normas invocadas no contenían un mandato claro, expreso e inobjetable y que el
asunto requería valoraciones probatorias y jurídicas muy complejas.

Manifestó que, frente a esa decisión, interpuso una acción de tutela que conoció el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con
radicado 25000-23-15-000-2026-00292-00 que, mediante sentencia del 5 de mayo
de 2026, dejó sin efectos el auto de rechazo y ordenó emitir un nuevo
pronunciamiento sobre la admisibilidad de la acción. Además, de ordenar lo
siguiente:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo
Indígena Rematado de Tubará.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la providencia emitida el 7 de abril de 2026, por
el Juzgado Noveno (9.º) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó
de plano por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por la Comunidad
de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Noveno (9.º) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de
esta providencia, proceda a emitir un nuevo pronunciamiento en el que tenga en
cuenta las consideraciones de esta providencia, esto es, que las únicas causales de
rechazo de la demanda en la acción de cumplimiento son las contempladas en los
artículos 12 y 28 de la Ley 393 de 1997.

CUARTO: TUTELAR el derecho fundamental de petición de la Comunidad de
Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará respecto a la
Procuraduría General de la Nación y denegar la protección respecto del Ministerio de
Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

QUINTO: ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional
de Instrucción del Atlántico, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de la presente decisión, comunique la respuesta del 24 de
abril de 2026 al correo electrónico jrvisbal@rocketmail.com.

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SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

SÉPTIMO: El presente fallo podrá ser impugnado por vía de apelación que de
interponerse legítima y oportunamente se surtirá ante el Honorable Consejo de
Estado.

OCTAVO: En el evento de no ser objeto de impugnación esta decisión, remítase ante
la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dejándose las
correspondientes constancias.

NOVENO: En caso de que el expediente no sea seleccionado para su revisión por la
Honorable Corte Constitucional, por Secretaría archívense en forma automática las
presentes diligencias.

Puso de presente que, en cumplimiento de lo anterior, mediante auto del 11 de junio
de esta anualidad el juzgado inadmitió la demanda y concedió al actor el término de
dos días para que precisara las normas, los mandatos atribuidos a cada entidad,
las actuaciones u omisiones, la renuencia y las providencias cuyo registro solicitaba.

En esa medida, por medio de auto del 30 de junio de 2026, el juzgado admitió la
demanda y vinculó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH y a la Agencia
Nacional de Minería – ANM y, mediante sentencia del 30 resolvió lo siguiente:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones encaminadas a ordenar al Ministerio de Minas
y Energía que registre nuevamente o actualice la inscripción de la sentencia proferida
por la Corte Suprema de Justicia el diez (10) de octubre de mil novecientos cuarenta
y dos (1942), así como aquella dirigida a incluir en el registro al actual representante
legal de la comunidad, de conformidad con las razones expuestas en esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTES las pretensiones relacionadas con el
registro de la sentencia de 1944, la obtención de copias de las providencias judiciales
y el reconocimiento de derechos sobre el subsuelo, fuerza mayor, exoneración de
multas y facultades de exploración y explotación, por las razones expuestas en esta
providencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones formuladas contra la Procuraduría
General de la Nación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por cuanto las
disposiciones invocadas no contienen un deber claro, expreso y actualmente exigible
a cargo de esas entidades, en los términos pretendidos por el accionante.

CUARTO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento respecto de la
Agencia Nacional de Minería, por ausencia del requisito de constitución en renuencia
previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997, sin perjuicio de que las normas
invocadas tampoco le atribuyen el deber registral reclamado.

QUINTO: SIN COSTAS conforme a lo expuesto en la parte motiva.
[…].

1.4. Sustento de la vulneración

Para la parte actora se configuró un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria, pues el Ministerio de Minas y Energía y la Procuraduría General de la
Nación en sus respuestas no abordaron los puntos centrales de la petición y no
resolvieron los asuntos de fondo relativos al «Registro de la providencia», la
exoneración de multas, la declaratoria de fuerza mayor y la expedición del acto de
mantenimiento y reconocimiento de los derechos adquiridos.

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Adicionalmente, porque dicha cartera ministerial no registró las sentencias de 1942
y 1944, por lo que incumplió el mandato del artículo 1° de la Ley 10 de 19613 y las
disposiciones 2.2.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.2 del Decreto 1073 de 20154, que establecen
un procedimiento reglado y obligatorio.

Además, alegó que se concretó un defecto sustantivo por incumplimiento de la
normativa y mantener incólumes las respuestas evasivas del Ministerio y la omisión
de la Procuraduría General de la Nación, por no solicitar la sentencia a la Corte
Suprema de Justicia, por lo que se desconoció la cosa juzgada material, contenida
en la sentencia de dicha corporación, de 10 de octubre 1942, la cual declaró la
propiedad privada del subsuelo a favor de la Comunidad de Tubará.

También, reprochó el desconocimiento del precedente judicial aplicable,
específicamente el concepto 187 de 1988, que concluyó que los derechos de la
Comunidad de Tubará son preexistentes a la Ley 20 de 1969.

Alegó igualmente una violación directa de la Constitución al «denegar» el amparo
de los derechos a la propiedad privada, el trabajo, el mínimo vital y la vida digna, lo
que contrarió los fines esenciales del Estado social de derecho, por lo que
desconoció el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales.

En esa medida, el autor consideró que esta decisión desconoció sus garantías
fundamentales, porque mediante la sentencia de tutela del 5 de mayo de 2026, se
ordenó vincular como tercero a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Regional de Instrucción del Atlántico, lo cual para el actor es un error, por lo que
solicitó corregir que dicha regional no era objeto de estas peticiones y que era el
procurador general de la nación el que debía haberse vinculado, para que este
resolviera las solicitudes, según lo que las normas determinaban y pidiera las
sentencias de subsuelo petrolero a la Corte Suprema y emitiera el concepto
correspondiente.

Asimismo, reprochó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5, pues el
trámite de la acción de tutela no puede verse frustrado por rigorismos procesales o
exigencias formales desproporcionadas.

3 «Por el cual se dictan disposiciones en el ramo de petróleos.»

ARTICULO 1o. Establécese el registro en el Ministerio del ramo, de todas las providencias
administrativas y de las sentencias judiciales que reconozcan y declaren definitivamente la propiedad
privada del petróleo y también de los actos y contratos que con posterioridad a dicho reconocimiento
trasladen o muden el dominio de los subsuelos respectivos, o les impongan gravámenes o
limitaciones de cualquier naturaleza. Este registro deberá practicarse por los interesados, dentro de
los meses siguientes de la ejecutoria a la providencia administrativa o de la sentencia judicial que
reconozca y declare la propiedad privada del petróleo, o de la fecha del acto o contrato que, con
posterioridad a dicho reconocimiento, traslade o mude el dominio del respectivo subsuelo, lo grave
o lo limite en cualquier forma. La renuencia en el cumplimiento de esta obligación será sancionada
con multas de un mil pesos ($1000.00) moneda corriente, por cada mes de demora en hacer el
registro, que serán impuestas a favor del Tesoro Nacional por el Ministerio de Minas y Petróleos. Los
reconocimientos definitivos hechos con anterioridad a la promulgación de esta Ley y que aun no se
hubieren registrado, serán inscritos dentro del término de seis (6) meses contados desde la fecha de
su publicación en el "Diario Oficial "bajo las mismas penas señaladas en este artículo.// El registro
tendrá las siguientes finalidades especificas://1o. Llevar la estadística de los petróleos de propiedad
particular existentes en el país.//2o. Poner al alcance de todos el estado o situación de estas
propiedades.//3o. Dar mayores garantías de autenticidad y seguridad a los reconocimientos sujetos
al registro haciendo intervenir en su guarda y conservación un alto organismo del Estado.
4 Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Minas y Energía.
5 Prueba 017, mediante escrito del 29 de julio de 2026, mediante el cual «subsanó, aclaró y adicionó

el escrito de tutela».

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1.5. Trámite en primera instancia

Por medio de oficio de 7 de julio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión
manifestó su impedimento para conocer del asunto invocando la causal prevista en
el numeral 1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo,
mediante auto del 14 de julio de la misma anualidad, la magistrada Gloria María
Gómez Montoya lo declaró infundado al no encontrar acreditados los supuestos
para su configuración.

Ahora bien, por medio de auto del 27 de julio de esta vigencia, se inadmitió la acción
de tutela con el fin de que la parte actora remitiera la Escritura Pública 1990 del 25
de septiembre de 2002, actualizada el 21 de octubre de 2024, para acreditar su
designación como administrador y representante legal de la comunidad,
requerimiento que fue atendido oportunamente. Por lo que mediante providencia del
12 de agosto de la misma anualidad se admitió la solicitud de amparo y se notificó
a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, en calidad de demandados.

Además, se ordenó vincular como terceros con interés a los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C (juez constitucional que
actualmente conoce de la segunda instancia de la tutela 25000-23-15-000-2026-
00292-00), al juez Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, al ministro
de Minas y Energía, al director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al
procurador General de la Nación (demandados en dicho trámite constitucional).

Adicionalmente, se denegó el decreto de la medida cautelar solicitada por la parte
actora, pues de los hechos que sustentaron esta acción no se advirtió, a priori, una
amenaza inminente a sus derechos fundamentales invocados, toda vez que no se
apreció una duda razonable respecto a la actuación adelantada por la autoridad
judicial cuestionada.

1.6 Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Procuraduría General de la Nación

Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, o en su
lugar, se declarare la improcedencia por no agotamiento del requisito de
subsidiariedad, comoquiera que desde la misionalidad preventiva de dicha entidad
se atendió plenamente la solicitud presentada por el accionante, tal y como consta
en el expediente preventivo con radicado E-2025-610003 así como en expediente
de tutela con radicado 25000-23-15-000-2026-00292-00 tramitado ante el Tribunal
Administrativo De Cundinamarca y que cursa actualmente el trámite de apelación
ante el Consejo de Estado.

1.6.2. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

Resaltó que la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo Indígena
Rematado de Tubará, por conducto de su representante legal, promovió acción de

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cumplimiento contra el Ministerio de Minas y Energía y la Procuraduría General de
la Nación, actuación que conoció por reparto el 26 de marzo de 2026, bajo el
radicado 11001-33-35-009-2026-00130-00.

Indicó que, mediante providencia del 7 de abril de 2026, el despacho rechazó de
plano la acción de cumplimiento, por lo que la comunidad promovió acción de tutela,
trámite que correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F que, mediante sentencia del 5 de mayo de 2026, entre otras
determinaciones, dejó sin efectos la providencia que rechazó de plano la acción de
cumplimiento. En consecuencia, el expediente fue reactivado el 28 de mayo
siguiente.

Señaló que el 30 de julio de esta anualidad negó las pretensiones de dicha acción
encaminadas a ordenar al Ministerio de Minas y Energía que registrara nuevamente
o actualizara la inscripción de la sentencia del 10 de octubre de 1942 de la Corte
Suprema de Justicia, así como la dirigida a incluir en el registro al actual
representante de la comunidad.

Agregó que declaró improcedentes las pretensiones relacionadas con el registro de
la sentencia de 1944, la obtención de copias de las providencias judiciales, multas
y facultades de exploración y explotación y negó las demás pretensiones contra la
Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
También, declaró improcedente la acción de cumplimiento respecto de la Agencia
Nacional de Minería, por ausencia del requisito de constitución en renuencia.

Finalmente, manifestó que la decisión de cumplimiento fue objeto de impugnación
y, en consecuencia, se encuentra actualmente sometida al conocimiento del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

1.6.3. José Ramón Visbal Ilera, actuando en su calidad de administrador y
representante legal de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo
Indígena Rematado de Tubará

Mediante escrito presentado el 29 de julio de esta anualidad, el señor Visbal Ilera
indicó que no pretendía reabrir un debate sino que se ampararan sus derechos,
frente a la decisión del 5 de mayo de 2026, para que no se desconocieran los efectos
de los fallos del 16 de marzo del 20156 y 18 de marzo del 20247 del Consejo Estado,
además de exigir el acatamiento de la cosa juzgada, que sea registrada la sentencia

6 Decisión de la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado, rad., 08001-23-31-000-

1996-02906-01 (12.906), mediante la cual, se decidió la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho interpuesta el 29 de octubre de 1996, por el representante legal de la Comunidad de
Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de Indígenas de Tubará, contra los actos
administrativos del 10 de abril de 1996, mediante la cual se negó una solicitud de exploración y
explotación de petróleo, y del 26 de junio del mismo año, que confirmó esa decisión, actos expedidos
por el Ministerio de Minas.
7 Decisión de la Sección Primera del Consejo de Estado, rad., 11001-03-15-000-2017-01249- 00,

mediante el cual, la Sala procedió a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado por el
Representante Legal de la Comunidad de Condueños del Subsuelo del Antiguo Resguardo de
Indígenas de Tubará – Atlántico, quien invocó la causal 1º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), en contra de
la sentencia del 16 de marzo de 2015, proferida por la Subsección “C” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. En esta oportunidad se declaró probada la excepción de caducidad.

8
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Demandante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05138-00

y se resuelva de fondo sobre la exoneración de multas.

1.6.4. Agencia Nacional de Hidrocarburos

Indicó que las pretensiones de fondo relativas al reconocimiento de la propiedad
privada del subsuelo, la revocatoria de actos administrativos y el restablecimiento
de derechos de exploración cuentan con mecanismos judiciales ordinarios idóneos
que ya fueron plenamente agotados por la parte accionante por lo que manifestó
que la tutela resulta improcedente, toda vez que el accionante pretende desconocer
el agotamiento de la jurisdicción contencioso administrativa y utilizar el amparo
constitucional para reabrir un debate litigioso fenecido, vulnerando con ello la cosa
juzgada y la seguridad jurídica.

Solicitó declarar la improcedencia de la acción frente a la Agencia, por adolecer de
una incompetencia funcional absoluta para satisfacer las pretensiones. Además, de
exonerarla de toda orden registral o de restablecimiento de derechos, órdenes que
podrían ser de imposible cumplimiento por una posible extralimitación de sus
funciones y de desvincularla de este trámite.

1.6.5. El Ministerio de Minas y Energía

Esta entidad se limitó a remitir copias de las respuestas emitidas a la Procuraduría
General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico, a la
Procuraduría 275 Judicial I para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y
Agrarios, al señor Visbal Ilera, sobre el registro de la sentencia del año 1942 y otras
y de la propiedad del subsuelo petrolífero en Tubará, Atlántico, con radicados 1-
2026-006045, 1-2026-006084, 1-2025-058145, 1-2025-059941 y 1-2026-008455,
sin manifestarse sobre el fondo de la solicitud de amparo.

1.6.6. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C: guardó silencio en
este trámite.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 808 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2 Cuestión Previa

En los informes rendidos por la Procuraduría General de la Nación y la Agencia
Nacional de Hidrocarburos, se solicitó que se declarara su falta de legitimación en
la causa por pasiva. No obstante, esta petición será denegada por cuanto su
vinculación obedeció al posible interés que le asiste en las resultas del presente
caso.

8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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Demandante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05138-00

Esto, debido a que integraron la parte demandada en el proceso dentro del cual se
profirió la sentencia a la cual la accionante le atribuye el presunto quebranto de sus
derechos fundamentales, así que su comparecencia resulta necesaria para
garantizar su derecho de defensa y contradicción, por cuanto podría verse afectada
con la decisión que se adopte en este asunto.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala analizar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, de acceso a la administración de justicia, de petición y a la
igualdad, invocados por el señor Visbal Ilera, actuando en calidad de administrador
y representante legal de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo
Indígena Rematado de Tubará con ocasión de la sentencia de tutela del 5 de mayo
de 2026, que: i) amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia de la Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará, ii) dejó sin efectos la providencia del 7
de abril de 2026, del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que rechazó de plano por improcedente la acción de cumplimiento interpuesta por
la citada comunidad, iii) amparó el derecho fundamental de petición de la comunidad
respecto a la Procuraduría General de la Nación y denegó la protección respecto
del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y iv)
ordenó a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Regional de
Instrucción del Atlántico, comunicar la respuesta del 24 de abril de 2026 al correo al
correo electrónico jrvisbal@rocketmail.com.

Asimismo, v) por el auto de 26 de junio de 2026, que se abstuvo de abrir el incidente
de desacato contra las autoridades accionadas.

Lo anterior, en el marco de la acción de tutela con radicado 25000-23-15-000-2026-
00292-00, promovida por la referida comunidad contra el Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la
Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Procuraduría General de la Nación.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
aspectos: i) el criterio de la sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, ii) estudio de los requisitos adjetivos de procedibilidad y de
encontrarlos superados, iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20129, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,

expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Tutela contra decisión de tutela

11
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La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1° de octubre de 2015, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones de la misma
naturaleza por cuanto «la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en
desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales».

Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva acción
de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la revisión de un
proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a las normas que
reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite procesal
correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas en
ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes parámetros:

[…] 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de
un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la
sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de
que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de
Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre
y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o
con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros
que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede, incluso si la
Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el
cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no
procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional10.

Como se lee, el tribunal supremo de la jurisdicción constitucional ha aceptado de
manera excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una

10 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

12
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providencia de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente que
la sentencia acusada fue producto de un fraude.

Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario que el accionante
demuestre la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.

En el caso bajo estudio, la sala advierte que la tutela se presenta con ocasión de la
sentencia de tutela del 5 de mayo de 2026, que amparó los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la Comunidad de
Condueños del Antiguo Resguardo Indígena Rematado de Tubará, así como el
derecho fundamental de petición de la comunidad respecto a la Procuraduría
General de la Nación, por lo cual le ordenó comunicar la respuesta por medio de
correo electrónico y denegó el amparo respecto del Ministerio de Minas y Energía y
de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, ordenó dejar sin efectos la
providencia del 7 de abril de 2026, emitida por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que rechazó de plano por improcedente la acción de
cumplimiento interpuesta y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento

Por lo anterior, la sala encuentra que el reproche frente a la tutela proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F no
permite superar el requisito excepcional exigido para la procedencia de la tutela
contra tutela. En realidad, los argumentos del accionante en el escrito de
impugnación reiteran lo expuesto en el escrito de tutela en el que se evidencia que
la parte actora está en desacuerdo por no haberse accedido a «la totalidad de las
pretensiones» y por no exonerar a la Comunidad del Antiguo Resguardo Indígena
Rematado de Tubará del «pago de multas» por la falta del registro oportuno de la
Sentencia del 10 octubre 1942 y que se declare la fuerza mayor, mediante acto
administrativo, por la imposibilidad de explotar los recursos.

Además, debe recordarse que la acción de tutela contra una sentencia de la misma
naturaleza no constituye una vía para corregir cualquier eventual desacierto
argumentativo de una providencia constitucional, ni para permitir que otro juez
reevalúe la procedencia o improcedencia del amparo previamente decidido. La regla
de improcedencia solo puede ceder cuando se demuestra la existencia de fraude,
lo que no ocurrió en este caso.

2.5.2. En lo referente al requisito de subsidiariedad resulta pertinente señalar que
se encuentra consagrado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política.
A su turno, el numeral 1° del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que
la solicitud de amparo será improcedente «cuando existan otros recursos o medios
de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable».

La Corte Constitucional ha advertido que, cuando se trata de acciones de tutela en
contra de providencias judiciales, es necesario que el accionante haya agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial para que la acción
de tutela sea procedente11. Esto es, que la mencionada acción constitucional solo
puede operar cuando todos los mecanismos anteriores se han agotado y, siempre

11 Sentencia T-543 de 1992.

13
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que el ciudadano haya acudido a ellos de manera diligente, por cuanto, si han
operado adecuadamente, «nada nuevo tendrá que decir el juez de tutela, pues los
jueces ordinarios habrán cumplido a cabalidad con la tarea de garantizar los
derechos fundamentales concernidos».12

En esa medida, para la sala, la tutela presentada por el accionante no supera el
requisito de subsidiariedad, pues consultado el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI,
se advierte que mediante escritos del 28 de mayo y 1 de junio de esta vigencia, la
Procuraduría General de la Nación y el señor Visbal Ilera impugnaron la decisión13
y mediante auto del 5 de junio siguiente el tribunal remitió el asunto al Consejo de
Estado14 que, por reparto, le correspondió conocerlo a la Sección Tercera,
Subsección C de esta corporación.

Es importante precisar que, una vez consultado el expediente en el Sistema de
Gestión Judicial, SAMAI15, se observa que la autoridad judicial cuestionada registro
sentencia para el 25 de agosto, pero esta se encuentra en trámite de firmas, razón
por la que este trámite constitucional resulta improcedente por no cumplir el requisito
de subsidiariedad.

En tal sentido, comoquiera que la presente tutela fue radicada cuando aún no se
había resuelto el mecanismo judicial idóneo contra la sentencia cuestionada, esto
es, la impugnación, según el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, es evidente que
no se cumple el requisito citado frente a esta decisión.

Por consiguiente, como no se ha finalizado el proceso en el marco de la acción de
tutela identificado con radicado 25000-23-15-000-2026-00292-00, promovida por la
referida comunidad contra el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la
Procuraduría General de la Nación, se advierte que no se supera el requisito de
subsidiariedad debido a que al presentarse esta acción el 3 de julio de esta vigencia,
el trámite de acción constitucional no ha finalizado, pues la segunda instancia es de
conocimiento en esta misma corporación, en la Sección Tercera, Subsección C.

2.5.3. Relevancia Constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[...]el juez de tutela debe

12 Sentencia T-006 de 2015.
13 La sentencia del tribunal fue notificada el 27 de mayo de 2026. La impugnación del señor Visbal

Ilera, consta en el índice 22 y la del Ministerio Público en el índice 23.
14 La segunda instancia de la tutela, le correspondió conocerla a la Sección Tercera, Subsección C

del Consejo de Estado.
15
En la descripción de la actuación se advierte la siguiente anotación: MCS-PRIMERO: REVOCAR
los numerales cuarto y quinto de la sentencia proferida el 5 de mayo de 2026 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F y, en su lugar, DECLARAR la
carencia actual de objeto por hecho superado, respecto de los cargos elevados en contra de la
Procuraduría General de la Nación, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
presente providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás el fallo del 5 de mayo de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección F, en atención a las razones
expuestas en esta providencia. Solo se visualizará cuando todas las firmas estén realizadas.
Consultada el 2 de septiembre de esta anualidad.

14
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limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».

Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente
la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues
no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe
ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

En el caso concreto, se evidencia que el 19 de junio de esta anualidad, el tutelante
presentó incidente de desacato16 ante el tribunal contra la Procuraduría General de
la Nación «por el INCUMPLIMIENTO Reiterado, flagrante y total, de la ORDEN
IMPARTIDA en el fallo de tutela proferido por este Honorable Tribunal el
5 de mayo de 2026, en el proceso de la referencia».

Ahora bien, mediante auto del 26 de junio17 siguiente la corporación enjuiciada
señaló que la parte actora allegó solicitud de adición y aclaración de la sentencia
proferida y como el expediente fue remitido al Consejo de Estado para trámite de

16 Samai, índice 32 de la tutela.
17 Samai, índice 26 de la tutela.

15
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impugnación, correspondía remitir dicha solicitud a esta corporación, pues carecía
de competencia para tramitarla en este momento procesal.

Ese mismo día, mediante auto18, la corporación se abstuvo de dar inicio al incidente
de desacato contra la Procuraduría General de Nación, porque se acreditó que el
Ministerio Público dio cumplimiento a la orden impartida en el fallo de tutela del 5 de
mayo de 2026, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, esto es,
comunicó la respuesta del 24 de abril de 2026, al correo electrónico
jrvisbal@rocketmail.com, y así no existió mérito para iniciarlo.

En esa medida, el autor consideró que esta decisión desconoció sus garantías
fundamentales, porque mediante la sentencia de tutela del 5 de mayo de 2026, se
ordenó vincular como tercero a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría
Regional de Instrucción del Atlántico, lo cual para el actor es un error, por lo que
solicitó corregir que dicha regional no era objeto de estas peticiones y que era el
procurador general de la nación el que debía haberse vinculado, para que este
resolviera las solicitudes, según lo que las normas determinaban y pidiera las
sentencias de subsuelo petrolero a la Corte Suprema y emitiera el concepto
correspondiente.

Así, del análisis de lo pretendido con la acción de tutela, resulta claro que el reparo
consiste, en síntesis, en el desacuerdo por parte del señor Visbal Ilera, con lo
resuelto por el tribunal por cuanto para dicha corporación la autoridad accionada ya
cumplió la orden de tutela.

De modo que no se cumplió con la carga argumentativa iusfundamental que
justifique un estudio de fondo del caso, pues de lo afirmado por el tutelante se
observa que simplemente se limitó a señalar que se cometió un error al no vincular
al procurador general de la nación pues era el competente para resolver sus
solicitudes y de lo afirmado por este no se puede deducir con claridad cómo la
corporación enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales, entre estos, el del
debido proceso19 y de acceso a la administración de justicia.

En las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022, la Corte Constitucional
puntualizó que para determinar si el asunto ventilado tiene relevancia constitucional
se debe analizar si la solicitud de amparo trasciende la mera «inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces», lo cual justamente no se evidencia en el
caso particular.

Lo anterior es de especial importancia por cuanto el juez de tutela no puede realizar
otra vez el análisis que sustentó la decisión proferida por otra autoridad
constitucional, máxime si se tiene en cuenta que los jueces están amparados por
los principios de autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la
cosa juzgada.

18 Samai, índice 37 de la tutela. Notificado el 26 de junio de 2026, Samai, índice 41.
19 Vale la pena anotar que el núcleo esencial de este derecho fue definido en la sentencia SU-215

de 2022 como el de: «(...) hacer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante
la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho»[121]. Sin embargo,
los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se traducen en la obtención de una
respuesta favorable. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se
traduce en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.»

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Demandante: Comunidad de Condueños del Antiguo
Resguardo Indígena Rematado de Tubará
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05138-00

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional, dado que el actor no expuso planteamientos
que permitan evidenciar a primera vista que su caso amerita algún pronunciamiento
adicional y no presentó algún cuestionamiento que tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución o determinar el alcance de un derecho
fundamental.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Denegar las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

SEGUNDO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor José Ramón Visbal Ilera, actuando en su calidad de administrador y
representante legal de la Comunidad de Condueños del Antiguo Resguardo
Indígena Rematado de Tubará, por las razones expuestas.

TERCERO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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