Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05141-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05141-01
Demandante: MERCEDES MELESIO Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Confirma decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte accionante, contra
la sentencia del 31 de julio de 2026, por medio de la cual, el Consejo de Estado,
Sección Segunda-Subsección A declaró la improcedencia del amparo solicitado, al
considerar que el asunto planteado no gozaba de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo1
Con escrito radicado el 3 de julio de 2026, los señores Mercedes Melesio, Yuleni
Córdoba Melesio, Alcibiades Córdoba Melesio, Carlos Córdoba Melesio, Sandra
Patricia Melesio y Laura Daniela Llanos Melesio, actuando en nombre propio,
entablaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia.
En criterio de los accionaste, la trasgresión de las citadas garantías constitucionales
tuvo lugar con ocasión de la providencia del 13 de abril de 2026, dictada por la
autoridad judicial accionada dentro del proceso de reparación directa con radicado
19001-33-33-007-2025-00093-00/01, mediante la cual se rechazó la demanda.
1.2. Pretensiones
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Índice 2 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Demandante: Mercedes Melesio y otros
Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca
Rad: 11001-03-15-000-2026-05141-01
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en ese entendido, pidió:
2.- En consecuencia, dejar sin efecto el Auto Interlocutorio No. 069 del 13 de abril de
2026 por medio del cual se confirmó la decisión de rechazar la demanda de reparación
directa.
3.- En su lugar, ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA que dicte otra
providencia revocando el Auto Interlocutorio No. 1295 dictado el 29 de agosto de 2025
por el JUZGADO SÉPTIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYÁN y
admitiendo la demanda de reparación directa formulada2.
1.3. Hechos
Los accionantes, promovieron medio de control de reparación directa contra la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, correspondiéndole por reparto al Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Popayán.
Mediante Auto Interlocutorio No. 939 del 7 de julio de 2025, dicho juzgado inadmitió la
demanda al considerar que, si bien se había aportado poder para adelantar la
conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, no se allegó el
poder específico para promover el medio de control, motivo por el cual concedió el
término de diez (10) días para subsanar.
Posteriormente, mediante Auto Interlocutorio No. 1295 del 29 de agosto de 2025, el
mismo despacho resolvió rechazar la demanda con fundamento en el numeral 2° del
artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, al estimar que la corrección no se realizó dentro
del término legal.
Inconformes con dicha decisión, los accionantes interpusieron recurso de apelación,
en el que alegaron irregularidades en la notificación electrónica del auto inadmisorio
—explicadas desde una perspectiva técnica asociada a filtros de seguridad, políticas
antiphishing, spoofing y mecanismos de autenticación del correo electrónico— y que
dicha falla desconocía las garantías de debido proceso, acceso a la administración de
justicia y prevalencia del derecho sustancial.
Refirieron que, durante el trámite de alzada, el apoderado allegó memorial explicando
que la inconsistencia en el acápite de poderes obedeció a un error material e
involuntario en la radicación electrónica, haber adjuntado el poder de conciliación
prejudicial en lugar del poder judicial, precisando que ello no implicaba ausencia del
requisito de postulación, pues ya contaban con poderes especiales autenticados con
anterioridad a la presentación de la demanda.
Indicaron que, no obstante, mediante providencia del 13 de abril de 2026 (Auto
Interlocutorio No. 069), el Tribunal Administrativo del Cauca confirmó el auto que
rechazó la demanda, manteniendo incólume la decisión de primera instancia. Dicha
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Cita textual del original con posibles errores.
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providencia constituye el acto judicial cuestionado mediante la presente acción de
tutela.
Manifestaron, adicionalmente, que la falencia procesal advertida pudo subsanarse
fácilmente, pues el 13 de noviembre de 2025 remitieron a la Secretaría del Tribunal
los poderes conferidos en debida forma, con fecha anterior a la radicación de la
demanda, y que la aplicación mecánica de la exigencia formal les cerró
definitivamente la posibilidad de acceder a la justicia, al haber operado la caducidad
de la acción.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Cauca, al proferir el Auto
Interlocutorio No. 069 del 13 de abril de 2026, incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto y en defecto fáctico, vulnerando con ello los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En cuanto al defecto procedimental, argumentó que ni el artículo 170 del CPACA, ni
los artículos 162 y 167 ejusdem, que enlistan los requisitos de la demanda, consagran
el poder para litigar como anexo obligatorio del escrito inicial; que el artículo 160 del
mismo estatuto exige únicamente que la parte comparezca por conducto de abogado
inscrito, calidad que ostentaba el apoderado desde el principio.
Sostuvo, en consecuencia, que el Tribunal erró al considerar que el poder era un
anexo obligatorio del libelo, y que dicha exigencia irreflexiva convirtió una formalidad
procesal en obstáculo insalvable para el acceso a la justicia, en contravía del principio
de prevalencia del derecho sustancial (art. 228 C.P.).
Adujo, adicionalmente, que la falencia advertida por los juzgadores de instancia era
subsanable y en realidad no llegó a configurarse, pues el 13 de noviembre de 2025
remitió a la Secretaría del Tribunal los poderes conferidos en debida forma, con fecha
anterior a la radicación de la demanda.
Invocó el artículo 74 del Código General del Proceso, según el cual el poder especial
puede conferirse por documento privado o verbalmente en audiencia, así como el
numeral 4° del artículo 133 y el artículo 135 de la Ley 1564 de 2012, para sostener
que la causal de nulidad por carencia de poder exige que este falte íntegramente, y
que la nulidad por indebida representación solo puede alegarla la persona afectada,
no el juez de oficio, circunstancias que, a su juicio, hacían desproporcionada la
decisión de rechazar la demanda, máxime cuando ello cerró definitivamente la
posibilidad de accionar por haber operado la caducidad.
En cuanto al defecto fáctico, señaló que el Tribunal omitió valorar los poderes
especiales incorporados mediante memorial del 13 de noviembre de 2025, cuya fecha,
anterior a la presentación de la demanda, habría permitido concluir que los
demandantes comparecieron desde el principio mediante apoderado debidamente
constituido.
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Sostuvo, igualmente, que el ad quem soslayó ponderar la experticia técnica rendida
por el ingeniero Julián Silva Chávez, aportada con el recurso de apelación, la cual, de
haberse valorado, habría demostrado que el mensaje de datos contentivo del Auto
Interlocutorio No. 1295 nunca arribó al correo electrónico del apoderado, dejándolo en
imposibilidad de atender oportunamente el requerimiento.
Argumentó que la presunción de recibo prevista en el artículo 205 del CPACA admite
prueba en contrario, y que ante la duda sobre la eficacia de la notificación debía
prevalecer, en virtud del principio pro actione y de los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política, el derecho de defensa y de acceso a la administración de justicia
del notificado.
Con fundamento en lo antepuesto, solicitó declarar la vulneración de sus derechos
fundamentales, dejar sin efecto el Auto Interlocutorio No. 069 del 13 de abril de 2026
y ordenar al Tribunal Administrativo del Cauca revocar el rechazo de la demanda para,
en su lugar, admitirla.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 6 de julio de 20263 el a quo avocó el conocimiento de la solicitud de
amparo, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cauca4 en calidad de
demandado, así como al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán en
condición de tercero con interés5.
1.6. Intervenciones
1.6.1 Tribunal Administrativo de Cauca6
Planteó la improcedencia de la tutela contra decisiones judiciales, señalando que,
conforme a las sentencias C-543 de 1992, C-590 de 2005 y la línea jurisprudencial
derivada de ellas, este mecanismo procede solo excepcionalmente frente a
providencias judiciales, cuando se acreditan los requisitos generales de procedencia
(relevancia constitucional, subsidiariedad, inmediatez, identificación razonable de los
hechos y que no se trate de sentencias de tutela) y los específicos de procedibilidad.
Sostuvo que, en el caso concreto, la parte accionante pretende reabrir un debate
propio de una tercera instancia, pues los argumentos de la tutela se dirigen a
controvertir la interpretación normativa y la valoración probatoria efectuada por el
Tribunal, cuestión que, a su juicio, excede el ámbito de competencia del juez
constitucional y corresponde a un problema de carácter legal, no constitucional.
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Índice 4 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 125393
del 9 de julio de 2026 y a los correos electrónicos: stadmcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co y
sgtadmincau@notificacionesrj.gov.co
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Índice 7 de Samai. Cuaderno de primera instancia. Notificación realizada mediante oficio No. 125395
del 9 de julio de 2026 y al correo electrónico: j07admpayan@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Índice 14 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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1.6.2. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Popayán7
Señaló que dicho Despacho, mediante Auto Interlocutorio No. 1295 del 29 de agosto
de 2025, rechazó la demanda por cuanto la parte actora no subsanó las deficiencias
advertidas dentro del término concedido.
Indicó que, inconforme con esa decisión, el apoderado interpuso recurso de apelación,
el cual fue concedido mediante auto del 9 de septiembre de 2025, y que el Tribunal
Administrativo del Cauca, mediante providencia del 13 de abril de 2026, confirmó la
decisión de primera instancia. Precisó que, en cumplimiento de lo resuelto por el
superior, mediante auto del 27 de mayo de 2026 se obedeció y cumplió lo dispuesto
en dicha providencia.
De conformidad con lo expuesto, sostuvo que el Juzgado actuó en todo momento con
estricto apego al ordenamiento jurídico y con observancia de las garantías procesales
y constitucionales de las partes, sin que se advierta vulneración alguna de derechos
fundamentales.
Finalmente, solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, por considerar
que la parte actora pretende utilizarla como una tercera instancia para reabrir el debate
procesal ya surtido y decidido tanto por ese Despacho como por el superior jerárquico,
desnaturalizando así la finalidad excepcional y subsidiaria del mecanismo de amparo.
Adjuntó, para efectos de consulta, el vínculo de acceso al expediente digital.
1.7. Sentencia de primera instancia8
El Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A dictó sentencia el 31 de julio
de 2026, en la que declaró improcedente la acción de tutela, al no observar la
configuración de los defectos alegados.
Argumentó que el rechazo de la demanda no obedeció a una actuación arbitraria ni al
desconocimiento del procedimiento legalmente establecido, sino a la aplicación de lo
previsto en el numeral 2° del artículo 169 del CPACA, esto, ante la falta de corrección
de la demanda dentro del término concedido para tal efecto.
Destacó que no se configura el defecto procedimental absoluto, el cual exige una
actuación manifiestamente contraria a las formas propias del juicio y con incidencia
determinante en los derechos fundamentales de las partes, pues, en efecto, tal como
lo indicó la autoridad judicial accionada en la decisión cuestionada los posibles filtros
que bloqueen comunicaciones judiciales constituye una desatención a esta carga
procesal que, de ninguna manera podría ser atribuible al despacho judicial accionado.
Advirtió, además, en cuanto al defecto fáctico que, tampoco se encuentra configurado
por cuanto no existe una omisión en la valoración de material probatorio obrante en el
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Índice 11 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Índice 18 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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expediente como lo alega la parte actora en la acción de tutela, sino que corresponde
a una discrepancia con el mérito probatorio que le atribuyó el Tribunal en la decisión
que se pretende infirmar.
Precisó que, lo que se evidencia es una inconformidad por parte del accionante
respecto a las conclusiones a las que arribó el juez natural de la causa, pues, en efecto
lo que se observa es que el tribunal no ignoró el material probatorio relevante ni
efectuó una valoración arbitraria del mismo, pues, por el contrario, se observa que
valoró íntegramente los medios probatorios que reposaban en el proceso ordinario.
La decisión referenciada fue notificada a las partes e intervinientes el 13 de agosto de
20269 mediante correo electrónico.
1.8. Impugnación10
Sostuvo, en primer lugar, que la sentencia impugnada incurrió en un exceso ritual
manifiesto, pues asumió una ciega obediencia a la ley procesal en desconocimiento
de los derechos sustanciales, imponiendo una carga de imposible cumplimiento a su
representado al desestimar el bloqueo del correo electrónico, ocasionado por
mecanismos de seguridad ajenos a su control, como una desatención imputable a la
parte.
Invocó el principio ad impossibilia nemo tenetur y la sentencia T-1222 de 2004 de la
Corte Constitucional, según la cual no puede exigirse el cumplimiento de un acto
procesal cuando ello resulta imposible por circunstancias no atribuibles al interesado.
En segundo lugar, cuestionó el estándar probatorio aplicado por el a quo,
argumentando que la sentencia le otorgó al acuse de recibo automatizado un peso
superior al del dictamen pericial rendido por el ingeniero Julián Silva Chávez,
especialista en seguridad informática, quien concluyó de manera técnica que el correo
electrónico contentivo del auto inadmisorio nunca fue recibido en el buzón del
apoderado, por efecto de bloqueos DNS e IP propios de los mecanismos de seguridad
de los proveedores de internet.
En tercer lugar, alegó la configuración del defecto fáctico en su dimensión positiva,
señalando que el juez de instancia no ignoró el peritaje, pero sí lo valoró de manera
incompleta y contraevidente, al limitarse a contrastarlo con la constancia de envío sin
refutar técnicamente sus conclusiones ni aportar justificación científica en contrario,
apartándose con ello de los criterios de la sana crítica exigidos por la jurisprudencia
constitucional (SU-241 de 2024, T-376 de 2024, T-343 de 2024, entre otras).
En cuarto lugar, invocó el principio de prevalencia del derecho sustancial (art. 228
C.P.), argumentando que, ante la concurrencia de dos evidencias contradictorias, la
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Índice 21 de Samai. Cuaderno de primera instancia.
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Índice 23 de Samai. Cuaderno de primera instancia. La sentencia se notificó el 13 de agosto de 2026
a través de correo electrónico, mientras que el escrito contentivo de la impugnación fue radicado el 18
del mismo mes y año. En ese sentido, se tiene que fue oportuna la interposición del recurso.
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constancia procesal del juzgado y la demostración técnica del bloqueo, el juez debió
privilegiar la realidad objetiva probada por el perito y no una presunción legal
desvirtuada.
Finalmente, planteó la existencia de un doble estándar inaceptable, con apoyo en la
sentencia STC8584-2020 de la Corte Suprema de Justicia, en la cual dicha
corporación eximió a un litigante cuando los propios servidores de la Rama Judicial
bloquearon un mensaje por razones de seguridad (detección de malware o
suplantación), calificando como "evidente desatino lesivo" sancionar al usuario por
hechos fuera de su control. Sostuvo que el mismo razonamiento debía aplicarse
cuando es el servidor de correo del ciudadano (Outlook/Hotmail) el que bloquea, por
idénticas razones de seguridad, la comunicación remitida por el despacho judicial.
Con fundamento en lo anterior, solicitó: (i) revocar en su totalidad la sentencia de tutela
de primera instancia; (ii) conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia; (iii) dejar sin efectos el Auto
Interlocutorio No. 069 del 13 de abril de 2026 proferido por el Tribunal Administrativo
del Cauca; y (iv) ordenar a la autoridad judicial accionada tener por justificada la no
recepción de la notificación del auto inadmisorio y, en consecuencia, conceder
nuevamente el término para subsanar la demanda de reparación directa.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el Acuerdo 080 de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia del 31
de julio de 2026 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A
a efectos de lo anterior, se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la respuesta, se resolverá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cauca transgredió las garantías invocadas por
la parte actora, con ocasión de la providencia proferida el 13 de abril de 2026
al interior del proceso de reparación directa con radicado 19001-33-33-007-
2025-00093-00/01?
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Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) relevancia constitucional y, (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214 unificó
la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su procedencia.16
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4 Relevancia constitucional
Sobre este punto, es necesario traer a colación las reglas establecidas por la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202217.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que, cuando
se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia debe ser más
restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no
solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino que también son
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fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor
jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así se
previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se
garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad
de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal11 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente
a un asunto meramente legal y/o económico12; es decir, la cuestión “debe revestir una
“clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional13.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de
relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no
a problemas de carácter legal14”. En este orden, se reitera que el examen de relevancia
constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda la mera “inconformidad con
las decisiones adoptadas por los jueces naturales15”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
11
Sentencia SU-573 de 2019.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-103 de 2022.
15
Sentencia SU-128 de 2021.
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[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto16, lo que implica verificar que en efecto
se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los
derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal17. (Resaltado de la
Sala).
2.5. Caso concreto
Los accionantes sostuvieron que la providencia del 13 de abril de 2026, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cauca, vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
Alegaron que la autoridad judicial accionada incurrió en: i) defecto procedimental
absoluto, al considerar que el poder era un anexo obligatorio del libelo, y que dicha
exigencia irreflexiva convirtió una formalidad procesal en obstáculo insalvable para el
acceso a la justicia, en contravía del principio de prevalencia del derecho sustancial
(art. 228 C.P.); y ii) defecto factico, pues omitió valorar los poderes especiales
incorporados mediante memorial del 13 de noviembre de 2025, cuya fecha, anterior a
la presentación de la demanda, habría permitido concluir que los demandantes
comparecieron desde el principio mediante apoderado debidamente constituido.
Sostuvo, igualmente, que el tribunal soslayó ponderar la experticia técnica rendida por
el ingeniero Julián Silva Chávez, aportada con el recurso de apelación, la cual, de
haberse valorado, habría demostrado que el mensaje de datos contentivo del Auto
Interlocutorio No. 1295 nunca arribó al correo electrónico del apoderado, dejándolo en
imposibilidad de atender oportunamente el requerimiento.
Frente a los argumentos formulados por el accionante, la Sala advierte que, si bien
fueron planteados bajo una perspectiva constitucional, en realidad evidencian su
inconformidad con el razonamiento jurídico contenido en la providencia cuestionada.
Ello, por cuanto, como lo indicó el a quo, los reproches expuestos en esencia; se
orientan a cuestionar las conclusiones a las que arribó el Tribunal Administrativo del
Cauca para confirmar el rechazo de la demanda, particularmente al considerar que el
auto inadmisorio fue notificado en debida forma al apoderado de la parte actora al
haberse recepcionado el acuse de recibido.
Adicionalmente, se observó que la corporación judicial accionada tuvo en cuenta el
informe elaborado por el ingeniero Julián Silva Chávez, para resolver el problema
jurídico y adoptar la decisión que consideró pertinente en el caso concreto,
expresando «Por tanto, no asiste razón a la parte accionante al afirmar que el correo
electrónico, enviado correctamente por el A quo, no fue recibido debido a bloqueos de
seguridad. Dicha circunstancia no es atribuible al fallador, toda vez que, según el
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Sentencia SU-573 de 2019.
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Ibid.
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Demandados: Tribunal Administrativo del Cauca
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artículo 2 de la Ley 806 de 2020, es deber de los sujetos procesales disponer de los
medios tecnológicos necesarios para recibir las actuaciones. En consecuencia, la
existencia de posibles filtros que bloqueen comunicaciones judiciales constituye una
desatención a esta carga procesal».
Por ello, se encuentra, a prima facie, que los argumentos y análisis realizados por el
Tribunal Administrativo del Cauca parten de un fundamento jurídico y fáctico que no
se muestra caprichoso, por lo que resulta claro que la solicitud de amparo de la
referencia carece de suficiencia argumentativa desde la perspectiva constitucional y
se limita a reiterar los planteamientos ya debatidos y resueltos dentro del proceso
ordinario.
Por consiguiente, es evidente que la controversia planteada por el accionante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se
circunscribe a aspectos legales, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima
más acertado, sobre el del operador judicial, lo que denota un desconcierto respecto
al sentido de la providencia. En este orden de ideas, se precisa que la administración
de justicia garantiza que los funcionarios judiciales gocen de autonomía e
independencia en sus decisiones, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente reprochar sus decisiones por la vía de la acción de tutela.
Por tanto, se resalta que el juez de tutela no puede realizar nuevamente el análisis
que respaldó la providencia proferida por otra autoridad judicial, máxime si se tiene en
cuenta que los jueces están amparados por los principios de autonomía e
independencia judicial que imponen el respeto por la cosa juzgada.
Se precisa que los cargos, al enmarcarse en tutela contra providencia judicial, exige
con mayor énfasis que se ejecute una exposición que sin lugar a duda demuestre de
forma coherente, el engranaje entre la orden objeto de reproche y la inescindible
afectación de las garantías fundamentales en su núcleo esencial.
Por las razones expuestas, se confirmará la declaratoria de improcedencia de la
acción de tutela porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia
constitucional, toda vez que la parte actora pretende que en esta sede se realice
nuevamente el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la
vulneración de los derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2026, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda – Subsección A.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente en comisión de servicios
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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