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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05145-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-05145-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2026-05145-01

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05145-01
Demandante: ÓSCAR IVÁN NIÑO CÁRDENAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la acción
por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
Confirma decisión de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante en
contra de la providencia del 16 de julio de 2026, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Primera, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela por
no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Óscar Iván Niño Cárdenas, por medio de apoderado, interpuso acción de
tutela1 en contra del Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión y
el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.

Consideró vulneradas las mencionadas garantías con ocasión de las sentencias de
27 de mayo de 2026 y 19 de diciembre del 2024, mediante las cuales se negaron
las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 27001-33-33-006-2023-00334-00/01, promovido por el
tutelante contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el tutelante solicitó lo siguiente:

1.-Solicito se digne Declarar: que a mi mandante le han violado el derecho
fundamental al trabajo, al debido proceso, a la igualdad en sentencias judiciales de
esta corporación el derecho a la salud por cuanto al quitarle su salario este incurre en

1 Samai, índice 2, mediante escrito presentado el 3 de julio de 2026.

1
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Demandante: Óscar Iván Niño Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05145-01

omisión de pagos a las entidades prestadoras al no pagarle se esté afectando el
mínimo vital y como este es el único ingreso con el que cuenta para suplir sus
necesidades básicas de salud y las de su familia pues al privarlo de su salario colocan
en riesgo esta sobrevivencia y la salud de su familia. Al Conceder el amparo
consecuencialmente disponga que éste con carácter inmediato se digne ordenar al
H. Tribunal Dejar sin efecto su sentencia del (27)/05 (2026) ordenando dejar sin
efectos la Sentencia del 19 de Diciembre de 2024, dada por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Quibdó impugnados siendo concedido el amparo
para emitiendo el competente el fallo que conceda lo peticionado respetando la
constitución la ley y el precedente por incurrir en las sentencias en Yerros facticos
sustanciales procedimentales y desconocimiento.

2.-Consecuencialmente disponga que el H. Tribunal al dejar sin efecto el fallo del
juzgado y revoque el suyo disponga el cumplimiento de las pretensiones incoadas en
la demanda esto es el reintegro y reincorporación a la Policía Nacional, en
condiciones equivalentes o superiores a las que ostentaba, al momento del retiro y
sin solución de continuidad para todos los efectos legales y prestacionales.
Disponiendo estos la nivelación en grados y en cargos similares respecto de sus
compañeros de promoción, ordenando para ello la realización de los cursos
correspondientes para lograr los ascensos respectivos, con fundamento en el derecho
a la igualdad.

3.-Consecuencialmente que como consecuencia de dejar sin efecto el fallo del tribunal
y la revocatoria de su fallo disponga que este debe conceder las pretensiones
incoadas esto es que la entidad disponga el pago de todos los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos de carácter salarial dejados de
percibir por el tutelante desde la expedición del acto de retiro hasta que se produzca
el reintegro efectivo, valores indexados y con los intereses moratorios y
remuneratorios a que haya lugar.

4.-Que como consecuencia del amparo ante la revocatoria de los fallos de instancia
concedan la pretensión elevada en la demanda esto es que determinen la
indemnización del reconocimiento de perjuicios morales, que estimamos
razonadamente en la demanda en sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales
vigentes, ocasionados tanto al demandante como a su núcleo familiar cercano.

5.- Que en el amparo se determine al dejar sin efecto los fallos de instancia se
disponga que la entidad demandada debe pagar las costas y agencias en derecho, y
que se expida la primera copia de la sentencia de amparo al apoderado judicial, para
efectos de su ejecución.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento, los siguientes:

El señor Óscar Iván Niño Cárdenas ingresó a la Policía Nacional el 20 de enero de
2015, como cadete en la Escuela General Francisco de Paula Santander, ascendió
posteriormente a alférez y fue dado de alta como subteniente, mediante Resolución
8034 del 31 de octubre de 2017. Fue retirado del servicio activo en el grado de
teniente a través de Resolución 1166 del 13 de abril de 2023, por la causal
denominada «voluntad del Gobierno Nacional».

Afirmó que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía
Nacional, en sesión del 23 de febrero de 2023, recomendó su retiro con fundamento
en anotaciones registradas en su hoja de vida; sin embargo, sostuvo que las mismas
no tenían carácter disciplinario, carecían de sustento fáctico suficiente y no podían

2 Transcripción literal del texto original, por lo que puede contener errores.

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Demandante: Óscar Iván Niño Cárdenas
Demandados: Tribunal Administrativo del Chocó y otro
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ser utilizadas como criterio de evaluación para efectos de retiro, conforme al
precedente del Consejo de Estado.

Por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad de la Resolución núm.
1166 de 13 de abril de 2023, y, en su lugar, se ordenara su reintegro y
reincorporación a la institución castrense en condiciones equivalentes o superiores
a las que ostentaba, sin solución de continuidad para todos los efectos legales y
prestacionales, así como la nivelación respecto de sus compañeros de promoción y
el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados
de percibir desde el retiro del servicio. Sumado a ello, que «se reconocieran y
pagaran los perjuicios morales causados».

El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito
Judicial de Quibdó y se identificó con el número único de radicación 2023-00334-
00. Dicha autoridad judicial, por medio de la sentencia de 19 de diciembre de 2024,
denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que, dentro del proceso, se
acreditaron motivos reales y ciertos para recomendar y, posteriormente, disponer el
retiro del actor.

En ese sentido, concluyó que el acto administrativo acusado no se encontraba
viciado por falsa motivación, como lo sostuvo el señor Niño Cárdenas; por el
contrario, estimó que la decisión se adoptó en ejercicio de la facultad discrecional
de la administración, atendiendo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con
miras al mejoramiento del servicio público.

El tutelante interpuso recurso de apelación al considerar que existía incongruencia
entre la decisión adoptada por el a quo y los hechos demostrados en el proceso, así
como frente al material probatorio aportado y al precedente jurisprudencial
aplicable, lo cual, condujo a una providencia carente de motivación suficiente y
sustentada en una valoración parcial de las pruebas.

El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de
Decisión que, mediante sentencia de 27 de mayo de 2026, confirmó la decisión del
a quo al estimar que el retiro por «voluntad del Gobierno Nacional» no constituía
una sanción disciplinaria ni exigía la previa culminación de un proceso de esa
naturaleza.

Para el ad quem, el acto administrativo de retiro no se encontró desprovisto de
sustento material, pues estuvo precedido de un estudio individualizado del caso y
de la valoración de circunstancias concretas del servidor.

Además, para dicha corporación no se configuró la causal de falsa motivación, toda
vez que los fundamentos tenidos en cuenta por la administración encontraron
respaldo en antecedentes efectivamente incorporados al historial administrativo del
demandante y porque el señor Niño Cárdenas contó con la oportunidad de presentar
reclamaciones frente a varias de las anotaciones registradas, las cuales fueron
objeto de revisión por el superior, circunstancia que reafirma su conocimiento y
posibilidad de controvertir tales antecedentes.

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1.4. Sustento de la vulneración

Reprochó que las providencias cuestionadas incurrieron en desconocimiento del
precedente judicial al apartarse de la jurisprudencia unificada de la Corte
Constitucional, entre estas, las sentencias SU-573 de 27 de noviembre de 2019,
SU-128 de 6 de mayo de 2021 y SU-339 de 13 de agosto de 2024 que prohíben de
forma sistemática que las anotaciones en formularios de seguimiento o llamados de
atención informales, sean utilizados como antecedentes disciplinarios o como
motivación para retirar a un uniformado del servicio.

Igualmente, alegó que pasaron por alto los pronunciamientos emitidos por el
Consejo de Estado, mediante los cuales se ha impedido formalizar fallas menores
en la hoja de vida del uniformado.

Adujo un defecto fáctico al realizar una valoración contraevidente, arbitraria y
omisiva del material probatorio obrante en el expediente ordinario, pues las
autoridades cuestionadas le dieron un valor absoluto e incuestionable a las
anotaciones negativas realizadas por la Policía Nacional y omitieron realizar un
análisis crítico de su veracidad, además de formular reproches por supuestos
incumplimientos de tareas en fechas específicas en las que se encontraba de
vacaciones o bajo el amparo de una incapacidad médica.

Sostuvo que se obviaron pruebas determinantes, tales como el reporte de
cumplimiento de metas y la calificación anual de servicios, lo que desvirtuaba su
supuesta mala conducta.

Señaló que las sentencias también incurrieron en un defecto sustantivo al
fundamentarse en normas inaplicables, pues tanto el juzgado como el tribunal
avalaron la legalidad del retiro del servicio con fundamento en el artículo 51 del
Código Único Disciplinario y pasaron por alto que la expresión «por escrito» y la
posibilidad de registrar amonestaciones de este tipo en la hoja de vida habían sido
declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Sumado a ello, que se permitió
que un acto administrativo de carácter interno modificara sustancialmente las
garantías del debido proceso disciplinario.

Alegó una violación directa de la Constitución al desobedecer lo dispuesto en el
artículo 4º, pues las autoridades judiciales tenían la obligación preferente de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad para proteger sus derechos fundamentales.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto de 3 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió esta acción3, ordenó notificar al juez sexto administrativo del circuito judicial
de Quibdó y a los magistrados de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal
Administrativo del Chocó.

Además, en condición de terceros con interés se vinculó a la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional (parte demandada dentro del medio de control).

3 Samai, índice 5 de la primera instancia de este trámite constitucional.

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1.6 Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión

Precisó que la presente tutela deviene en improcedente, por cuanto no supera el
requisito de relevancia constitucional, ya que se trata de una solicitud de amparo
que carece de la carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional
para cuestionar providencias judiciales. Además, porque la decisión que profirió se
encuentra ajustada a derecho.

Puso de presente que, revisadas las plataformas dispuestas por la Rama Judicial y
el Consejo de Estado para búsqueda de jurisprudencia, no se encontró la
providencia invocada por el apoderado del accionante de fecha 13 de enero de
2021, con radicado 25899-33-33-002-2020-00218-00. Además, se advierte que el
radicado del expediente como el nombre del consejero ponente no existen.

1.6.2. Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional

Precisó que los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Chocó,
Sala Quinta de Decisión, evidenciaban que la decisión de retiro del actor de la
Policía Nacional fue ajustada a derecho, motivada de forma suficiente con
fundamento en razones objetivas, previamente evaluadas y documentadas por la
Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional, en atención a criterios de
eficiencia, disciplina y compromiso institucional, sin que se haya demostrado la
existencia de desviación de poder o falsa motivación en la expedición del acto
administrativo, por lo cual se entendía que el acto administrativo impugnado gozaba
de presunción de legalidad.

Por lo anterior, solicitó denegar las súplicas de la parte actora ante la improcedencia
de la acción de tutela y en razón que el accionante no agotó todos los medios
legales.

1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó

Este despacho guardó silencio en este trámite.

1.7 Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 16 de julio de 2026, la Sección Primera del Consejo de
Estado declaró improcedente esta acción por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, al considerar que lo pretendido por el actor es que se realice un
nuevo análisis del asunto puesto a consideración del juez natural, como si este
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.

Precisó que la divergencia surgía del hecho según el cual la autoridad judicial
accionada profirió la decisión con fundamento en anotaciones informales y llamados
de atención escritos en su hoja de vida, y avaló su retiro del servicio.

Puso de presente que dichos aspectos procedían de la interpretación probatoria,
normativa y jurisprudencial que la parte actora pretendía que se diera a su situación

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particular y giraban en torno a la inconformidad con la decisión adoptada por el juez
natural del asunto, la cual fue resuelta por la corporación cuestionada.

Afirmó que de la providencia cuestionada se advertía que el tribunal confirmó la
decisión del a quo al concluir que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad
del acto administrativo de retiro, por lo que determinó que la desvinculación del
señor Niño Cárdenas se produjo en ejercicio legítimo de la facultad discrecional de
la administración por razones del servicio.

Consideró que, en este caso, no se configuró la causal de nulidad por falsa
motivación alegada, pues el expediente administrativo arrojó la existencia de
elementos objetivos que sirvieron de sustento material para que la Junta Asesora
emitiera su recomendación y se expidiera el acto de desvinculación, lo que descartó
que la decisión de la Policía Nacional obedeciera a fines caprichosos.

Sostuvo que, la autoridad judicial indicó que el retiro por «voluntad del Gobierno
Nacional» no constituye una sanción disciplinaria ni exige la culminación previa de
un proceso de esa naturaleza, al tratarse de una potestad autónoma orientada a la
optimización del servicio público. No obstante, aclaró que los antecedentes
registrados en la hoja de vida del tutelante durante el año 2022, no correspondían
a hechos aislados, sino a observaciones sucesivas y reiteradas sobre fallas en
diferentes aspectos.

Además, añadió que el tribunal señaló que el retiro por «voluntad del Gobierno
Nacional» no constituía una sanción disciplinaria ni exigía la culminación previa de
un proceso de esa naturaleza, al tratarse de una potestad autónoma orientada a la
optimización del servicio público. No obstante, aclaró que los antecedentes
registrados en la hoja de vida del actor durante el año 2022 no correspondían a
hechos aislados, sino a observaciones sucesivas y reiteradas sobre fallas en su
liderazgo, respecto del cumplimiento de instrucciones operativas, compromiso
institucional y gestión funcional en su cargo de comandante de estación.

Adicionalmente, manifestó que dicha corporación explicó que la decisión de retiro
estuvo precedida de un estudio individualizado del caso y que el desacuerdo del
actor con la valoración de sus antecedentes, no desvirtuaban la existencia material
de los mencionados reportes de desempeño.

En esa medida, para la Sección Primera de esta corporación ni el análisis, ni la
decisión contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las pruebas, la
normativa y a la jurisprudencia dispuesta para el asunto. Situación distinta es que la
parte actora no comparta la tesis allí dispuesta, al ser adversa a sus intereses, lo
cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que de conformidad con la
autonomía judicial de la que goza el juez de conocimiento.

Anotó que la presunta configuración del desconocimiento del precedente
jurisprudencial tampoco cumplió con la carga argumentativa que fundamentara
dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó a citar las sentencias a las que
hace alusión, sin precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí
resuelto y su caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.

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Agregó que no observaba una transgresión de los derechos fundamentales de la
parte demandante, sino una divergencia que obedecía a la interpretación dada por
el juez natural del asunto, a las pruebas allegadas al proceso y a la aplicación de la
jurisprudencia dispuesta para el caso, en los cuales el juez de tutela no podía
inmiscuirse, so pena de otorgar a la acción de tutela el carácter de un recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia
y la independencia del juez ordinario.

1.8. Impugnación

Mediante escrito de 3 de agosto de 20264, el accionante presentó impugnación
contra el fallo de primera instancia y señaló que la decisión de la Sección Primera
del Consejo de Estado era jurídicamente equivocada y desconocía el alcance de la
doctrina constitucional sobre la tutela contra providencias judiciales, lo que terminó
restringiendo injustificadamente el acceso a la justicia, además de incurrir en un
error de interpretación y no tener en cuenta las sentencias SU-167 de 2024, SU-128
de 2021 y T-610 de 2015 que dispusieron, en su orden, que el juez no debía actuar
como un árbitro procesal sino como garante de derechos fundamentales y que el
amparo a sus garantías debió otorgarse por existir una indebida interpretación o
aplicación de una norma procesal.

Adicionalmente, insistió, en la configuración de un defecto fáctico, pues según la
jurisprudencia se había prohibido de manera absoluta que las anotaciones
negativas en las hojas de vida por parte de la Policía Nacional, fueran utilizadas
como medio de calificación y valoración para retiro del servicio y que, por el
contrario, estas debían ser valoradas de manera libre, amplia y razonadamente.

Reprochó que la Sección Primera de esta corporación confundió el juicio de
procedencia con el estudio del fondo, porque utilizó argumentos propios del análisis
material del proceso ordinario para negar la procedencia de la acción y señalar que
lo que pretendía era abrir un debate jurídico ya decidido, por lo que no tuvo en
cuenta lo dispuesto en las Sentencias T-248 de 2018, SU-387 y 134 de 2022, que
otorgaron la facultad al juez constitucional para «valorar si la decisión se
fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial y que derive la trasgresión de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».

Afirmó que la existencia de cargos por desconocimiento del precedente
constitucional evidenciaba, por sí sola, la relevancia constitucional del asunto, y al
estar debidamente sustentado imponía la obligación de estudiar el fondo lo cual no
hizo el a quo constitucional.

Además, aseguró que la sentencia impugnada vulneró el derecho fundamental al
debido proceso al incurrir en una motivación insuficiente y aparente, al abstenerse
de resolver los verdaderos problemas planteados, debido a que construyó

4 Samai, índice 19. La impugnación fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31

del Decreto 2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó
personalmente mediante mensaje de datos enviado el 29 de julio de 2026, así que se entiende
efectivamente notificada el 31 de julio siguiente, fecha en la que se radicó la impugnación.

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únicamente un amplio desarrollo teórico sobre la naturaleza excepcional de la tutela
contra providencias judiciales y omitió responder los argumentos específicos
desarrollados por el accionante sin motivar la decisión.

Adujo que el fallo de la Sección Primera de esta corporación incurrió no explicó la
razón por la que los argumentos específicos desarrollados en la demanda carecían
de fundamento constitucional, además no demostró que las reglas jurisprudenciales
invocadas por el accionante hubieran sido incorrectamente interpretadas y tampoco
confrontó el contenido de las sentencias de unificación citadas con la providencia
judicial cuestionada.

En esa medida, consideró que se vulneró el principio de congruencia judicial, pues
el juez constitucional no brindó una respuesta efectiva frente a la alegada
vulneración de derechos fundamentales, al no existir una relación lógica entre la
pretensión elevada en el amparo y la fundamentación de la falta de relevancia
constitucional, lo que configuró un déficit de motivación que afectaba la validez de
la decisión, lo que conduciría a la revocatoria de lo decidido y la concesión de la
tutela, pues en sentir del actor, el escrito de tutela explicó detalladamente las
razones por las cuales las providencias judiciales cuestionadas desconocían el
precedente constitucional, vulneraban el debido proceso y configuraban un defecto
sustantivo y fáctico.

1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia

Mediante escrito del 21 de agosto de esta vigencia el actor aportó pruebas
documentales que hacían parte del expediente digital, para que fueran tenidas en
cuenta y valoradas al momento de resolver la impugnación presentada contra el
fallo de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección Primera, el
16 de julio de 2026, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
este último modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 20195.

2.2. Cuestión Previa

De la revisión del escrito de tutela, se advierte que la solicitud va dirigida contra el
Tribunal Administrativo del Chocó, Sala Quinta de Decisión y contra el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, con ocasión de las
providencias del 27 de mayo de 2026 y 19 de diciembre del 2024, por lo que el
análisis se centrará únicamente respecto de la primera, por tratarse de la decisión
que puso fin a la controversia.

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena de esta corporación.

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2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la
decisión de primera instancia proferida el 16 de julio de 2026, por la Sección Primera
del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró improcedente el amparo
solicitado por el accionante.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del asunto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
Reiteración6

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó, lo
siguiente:

[S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar los parámetros bajo los cuales se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «[…] fijados hasta el
momento jurisprudencialmente […]». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales,
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Decisiones del 13 de marzo de 2025,

expedientes n.º 11001-03-15-000-2025-00881-00 y 11001-03-15-000-2025-00808-00.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 31 de julio de 2012,

expediente n.º 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05145-01

que se conceda o niegue el derecho al amparo (procedencia sustantiva) o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto (procedencia adjetiva).

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedencia. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y, ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional, cabe señalar que la Corte
Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las sentencias
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial «[...] el juez de tutela debe limitarse a
analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados por el
accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la
providencia reprochada».

Enfatizó que el análisis de procedencia, cuando se cuestiona una providencia de
una alta corte, debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue
proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal constitucional
consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia. Los presupuestos se refieren a lo siguiente:

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique suficientemente

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la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, pues
no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo sólo
está instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir la
discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende, no debe
ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta la
tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de un
derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse en una tercera
instancia.

En esa medida, la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no una corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede
utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez
natural.

En el presente caso, la parte actora cuestionó la providencia del 27 de mayo de
2026 en la que la autoridad judicial accionada confirmó la decisión del Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Quibdó, del 19 de diciembre del 2024,
que denegó las súplicas del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado 27001-33-33-006-2023-00334-00/01, que
promovió contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.

Lo anterior, ya que, a su juicio, en el proveído cuestionado el tribunal incurrió en los
defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación
directa de la Constitución.

Sobre el particular, la sala precisa que estos cargos no superan el requisito de
relevancia constitucional, debido a que los argumentos expuestos en el escrito de
tutela y en el escrito de impugnación reflejan una mera discrepancia con con el
criterio adoptado por la autoridad judicial accionada, debido a que esta consideró
que «el acto administrativo de retiro no se encontró desprovisto de sustento
material, pues estuvo precedido de un estudio individualizado del caso y de la
valoración de circunstancias concretas del servidor». En ese sentido, el tribunal
precisó lo siguiente:

65. Del análisis detallado de la hoja de vida del actor obrante en el expediente se
evidencia que durante el año 2022 se le registraron varias anotaciones vinculadas a
su desempeño funcional en el cargo que ejercía, así como llamados de atención,
observaciones de seguimiento, decisiones sobre las reclamaciones que presentó y
requerimientos de mejoramiento funcional y capacitación.
[…]

66. De lo que antecede, advierte la Sala que los antecedentes consignados en la hoja
de vida del actor corresponden a observaciones reiteradas durante el año 2022 sobre
aspectos directamente ligados al ejercicio del cargo de comandante de estación,
particularmente el cumplimiento de instrucciones superiores, liderazgo del personal,
ejecución de tareas operativas, coordinación administrativa y compromiso
institucional. No se trata, por tanto, de un hecho aislado, sino de registros sucesivos
relativos al desempeño reciente del oficial.

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67. A su vez, el acta de la Junta Asesora evidencia que la recomendación de retiro se
soportó en el examen de tales antecedentes, junto con los formularios de seguimiento
y evaluación del servicio. En ella se resaltaron debilidades en liderazgo, trabajo en
equipo, gestión funcional y necesidad de fortalecimiento del perfil profesional,
aspectos que guardan correspondencia con los registros obrantes en la hoja de vida.

68. En ese contexto, el acto administrativo de retiro no aparece desprovisto de
sustento material, pues estuvo precedido de un estudio individualizado del caso y de
la valoración de circunstancias concretas del servidor.

Asimismo, porque según el tribunal esta clase de decisiones no exige la previa
culminación de un proceso disciplinario ni una motivación extensa en la resolución,
siempre que existan razones objetivas y hechos ciertos que expliquen la medida
adoptada.

En esa medida, tanto en el escrito de tutela como en el de impugnación la sala
encuentra que los argumentos que expone el accionante no cuentan con la carga
argumentativa para ser estudiados, en el marco de la trasgresión de derechos
fundamentales, porque además son una reiteración de los argumentos expuestos y
están en caminados a controvertir las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales enjuiciadas, que fueron desfavorables a sus intereses.

Acorde con lo analizado, se hace evidente que el señor Niño Cárdenas busca
imponer su criterio, el cual estima más acertado, sobre el del Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Quinta de Decisión, lo cual denota un desconcierto respecto al
sentido de la decisión máxime si se tiene en cuenta que esa autoridad judicial,
centró su análisis en: (i) el retiro del servicio de oficiales y suboficiales de la Policía
Nacional; (ii) el retiro del servicio por voluntad del Gobierno o discrecional; y (iii) el
análisis del caso concreto a partir de las pruebas obrantes en el proceso.

Sobre el particular, se advierte que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar sus decisiones
vía acción de tutela.

Así las cosas, se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano
de control de las decisiones judiciales que son adoptadas en el curso de los
procesos, los cuales se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto
estableció el legislador. De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de
este mecanismo constitucional y la desarticulación de la organización judicial.
Además, porque esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, para interpretaciones o valoraciones probatorias
que son propias del juez natural.

En consecuencia, es claro que la controversia esbozada por el tutelante no satisface
el requisito de relevancia constitucional, debido a que la discusión se circunscribe a
aspectos probatorios que ya fueron abordados y zanjados por el juez natural.

Ahora bien, frente al cargo del desconocimiento del precedente jurisprudencial, el
actor indicó que las autoridades cuestionadas se apartaron de las sentencias SU-
573 de 27 de noviembre de 2019, SU-128 de 6 de mayo de 2021 y SU-339 de 13
de agosto de 2024 que prohíben de forma sistemática que las anotaciones en

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formularios de seguimiento o llamados de atención informales, sean utilizados como
antecedentes disciplinarios o como motivación para retirar a un uniformado del
servicio. Igualmente alegó que pasaron por alto los pronunciamientos emitidos por
el Consejo de Estado, mediante los cuales se ha impedido formalizar fallas menores
en la hoja de vida del uniformado.

Si bien la parte actora citó varias decisiones de la Corte Constitucional y mencionó
que se inobservaron las decisiones del Consejo de Estado, lo cierto es que, en
criterio de la sala, no cumplió con la carga iusfundamental requerida para superar
el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están dirigidos a señalar no se
tuvo en cuenta la jurisprudencia de las corporaciones citadas, sin indicar cómo esto
pudiera ajustarse a su caso concreto o la incidencia de la regla de derecho invocada
en la decisión cuestionada.

Nótese que, para respaldar la configuración del desconocimiento del precedente, la
parte tutelante solo citó varias decisiones de la Corte Constitucional y omitió hacer
referencia a las del Consejo de Estado, sin formular planteamientos que permitan
deducir con claridad cómo la corporación enjuiciada vulneró sus derechos
fundamentales y desvirtuar las consideraciones que respaldaron la decisión.

Por lo anterior, como se observa, la intención del accionante es imponer una postura
que resulte favorable a sus intereses, lo cual escapa del objeto de la acción de tutela
e impide al juez constitucional realizar un pronunciamiento de fondo sobre el
particular.

En esa medida, proceder en contrario implicaría interferir en cuestiones que
desbordan su competencia y, de paso, desnaturalizar el carácter excepcional y
especial de la solicitud de amparo.

Además, se recuerda que los jueces gozan de autonomía e independencia en sus
decisiones, que imponen el respeto por la cosa juzgada, circunstancia por la que,
en principio, no es procedente reprochar sus pronunciamientos vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el actor pretende que
el juez de tutela revise lo decidido por el tribunal accionado y dicte una providencia
que le resulte favorable a su reclamación.

Por lo expuesto, esta sala comparte la decisión del a quo que declaró improcedente
la acción por no ser relevante desde el punto de vista constitucional, pues al revisar
el escrito que dio origen a la acción de tutela y el de impugnación, se puede concluir
que la parte actora pretende reabrir el debate resuelto por el Tribunal Administrativo
del Chocó, Sala Quinta de Decisión y, así, utilizar este mecanismo constitucional
como una instancia adicional para revivir un análisis jurídico zanjado por el juez
ordinario.

Por lo tanto, al no estar acreditados los criterios fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia SU-215 de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional, ya que la solicitud de amparo solo pretende reabrir el debate de
instancia, se confirmará la sentencia proferida el a quo constitucional, que declaró
improcedente la acción de tutela.

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Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia de 16 de julio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Primera, que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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