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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05157-00

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05157-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consorcio Circulemos Digital y el Ministerio de Transporte. SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Toyuko Igarashi Sánchez contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. 10 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021. 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Sandra Toyuko Igarashi Sánchez Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros Radicado: 11001-03-15-000-2026-05157-00 CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05157-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05157-00
Demandante: SANDRA TOYUKO IGARASHI SÁNCHEZ
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Tema: Tutela de fondo. Declara improcedente la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad. Ausencia de
reclamación previa ante las autoridades competentes.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Sandra
Toyuko Igarashi Sánchez, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019 1 de la
Sala Plena de esta corporación.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Sandra Toyuko Igarashi Sánchez, en nombre propio, presentó acción
de tutela2 contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá y el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, con el fin
de que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, «a la pronta y
cumplida justicia, al derecho a la propiedad privada».

Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas con ocasión de
la medida cautelar que pesa sobre su vehículo de placa BRS063, la cual fue
dictada en el trámite del proceso penal identificado con el radicado 47001-60-01-
018-2013-00835-00, respecto del cual nunca le fue notificada alguna decisión
judicial y tampoco tiene conocimiento sobre su ubicación actual.

1.2. Pretensiones

La parte actora presentó las siguientes:

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Mediante escrito radicado el 3 de julio de 2026, a través del aplicativo web de recepción de
tutelas y habeas corpus en línea y enviado en la misma fecha a la Secretaría General del Consejo
de Estado.

Demandante: Sandra Toyuko Igarashi Sánchez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05157-00

1- Mediante sentencia judicial que ampare los derechos que considero vulnerados,
se ordene la cancelación de la medida cautelar contra el vehículo de placas
BRS063, ordenada por el JUZGADO SEXTO PENAL MUNICIPAL DE SANTA
MARTA, bajo el radicado 47001600101820130083500.

2- Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura a decretar la prescripción de
la acción penal dentro del radicado 47001600101820130083500.

1.3. Hechos

La accionante fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Indicó que es propietaria del vehículo identificado con la placa BRS063 y que en el
2013 este se vio involucrado en un accidente de tránsito, lo cual conllevó a que se
iniciara un proceso penal por lesiones personales culposas que fue avocado por el
Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, bajo el radicado 47001-60-01-
018-2013-00835-00.

Explicó que con ocasión al mencionado proceso se ordenó la inscripción de la
demanda ante la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, ciudad en la que se
encuentra matriculado el vehículo.

Alegó que nunca le fue notificada alguna actuación adelantada al interior del citado
proceso, razón por la cual no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de
defensa.

Puso de presente que solo cuando pretendió enajenar su automotor fue que se
enteró de la existencia de la medida cautelar que pesa sobre este.

Afirmó que al consultar la página web de la Rama Judicial no fue posible ubicar el
proceso penal identificado con el radicado 47001-60-01-018-2013-00835-00 ni el
despacho judicial al cual fue reasignado, dado que en «dicha p[á]gina de
información registra como si el proceso hubiese sido trasladado a Bogotá».

Expuso que al indagar en el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta le
informaron que «por orden del Consejo Superior de la Judicatura se había
presentado una reestructuración y reordenamiento de los diferentes despachos
judiciales, sin haber obtenido dato alguno sobre el despacho que conocía la
denuncia ya mencionada».

1.4. Fundamentos de la solicitud

La accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales por parte de las
autoridades accionadas, con ocasión de la medida cautelar que pesa sobre su
vehículo identificado con la placa BRS063, que fue dictada en el proceso penal
47001-60-01-018-2013-00835-00, del cual no tiene conocimiento sobre su
ubicación actual.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Toyuko Igarashi Sánchez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05157-00

Consideró que el Consejo Superior de la Judicatura tiene el deber de organizar y
vigilar los despachos judiciales, de conformidad con el parágrafo del artículo 11 de
la Ley 270 de 1994, razón por la cual cuando expide un acuerdo para la
reorganización de las instituciones debe prever los mecanismos idóneos que
garanticen el servicio de justicia.

Refutó que es inadmisible que luego de 13 años, el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Santa Marta no haya ordenado levantar la medida cautelar que
decretó en el mencionado proceso penal, con el fin de evitar la consumación de
perjuicios a terceros.

Señaló que la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá tiene a cargo la
inscripción de la medida cautelar y por esta razón también es la llamada a registrar
su cancelación.

Consideró que, aunque es cierto que pueden existir otros procedimientos para
poder obtener la cancelación de la medida cautelar que impide el disfrute de su
derecho como propietaria del vehículo, estos son interminables, motivo por el cual
la acción de tutela se torna procedente ante la premura del tiempo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Con auto de 8 de julio de 2026, el magistrado ponente de esta decisión admitió la
acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora3, así como al Consejo Superior
de la Judicatura, a la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y al Juzgado
Sexto Penal Municipal de Santa Marta4, en calidad de autoridades accionadas. Así
mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de
1991, vinculó como tercero con interés al Ministerio de Transporte.

De otro lado, requirió a la parte accionante para que aportara la documental
advertida en el escrito de tutela, así como las pruebas de los diferentes
requerimientos que pudo haber efectuado para garantizar los derechos
fundamentales pretendidos.

1.6. Contestaciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Ministerio de Transporte

La coordinadora encargada del Grupo de Defensa Judicial de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad solicitó que se declare: (i) la improcedencia de la acción de
tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad, y (ii) que el Ministerio de Transporte carece de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que lo pretendido por la accionante no guarda relación
con las competencias de la entidad que representa.

3 Notificada al correo toyu2610@gmail.com, que aportó en el escrito de tutela.
4 Notificado a la dirección j06pmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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Destacó que los documentos que aportó la tutelante constituyen elementos
probatorios que deben ser valorados por la autoridad judicial correspondiente en el
trámite del proceso penal identificado con el radicado 47001-60-01-018-2013-
00835-00.

Afirmó que el Ministerio de Transporte no tiene alguna facultad para realizar un
juicio de validez sobre las providencias judiciales emitidas por el Juzgado Sexto
Penal Municipal de Santa Marta, situación que configura la falta de legitimación de
la cartera ministerial en el presente asunto.

1.6.2. Secretaría de Movilidad de Bogotá

La directora de Representación Judicial de la entidad pidió que se niegue el
amparo respecto de esa entidad, puesto que no ha incurrido en acción u omisión
alguna que configure la vulneración de los derechos constitucionales de la parte
actora. Así mismo, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva y, en consecuencia, la desvinculación del trámite constitucional.

Afirmó que los hechos y las pretensiones de la acción de tutela no guardan
relación con las funciones constitucionales y legales de la entidad, sino que recaen
exclusivamente sobre actuaciones propias de las autoridades judiciales
accionadas, quienes pueden disponer el levantamiento de la medida cautelar.

Puso de presente que la actividad desarrollada por la Secretaría Distrital de
Movilidad en relación con el Registro Distrital Automotor constituye una función
reglada y desarrollada en los artículos 5.3.13.1 y 5.3.15.2 de la Resolución
20223040045295 de 2022 del Ministerio de Transporte, por lo que las
anotaciones, modificaciones, cancelaciones o levantamientos de las medidas
cautelares deben estar soportados en un acto administrativo o en una providencia
judicial expedido por la autoridad competente.

En ese sentido, precisó que su obligación consiste exclusivamente en registrar y
conservar la información conforme a las órdenes emitidas por las respectivas
autoridades, razón por la cual, reiteró que carece de facultad para disponer el
levantamiento de la medida cautelar sin que medie una orden expresa del
competente.

De igual modo, agregó lo siguiente:

Lo anterior quedó plenamente acreditado mediante el oficio C.J.M. 3.1.2.13095.26
del 25 de junio de 2026, expedido por el Consorcio Circulemos Digital,
concesionario de la Secretaría Distrital de Movilidad y operador de la Ventanilla
Única de Servicios – VUS, en el cual se verificó el estado jurídico del vehículo de
placas BRS063 y se informó que el automotor registra una medida cautelar de
entrega provisional inscrita desde el 10 de mayo de 2013, en cumplimiento de la
orden impartida por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta dentro del
proceso penal No. 470016001018201300835. En dicha comunicación se dejó
constancia de que, una vez revisados los sistemas de información administrados
por la Ventanilla Única de Servicios y el Registro Distrital Automotor, no se encontró
comunicación, providencia judicial u oficio alguno mediante el cual la autoridad
competente hubiera ordenado el levantamiento de la referida medida cautelar.
Asimismo, se explicó a la interesada el origen de la restricción registral, se aclaró la
inconsistencia advertida en la consulta pública del Registro Único Nacional de
Tránsito –RUNT– respecto de la identificación del despacho judicial, se informó que
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dicha situación correspondía a la información administrada por la Concesión RUNT
2.0 S.A.S. y se indicó que el documento idóneo para acreditar el estado jurídico del
vehículo era el Certificado de Libertad y Tradición expedido por el organismo de
tránsito. Finalmente, se orientó expresamente a la accionante para que acudiera
ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, autoridad competente para
informar sobre el estado del proceso penal y, de ser procedente, disponer el
levantamiento de la medida cautelar.

1.6.3. Consorcio Circulemos Digital

La abogada de la Subgerencia Jurídica del Consorcio Circulemos Digital, en
calidad de concesionario de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá D.C. y
como operador de la Ventanilla Única de Servicios (VUS) pidió que se niegue la
acción de tutela, toda vez que no ha vulnerado los derechos de la parte actora.

Explicó que actualmente ese consorcio «recibe, valida y da trámite a las
solicitudes que presentan los usuarios respecto del registro de los vehículos
matriculados en la ciudad de Bogotá, así como aquellas que versan sobre la
expedición, renovación y/o duplicado de licencias de conducción, a través de la
Ventanilla Única de Servicios - VUS».

Comentó que una vez consultado el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones
Ciudadanas de la Alcaldía Mayor de Bogotá no se evidenció alguna petición
relacionada con el número de identificación 51988333 ni con la placa BRS063. Sin
embargo, aseguró que con ocasión a la presente acción constitucional se le
informó a la señora «Erika Zulima Guerra Ayala el estado del vehículo de placa en
cita, a través del comunicado C.J.M.3.1.2.13095.26».

Adujo que la medida cautelar que actualmente se encuentra inscrita sobre el
vehículo de placa BRS063 obedece al cumplimiento de una orden emitida por una
autoridad competente y que esta permanecerá vigente mientras no se disponga su
modificación o levantamiento por parte del Juzgado Sexto Penal Municipal de
Santa Marta.

En ese sentido, iteró que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez
que le corresponde a la autoridad judicial disponer el levantamiento de la medida
que recae sobre el bien de la actora.

1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura

La directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la entidad solicitó
que se declare la improcedencia de esta acción constitucional, teniendo en cuenta
que no cumple con los requisitos de procedibilidad, toda vez que existe otro
mecanismo administrativo orientado a obtener el impulso procesal, como lo es la
vigilancia judicial, prevista en el numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996,
reglamentado en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011.

Igualmente, pretendió la desvinculación de la acción constitucional, comoquiera
que no han incurrido en alguna violación de los derechos fundamentales alegados
por la accionante.

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Así mismo, expuso que carece de legitimación en la causa por pasiva, puesto que
el Consejo Superior de la Judicatura no tiene dentro de sus funciones la de proferir
decisiones de carácter jurisdiccional.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por la señora Sandra Toyuko Igarashi Sánchez contra el Consejo
Superior de la Judicatura, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y el
Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, de conformidad con los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, el
Acuerdo 080 de 20195 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Secretaría de Movilidad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el
Consorcio Circulemos Digital y el Ministerio de Transporte solicitaron su
desvinculación del presente trámite constitucional, al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, la Sala negará tales peticiones, dado que contra las dos primeras la
parte actora reprochó la presunta vulneración de sus garantías constitucionales,
razón por la cual es necesario mantener su vinculación con el fin de analizar los
hechos objeto de la presente demanda.

Respecto del Consorcio Circulemos Digital también se negará la solicitud,
comoquiera que esta entidad no fue vinculada al presente trámite constitucional. Y
en cuanto al Ministerio de Transporte, se advierte que este fue vinculado como
tercero por tener interés en la decisión que se adopte en este asunto, mas no
como parte accionada.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de la accionante por parte del Consejo
Superior de la Judicatura, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y el
Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, al mantener vigente la medida
cautelar que pesa sobre el vehículo identificado con la placa BRS063, la cual fue
dictada en el trámite del proceso penal identificado con el radicado 47001-60-01-
018-2013-00835-00, sobre el cual nunca tuvo conocimiento.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
naturaleza de la acción de tutela, (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e
improcedencia cuando existan otras vías judiciales disponibles y eficaces, y (iii) el
análisis del caso concreto.

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable 6.

2.5. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el
numeral 1º del artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. 7

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe
hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos
legales deviene en la improcedencia de este mecanismo8.

6 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
7 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
8Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
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El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se
deben salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta
acción pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario
de los procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando
el juez constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que
exige para el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de
medidas inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo
transitorio mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»9.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub examine, la accionante alegó que las autoridades accionadas
vulneraron sus derechos fundamentales, toda vez que en el trámite del proceso
penal identificado con el radicado 47001-60-01-018-2013-00835-00, adelantado
por el Juzgado Sexto Penal Municipal de Santa Marta, se ordenó la práctica de
una medida cautelar que fue registrada ante la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá, en el vehículo identificado con la placa BRS063, sin que se le haya
notificado a ella alguna de las actuaciones judiciales adelantadas al interior de ese
proceso.

Así mismo, alegó que sus garantías constitucionales se encuentran lesionadas,
puesto que no le ha sido posible ubicar el proceso penal 47001-60-01-018-2013-
00835-00 ni el despacho judicial al cual fue reasignado, pese a que el Consejo
Superior de la Judicatura tiene el deber de organizar y vigilar los despachos
judiciales.

Mediante auto admisorio de 8 de julio de 2026, el magistrado ponente de esta
decisión requirió a la parte accionante para que aportara la documental advertida
en su escrito de tutela, así como las pruebas de los diferentes requerimientos que
pudo haber efectuado para garantizar los derechos fundamentales pretendidos.
No obstante, pese a ser debidamente notificada, la accionante guardó silencio.

En ese sentido, la Sala no advierte que la actora haya acudido en primera medida
ante el Consejo Superior de la Judicatura para solicitar la ubicación y eventual
desarchivo del proceso penal identificado con el radicado 47001-60-01-018-2013-
00835-00, con el fin de que la correspondiente autoridad judicial se pronuncie
sobre el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre su bien automotor.

Se recuerda que este mecanismo constitucional se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa o para revivir términos, de lo contrario, esta
herramienta sería utilizada como un instrumento de reemplazo de las demás
acciones judiciales contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

9 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.

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En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional, al
indicar que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de
acudir a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales
asignadas por el legislador a cada jurisdicción[96] […]»10.

En ese sentido, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura pronunciarse
sobre la ubicación del mencionado proceso, así como al Juzgado Sexto Penal
Municipal de Santa Marta o a la autoridad judicial que tenga el conocimiento del
expediente, sobre la medida cautelar que se registró en el vehículo de la tutelante,
para que posteriormente, de ser el caso, la Secretaría Distrital de Movilidad de
Bogotá ejecute las órdenes que se dicten respecto de esa medida.

De igual manera, la Sala tampoco evidencia la posible configuración de un
perjuicio irremediable que amerite la intervención urgente e inmediata del juez
constitucional, teniendo en cuenta que la parte accionante no probó siquiera
sumariamente alguno de los hechos en los que fundó su escrito de tutela, pese a
haber sido requerida para ello.

Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de amparo
presentada por la señora Sandra Toyuko Igarashi Sánchez, debido a que no
satisface el presupuesto de la subsidiariedad, se itera, comoquiera que la
accionante no ha acudido al trámite principal que no puede ser suplido a través de
la presente acción constitucional dada su naturaleza subsidiaria y residual.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por la
Secretaría de Movilidad de Bogotá, el Consejo Superior de la Judicatura, el
Consorcio Circulemos Digital y el Ministerio de Transporte.

SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela presentada por
la señora Sandra Toyuko Igarashi Sánchez contra el Consejo Superior de la
Judicatura, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y el Juzgado Sexto Penal
Municipal de Santa Marta.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

10 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.

9
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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Sandra Toyuko Igarashi Sánchez
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05157-00

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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