Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05159-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Control de nulidad y restablecimiento del derecho: reconocimiento de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05159-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05159-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
21 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: JUDITH DEL CARMEN GARCÍA RUIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA – Derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima / MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Reconocimiento de
pensión de jubilación docente – Régimen de transición de la Ley 100 de 1993 – Incidente
de nulidad por indebida notificación / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN
DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – INCUMPLIMENTO DEL
REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD – No se encuentra acreditada por no agotar todos los
medios de defensa.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver la impugnación presentada por la señora Judith del
Carmen García Ruiz, a través de apoderado, contra la sentencia del 31 de julio de
2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política y en
el artículo 29 del Decreto 2591 de 19911.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 3 de julio de 2026, la parte accionante, por intermedio de apoderado, promovió
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, con el fin de obtener
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima.
Hechos relevantes
2. La señora Judith del Carmen García Ruiz interpuso demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo presunto surgido
de la no respuesta a la petición de reconocimiento pensional.
1 Que ingresó a despacho para fallo el 2 de septiembre de 2026.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
3. El asunto correspondió al Juzgado Segundo (2.°) Administrativo del Circuito
Judicial de Montería que, a través de sentencia del 22 de noviembre de 2021, negó
las pretensiones de la demanda.
4. En criterio del a quo, para la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es,
el 1.° de abril de 1994, la demandante contaba con 380,42 semanas cotizadas, es
decir, aproximadamente algo más de siete años, tiempo que era insuficiente para
completar los 15 años de cotizaciones exigidos para ser beneficiaria del régimen de
transición. En ese sentido, al no haber acreditado los requisitos previstos en la
norma, no era posible aplicarle la Ley 71 de 1988 y, en consecuencia, no era viable
el reconocimiento de una pensión de jubilación por aportes.
5. Inconforme con la decisión precitada, la parte actora presentó recurso de
apelación. Precisó que fue vinculada al sector docente con anterioridad al 26 de
junio de 2003, por lo que, a su juicio, la decisión recurrida desconoció lo dispuesto
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y la excepción de aplicabilidad contenida en
el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, según las cuales, su caso se debía someter
al régimen pensional anterior.
6. El trámite de segunda instancia fue asignado al Tribunal Administrativo de
Córdoba que, mediante sentencia del 12 de agosto de 2024, confirmó la providencia
del 22 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo (2.°) Administrativo
del Circuito Judicial de Montería.
7. Como fundamento de su decisión, el ad quem advirtió que la demandante no
reunía los requisitos para que le fuera reconocida la prestación en el régimen
general, puesto que, para el momento en el que agotó la sede administrativa, no
contaba con 57 años de edad ni acumulaba 1300 semanas, requisitos exigidos en
el artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Contrario a ello, expuso que la señora Judith
del Carmen García Ruiz “acreditó 486,86 semanas cotizadas a Colpensiones y
538,71 semanas cotizadas en el sector público, lo que arroja un total de 1,025,72
semanas cotizadas”2.
8. La actora refiere que la decisión precitada fue notificada a todos los sujetos
procesales, menos a ella ni a su apoderado. Por ello, el 10 de septiembre de 2025,
solicitó la nulidad por indebida notificación, trámite que, a la fecha de la presentación
de la acción de tutela en comento, se encontraba pendiente de resolver.
Pretensiones
9. La parte accionante solicitó lo siguiente (se transcribe textualmente):
“Sírvase tutelar los derechos fundamentales conculcados a mi representado,
al debido proceso, al acceso material a la administración de justicia, a la
seguridad jurídica y la confianza legítima.
Ordene la anulación de la sentencia de segunda instancia proferida por el
Tribunal Administrativo de Córdoba - Sala Tercera de Decisión -, el
12/08/2024, con ponencia de la Magistrada, Dra. Diva Cabrales Solano, en
2 Folio 14. Archivo “10SentenciaSegundaInstancia”.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado bajo el No. 23-001-33-33-002-2017-00499-01
Ordene que profiera una decisión de fondo, en la que se salvaguarden los
derechos conculcados a mi representado”3. (sic en toda la cita)
Fundamentos de la demanda de tutela
10. La parte demandante alega la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad jurídica y a
la confianza legítima, al considerar que la sentencia del 12 de agosto de 2024 no le
fue debidamente notificada. Sostiene que esta irregularidad le impidió conocer
oportunamente la decisión y ejercer los mecanismos procesales correspondientes,
pese a actuar mediante apoderado judicial debidamente identificado dentro del
medio de control.
11. En ese sentido, afirma que la indebida notificación afectó las garantías
procesales que rigen la actuación judicial, toda vez que la providencia adquirió
firmeza sin que tuviera conocimiento efectivo de su contenido. Asimismo, cuestiona
la validez de la actuación surtida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, puesto
que la notificación electrónica de la sentencia no cumplió las exigencias legales
aplicables, razón por la cual promovió ante esa misma corporación un incidente de
nulidad por indebida notificación.
12. Por otro lado, plantea la configuración de un defecto sustantivo, al estimar que
el Tribunal desconoció el régimen prestacional especial aplicable a los docentes
oficiales vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y
condicionó indebidamente la aplicación de la Ley 71 de 1988 al cumplimiento de los
requisitos previstos en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Al respecto,
expone que la providencia desconoció el alcance del artículo 81 de la Ley 812 de
2003, del artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y del Acto Legislativo 01 de 2005,
normas que, a su juicio, imponían la aplicación del régimen prestacional anterior a
los docentes oficiales vinculados antes del 27 de junio de 2003.
13. Finalmente, afirma que la decisión cuestionada desconoció los principios de
favorabilidad, seguridad jurídica y confianza legítima, al resolver la controversia con
fundamento en una interpretación jurisprudencial que considera incompatible con el
régimen especial aplicable a las prestaciones sociales del magisterio. Aunado a ello,
sostiene que el Tribunal incurrió en un desconocimiento del precedente fijado por
el Consejo de Estado en la sentencia SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019
que, en su criterio, resultaba aplicable al caso.
Trámite procesal
14. Por medio de auto del 7 de julio de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Córdoba, como accionado, y al Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Montería y a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
3 Folios 1 y 2 del escrito de tutela.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
como terceros con interés en las resultas del proceso. Asimismo, se vinculó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que, de considerarlo
necesario, interviniera en el presente asunto. Entre otras decisiones.
Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Córdoba solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela de la referencia o, en su defecto, se nieguen las pretensiones
formuladas, toda vez que no se configura una controversia de relevancia
constitucional sino una inconformidad con el criterio adoptado por el fallador.
16. De igual modo, precisó que la decisión de segunda instancia fue notificada el 13
de agosto de 2024 y el expediente fue devuelto al juzgado de origen el 9 de
septiembre siguiente. Sin embargo, adujo que la accionante presentó solicitud de
nulidad por indebida notificación, la cual fue admitida el 14 de julio de 2026 y se
encuentra en trámite para resolver.
17. La Nación – Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., a
través de escrito independientes, pidieron su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva.
18. Pese a ser notificadas en debida forma, las demás partes guardaron silencio.
La sentencia de primera instancia
19. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 31 de julio de 2026, declaró improcedente la presente acción de tutela
por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
20. A juicio del a quo, el estudio sobre la presunta indebida notificación de la
sentencia del 12 de agosto de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo de
Córdoba, estaba en cabeza de la misma autoridad judicial, que admitió el incidente
de nulidad propuesto por la demandante y se encuentra pendiente de proferir
decisión de fondo. En ese contexto, consideró que la actora aun dispone de un
mecanismo judicial idóneo para la protección de los derechos fundamentales cuya
salvaguarda reclama por esta vía excepcional.
21. De este modo, precisó que “acceder al estudio solicitado implicaría anticipar un
pronunciamiento sobre una cuestión que corresponde resolver, en primera medida,
al Tribunal Administrativo de Córdoba dentro del incidente de nulidad que
actualmente tramita. Un proceder en sentido contrario supondría una indebida
interferencia en el ámbito funcional atribuido al juez natural para verificar la
regularidad de la actuación procesal cuestionada”4.
4 Folio 8. Archivo “10SentenciaSegundaInstancia”.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
La impugnación
22. Contra la decisión precitada, la parte accionante presentó impugnación
mediante escrito en el cual afirma que “la resolución del incidente de nulidad en
nada afecta el contenido mismo de la sentencia accionadas, al cuestionar solamente
la falta de notificación de esta, lo cual ya fue subsanado, por lo que, al no proceder
recurso alguno contra ella, se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad de
esta acción constitucional, no habiendo motivos para declarar la improcedente (sic)
de esta acción de tutela”5.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de 2019.
Problemas jurídicos y metodología de la decisión
24. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a responder: ¿si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos de procedibilidad, en particular el de subsidiariedad, al
existir mecanismos ordinarios de defensa idóneos para obtener las pretensiones
que se persiguen en el presente asunto?
25. De resultar afirmativo el anterior interrogante, se resolverá ¿si el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con la expedición y la presunta indebida notificación de
la sentencia del 12 de agosto de 2024, incurrió en un defecto sustantivo y en un
desconocimiento del precedente y, por consiguiente, en la vulneración de los
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia,
a la seguridad jurídica y a la confianza legítima de la parte accionante?
26. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) el principio de subsidiariedad y la
procedencia excepcional de la acción de tutela; y (iii) el caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela y el principio de subsidiariedad.
27. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución y desarrollada
por el artículo 5.º del Decreto 2591 de 1991, es un mecanismo judicial destinado a
obtener la protección inmediata de los derechos fundamentales frente a acciones u
omisiones de autoridades públicas y, excepcionalmente, de particulares. Su
procedencia exige que existan elementos objetivos que permitan inferir una
amenaza o vulneración cierta de esos derechos, que el accionante acredite siquiera
5 Folio 1. Archivo “027_27RECIBEMEMORIAL_IMPUGNACIONJUDITHGAR”.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
sumariamente el hecho vulnerador y que no disponga de otro mecanismo judicial
idóneo para obtener su protección 6.
28. Además, el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 6.° del Decreto
2591 de 1991 establecen que la acción de tutela es procedente cuando no exista
un medio de defensa judicial eficaz que permita resolver el asunto sometido a
consideración del juez o, en los casos en los que, pese a contar el accionante con
una herramienta idónea, se esté frente a la inminencia de un perjuicio irremediable
en los términos de la jurisprudencia constitucional.
29. En la sentencia SU-355 de 2015, la Corte Constitucional precisó su posición
frente al requisito de subsidiariedad y señaló que este principio se rige por las reglas
de exclusión de procedencia y de procedencia transitoria. Así, estableció que (i) es
improcedente cuando existen medios de defensa judicial idóneos y eficaces para
resolver el problema jurídico y no se evidencia riesgo de un perjuicio irremediable;
(ii) procede de manera definitiva cuando no existen tales mecanismos; y, (iii) de
forma excepcional, es procedente de manera transitoria cuando, aun existiendo
medios judiciales adecuados, se advierte la posibilidad de un perjuicio irremediable
que haga necesaria la protección inmediata de los derechos fundamentales del
accionante.
30. Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando se trata de sujetos de especial protección constitucional, se admite
excepcionalmente la tutela y es tarea del operador jurídico realizar un examen
flexible de procedibilidad de la acción. Así, ha sostenido la Corte:
“[…] 46. En sentencia SU-588 de 2019, esta Corte reiteró su postura
respecto del requisito de subsidiariedad y estableció que este principio
responde a las reglas de (i) exclusión de procedencia y (ii) procedencia
transitoria.
47. En otras palabras, (i) si existe un medio de defensa idóneo y eficaz para
resolver el problema jurídico y no hay riesgo de que se configure un perjuicio
irremediable, la acción de tutela es improcedente; (ii) cuando no existen
mecanismos de defensa idóneos y eficaces para resolver el asunto puesto
a consideración del juez constitucional, la tutela será procedente de manera
definitiva; y (iii) de manera excepcional, cuando la persona disponga de
medios de defensa idóneos y eficaces, pero exista riesgo de configuración
de un perjuicio irremediable, el amparo será procedente de manera
transitoria con el fin de proteger los derechos fundamentales del
accionante”.7
Caso concreto
31. En el caso objeto de estudio, la parte accionante solicita que se deje sin efectos
la sentencia del 12 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Córdoba dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado núm. 23001-33-33-002-2017-00499-01, que negó la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto a través del cual la Nación – Ministerio de Educación
6 T-346-10.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-095 de 2022.
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nacional – Fondo Nacional del Prestaciones Sociales del Magisterio no accedió al
reconocimiento y pago de su pensión de jubilación.
32. En ese orden de ideas, la Sala examinará, en primer lugar, la legitimación en la
causa y, en segundo lugar, verificará si en el presente trámite constitucional se
cumplen las causales generales de procedibilidad de la acción de tutela,
particularmente, el requisito de subsidiariedad.
De la legitimación en la causa por activa y pasiva
33. En primer lugar, la señora Judith del Carmen García Ruiz cuenta con
legitimación en la causa por activa, dado que ostenta la titularidad de los derechos
fundamentales cuya protección se invoca. En tal condición, actúa como la persona
directamente afectada por la presunta vulneración en que incurrió la autoridad
judicial accionada.
34. De igual manera, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa
por pasiva, en la medida en que la acción de tutela se dirigió contra el Tribunal
Administrativo de Córdoba, autoridad a la cual se le atribuye la transgresión de los
derechos fundamentales reclamados por la demandante.
35. Asimismo, se mantendrá la vinculación del Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Montería, de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y de la Fiduprevisora S.A., por haber sido intervinientes dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
23001-33-33-002-2017-00499-01.
De requisito de subsidiariedad
36. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en el
presente asunto, por cuanto no se cumple con el requisito general de procedibilidad
de subsidiariedad.
37. De conformidad con las pruebas obrantes en el expediente, se advierte que, en
el curso de proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. 23001-
33-33-002-2017-00499-01, se adelantaron las siguientes actuaciones relevantes:
̶ El 12 de agosto de 20248, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió
sentencia de segunda instancia, a través de la cual confirmó la providencia
del 22 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Segundo (2.°)
Administrativo del Circuito Judicial de Montería.
̶ La decisión precitada se notificó a las partes el 13 de agosto de 2024 9.
8 Véase índice 11 de Samai del expediente ordinario.
9 Véase índice 13 de Samai del expediente ordinario.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
̶ El 23 de septiembre de 202510, el proceso se reactivó en el Tribunal
Administrativo de Córdoba, con ocasión de una solicitud de nulidad por
indebida notificación que presentó la parte actora.
̶ Por medio de auto del 14 de julio de 202611, la magistrada María Virginia
Lorduy Villarreal, como integrante del Tribunal Administrativo de Córdoba,
admitió el incidente de nulidad procesal y ordenó su notificación a las demás
partes y al Ministerio Público.
̶ Desde el 28 de julio de 202612, el expediente se encuentra a despacho para
decidir el incidente.
38. Por lo anterior, no resulta jurídicamente viable que el juez constitucional emita
un pronunciamiento de fondo sobre lo solicitado, en la medida en que la parte
accionante dispone de medios de defensa idóneos y eficaces previstos en el
ordenamiento jurídico, dado que el incidente de nulidad por indebida notificación
presentado dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
aún se encuentra vigente. En efecto, las pretensiones que se formulan en sede de
tutela pueden ser planteadas ante el juez de lo contencioso administrativo, autoridad
competente para conocer y resolver este tipo de controversias, lo cual impide que
la acción constitucional sea utilizada como un mecanismo alternativo o sustitutivo
de las acciones ordinarias existentes.
39. Al respecto, aunque la parte accionante sostiene que la decisión que resuelva
el incidente de nulidad no modificará su inconformidad frente a la sentencia
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba confirmó la negativa a
declarar la nulidad del acto administrativo que no accedió al reconocimiento
pensional, lo cierto es que, mientras permanezca pendiente la discusión sobre la
validez de la notificación de dicha providencia, no resulta procedente que el juez
constitucional adelante un estudio de fondo sobre la decisión cuestionada.
40. En efecto, la autoridad judicial sostiene que la sentencia fue notificada el 13 de
agosto de 2024, mientras que la parte accionante controvierte precisamente la
validez de dicha actuación por medio del incidente de nulidad promovido ante el
mismo Tribunal. Por tanto, antes de establecer si la providencia puede ser
examinada en sede de tutela, debe definirse en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo la cuestión relativa a su notificación y a los efectos procesales que de
ella se derivan.
41. Esta circunstancia adquiere particular relevancia frente al requisito de
inmediatez, pues, de acuerdo con la fecha de notificación señalada por la autoridad
judicial, transcurrieron aproximadamente dos años entre la comunicación de la
sentencia y la interposición de la acción de tutela. Si bien la parte accionante
atribuye ese lapso al supuesto desconocimiento de la providencia, tal circunstancia
no puede darse por establecida en sede constitucional mientras se encuentre
10 Véase índice 16 de Samai del expediente ordinario.
11 Véase índice 27 de Samai del expediente ordinario.
12 Véase índice 32 de Samai del expediente ordinario.
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
pendiente de decisión el incidente de nulidad promovido justamente para
controvertir la forma en que aquella fue notificada. En consecuencia, no resulta
jurídicamente admisible prescindir de esta discusión procesal y, al mismo tiempo,
tener por satisfecho el requisito de inmediatez a partir de la sola afirmación de la
accionante sobre la falta de conocimiento de la sentencia.
42. En ese sentido, la acción de tutela no puede utilizarse para anticipar una
definición sobre los efectos de una actuación procesal que aún se encuentra
sometida a consideración del juez natural, ni para desplazar los mecanismos
ordinarios previstos para controvertir la validez de la notificación. La exigencia de
que el amparo sea promovido dentro de un plazo razonable y proporcionado
responde, precisamente, a su carácter excepcional y a la necesidad de preservar la
seguridad jurídica y la estabilidad de las decisiones judiciales. Por ello, mientras no
se defina la controversia sobre la notificación de la sentencia, no existe un
presupuesto procesal suficientemente consolidado que permita al juez
constitucional abordar de fondo los defectos atribuidos a esa providencia.
43. De igual modo, para superar el requisito de subsidiariedad es necesario
demostrar, con elementos concretos y actuales, que el daño alegado tiene las
características de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, y que no
puede ser conjurado mediante los instrumentos procesales disponibles ante el juez
natural. En este caso, el incidente propuesto en el marco del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho continúa en trámite, por tanto, tratándose de
una tutela contra un proceso judicial en curso, el estándar de intervención
constitucional es especialmente estricto.
44. Así las cosas, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
45. Conjuntamente, en el presente caso no se configura un perjuicio irremediable
que habilite la procedencia excepcional de la acción de tutela, pues la accionante
cuenta con otros medios judiciales idóneos y eficaces para la protección de los
derechos que considera vulnerados13. En consecuencia, mientras dichos
mecanismos se encuentran disponibles, la acción de tutela no puede sustituirlos ni
anticipar su resultado, sin que ello implique una afectación actual o definitiva de los
derechos fundamentales invocados.
46. Así, del análisis de las circunstancias fácticas del caso no se advierte la
configuración de un riesgo inminente, puesto que los argumentos expuestos por la
13 Las características del perjuicio irremediable se concretan en un riesgo “(i) inminente, es decir,
que la lesión o afectación al derecho está por ocurrir; (ii) grave, esto es, que el daño del bien jurídico
debe ser de una gran intensidad; (iii) urgente, en tanto que las medidas para conjurar la violación o
amenaza del derecho se requieren con rapidez; e (iv) impostergable, porque se busca el
restablecimiento de forma inmediata”, Corte Constitucional, Sentencia T-350 e 2025.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
parte activan no resultan suficientes para evidenciar la configuración de un perjuicio
irremediable o la vulneración de un derecho fundamental. Tampoco se acredita un
daño grave, en la medida en que la controversia tiene un contenido legal, dado que
se cuestionan unos actos administrativos que actualmente son objeto de estudio por
parte del juez de lo contencioso administrativo.
47. De igual forma, no se evidencia una situación de urgencia, pues lo pretendido
en sede constitucional puede ser solicitado y resuelto dentro de los trámites
judiciales correspondientes, como en el curso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, ni se configura una condición impostergable, ya que
la parte accionante no demostró que la espera derivada del agotamiento de dichos
medios le ocasione un perjuicio definitivo o irreversible que haga necesaria la
intervención inmediata del juez constitucional.
48. En este contexto, por no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, esta Sala
confirmará la sentencia del 31 de julio de 2026, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Judith del Carmen García Ruiz, por conducto de
apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. R E S U E L V E
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la acción de tutela presentada por la señora Judith del Carmen García
Ruiz, por conducto de apoderado, contra el Tribunal Administrativo de Córdoba, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
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Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05159-01
Accionante: Judith del Carmen García Ruiz
Accionado: Tribunal Administrativo de Córdoba
Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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