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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05163-00

Fecha
3 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05163-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. Segundo. Declarar la improcedencia de este mecanismo constitucional respecto a los defectos procedimental y fáctico y negar el amparo de los derechos 12 Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00 Demandante: Ana Lilia Cuarán fundamentales invocados por Ana Lilia Cuarán en cuanto al defecto sustantivo, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Séptimo Administrativo de Circuito Judicial de Pasto. Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05163-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

3 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilian Cuarán1
Demandados: Tribunal Administrativo de Nariño y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Reparación directa /
Fumigación con glifosato / defecto fáctico, procedimental y
sustantivo
Decisión: Niega el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Ana Lilia Cuarán en ejercicio de la acción
de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los
decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

1. Ana Lilia Cuarán promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan
sus derechos y garantías fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, a la defensa y al mínimo vital, con ocasión
de las providencias proferidas por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño, en el medio de control de
reparación directa identificado con el radicado 52001-33-33-007-2017-00292-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente2:

2.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa presentó demanda en
contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se les
indemnizara3 por los daños -materiales y morales- ocasionados por la fumigación
con glifosato realizada el 9 de agosto de 2015 por miembros de la Policía
Antinarcóticos en el paraje “El Empalme” del corregimiento de Jardín de Sucumbíos

1
Quien manifiesta actuar en nombre propio y de su menor hijo Carlos Sebastián Vallejo Cuarán.
2
Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
3 Ana Lilia Cuaran y Carlos Hernán Vallejo Romero.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

del municipio de Ipiales - Nariño sobre el predio denominado “El Engaño” de
propiedad de los demandantes.

2.2. El codemandante Carlos Hernando Vallejo Romero falleció el 25 de mayo de
2020 por lo que el 14 de octubre de igual anualidad el apoderado informó al juzgado
el fallecimiento y aportó: registro civil de defunción y registro civil de nacimiento del
hijo menor Carlos Sebastián Vallejo Cuarán, heredero del causante, sin embargo,
presuntamente, el juzgado nunca resolvió la sucesión procesal ni vinculó
formalmente al menor.

2.3. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto, en
sentencia del 21 de septiembre de 2021 negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante, al considerar que no se configuró el nexo
de causalidad entre los daños reclamados y la conducta de la entidad demandada,
por lo que no se acreditaron los elementos necesarios para declarar la
responsabilidad extracontractual del Estado.

2.4. La parte demandante interpuso recurso de apelación para lo cual argumentó
que los hechos de la demanda fueron plenamente acreditados y los perjuicios fueron
respaldados por informes técnicos, fotografías, testimonios y el dictamen pericial
que estimó el costo de recuperación de la finca y las pérdidas económicas
derivadas. Además, el nexo causal fue demostrado por la coincidencia temporal
entre la fumigación y los daños, la inspección realizada por funcionarios municipales
y la evidencia documental y testimonial recaudada.

2.5. El Tribunal Administrativo de Nariño, en sentencia del 21 de noviembre de
2025 confirmó el fallo de primera instancia al considerar que la parte demandante
no pudo probar que los daños ocurridos en su inmueble denominado “El Engaño”
fueron ocasionados por la aspersión por glifosato desarrollada por la Compañía
Antinarcóticos de Aspersión Aérea de la Policía Nacional el día 9 de agosto de 2015.

2.6. El Tribunal Administrativo de Nariño en auto del 17 de abril de 2026 fijó y
aprobó costas por $4.850.905 sin pronunciarse sobre el fallecimiento del
codemandante y no especificó de manera adecuada quién debía asumirlas, en
consecuencia, el 27 de igual mes y año la demandante solicitó amparo de pobreza
por su condición de madre cabeza de familia, pertenencia a un resguardo indígena
y falta de recursos para pagar las costas, no obstante, el 8 de mayo de 2026, el
juzgado decidió no dar trámite a la solicitud porque el expediente ya estaba
archivado.

2.7. Se vulneraron sus derechos fundamentales, al incurrir en defecto
procedimental, sustantivo y fáctico, como se explica a continuación:

2.7.1.Defecto procedimental: Se cometió una irregularidad procesal al continuar el
proceso después de la muerte de uno de los demandantes sin incorporar al

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

heredero menor de edad conocido por el juzgado, lo que generó una indebida
integración del contradictorio.

2.7.2. Defecto sustantivo: Se aplicó una interpretación excesivamente formal del
artículo 152 del CGP y rechazó el estudio de fondo de una solicitud destinada a
proteger el acceso a la justicia y el mínimo vital de una madre cabeza de familia
indígena, limitándose a indicar que el expediente estaba archivado.

2.7.3. Defecto fáctico: Se reconoció la aplicación del régimen objetivo por riesgo
excepcional, pero en la práctica exigió una prueba técnica propia de un régimen
subjetivo. Además, omitió valorar de manera adecuada documentos, testimonios y
el indicio derivado de la afectación simultánea de decenas de fincas, llegando a una
conclusión que considera contraria a la evidencia obrante en el expediente.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] SEGUNDA (PRETENSIÓN PRINCIPAL). DECLARAR la nulidad de lo actuado en
el proceso de reparación directa No. 520013333007-2017-00292-00 a partir del 14 de
octubre de 2020 -incluidos los actos de práctica de pruebas, las sentencias de primera y
segunda instancia, y la liquidación y cobro de costas procesales-, por defecto
procedimental absoluto derivado de la indebida integración del contradictorio, y
ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto que
reconozca al menor Carlos Sebastián Vallejo Cuarán como sucesor procesal del
codemandante fallecido Carlos Hernán Vallejo Romero, disponga su vinculación y la de
su representante legal, y rehaga las actuaciones a que haya lugar garantizando su
derecho de defensa y contradicción.

TERCERA (PRETENSIÓN PRINCIPAL). DEJAR SIN EFECTOS el Auto de 8 de mayo
de 2026, proferido por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Pasto, mediante el cual se negó dar trámite a la solicitud de amparo de pobreza
presentada por la señora Ana Lilia Cuarán, y ORDENAR a dicho Juzgado que, previo
desarchivo del expediente si ello fuere necesario, tramite y resuelva de fondo la referida
solicitud dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de
tutela, conforme a lo dispuesto en los artículos 151 a 158 del Código General del
Proceso.

CUARTA (pretensión principal, consecuencial). ORDENAR al Juzgado Séptimo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pasto suspender, hasta tanto se resuelva de
fondo la solicitud de amparo de pobreza, cualquier actuación de cobro o ejecución
derivada de la liquidación de costas aprobada mediante auto del 17 de abril de 2026.

QUINTA (pretensión subsidiaria). En caso de no prosperar -o de manera concurrente
con- las pretensiones anteriores, DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 21 de
noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de
Decisión, dentro del expediente 520013333007-2017-00292-01 (10696), por incurrir en
defecto fáctico, y ORDENAR a dicha Corporación que profiera una nueva sentencia en
la que valore de manera integral, razonada y conforme a las reglas de la sana crítica la
totalidad del acervo probatorio referido en este escrito, en particular el indicio grave
constituido por el patrón colectivo de afectación simultánea a las cuarenta y nueve (49)
fincas de la vereda, bajo el estándar probatorio propio del régimen objetivo de
responsabilidad por riesgo excepcional.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

SEXTA. ORDENAR que se comunique el fallo de tutela a todas las partes y vinculados
del proceso de reparación directa identificado con radicación 520013333007-2017-
00292-00. […]». (sic)

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Pasto4
solicitó declarar improcedente el amparo constitucional al considerar que no se
vulneraron los derechos fundamentales invocados y que no se cumplían los
requisitos generales ni las causales específicas de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, de tal manera, señaló que la demandante pretendía la
nulidad del proceso de reparación directa 52001-33-33-007-2017-00292-00, la
vinculación como sucesor procesal de un menor, la revocatoria del auto que negó
el amparo de pobreza y la suspensión del cobro de costas con sustento en defectos
procedimentales y fácticos. Frente a ello, el despacho sostuvo que durante todas
las etapas del proceso la parte demandante tuvo oportunidades para alegar
nulidades, irregularidades o vulneraciones al debido proceso, pero no interpuso
recursos ni formuló objeciones en las audiencias, alegatos de conclusión, apelación
de la sentencia ni frente a la liquidación de costas; además, indicó que la solicitud
de amparo de pobreza fue presentada cuando el proceso ya estaba archivado, por
fuera de la oportunidad legal prevista en el artículo 152 del CGP. En consecuencia,
afirma que cualquier eventual nulidad quedó saneada y que las decisiones
adoptadas se ajustaron al procedimiento y a la jurisprudencia constitucional sobre
tutela contra providencias judiciales

5. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)5 pidió que se declarara
improcedente el amparo, se desestimaran todas las pretensiones, se desvinculara
al ICA y se archivara el proceso, con el argumento principal de la falta de
legitimación en la causa por pasiva, además indicó que las pretensiones de la tutela
están dirigidas a cuestionar y solicitar la nulidad de actuaciones y decisiones
judiciales adoptadas dentro de un proceso de reparación directa, asuntos sobre los
cuales el ICA no tiene competencia ni participación en las decisiones de primera o
segunda instancia. Asimismo, sostuvo que no existió vulneración de derechos
fundamentales atribuible a la entidad, pues los hechos expuestos no guardaban
relación con su misión institucional ni con actuaciones propias del Instituto, por lo
que carecía de vínculo jurídico con las reclamaciones formuladas.

6. El Ministerio de Justicia y del Derecho6 requirió que se declarara
improcedente la tutela o, subsidiariamente, negar el amparo, al considerar que no
se cumplían los requisitos excepcionales para la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales para lo cual sostuvo que no era la autoridad demandada ni
participó en las decisiones cuestionadas, pues su intervención se limitó a ejercer
defensa como vinculado dentro del proceso de reparación directa.

4
Archivo obrante en el índice 14 del Samai.
5
Archivo obrante en el índice 15 del Samai.
6
Archivo obrante en el índice 16 del Samai.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

6.1. La demandante pretendía reabrir una controversia ya resuelta por la
jurisdicción contencioso administrativo, convertir la tutela en una tercera instancia y
dejar sin efectos providencias ejecutoriadas relacionadas con la sucesión procesal,
la liquidación de costas y el amparo de pobreza. Señaló además que el fallecimiento
del codemandante era conocido desde octubre de 2020, pero que la parte actora no
promovió oportunamente solicitudes, recursos o actuaciones encaminadas a
obtener un pronunciamiento sobre la sucesión procesal, por lo que no puede utilizar
la tutela para subsanar su propia inactividad procesal.

7. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible7 solicitó que no se
accediera al amparo al considerar que no existía vulneración de los derechos
fundamentales invocados por lo cual sostuvo que la tutela surge de la inconformidad
de la demandante con las providencias judiciales proferidas dentro del proceso de
reparación directa con radicado 52001-33-33-007-2017-00292-01, pero que esas
decisiones estuvieron debidamente fundamentadas en la valoración probatoria
realizada por los jueces competentes. De tal manera, destacó que tanto en primera
instancia como en segunda instancia se concluyó que la parte demandante no logró
demostrar que los daños alegados en el inmueble denominado “El Engaño” fueran
ocasionados por las actividades de aspersión aérea con glifosato realizadas el 9 de
agosto de 2015, y que la prueba pericial aportada solo estaba dirigida a la
cuantificación de perjuicios, sin acreditar la imputación del daño a la entidad
demandada.

8. La Policía Nacional8 pidió negar las pretensiones de la demanda por
considerar que no existió vulneración de los derechos fundamentales invocados
para lo cual argumentó que los demandantes tuvieron acceso a las instancias
judiciales y que las decisiones del Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de
Pasto y del Tribunal Administrativo de Nariño estuvieron debidamente
fundamentadas. Además, sostuvo que no se acreditó el nexo causal entre la
aspersión con glifosato y los daños alegados, pues no existieron pruebas técnicas
suficientes que demostraran la afectación del predio, de los animales o de las
fuentes hídricas, siendo insuficientes los testimonios, fotografías y apreciaciones
visuales aportadas. Por último, afirmó que la tutela era improcedente por no
configurarse un perjuicio irremediable y porque pretendía reabrir un debate ya
resuelto por la jurisdicción contencioso-administrativo, por lo que solicitó mantener
incólumes las decisiones judiciales cuestionadas.

9. Los demás terceros interesados guardaron silencio.

2. Consideraciones

10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración

7
Archivo obrante en el índice 18 del Samai.
8
Archivo obrante en el índice 19 del Samai.

5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa; iii) procedencia
de la tutela contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v)
análisis de la Sala.

2.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución
Política y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con 1.º del Decreto 333
del 6 de abril de 20219, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de
amparo contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

2.2. Legitimación en la causa por pasiva

12. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene
derecho a reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre,
la protección de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de
1991:

«[…] Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior. […]».

13. Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de
tutela, la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente10:

«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental11. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”12, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta
Fundamental.”13 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales

9
Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
10
Sentencia T-1015 de 2006. MP Álvaro Tafur Galvis.
11
Sentencia T-025 de 1995. MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
12
Sentencia T-416 de 1997 MP Antonio Barrera Carbonell.
13
Sentencia T-379 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

(oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección
del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es
demandado. […]».

14. Ahora bien, el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA solicitó que se
declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, no vulneró
derecho fundamental alguno de la parte demandante y tampoco hay una relación
directa entre lo pretendido y las acciones que pueda desplegar para su
cumplimiento.

15. Al respecto, la Sala aclara que, su vinculación al presente asunto fue en
calidad de tercero con interés, debido a la solicitud realizada por el demandante, y
en aras de salvaguardar sus derechos de defensa y contradicción, razón por la cual
se negará su solicitud.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

16. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo contencioso-administrativo
del Consejo de Estado14 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema15. Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
[…]».

17. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, MP María Elizabeth García González.
15
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

18. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado16 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.

19. Ahora bien, la Corte Constitucional17 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

20. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores
requisitos18, el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió
la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los
derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la
prosperidad del amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales19.

21. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problema jurídico

22. La Sala deberá definir: ¿si el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto y el Tribunal Administrativo de Nariño vulneraron los derechos
fundamentales de Ana Lilia Cuarán con ocasión de la sentencia del 21 de noviembre
de 2025 con la cual se negaron la pretensiones de indemnizatorias por fumigación
con glifosato y, por su parte, el auto del 8 de mayo de 2026 con el que se negó el
trámite de una solicitud de amparo de pobreza, incurriendo, presuntamente, en
defecto procedimental, sustantivo y fáctico?

16
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
18
Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, MP Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

2.5. Análisis de la Sala

2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

23. En relación con el requisito de inmediatez, esta Sala de decisión debe
precisar que este no se cumple en cuanto a la providencia proferida el 21 de
noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño, en la medida en que
aquella fue notificada el 1 de diciembre de igual anualidad, el juzgado de primera
instancia emitió auto de obedézcase y cúmplase el 15 de los mismos mes y año, y
la solicitud de tutela fue presentada el 6 de julio de 2026, es decir, después de
transcurrir más de 6 meses desde que se emitiera el pronunciamiento mencionado.

24. Por su parte, si bien es cierto que la parte demandante pretende que se
declare la nulidad de lo actuado en el proceso de reparación directa con radicado
2017-00292 desde el 14 de octubre de 2020 «[…]– incluidos los actos de práctica de
pruebas, las sentencias de primera y segunda instancia, y la liquidación y cobro de costas
procesales-, por defecto procedimental absoluto derivado de la indebida integración del
contradictorio, y ORDENAR al Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Pasto que reconozca al menor Carlos Hernán Vallejo Romero, disponga su vinculación y la
de su representante legal, y rehaga las actuaciones a que haya lugar garantizando su
derecho de defensa y contradicción […]», se debe precisar que aquella pretensión
carece de subsidiariedad.

25. Lo anterior, en atención a que, revisado el expediente contencioso-
administrativo, se observa que desde el 20 de mayo de 2020, momento para el cual
se afirma el fallecimiento de uno de los demandantes, es decir, Carlos Hernán
Vallejo Romero (esposo), pese a que señala haber enviado correo electrónico al
despacho judicial el 14 de octubre de 2020 con los respectivos registros civil de
defunción y de nacimiento del menor Carlos Hernán Vallejo Romero, no se observa
que interpusiera recuso alguno contra las actuaciones subsiguientes adelantadas
en el proceso judicial tales como la audiencia inicial, los alegatos de conclusión o la
apelación del pronunciamiento de primera instancia, incluso no promovió incidente
de nulidad alguno en la oportunidad y bajo las causales indicadas en el artículo 133
del CGP y subsiguientes.

26. Por último, es necesario aclarar que, condiciones particulares como las
expresadas por la demandante, es decir, ser madre cabeza de familia, pertenecer
a un resguardo indígena, su situación socio-económica o la ubicación geográfica en
la que reside no son suficientes para justificar la tardanza en la utilización de este
mecanismo de amparo constitucional o el agotamiento de los recursos procedentes
al interior del proceso judicial cuestionado, ya que para tal fin suscribió un contrato
de mandato con el apoderado judicial que ejerció la defensa de sus intereses al
interior de la causa y aquel es el profesional idóneo encargado de adelantar las
gestiones y actuaciones pertinentes con la debida diligencia en su favor.

27. Aclarado lo anterior, la Sala encuentra superados los requisitos de

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

procedibilidad de la solicitud de tutela para efectuar el estudio del reclamo formulado
contra el auto del 8 de mayo de 2026 con el que el Juzgado Séptimo Administrativo
del Circuito Judicial de Pasto negó el trámite de una solicitud de amparo de pobreza,
en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá
a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado desde la perspectiva del defecto
sustantivo alegado.

2.5.2. Del defecto sustantivo

28. La Corte Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta
una decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una
norma evidentemente inaplicable al caso concreto20. En su jurisprudencia, la
corporación ha resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que,
si bien los jueces gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y
aplicar normas jurídicas, esta no es una facultad absoluta21, para lo cual precisó que
los límites se encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios,
derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

29. El alto tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones en
las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: i) la sentencia se fundamenta en
una norma que no es aplicable; ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación
o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de
razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma; y vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

30. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o
caprichosa. Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la
decisión proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los
derechos fundamentales de los sujetos procesales 22.

2.5.3. Sobre el caso concreto

31. Ana Lilia Cuarán acudió al juez de tutela con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos el auto del 8 de
mayo de 2026 con la cual se negó el trámite de una solicitud de amparo de pobreza.

20
Corte Constitucional, sentencias T-008 de 1999 y SU-416 de 2015.
21
Corte Constitucional, sentencias T-757 de 2009 y T-367 de 2018.
22
Corte Constitucional, sentencias SU-050 de 2017 y T-367 de 2018

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

32. Lo anterior, por cuanto la referida decisión judicial incurrió en defecto
sustantivo, en tanto se aplicó una interpretación excesivamente formal del artículo
152 del CGP y rechazó el estudio de fondo de una solicitud destinada a proteger el
acceso a la justicia y el mínimo vital de una madre cabeza de familia indígena,
limitándose a indicar que el expediente estaba archivado.

33. Al descender al caso en concreto, se observa que después de que el Tribunal
Administrativo de Nariño emitiera la providencia judicial del 21 de noviembre de
2025 y se notificara aquel pronunciamiento, el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto ordenó obedecer lo dispuesto por el ad quem el 15 de
diciembre de igual anualidad y, posteriormente, con auto del 17 de abril de 2026
liquidó las costas procesales de primera y segunda instancia, decisión que no fue
recurrida y no es cuestionada en sede de tutela.

34. Enseguida, el 17 de abril de 2026, la demandante solicitó que se le reconociera
el amparo de pobreza, no obstante, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito
Judicial de Pasto en auto del 8 de mayo de 2026, resolvió no dar trámite a la solicitud
por lo siguiente:

«[…] En el asunto de la referencia, debe precisarse que el despacho mediante auto del
17 de abril de 2026 materializó la condena en costas impuestas a la parte demandante
en las sentencias de primera y segunda instancia, aprobando la liquidación de costas y
agencias en derecho practicada por Secretaría. En la misma providencia dispuso el
archivo del expediente a la ejecutoria de aquella.

De la revisión del expediente digital, se observa que el auto que aprobó la liquidación de
costas procesales fue notificado en estados electrónicos el día 20 de abril de 2026 y
comunicado a las partes en la misma fecha, sin que dentro de los 3 días siguientes a ello
se hubieren presentado recursos, por lo que adquirió firmeza el 23 de abril siguiente.

Ahora bien, de acuerdo al artículo 152 del C. G. P. el amparo puede pedirse antes de la
presentación de la demanda o durante el curso del proceso. En esta oportunidad, la
solicitud de amparo de pobreza fue presentada por la demandante el 27 de abril de 2026,
cuando el expediente ya se encontraba archivado por haberse agotado todas las etapas
procesales, por ello, esta Judicatura no dará trámite a la aludida petición. […]». (sic)

35. Así pues, vistos los argumentos expuestos por la autoridad demandada, sea lo
primero decir que el amparo de pobreza está reglamentado en los artículos 151 a
158 del Código General del Proceso y su objeto es asegurar a los pobres la defensa
de sus derechos, colocándolos en condiciones de acceder a la administración de
justicia, derecho fundamental consagrado en el artículo 228 de la Constitución
Política. Concedido el beneficio, el amparado queda exonerado de los gastos del
proceso, que incluye honorarios de abogado y de auxiliares de la justicia, el
otorgamiento de cauciones judiciales, el pago de agencias en derecho, entre otras
expensas que establece la ley para la marcha y culminación de la causa.

36. Asimismo, el amparo de pobreza opera por petición de parte y puede solicitarse
por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda, o por

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

cualquiera de las partes durante el curso del proceso, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 152 del Código General del Proceso, motivo por el cual es
razonable la conclusión a la que arribó el Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Pasto, en la medida en que el expediente ya se encontraba
archivado por estar agotadas todas las etapas procesales.

37. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró probado.

38. Así las cosas, esta Sala observa que la decisión acusada no incurrió en defecto
sustantivo, debido a que fue proferida de conformidad con las normas que regulan
la materia y aquella se apoyó en el material probatorio aportado al medio de control
de reparación directa cuestionado.

39. En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera,
este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia, máxime cuando se
reitera la falta de diligencia del apoderado de confianza de la demandante no puede
ser excusada con circunstancias o condiciones particulares o personales.

3. Conclusión

40. Así las cosas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la parte
demandante centró sus esfuerzos, de manera que la Sala declarará la
improcedencia de este mecanismo constitucional respecto a los defectos
procedimental y fáctico en cuanto a la providencia proferida el 21 de noviembre de
2025 por el Tribunal Administrativo de Nariño; y negará el amparo de los derechos
fundamentales invocados por Ana Lilia Cuarán en cuanto al defecto sustantivo,
alegado contra el auto emitido el 8 de mayo de 2026 por el Juzgado Séptimo
Administrativo del Circuito Judicial de Pasto.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar la solicitud de desvinculación del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA.

Segundo. Declarar la improcedencia de este mecanismo constitucional respecto a
los defectos procedimental y fáctico y negar el amparo de los derechos

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05163-00
Demandante: Ana Lilia Cuarán

fundamentales invocados por Ana Lilia Cuarán en cuanto al defecto sustantivo, en
la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de Nariño y el
Juzgado Séptimo Administrativo de Circuito Judicial de Pasto.

Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

13

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