Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05176-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05176-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05176-00
Accionante: MARÍA ISABEL MEDINA RODRÍGUEZ Y OTRA
Accionado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – ARCHIVO
CENTRAL
Tema: Derecho fundamental de petición. Solicitud de desarchivo de
expediente. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Consejo Superior de la Judicatura,
Archivo Central. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591
de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos
333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del
Consejo de Estado.
Por auto del 8 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La tutela
1. Las señoras María Isabel Medina Rodríguez y Carmen Alicia Medina
Rodríguez, mediante apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Tolima. Con la solicitud de amparo pretenden que se
protejan sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores garantías las consideraron vulneradas con ocasión de la falta
de trámite de la solicitud de desarchivo del expediente con radicado 11001-31-03-
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionado al Consejo
Superior de la Judicatura, Archivo Central y se ordenó la vinculación de la dependencia de Apoyo
Documental del Centro de Servicios Administrativos para los Juzgados Civiles, Laborales y de
Familia y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esa última, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso. A su vez, mediante auto del 24 de julio de 2026 se
ordenó la vinculación de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
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Accionante: María Isabel Medina Rodríguez y otra
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura, Archivo Central
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05176-00
035-1998-01605-01 que radicaron el 3 de mayo de 2024.
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó lo siguiente:
Tutélense los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y acceso a la
administración de justicias e igualdad.
Ordénese al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – ARCHIVO CENTRAL,
que, en el término de 48 horas, contadas a partir del fallo de la presente tutela, se
resuelva en derecho el requerimiento realizado por mis poderdantes, y se ordene el
traslado del expediente al juzgado correspondiente3.
1.2. Hechos
4. El 3 de mayo de 2024, las accionantes radicaron una solicitud de desarchivo
del expediente con radicado 11001-31-03-035-1998-01605-01, ante la Oficina de
Archivo Central del Consejo Superior de la Judicatura, previo a efectuar el
respectivo depósito judicial.
5. Debido a la falta de respuesta relacionada con el radicado de su petición, el
9 de mayo siguiente remitieron un correo electrónico a la Oficina de Apoyo
Documental del Centro de Servicios Civil Laboral Familia de Bogotá con el fin de
que se les brindara información sobre su solicitud.
6. El 10 de mayo de 2024, se les comunicó que su petición contaba con el
radicado SDUE24-005263 del 3 de mayo de 2024 y que la Oficina de Archivo
Central realizaría la respectiva búsqueda. Aunado a ello, se les indicó que, de no
recibir respuesta después de 60 días hábiles, podían solicitar información sobre su
trámite a través del correo electrónico
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7. A la fecha en que se radicó la presente acción de tutela4, la autoridad no
había surtido el trámite respectivo ante lo solicitado por las demandantes.
1.3. Sustento de la vulneración
8. La parte accionante afirmó que transcurrieron los 60 días hábiles con los que
contaba la autoridad accionada para dar respuesta a su solicitud, sin que se
informara sobre su trámite. A su vez, referenció el artículo 13 constitucional y las
sentencias T-186 de 2017 y T-283 de 2013.
1.4. Intervenciones
9. La presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se
declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que es el
3 Transcripción literal con posibles errores.
4 6 de julio de 2026.
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órgano de gobierno y de administración de la Rama Judicial, cuyas funciones son
eminentemente administrativas y no guardan relación con las pretensiones de esta
acción de tutela. Lo anterior, al considerar que el objeto de este mecanismo recae
sobre deberes propios de la Dirección Seccional de Administración Judicial al que
pertenezca el juzgado en el que se ordenó el archivo del respectivo expediente.
10. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá solicitó que
se declare la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que, el 4 de julio
de 2026, el Grupo de Archivo Central de dicha autoridad dio respuesta a la solicitud
de desarchivo radicada por la parte actora. De esta forma, señaló que, en tal fecha,
se les comunicó a las interesadas que, una vez realizadas las labores
administrativas de búsqueda, el expediente no fue hallado. A su vez, precisó que se
expidió la «Certificación de proceso no hallado DESAJBOCER26-3072» con el fin
de que, eventualmente, se proceda a dar aplicación de los artículos 126 y 597,
numeral 10 del Código General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES
11. La Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado. Para ello,
se analizarán los siguientes aspectos: i) el cumplimiento de los requisitos generales
de la acción de tutela y, ii) la superación de la falta de trámite a la petición de las
accionantes.
2.1. Cuestión previa
12. La Sala advierte que ordenará la desvinculación de la presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura, pues en el auto admisorio de la presente acción
de tutela se ordenó exclusivamente la notificación de la Oficina de Archivo Central
del Consejo Superior de la Judicatura. Aunado a ello, las funciones de aquel órgano
no están relacionadas con el objeto del presente litigio constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela
13. El artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela es
un mecanismo judicial subsidiario, residual, informal y autónomo que tiene por
objeto garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales a través
de un proceso preferente y sumario. De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2591
de 1991 y el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional, son requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela: i) la legitimación en la causa por
activa y por pasiva de las partes, ii) la inmediatez y, iii) la subsidiariedad. El
cumplimiento de estos requisitos de procedencia es una condición para que el juez
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de tutela pueda emitir una decisión de fondo5.
14. Esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple con todos los
requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse:
15. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de
las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto
frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).
16. La Sala advierte que las señoras María Isabel Medina Rodríguez y Carmen
Alicia Medina Rodríguez están legitimadas en la causa por activa, ya que fueron
quienes radicaron, por medio de apoderada judicial, la solicitud de desarchivo objeto
de esta acción.
17. Por otra parte, se evidencia que la Oficina de Archivo Central del Consejo
Superior de la Judicatura está legitimada en la causa por pasiva, dado que fue una
de las autoridades ante las cuales se elevó la petición sobre la que recae el presente
litigio.
18. Inmediatez. La Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la
acción de tutela debe interponerse en un tiempo oportuno y justo, a partir del
momento en el que ocurre la situación que ocurre la situación que presuntamente
vulnera o amenaza el derecho fundamental6.
19. El accionante cumplió debidamente con esta carga, pues a la fecha de la
interposición de la solicitud de amparo persiste la situación respecto de la cual la
parte actora alega la presunta mora judicial.
20. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de defensa.
En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que la acción
de tutela solo procede en dos casos excepcionales7: i) como mecanismo de
protección definitivo, si el afecto no dispone de otro medio de defensa judicial
idóneo8 y eficaz9 y, ii) como mecanismo de protección transitoria.
21. Esta Sección considera que se cumplió con dicho presupuesto, dado que no
cuenta con otros mecanismos judiciales para cuestionar la falta de respuesta que
reprocha la parte actora.
5 Ver, entre otras, sentencias T-183 de 2024, T-309 de 2023 y T-099 de 2021
6 Ver, entre otras, sentencias T-834 de 2005, T-887 de 2009 y T-427 de 2019.
7 Sentencia T-183 de 2024.
8 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es idóneo si es «materialmente apto para producir
el efecto protector de derechos fundamentales». Al respecto, ver sentencia SU-379 de 2019.
9 Ib. La Corte Constitucional ha considerado que la eficacia se refiere a si el mecanismo judicial está
diseñado para brindar una protección oportuna a los derechos fundamentales vulnerados.
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2.1.2. En el caso objeto de estudio operó la carencia actual de objeto por hecho
superado
22. Como se expuso previamente, la parte accionante adjudicó la vulneración de
sus garantías constitucionales ante la falta de trámite de la solicitud de desarchivo
del expediente con radicado 11001-31-03-035-1998-01605-01 que radicó el 3 de
mayo de 2024.
23. Ahora bien, de la revisión del expediente, se evidencia que el 24 de julio de
2026, el Grupo de Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá dio respuesta a la solicitud de desarchivo radicada por la parte
actora. En efecto, esta autoridad allegó copia del correo electrónico mediante el cual
se le comunicó a las accionantes que, una vez realizadas las labores administrativas
de búsqueda, el expediente no fue hallado.
24. De igual forma, en dicho mensaje de datos se puso de presente que se
expidió la «Certificación de proceso no hallado DESAJBOCER26-3072» con el fin
de que, eventualmente, se proceda a dar aplicación de los artículos 126 y 597,
numeral 10 del Código General del Proceso. A su vez, este certificado también fue
allegado al presente proceso, junto con la prueba respectiva de su remisión a la
parte actora.
25. Esta comunicación fue informada a las partes mediante correo electrónico
remitido a las direcciones web de su apoderado judicial, aportadas en el escrito de
tutela10.
26. En este punto, conviene recordar que existen eventos en los que la amenaza
al derecho fundamental desaparece en el trascurso de la acción de tutela, por lo
que el instrumento pierde efectividad y la intervención del juez constitucional resulta
inane. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el juez de tutela no ha
sido concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones
inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,
consumados o ya superados».
27. Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU-522 de 2019, en la que se
precisó que, si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada
o resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que «la
posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea central
que soporta el concepto de carencia actual de objeto».
28. Sobre la figura del hecho superado, el tribunal constitucional indicó en la
sentencia SU-225 de 2013, que «se configura cuando entre el momento de la
interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo
la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras, aquello que
10 El día 24 de julio de 2026.
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se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que
el mismo diera orden alguna».
29. Por tanto, esta Sala concluye que en el presente asunto se configuró la
carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la
circunstancia que podía originar algún quebranto de los derechos fundamentales de
la parte tutelante. Lo anterior, en la medida en que la vulneración alegada cesó
cuando el Grupo de Archivo Central de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá dio trámite a la solicitud de desarchivo y le comunicó a la parte
actora sobre la imposibilidad de hallar el expediente objeto de su petición. A su vez,
es pertinente poner de presente que dicha autoridad le informó a las accionantes
sobre el certificado de proceso no hallado que expidió con el fin de que,
eventualmente, pudiera empezar el trámite para la reconstrucción del expediente,
dispuesto por el artículo 126 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO de la acción de
tutela presentada por las señoras María Isabel Medina Rodríguez y Carmen Alicia
Medina Rodríguez.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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