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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05177-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Pablo Andrés Córdoba Acosta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05177-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la EPS Suramericana SA, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. 7 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05177-00 CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05177-00

Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: A.E.G.O.1
Parte accionada: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y
otro.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05177-00.
Asunto: Acción de tutela contra acto administrativo. Improcedencia por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

1.1. Mediante Resolución núm. 1904 de 28 de agosto de 2012 fue
designada en provisionalidad la señora A.E.G.O.2 en el cargo de Juez
Séptimo Laboral del Circuito de Barranquilla, a partir del 1 de septiembre
del mismo año.

1.2. El 19 de enero de 2026 la accionante solicitó ante el Consejo
Seccional de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, el reconocimiento a la estabilidad laboral reforzada por razones

1
Se anonimiza el nombre de la accionante para proteger los datos sensibles expuestos en el escrito de tutela.
2
Se anonimiza el nombre de la accionante para proteger los datos sensibles expuestos en el escrito de tutela.

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-05177-00

de salud y “[…] ante el nombramiento en propiedad de quienes superaron
las etapas de la convocatoria 27 […]”, petición que fue remitida por
competencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla.

1.3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante
Resolución núm. 0116 de 15 de mayo de 2026 negó el reconocimiento
de la estabilidad laboral reforzada, al considerar que la accionante
fundamenta su petición en que presenta una alteración en su salud
mental, particularmente en diagnósticos asociados a depresión y
trastorno de ansiedad generalizada, encontrándose en tratamiento
médico especializado, sin embargo, del análisis integral de la
documentación aportada “[…] no permiten establecer que concurran, en
el caso concreto, los presupuestos jurídicos necesarios para la
configuración de una estabilidad laboral con un alcance que haga
necesario excepcionar o modular las reglas constitucionales y legales
que rigen la provisión de los cargos de carrera […]”.

Asimismo, afirmó que, “[…] Si bien se acredita la existencia de una
incapacidad médica vigente, hasta desde el 30 de abril al 29 de mayo del
presente anuario, no es una circunstancia que implique de manera
absoluta la obligación de permanencia en el cargo […]” [sic en toda la
cita].

1.4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante
Resolución núm. 0121 de 19 de mayo de 2026, nombró en propiedad a
la señora Diana Patricia Bernal Miranda en el cargo de Juez Séptimo
Laboral del Circuito de Barranquilla, de conformidad con la lista de
elegibles vigente. Asimismo, en el numeral cuarto resolvió dar por
terminado el nombramiento provisional de la accionante.

1.5. Inconforme con las anteriores decisiones, la accionante presentó
recurso de reposición en contra de la Resolución núm. 0116 de 15 de
mayo, así como del numeral cuarto de la Resolución núm. 0121 de 19 de
mayo de 2026, al considerar que, i) la solicitud no era nueva y que la

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afectación de salud fue indebidamente reducida a un cuadro mental
reciente y no grave; ii) que existió omisión en la valoración de patologías
físicas que agravaron su situación; y iii) que la jurisprudencia
constitucional imponía la adopción de acciones afirmativas antes de
proceder a su desvinculación.

1.6. Mediante Resolución núm. 0213 de 18 de junio de 2026 el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Barranquilla resolvió no reponer la
decisión, al considerar que, i) el hecho de que la accionante presente
estados de salud desmejorados ello no puede interpretarse como un
derecho adquirido que implique el reconocimiento de la estabilidad
laboral reforzada de conformidad con los presupuestos jurisprudenciales,
en tanto, no se acreditó una dificultad significativa para el desempeño de
sus funciones y, “[…] la hospitalización parcial tampoco implica en sí
misma una incapacidad laboral que genere una situación administrativa
de licencia […]”; y ii) “[…] no se allegaron elementos clínicos que vinculen
esas afectaciones físicas con restricciones laborales concretas, actuales
y significativas […]”.

2. Fundamentos de la solicitud de amparo

La parte actora manifestó que las autoridades accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales a la salud, a la seguridad social, al trabajo y a la vida
digna “[…] que se encuentran afectados en virtud de las decisiones adoptadas
por parte del TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
BARRANQUILLA, a través de su Sala Plena al negarme estabilidad laboral
reforzada por condiciones de salud (debilidad manifiesta) […]”.

Aseguró que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla indicó que
no es necesario atender la jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia
de adopción de medidas afirmativas para los sujetos de especial protección
constitucional, porque a su parecer los diagnósticos acaecidos no comportan
gravedad.

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Mencionó que si se extingue su vinculación laboral “[…] no puedo dar
continuidad al tratamiento que vengo siguiendo por salud mental, pero
tampoco a los que se generan por las artrosis, discopatías, colon irritable,
hemorragias uterinas por miomas, etc. […]”.

Finalmente afirmó que no pretende “[…] desconocer el mérito de la Dra. Diana
Patricia Bernal para ocupar el cargo que se le ha designado, y, por ende, no
es mi querer que se altere el mismo. Solo espero gozar de la protección
constitucional en los términos que la Corte Constitucional lo ha expuesto, a
efectos de no ver frustrada la mejoría de mi estado de salud […]”.

3. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Adoptar medidas afirmativas en mi calidad de sujeto de especial
protección constitucional y, en consecuencia:

a. Me vincule a un cargo de igual jerarquía o equivalencia del que venía
ocupando <juez laboral del circuito>, una vez se abran vacantes.

b. Mientras lo indicado en el literal anterior ocurre, se disponga que la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a través del área de
recursos humanos, mantenga mi afiliación a seguridad social en salud,
pensión y ARL, a efectos de dar continuidad a los tratamientos médicos
que vengo siguiendo.

2. En adelante, se inste a la corporación accionada a verificar
constitucionalmente mi condición de persona en condición de debilidad
manifiesta, a fin de evitar barreras en la continuidad de mis tratamientos
médicos […]”. [Sic en toda la cita]

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

1. Mediante auto de 14 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, a Sura EPS,
a Seguros Sura póliza de salud y a la Clínica de Salud Mental Trabajemos
Juntos, en calidad de tercero con interés directo en el resultado del proceso.
Asimismo, se negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

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III. INTERVENCIONES

1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla afirmó que “[…] no
ha desconocido las patologías ni los tratamientos médicos prescritos a la
accionante. Prueba de ello es que la Sala de Gobierno concedió las
respectivas licencias remuneradas por enfermedad, con fundamento en las
incapacidades y certificaciones de hospitalización debidamente expedidas por
los profesionales de la salud […]” en ese sentido, mencionó que “[…] la
estabilidad laboral reforzada por razones de salud no puede convertirse en un
mecanismo para suspender indefinidamente la provisión de cargos de carrera,
ni para desconocer los derechos de quienes obtuvieron un mejor derecho a
través del sistema concursal […]”.

Asimismo, solicitó declarar improcedente la acción de tutela, en tanto la
accionante pretende atacar actos administrativos proferidos por la
Corporación, sin cumplir con el requisito de subsidiariedad.

2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla
informó que adelantó las actuaciones necesarias con el fin de dar
cumplimiento a sus obligaciones de realizar promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en la accionante, a través de la vinculación al
Sistema de Vigilancia Epidemiológica y el seguimiento de los asesores y
profesionales adscritos al Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Respecto a la pretensión de la accionante en mantener su afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales afirmó
que “[…] no es posible para esta Entidad mantener dichas afiliaciones, toda
vez que la obligación del empleador de efectuar la afiliación y el pago de los
respectivos aportes se encuentra directamente supeditada a la existencia de
una relación laboral entre la funcionaria y la Rama Judicial Seccional
Barranquilla […]”, en tanto, “[…] la accionante actualmente no registra
vinculación laboral con esta Seccional desde el 10 de julio de 2026, en
atención a que desde tal fecha, fue posesionada en propiedad en el cargo de

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Juez Circuito del Juzgado 07 Laboral del Circuito de Barranquilla, la
funcionaria Diana Patricia Bernal Miranda […]”.

3. El Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico afirmó que carece de
legitimación en la causa por pasiva al considerar que no le compete debatir la
legalidad de los actos administrativos que se emitan en ejercicio de la función
nominadora y tampoco ha realizado acción o incurrido en omisión que implique
la amenaza y aún menos la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por la parte actora.

Asimismo, mencionó que la acción de tutela no es procedente cuando existan
otros recursos o medios de defensa judiciales, razón por la cual la accionante
no cumple con el requisito de subsidiariedad.

4.La EPS Suramericana SA solicitó la desvinculación de la acción de tutela al
considerar que carece de legitimación por pasiva, dado que no se evidencia
una actuación u omisión atribuible a esa entidad que comprometa los derechos
fundamentales invocados.

Afirmó que la accionante “[…] registra un dictamen de Pérdida de Capacidad
Laboral del 0,00 %, emitido en primera oportunidad por POSITIVA COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A., con fecha de dictamen del 27 de diciembre de 2023 y
fecha de estructuración del 19 de diciembre de 2023, derivado del accidente
laboral ocurrido el 26 de junio de 2023 […]”.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19913, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.

2. Problemas jurídicos

De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:

A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos y, si
ello es así, se deberá:

B) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales de la actora al emitir concepto desfavorable de
traslado.

3. Cuestión previa

La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico y la
EPS Suramericana SA solicitaron la desvinculación del presente trámite de
tutela al carecer de legitimación por pasiva.

La Sala considera que, comoquiera que el Consejo Seccional de la Judicatura
del Atlántico y la EPS Suramericana SA fueron relacionadas por la accionante
como una de las posibles entidades que ocasionaron la vulneración de sus
derechos fundamentales, les asiste interés directo en la decisión de la acción
constitucional de la referencia, razón por la que se les negará las solicitudes
de desvinculación.

4. Caso concreto

4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela

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La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
19914.

Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, es
decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto
Ley 2591 de 1991.

De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad5.

Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.

En el caso objeto de estudio, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, que se ordene a las entidades
accionadas la adopción de medidas afirmativas derivadas de su condición de
sujeto de especial protección constitucional, así como su nombramiento en un
cargo igual o equivalente al que ostentaba.

4
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.

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Respecto de lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto que la tutelante
expresamente no solicitó que se deje sin efectos los actos administrativos por
medio de los cuales se negó la solicitud de reconocimiento del fuero de
estabilidad laboral por razones de salud, la realidad es que cualquier
pronunciamiento en este asunto se encuentra centrado a determinar si dichas
decisiones administrativas vulneraron o no sus derechos fundamentales.

De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir el acto administrativo mediante el cual se negó el
reconocimiento a la estabilidad laboral reforzada contenido en la Resolución
núm. 0116 de 15 de mayo de 2026 y la Resolución núm. 0213 de 18 de junio
de 2026 que confirmó la decisión.

Por tanto, la accionante cuenta con un medio de defensa judicial, como lo es
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la
Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la legalidad del acto
administrativo en cuestión, en el que, además, podrá solicitar medidas
cautelares.

El referido medio de control es el mecanismo idóneo y eficaz para obtener la
nulidad de los actos administrativos contenidos en las Resoluciones núm. 0116
de 15 de mayo de 2026 y núm. 0213 de 18 de junio de 2026 y, el
restablecimiento del derecho respectivo, por tanto, la acción de tutela deviene
improcedente para tal fin por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

En este contexto, resulta oportuno destacar que, esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores6 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.

6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1o. de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García González,
acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León Caicedo Bustos,
demandado: Procuraduría General de la Nación.

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Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia7, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará improcedente la solicitud de
amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Atlántico y la EPS Suramericana SA, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

7
Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la
otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su
adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta
decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.

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CUARTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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