Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05186-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05186-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05186-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
8 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05186-00
Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Acción de tutela - Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda presentada en ejercicio de la acción de tutela por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra la sentencia del 30 de mayo de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se revocó
la providencia del 29 de abril de 2021, dictada por el Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Cartagena y, en su lugar, se accedió a las pretensiones de la demanda
de reparación directa.
SÍNTESIS1
El accionante cuestiona la sentencia del 30 de mayo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró responsable patrimonialmente al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la muerte de la menor Dulce María
Merlano Cañate, ocurrida el 2 de junio de 2015 por asfixia mecánica secundaria a
sumersión, mientras se encontraba bajo el cuidado de la madre comunitaria a cargo
del Hogar Comunitario de Bienestar “Niños Felices”. La demanda se declarará
improcedente por falta de relevancia constitucional, toda vez que el accionante
pretende reabrir un debate jurídico y probatorio que ya fue definido por parte del juez
natural.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 6 de julio de 2026, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante,
ICBF), por medio de apoderado judicial, interpuso demanda en ejercicio de la acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar, con el fin de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por la sentencia del 30 de mayo de 2025 2 ,
proferida dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 13001-33-
33-005-2019-00059-00/01, mediante la cual la autoridad judicial accionada revocó la
1 Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Responsabilidad Extracontractual del Estado / Muerte
de menor en hogar comunitario de bienestar / Improcedencia / Falta de relevancia constitucional.
2 Esta decisión judicial fue notificada el 21 de abril de 2026.
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Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Se declara la improcedencia
sentencia de primera instancia dictada el 29 de abril de 2021 por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena, que había negado las pretensiones de la
demanda, y, en su lugar, declaró la responsabilidad patrimonial del ICBF por la
muerte de la menor Dulce María Merlano Cañate, al considerar que la madre
comunitaria a cuyo cargo se encontraba su cuidado actuaba como agente estatal en
ejercicio de una función pública, sin que la falta de inscripción formal de la menor en
los programas institucionales desvirtuara esa condición.
2. El accionante formuló las siguientes pretensiones (se transcribe):
(…) II. 1. Tutelar el derecho fundamental del debido proceso, vulnerado por el Tribunal
Administrativo de Bolívar al momento de expedir la sentencia de treinta de mayo de
2025 dentro del proceso judicial radicado 13001333300520190005900-01.
II.2. Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia vulnerado
por el Tribunal Administrativo de Bolívar al momento de expedir la sentencia de treinta
de mayo de 2025 dentro del proceso judicial radicado 13001333300520190005900-01.
II.3. Como consecuencia de las anteriores peticiones, solicito ORDENAR al Tribunal
Administrativo de Bolívar expedir una nueva sentencia que proteja los derechos
fundamentales del debido proceso y de acceso a la administración de justicia y valore
en debida forma las pruebas aportadas dentro del proceso de instancia (…).
B. Hechos
3. La menor Dulce María Merlano Cañate nació el 27 de mayo de 2014 y recibía
atención en el Hogar Comunitario de Bienestar "Niños Felices", a cargo de la madre
comunitaria Alexis Ospino Jiménez.
4. El 2 de junio de 2015, la progenitora de la menor la llevó al hogar comunitario a las
8:00 a.m., como habitualmente lo hacía. Esa misma mañana fue informada de que
la menor había fallecido por ahogamiento, al caer dentro de un balde con agua
ubicado al interior del hogar comunitario.
5. El informe pericial de necropsia número 2015010113001000286, practicado a la
menor el 2 de junio de 2015, estableció que su muerte se debió a asfixia por
sumersión.
6. Mediante Resolución número 0001 del 3 de junio de 2015, el ICBF Regional Bolívar
ordenó la suspensión inmediata del servicio que prestaba el Hogar Comunitario de
Bienestar "Niños Felices", mientras se surtían las investigaciones pertinentes.
7. Dentro de la investigación administrativa quellevó a cabo el ICBF, la madre
comunitaria Alexis Ospino Jiménez rindió declaración y confesó de manera
espontánea que el hecho se produjo por un descuido de su parte en la atención que
debía brindar a la menor, así como en la obligación de resultado que asumió el
Estado, por medio del ICBF, de devolverla a su progenitora en las mismas
condiciones en que la recibía diariamente.
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Se declara la improcedencia
8. Mediante sentencia del 29 de abril de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cartagena denegó las pretensiones de la demanda al no encontrar
acreditado el nexo de causalidad entre el servicio prestado por el ICBF y la muerte
de la menor, toda vez que la menor no estaba registrada en los programas de la
entidad. Precisó que su permanencia en el hogar de la señora Alexis Ospino
obedeció a un acuerdo de colaboración y solidaridad ajeno al ICBF, sin vínculo con
las obligaciones institucionales de esta última.
9. Contra la sentencia de primera instancia, la parte demandante interpuso recurso
de apelación. Sostuvo que se dio prevalencia al derecho procedimental sobre el
derecho sustancial a la vida de la menor, y que el ICBF no acreditó el hecho de un
tercero como causal eximente de responsabilidad, pues en su contestación de
demanda no precisó si la falla correspondía a la madre comunitaria o a la Asociación
de Padres de Familia.
10. En sentencia del 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó
la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró responsable al ICBF por la
muerte de la menor, al encontrar probado que la madre comunitaria no podía
considerarse un tercero ajeno a la entidad, sino un agente estatal cuya actuación
permitió la materialización de un riesgo previsible y evitable. Advirtió, además, que la
falta de inscripción formal de la menor no constituía un eximente de responsabilidad,
sino un indicio de negligencia en la prestación del servicio. En consecuencia,
condenó al ICBF al pago de perjuicios morales a favor de la parte demandante.
C. Fundamentos de la vulneración
11. El accionante sostiene que la sentencia cuestionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y que
incurrió en un defecto material o sustantivo porque:
11.1. Se desconoció el eximente de responsabilidad estatal por el hecho de un tercero,
pues la menor Dulce María Merlano Cañate nunca estuvo vinculada a los programas
del ICBF, al no cumplir el requisito mínimo de edad exigido, y su permanencia en el
hogar de la señora Alexis Ospino Jiménez obedeció a un acuerdo de solidaridad
personal con la progenitora, ajeno a la entidad.
11.2. Se atribuyó responsabilidad al ICBF a partir de un vínculo institucional inexistente
entre la entidad y una decisión privada y voluntaria de la madre de la menor, sin
acreditar el nexo de causalidad entre el daño y el servicio público a su cargo.
11.3. Se aplicó indebidamente la figura de la posición de garante, que atribuyó
responsabilidad al ICBF de forma automática por el solo hecho de que la menor
falleciera bajo el cuidado de la madre comunitaria, sin cumplir la carga argumentativa
exigida para apartarse del precedente fijado por el Consejo de Estado en sentencia
de tutela de 18 de septiembre de 2023, proferida en el proceso con radicado núm.
11001-03-15-000-2023-02837-00, MP José Roberto Sáchica Méndez.
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11.4. Se omitió valorar que la ausencia de registro de la menor en las plataformas RAM
y CUENTAME no obedeció a una omisión accidental del servicio, sino a una decisión
consciente de la madre comunitaria ante el incumplimiento del requisito de edad,
circunstancia que la providencia interpretó en sentido contrario a lo probado en el
proceso.
11.5 No se analizó que la muerte de la menor constituyó un hecho imprevisible e
irresistible para el ICBF, causado por el descuido personal de la señora Alexis Ospino
Jiménez sin injerencia de la entidad, pese a haber sido propuesto expresamente
como eximente de responsabilidad en el recurso de apelación.
D. Trámite procesal
12. Mediante auto del 7 de julio de 2026, se admitió la demanda de tutela3 y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Bolívar y, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, al señor Rafael José Merlano Cañate
y a la señora Zoila Rosa Cañate Espitia.
13. El 14 de julio de 2026, la Secretaría General de la Corporación requirió al doctor
Alberto Luis Mercado Hernández, quien fue apoderado de los mencionados terceros
en el proceso ordinario, para que suministrara sus datos de contacto. Al día siguiente,
el apoderado dio respuesta y remitió la información física y electrónica de ambos.
E. Oposiciones e intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Bolívar 4 solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela o, en subsidio, negar las pretensiones. Señaló que la sentencia
dictada en segunda instancia, mediante la cual accedió a las pretensiones de la
demanda de reparación directa, se fundamentó en el material probatorio y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia, y expone de manera
suficiente las razones que llevaron a revocar la decisión absolutoria de primera
instancia, lo que descartó la configuración de los defectos alegados por el tutelante.
Asimismo, sostuvo que la acción constitucional pretende revivir, como si se tratara
de una tercera instancia, una controversia ya resuelta en sede ordinaria, sin que el
accionante hubiera acreditado la relevancia constitucional exigida para superar el
examen de procedibilidad.
15. El Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena5 no rindió el informe requerido y
se limitó a remitir el expediente del proceso de reparación directa.
16. Los señores Rafael José Merlano Cañate y Zoila Rosa Cañate Espitia no rindieron
el informe requerido dentro del trámite de la presente acción de tutela.
3 Índice 5 de Samai.
4 Índice 17 de Samai.
5 Índice 15 de Samai.
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Se declara la improcedencia
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para resolver la demanda de tutela interpuesta por el ICBF, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991,
1069 de 2015 y en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Sentido de la decisión
18. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional, pues el accionante pretende reabrir, mediante este mecanismo
excepcional, un debate jurídico y probatorio que ya fue definido por el juez natural.
Los cuestionamientos planteados se circunscriben a la interpretación que el Tribunal
accionado hizo del régimen de responsabilidad extracontractual del Estado por los
daños causados a menores bajo el cuidado de los hogares comunitarios de bienestar,
y a la valoración probatoria efectuada sobre el hecho de un tercero, el nexo de
causalidad y la posición de garante del ICBF, aspectos que fueron objeto de estudio
y pronunciamiento por dicha autoridad en ejercicio de su autonomía e independencia
judicial. En consecuencia, por razones metodológicas la Sala se abstendrá de
efectuar el estudio de los demás requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales6.
H. El requisito de relevancia constitucional
19. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales 7 . En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la
decisión cuestionada 8 , con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para
discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial”.
20. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
6 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia
constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de defensa judicial al
alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; d) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia
que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; e) que la parte actora identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de
sentencias de tutela (Sentencia C-590 de 2005).
7 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
8 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P. Cristina
Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
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judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia
constitucional. De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se
involucre en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones9.
21. En la sentencia SU-215 de 2022 10 , la Corte Constitucional identificó los
siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia
constitucional:
i) el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto
meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe ser trascendente
para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o para la
determinación del alcance de un derecho fundamental;
ii) la controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como
una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y
la solicitud debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por
los jueces naturales;
iii) se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la providencia
judicial afectó de manera grave un derecho fundamental, entonces, no basta con la
sola referencia a la afectación de las garantías superiores para encontrar probada la
relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental; y el examen de la acción
de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica
verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria
o violatoria de los derechos fundamentales.
22. Para la Corte Constitucional11, el requisito de relevancia constitucional comporta
tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de
la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
23. Por todo, la Corte Constitucional ha insistido en que la intervención del juez
constitucional sólo está justificada cuando “[…] la providencia judicial sea
definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales
que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía en el
sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional”12.
9 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017,
M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos
y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
11 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
12 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF
Se declara la improcedencia
I. La falta de relevancia constitucional en el caso concreto
24. La Sala advierte que la demanda de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, pues el reproche formulado por el ICBF no plantea una controversia
de trascendencia constitucional, sino una inconformidad estrictamente legal frente
a la manera en que el Tribunal accionado interpretó el régimen de responsabilidad
extracontractual del Estado por los daños causados a menores bajo el cuidado de
los hogares comunitarios de bienestar, así como la valoración probatoria que
fundamentó la imputación del daño causado a la entidad demandada. Se trata, en
esencia, de un intento por reabrir, mediante este mecanismo excepcional, un debate
jurídico y probatorio que ya fue resuelto por el juez natural del asunto dentro del
ámbito de la autonomía e independencia judicial que le asiste, sin que se advierta
que la discusión propuesta trascienda al plano constitucional.
25. Del examen del expediente, se establece que el señor Rafael José Merlano
Cañate y otros familiares demandaron en ejercicio del medio de control de
reparación directa al ICBF, con ocasión del fallecimiento de Dulce María Merlano
Cañate, ocurrido el 2 de junio de 2015 dentro del Hogar Comunitario de Bienestar
“Niños Felices”, asunto del cual conoció en primera instancia el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena.
26. El 29 de abril de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Cartagena denegó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no se
encontraba acreditada la responsabilidad patrimonial del ICBF, pues la menor Dulce
María Merlano Cañate no estaba registrada en el programa de Hogares
Comunitarios de Bienestar y su permanencia en el hogar comunitario obedeció a
un favor que la madre comunitaria le hacía a su progenitora, circunstancia que era
desconocida por el ICBF y por la asociación de padres de familia que administraba
el hogar. Por lo tanto, encontró demostrado que la niña se encontraba por fuera de
la órbita de protección de la entidad y que no podía exigírsele una posición de
garante ni imputársele una falla del servicio por los hechos ocurridos.
27. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, en el que sostuvo que el a-quo le dio prevalencia al derecho
procedimental, correspondiente a los protocolos de inscripción de los niños que
asistían al Hogar Comunitario “Niños Felices”, sobre el derecho sustancial a la vida
de la menor Dulce María Merlano Cañate, con desconocimiento de lo dispuesto en
el artículo 228 13 de la Constitución Política. Además, señaló que el ICBF no
demostró la configuración del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente
de responsabilidad, en la medida en que este debía ser irresistible, imprevisible e
inevitable, y atribuible a una persona determinada, según lo exige la “sentencia de
13 “Artículo
228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado.
Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
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Se declara la improcedencia
Casación de 24 de marzo de 1939, XLVIII, 63”.
28. Al respecto, precisó que el ICBF se limitó a afirmar en la contestación de la
demanda que la falla en el servicio se produjo por "actores diferentes", sin
individualizar si correspondía a la madre comunitaria Alexis Ospino Jiménez o a la
Asociación de Padres de Familia de Hogares Comunitarios de Bienestar Paulo VI
Segundo. Tampoco se acreditó el carácter irresistible e imprevisible del hecho, pues
el supervisor Farid Juan Narváez Simancas declaró que el ICBF no realizó ninguna
visita de control al hogar infantil durante 2015.
29. Mediante sentencia del 30 de mayo de 2025, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró
patrimonialmente responsable al ICBF por la muerte de la menor Dulce María
Merlano Cañate, tras precisar que, en eventos de lesión o muerte de niños bajo el
cuidado de hogares comunitarios de bienestar, el régimen de responsabilidad
aplicable es, en principio, objetivo, pues la entidad se ubica en posición de garante
desde el momento en que, por intermedio de una madre comunitaria, asume el
cuidado y la atención de los menores beneficiarios del servicio.
30. Con fundamento en las pruebas allegadas al proceso, entre ellas el testimonio
de la madre comunitaria Alexis Ospino Jiménez, la Resolución núm. 0001 del 3 de
junio de 2015 mediante la cual se suspendió el servicio del hogar comunitario, el
memorando del coordinador del centro zonal sobre el fallecimiento de la menor y
los interrogatorios de parte rendidos por sus progenitores, el Tribunal estableció que
la niña permaneció bajo el cuidado directo de la señora Ospino Jiménez al momento
del hecho, y sostuvo que la obligación de reparar solo cede ante la demostración
de una causa extraña que rompa el nexo de causalidad, esto es, la culpa exclusiva
de la víctima, el hecho de un tercero ajeno a la entidad o la fuerza mayor, la cual,
en el caso concreto, no encontró acreditada. Puntualmente, el Tribunal indicó lo
siguiente:
(…) Al respecto la Sala pone de presente el criterio pacífico del Consejo de Estado de
acuerdo con el cual las acciones u omisiones de las madres comunitarias
comprometen la responsabilidad del ICBF, en tanto son particulares que desarrollan
una función pública en su nombre y representación. Así lo puntualizó la Sección
Tercera, Subsección C, en sentencia de 26 de marzo de 2014, dentro del radicado
50001-23-31-000-2000-00116-01(28077):
“En concepto de la Sala, la suma de las anteriores disposiciones muestra con claridad
que los Hogares Comunitarios dependen administrativa, operacional y
financieramente del I.C.B.F. y que son los organismos encargados de desarrollar
gran parte de sus objetivos, en particular el Sistema de Bienestar Familiar
considerado un servicio público a cargo del Estado, es decir, cumplen una
función pública, esto es la protección de la niñez colombiana”.
(…)
De acuerdo con las pruebas referenciadas, la muerte de la menor sí resulta imputable
al ICBF, puesto que, desde el momento en que asumió su cuidado y atención a través
de la madre comunitaria encargada del hogar Niños Felices, surgió para él el deber de
responder por los eventuales riesgos o daños producto del servicio prestado, como era
el cuidado de la menor.
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Se declara la improcedencia
Quedó demostrado que el hecho tuvo lugar en las instalaciones del hogar comunitario,
en un día hábil y dentro del horario de atención (9:45 a.m.), por lo que no existe duda
de que ocurrió en desarrollo del servicio proporcionado por el ICBF.
De igual manera, la edad de la menor al momento del hecho (1 año y 2 meses) y las
circunstancias modales descritas por la misma madre comunitaria, permiten concluir
sin asomo de duda, que el deceso de la menor no sobrevino por la culpa de la víctima,
el hecho de un tercero extraño al ICBF, o por una circunstancia ajena a la prestación
del servicio.
La madre comunitaria no puede ser tenida como un tercero respecto del ICBF con base
en las cláusulas de los contratos celebrados por dicha entidad, que no resultan
pertinentes para decidir este proceso, pues no se trata de una controversia contractual,
sino precisamente de responsabilidad extracontractual.
La madre comunitaria que tenía bajo su cuidado a la menor al momento de su deceso,
tenía el carácter de agente estatal que, en la prestación del servicio público de
protección a la niñez, permitió la materialización de un riesgo, que puede considerarse
previsible y evitable, si tomamos en cuenta que, de acuerdo con las reglas de la
experiencia, donde hay presencia de niños de tan corta edad, los recipientes con agua
deben ser ubicados por fuera de su alcance para evitar eventos fatales como el
descrito.
La Sala pone de relieve que, el hecho de que la estancia de la menor dentro del hogar
comunitario no estuviese respaldada en una inscripción formal ni en los registros de
información del ICBF, lejos de ser un eximente de responsabilidad, da cuenta de la
negligencia e irregularidad en la prestación del servicio por parte del ICBF,
representado en este caso por la madre comunitaria que tenía a su cargo el hogar
Niños Felices.
Dicho en otras palabras, el ICBF no puede usar en su defensa la omisión de una de
sus agentes que, actuando en representación suya, permitió la entrada al servicio de
atención y cuidado del hogar comunitario de una menor que no tenía la edad mínima
requerida, no contaba con la documentación necesaria para ser inscrita y tampoco
había sido objeto de formalización mediante las unidades de servicio del ICBF.
Razón le cabe en este punto al apelante cuando alega que en primera instancia se
privilegió la forma frente al derecho sustancial, al fundarse en la inexistencia formal de
un vínculo entre la menor y el ICBF, que materialmente sí se probó.
Los medios de prueba examinados previamente permiten inferir que la progenitora de
la menor no la dejó bajo el cuidado de la madre comunitaria como particular o por ser
vecina o conocida suya, sino precisamente porque prestaba el servicio público de
cuidado y protección de la primera infancia, el cual se encuentra a cargo del Estado,
en cabeza del ICBF. (…).
31. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que los reparos formulados por el
ICBF se dirigen, en esencia, a controvertir la valoración que el Tribunal efectuó de
las pruebas y la forma en que aplicó el régimen de responsabilidad extracontractual
del Estado al caso concreto. En particular, la entidad cuestiona que se reconociera
a la madre comunitaria la condición de agente estatal y que, pese a la falta de
inscripción formal de la menor en los programas del ICBF, se descartara la
configuración del hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad.
32. En efecto, el Tribunal consideró que la madre comunitaria no podía tenerse como
un tercero ajeno a la entidad demandada, sino como un agente que ejerce, en su
nombre y representación, una función pública, conforme al precedente reiterado por
la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, contenido en la
sentencia del 26 de marzo de 2014, radicado 50001-23-31-000-2000-00116-01, MP
Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Asimismo, concluyó que la ausencia de
inscripción formal de la menor no configuraba una causa extraña capaz de romper
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Se declara la improcedencia
el nexo de causalidad, sino que, por el contrario, evidenciaba la irregularidad en que
incurrió su propia agente en la prestación del servicio.
33. Así las cosas, la Sala advierte que la presente acción de tutela pretende reabrir,
por la vía excepcional del amparo constitucional, un debate jurídico y probatorio ya
definido por el Tribunal accionado al resolver el recurso de apelación, sin que la
entidad accionante hubiese acreditado que la valoración probatoria o la
interpretación normativa efectuada por dicha autoridad resulten arbitrarias,
caprichosas o carentes de fundamento.
34. En esas condiciones, la controversia planteada corresponde al ámbito de la
legalidad y no plantea una cuestión de relevancia constitucional que justifique la
intervención del juez de tutela. Por ello, la Sala declarará improcedente el amparo
solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
10
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