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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05191-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05191-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05191-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-05191-00
Accionante: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN F
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se declara
improcedente por no cumplir el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional. Sanción moratoria.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la Secretaría de Educación de
Bogotá contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La Secretaría de Educación de Bogotá, a través de apoderado judicial, solicitó el
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 11001-33-42-054-2022-00374-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que la señora Rocío del Carmen Jaramillo Machado, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
número de radicación 11001-33-42-054-2022-00374-00/01 contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional Prestaciones Sociales del
Magisterio, para que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto, derivado del
silencio administrativo negativo frente a la petición radicada el 10 de noviembre de
2021 ante esa entidad, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05191-00
Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

prevista en el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006 y la Ley 1955 de 2019 y, a título de
restablecimiento del derecho, se condenara a la entidad demandada a reconocer y
pagar la sanción moratoria, debidamente indexada.

2.2. Mencionó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Cincuenta
y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante
sentencia de 24 de septiembre de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.

2.3. Señaló
que junto con la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio interpusieron recurso de apelación y
la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, a través sentencia de 21 de octubre de 2025, modificó la decisión
mencionada supra, así:

“[…] PRIMERO: MODIFICAR el numeral TERCERO de la sentencia del 24 de
septiembre de 2024 proferida por el Juzgado Cincuenta y Cuatro (54) Administrativo del
Circuito de Bogotá de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la presente
providencia, el cual quedará así:

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR i) a la Secretaría de
Educación de Bogotá a reconocer a la señora Rocio del Carmen Jaramillo Machado,
identificada con la cédula de ciudadanía 22.173.373, el valor correspondiente a 518 días
de salario básico vigente en el año 2019, por la mora en el trámite de reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas reconocidas en la Resolución No. 5461 de 13 de junio
de 2019, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071
de 2006; y a la Fiduciaria La Previsora S.A. la sanción moratoria equivalente a 2 días de
salario básico vigente en el año 2019 […]”.

2.4. Adujoque solicitó la aclaración de la sentencia de segunda instancia y, la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a
través de auto de providencia de 14 de abril de 2026, negó la solicitud.

2.5. Consideró que la providencia mencionada vulneró sus derechos fundamentales
indicados supra por haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental absoluto y en la causal de violación directa de la Constitución.

2.6. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] el expediente judicial
contenía una prueba documental aportada por la Secretaría de Educación junto con
la contestación de la demanda consistente en la constancia de remisión del
expediente a la Fiduciaria La Previsora S.A., de la cual se desprende que el trámite
fue remitido el 20 de junio de 2019, documento que fue incorporado dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, permaneció a disposición de las partes para
su contradicción y constituyó el fundamento probatorio sobre el cual el juez de
primera instancia distribuyó la responsabilidad entre las entidades demandadas. No
obstante, el Tribunal decidió prescindir de dicho elemento de convicción y sustentó
la modificación de la condena en un documento identificado como "Expediente
digital. Archivo 058_MemorialWeb_Recurso-1RecApeyanexospd (2), página 12",
correspondiente a unos anexos del recurso de apelación presentado por la Nación

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Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) […]”.

2.7. Indicó que “[…] En el presente asunto, la sentencia proferida el veintiuno (21) de
octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección "F", incurrió en un defecto sustantivo al realizar una
interpretación manifiestamente irrazonable del régimen jurídico que regula tanto la
actividad probatoria en segunda instancia como la determinación de la responsabilidad
por la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
[…]”.

2.8. Sobre el defecto procedimental absoluto sostuvo que “[…] el Tribunal
presuntamente desconoció las garantías del debido proceso, contradicción y
defensa al valorar un documento respecto del cual no se surtió el traslado
correspondiente ni el trámite procesal legalmente establecido para su incorporación
al expediente judicial, apartándose además de las disposiciones contenidas en el
artículo 78 numeral 14 del Código General del Proceso. Adicionalmente, tuvo como
prueba para fundamental (sic) una decisión un documento que no hacia parte el
acervo probatorio […]”.

2.9. Encuanto a la violación directa de la Constitución adujo que la providencia
cuestionada vulneró los artículos constitucionales 2, 29, 13 y 125.

III. PRETENSIONES

3. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica y sostenibilidad fiscal,
vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia proferida el
veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “F” dentro del proceso 11001-33-42-054-2022-00374-01.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida
el veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por parte del
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “F” dentro del proceso 11001-33-42-054-2022-00374-01, por
configurarse en la misma defectos sustantivo, fáctico, defecto procedimental
absoluto y desconocimiento del precedente judicial, en los términos de la
jurisprudencia constitucional.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “F” proferir
nuevamente sentencia de segunda instancia dentro del proceso 11001-33-42-
054-2022-00374-01 con sujeción a la ley y de acuerdo con las pruebas
legalmente incorporadas dentro del proceso […]”.

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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 de julio de 2026, el Despacho a cargo de la sustanciación del
proceso admitió la presente acción de tutela y vinculó en calidad de tercero con interés
directo en el resultado del proceso a la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria La Previsora
S.A., a la señora Rocío del Carmen Jaramillo Machado y al Juzgado Cincuenta y
Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y vinculados, se
allegaron los siguientes informes:

5.1. El Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá solicitó
“[…] Negar por improcedente cualquier amparo constitucional que pretenda endilgar
vulneración de derechos fundamentales a las actuaciones surtidas por este
Juzgado, toda vez que se demostró el estricto cumplimiento de los principios de
legalidad de las formas, contradicción y preclusión probatoria en la primera instancia
[…]”.

5.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional solicitó declarar improcedente
la acción de tutela en la medida que se trata de “[…] una controversia de naturaleza
estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia
constitucional, situación por la cual debería declararse improcedente la presente
acción de tutela […]”.

5.3. LaSubsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó negar el amparo solicitado y mantener incólume la sentencia
proferida por esta Subsección, comoquiera que “[…] la presente acción de tutela
pretende reabrir un debate ya resuelto dentro del proceso ordinario y convertir al
juez constitucional en una tercera instancia, finalidad que resulta incompatible con
la naturaleza excepcional de este mecanismo […]”.

5.4. La Fiduprevisora solicitó declarar improcedente la acción constitucional e indicó
que no ha incurrido en conductas concretas, activas u omisivas que afecten los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-05191-00
Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la accionante, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos fáctico, sustantivo, procedimental absoluto y en la causal de
violación directa de la Constitución.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando
se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
“[…] Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado […]”.
6
“[…] Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90 […]”.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia
de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se
trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de
vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción no se dirija contra un
fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
8
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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VI.4. El caso concreto

16. La Secretaría de Educación de Bogotá, a través de apoderado judicial, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia en conexidad con el principio de seguridad jurídica, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 21 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número
de radicación 11001-33-42-054-2022-00374-00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

13
19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales , el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de 2016
(M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.

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A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

16
21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202317.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales18.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la accionante alega que la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia en conexidad con el principio de
seguridad jurídica, por haber incurrido, presuntamente, en los defectos sustantivo,
fáctico, procedimental absoluto y en la causal de violación directa de la Constitución.

25. Como fundamento del defecto fáctico señaló que “[…] el expediente judicial
contenía una prueba documental aportada por la Secretaría de Educación junto con
la contestación de la demanda consistente en la constancia de remisión del
expediente a la Fiduciaria La Previsora S.A., de la cual se desprende que el trámite
fue remitido el 20 de junio de 2019, documento que fue incorporado dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, permaneció a disposición de las partes para
su contradicción y constituyó el fundamento probatorio sobre el cual el juez de
primera instancia distribuyó la responsabilidad entre las entidades demandadas. No
obstante, el Tribunal decidió prescindir de dicho elemento de convicción y sustentó
la modificación de la condena en un documento identificado como "Expediente
digital. Archivo 058_MemorialWeb_Recurso-1RecApeyanexospd (2), página 12",
correspondiente a unos anexos del recurso de apelación presentado por la Nación

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo
de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala;
17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

– Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) […]”.

26. Indicó que “[…] En el presente asunto, la sentencia proferida el veintiuno (21) de
octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección "F", incurrió en un defecto sustantivo al realizar una
interpretación manifiestamente irrazonable del régimen jurídico que regula tanto la
actividad probatoria en segunda instancia como la determinación de la responsabilidad
por la sanción moratoria prevista en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006.
[…]”.

27. Sobre el defecto procedimental absoluto sostuvo que “[…] el Tribunal
presuntamente desconoció las garantías del debido proceso, contradicción y
defensa al valorar un documento respecto del cual no se surtió el traslado
correspondiente ni el trámite procesal legalmente establecido para su incorporación
al expediente judicial, apartándose además de las disposiciones contenidas en el
artículo 78 numeral 14 del Código General del Proceso. Adicionalmente, tuvo como
prueba para fundamental (sic) una decisión un documento que no hacia parte el
acervo probatorio […]”.

28. En cuanto a la violación directa de la Constitución adujo que la providencia
cuestionada vulneró los artículos constitucionales 2, 29, 13 y 125.

29. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional; ii) la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una
tercera instancia con lo que busca reabrir la discusión que fue resuelta por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y, iii) la pretensión guarda relación con
un asunto de contenido económico.

30. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional. Para
ello es necesario que la parte accionante motive suficientemente las razones por las
que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

31. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte accionante aduce que
le fueron desconocidos sus derechos fundamentales, no está poniendo de presente
que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo de su inconformidad gira en torno a que el Tribunal resolvió modificar
el numeral tercero de la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar
a la Secretaría de Educación de Bogotá a reconocer a la señora Rocío del Carmen
Jaramillo, “[…] el valor correspondiente a 518 días de salario básico vigente en el
año 2019, por la mora en el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas reconocidas en la Resolución No. 5461 de 13 de junio de 2019, de
conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 5º de la Ley 1071 de 2006;

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y a la Fiduciaria La Previsora S.A. la sanción moratoria equivalente a 2 días de
salario básico vigente en el año 2019 […]”.

32. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en la providencia cuestionada:

“[…] 7.2. Problema jurídico

Teniendo en cuenta los términos de los recursos interpuestos, el asunto se
contrae a establecer si corresponde a la SED el pago de la sanción moratoria o
al Fomag, y si este último extinguió la obligación de la sanción moratoria con el
pago realizado a la demandante en vía administrativa.

La Sala advierte que nada decidirá respecto al derecho que tiene el demandante
a que se le reconozca y pague la sanción moratoria que persigue, comoquiera
que ese asunto no fue recurrido respecto a lo decidido por el A quo.

7.3. Tesis de la Sala

La Sala considera que la sanción moratoria debe ser reconocida en su mayor
parte por la SED, toda vez que incumplió el término para expedir y remitir al
Fomag - Fiduprevisora el acto administrativo de reconocimiento de las
cesantías, para que esta última procediera a su pago. A su vez, la Fiduciaria
excedió en 2 días el término previsto para el pago de la prestación.

7.6. Caso Concreto

La Sala observa que el Juez de primera instancia accedió al reconocimiento y
pago de la sanción moratoria a razón de 668 días calendario, de los cuales 14
días corresponden a la SED y 654 al Fomag. Esta última debe descontar la
suma de $18.293.282, pagada a la accionante por vía administrativa.

La SED alegó que no le corresponde el reconocimiento de la sanción moratoria,
toda vez que cumplió el término legal para proferir el acto administrativo.

Por su parte, el Fomag señaló que la obligación fue extinguida toda vez que por
vía administrativa pagó a la demandante la sanción moratoria correspondiente
a 140 días. Así mismo, consideró que en virtud del artículo 57 de la Ley 1955
las entidades territoriales deben responder por la sanción moratoria.

De acuerdo con lo probado en el expediente, se tiene que la accionante radicó
la solicitud de las cesantías definitivas ante la SED el 30 abril de 2019, por lo
que los términos legales corrieron de la siguiente forma:

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En este sentido, la SED incurrió en mora para el reconocimiento de las
cesantías, pues el plazo máximo para expedir el acto administrativo era el 22
de mayo de 2019, sin embargo, lo emitió el 13 de junio de 2019 y remitió la
solicitud a la Fiduprevisora el 31 de marzo de 2021. Esta última entidad puso a
disposición de la accionante las cesantías reconocidas el 11 de junio de 2021,
es decir, a los 47 días hábiles de haber recibido la solicitud, incumpliendo en 2
días los términos legales, en lo de su competencia.

Por lo tanto, la Sala concluye que en este caso la mora en el pago de las
cesantías de la demandante obedeció al incumplimiento del término establecido
para proferir la resolución de reconocimiento de las cesantías, así como en la
radicación de la solicitud ante la Fiduprevisora, por parte de la SED. A su vez,
la Fiduciaria excedió en 2 días el término previsto para el pago de la prestación

Ahora bien, la mora se causó del 14 de agosto de 2019 al 10 de junio de 2021,
para un total de 658 días, de los cuales el Fomag ya pagó lo correspondiente a
138 días causados a diciembre de 2019, quedado (sic) pendiente de pago un
total de 520 días.

En consecuencia, se concluye que el ente territorial es responsable del pago de
la sanción por mora en el reconocimiento y pago de las cesantías
correspondiente a 518 días, porque esta se ocasionó por la demora en el trámite
a su cargo. Por su parte, a la Fiduprevisora le corresponde asumir la sanción
por los 2 días de mora imputables a su gestión. […]”.

33. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del
proceso contencioso administrativo.

34. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”19. Significa lo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional,
que este “[…] mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole

19
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”20.

35. Adicionalmente,esta Sección ha venido sosteniendo que en razón a que la
inconformidad planteada gira en torno a la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria, este asunto no involucra la afectación de derechos fundamentales, sino
que tiene una naturaleza eminentemente económica.

36. Lo dicho previamente se fundamenta en que la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 201921, precisó que la sanción moratoria no constituye “[…] un derecho
fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional […]”. En esa oportunidad, dicha Corporación expuso lo siguiente:

“[…] 55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna
de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la
satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La
jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de
las cesantías, como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es
“auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo
en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría
procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración
del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador
que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos
solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter
netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela
[…]”. (Negrilla fuera del texto).

22
37. A partir de lo anterior, esta Sección , al igual que las Secciones Tercera, Cuarta
y Quinta de esta Corporación23, ha venido reiterando de manera pacífica, que los
conflictos en materia de tutela relacionados con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria están asociados a controversias de índole meramente legal y
económica, por lo que no cumplen con el citado requisito general de procedencia.

38. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

20
Ibidem
21
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-573 de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
22
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 15 de julio de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01425-01; de
5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-02676-01; de 7 de abril de 2022 expediente número 11001-
03-15-000-2022-01593-00.
23
Ver, entre otras, las siguientes decisiones: de 17 de marzo de 2022 expediente número 11001-03-15-000-2022-01048-00;
de 5 de agosto de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01482-01; de 8 de julio de 2021 expediente número
11001-03-15-2021-02351-00; de 20 de mayo de 2021 expediente número 11001-03-15-000-2021-01836-00.

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Accionante: Secretaría de Educación de Bogotá

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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