Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05197-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05197-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05197-00
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05197-00
Demandante: MUNICIPIO DE FLORIDA (VALLE DEL CAUCA)
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de conformidad con
lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Dimas Antonio Martínez Toro, en calidad de alcalde del municipio de
Florida (Valle del Cauca), presentó acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca al considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Estimó quebrantadas tales garantías con ocasión del fallo proferido el 26 de marzo
de 2026 y el auto de 5 de mayo del mismo año, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y negó las solicitudes de aclaración y adición de la
sentencia, respectivamente, en el marco del trámite preferente y especial de control
de legalidad presupuestal con radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00, que
decidió sobre las objeciones al Acuerdo municipal 697 de 2025 promovido contra el
Concejo Municipal de Florida (Valle del Cauca).
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
1. AMPARAR los derechos fundamentales al Debido Proceso y al Acceso a la
Administración de Justicia del Municipio de Florida (Valle del Cauca).
2. DEJAR SIN EFECTOS PARCIALES la Sentencia de Única Instancia No. 116 del
26 de marzo de 2026 y el Auto Interlocutorio No. 100 del 5 de mayo de 2026, ambos
proferidos dentro del expediente No. 76001-23-33-000-2025-00882-00, únicamente
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Demandante: Municipio de Florida (Valle del Cauca)
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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en lo concerniente a la desestimación y estudio de los cargos primero y quinto de
las objeciones presupuestales.
3. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca proferir una providencia complementaria o de reemplazo en la que efectúe un
control de legalidad integral, aplicando de forma estricta los límites técnicos
contemplados en el artículo 63 del Decreto Orgánico 111 de 1996 y el inciso segundo
del artículo 351 de la Constitución Política.
4. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca pronunciarse de manera expresa sobre la aplicación o el apartamiento razonado
de la doctrina constitucional contenida en las Sentencias C-538 de 1995 y C-022 de
2004, en relación con la reserva de planeación del Alcalde y la protección de las
inversiones del Plan de Desarrollo frente a las modificaciones presupuestales
adoptadas por el Concejo Municipal.
5. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión pronunciarse de manera expresa sobre la
compatibilidad de la reducción de $753'992.540 del Impuesto de Alumbrado Público
con la protección constitucional reforzada del artículo 359 C.P., y resolver la
contradicción interna existente entre la invalidez declarada del parágrafo 2° del artículo
2° del Acuerdo No. 697 de 2025 y el mantenimiento de dicha reducción económica.
6. ORDENAR a la Sala Tercera de Decisión verificar y pronunciarse sobre el
cumplimiento del principio de planeación (artículos 339, 340, 341 y 344 C.P. y artículos
3°, 33, 40 y 44 de la Ley 152 de 1994), esto es, sobre la existencia de aceptación previa
y escrita del Alcalde, concepto previo y favorable del COMFIS, y registro en el Banco
de Proyectos de Inversión Municipal, respecto de las modificaciones presupuestales
cuestionadas.
7. PREVENIR a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca para que, en lo sucesivo, al resolver solicitudes de aclaración y adición de
sentencias, se abstenga de calificar genéricamente como “inconformismo de fondo”
aquellos planteamientos que constituyan omisiones genuinas sobre extremos de la litis,
en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso1.
1.3. Hechos
En el escrito de tutela el accionante mencionó los siguientes supuestos fácticos:
El 31 de octubre de 2025, el alcalde del municipio de Florida (Valle del Cauca),
radicó ante el Concejo Municipal de esa entidad territorial el proyecto de
presupuesto para la vigencia fiscal 2026.
El 6 de diciembre de 2025, el Concejo Municipal aprobó el Acuerdo No. 697 de
2025, introduciendo modificaciones unilaterales que incluyeron: i) la reducción de
$753.992.540 de los recursos de balance adscritos al Impuesto de Alumbrado
Público (IAP); y, ii) el traslado de $200.000.000 desde el sector de Gobierno
Territorial hacia el sector deporte (IMDER).
El tutelante adujo que dichas modificaciones se realizaron sin contar con el
concepto previo favorable del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS), sin
estudios técnicos de viabilidad, sin registro en el Banco de Proyectos de Inversión
Municipal (BPIM) y sin el aval del secretario de Hacienda.
Ante tales irregularidades, la alcaldía formuló objeciones de derecho por
inconstitucionalidad e ilegalidad, las cuales fueron decididas en única instancia por
1 Trascripción literal del original con posibles errores.
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el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la sentencia No. 116 del 26
de marzo de 2026, proferida dentro del expediente No. 76001-23-33-000-2025-
00882-00, en la que declaró la invalidez de algunas prohibiciones contractuales2 y
confirmó la validez del traslado al IMDER y de la desfinanciación del alumbrado
público3.
El 16 de abril de 2026, la administración municipal radicó solicitud de aclaración y
adición de la anterior decisión, en las que requirió un pronunciamiento sobre la
omisión de análisis de las leyes orgánicas presupuestales4.
Mediante auto del 5 de mayo de 2026, el tribunal accionado negó dichas solicitudes,
admitiendo expresamente en su motivación que no estudió de fondo las
disposiciones normativas orgánicas por considerarlas una “réplica” constitucional.
1.4. Sustento de la vulneración
El accionante aseguró que la sentencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:
1. Sustantivo por omisión normativa absoluta y por desconocimiento del artículo
359 de la Constitución5. Alegó que el tribunal omitió, tanto en la sentencia como en
2 El tribunal estudió los cargos 2 y 4 de las objeciones propuestas así: i) el Concejo añadió parágrafos
que prohibían transferencias a una empresa específica (Florida Servicios S.A.S.) y limitaban la firma
de convenios con entidades que no tuvieran sus juntas directivas actualizadas. El cargo prosperó al
considerar que estas prohibiciones son una intromisión indebida en la gerencia pública y las
facultades ejecutivas del alcalde (Art. 315 CP). El Concejo puede autorizar la contratación general,
pero no puede intervenir en la actividad contractual específica ni imponer requisitos a la gestión
administrativa; ii) el Concejo incluyó los artículos 36 y 37 para que el municipio asumiera de forma
permanente el pago de servicios públicos de organismos de socorro (bomberos y voluntarios). El
cargo prosperó al establecerse que estas disposiciones vulneran el principio de unidad de materia
porque tienen vocación de permanencia, excediendo la vigencia anual del presupuesto. Además, el
artículo 37 pretendía dar facultades de traslado presupuestal al alcalde que son propias del concejo.
3 La observación consistía en indicar que el concejo realizó cambios sin el aval escrito de la secretaría
de Hacienda, incluyendo una reducción de $753 millones en recursos de balance y traslados de
inversión hacia el sector deporte (IMDER). El cargo no prosperó, en razón a que, de conformidad
con el artículo 351 de la Constitución, solo se requiere la aceptación escrita del ejecutivo cuando se
pretende aumentar o incluir nuevas partidas. Como el Concejo solo redujo o trasladó montos sin
aumentar el aforo global, su actuación fue válida.
4 Sobre el particular, el accionante expuso que del análisis realizado a los cargos primero y quinto
hay un punto que ofrece verdadero motivo de duda, y que tiene que ver con el traslado de
$200’000.000 al sector IMDER que fue adoptado en el debate presupuestal sin COMFIS, sin estudios
de viabilidad, sin registro en el banco de proyectos y sin correspondencia previa con el POAI
aprobado por el COMFIS el 14 de octubre de 2025. Al respecto, sostuvo que, a pesar de que la
sentencia reconoce expresamente que el marco constitucional y orgánico del presupuesto se aplica
a las entidades territoriales, se realiza una aplicabilidad selectiva del artículo 351 de la Carta Política,
pues solo se analizó lo relacionado con la posible vulneración del inciso primero del mencionado
artículo, sin indicar si el traslado vulneró o no la excepción del inciso segundo sobre la imposibilidad
de reducir o eliminar partidas de inversión vinculadas al Plan de Desarrollo. En ese sentido,
argumentó que la competencia del concejo para aprobar traslados o reducir partidas no es ilimitada
y no alcanza las inversiones vinculadas al Plan de Desarrollo por mandato expreso de la excepción
constitucional, y que la omisión en el análisis del inciso segundo constituye una motivación
insuficiente que influye en el resolutivo.
5 Artículo 359. No habrá rentas nacionales de destinación específica. Se exceptúan:
1. Las participaciones previstas en la Constitución en favor de los departamentos, distritos y
municipios.
2. Las destinadas para inversión social.
3. Las que, con base en leyes anteriores, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las
antiguas intendencias y comisarías.
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el auto cuestionados, aplicar el artículo 63 del Decreto 111 de 19966 (Estatuto
Orgánico del Presupuesto). Sostuvo que esta norma no es una simple réplica de la
Constitución, sino que introduce el concepto técnico del Plan Operativo Anual de
Inversiones (POAI) y el principio de consistencia presupuestal. Asimismo,
argumentó que se afectó una renta de destinación específica (Impuesto de
Alumbrado Público) amparada constitucionalmente, lo que constituye una
contradicción porque el fallo permite al alcalde girar recursos, pero mantiene una
reducción presupuestal que hace imposible financiar el servicio.
2. Por motivación aparente e insuficiente. Cuestionó que la sentencia ignoró el
análisis del inciso segundo del artículo 351 de la Constitución7, el cual prohíbe a los
cuerpos legislativos reducir o eliminar partidas de inversión autorizadas en los
planes de desarrollo. Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Valle identificó dos
modificaciones distintas realizadas por el Concejo municipal: la reducción de
recursos de balance del alumbrado público y el traslado de $200'000.000 al sector
deporte. Sin embargo, la sentencia solo analizó la primera de ellas frente a la
prohibición constitucional del artículo 351, omitiendo por completo verificar si el
traslado al IMDER afectaba o no las inversiones autorizadas en el Plan de
Desarrollo.
A su juicio, esta omisión es especialmente grave debido a que dicho traslado
modificó directamente el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) que ya había
sido aprobado por el COMFIS. Además, criticó que el tribunal validó la reducción de
recursos basándose en que estos "no afectan los gastos de funcionamiento",
siguiendo criterios de la Ley 617 de 2000, lo que es ajeno al debate, ya que la
excepción del artículo 351 de la Constitución protege las inversiones basándose en
su inclusión en los planes y programas de desarrollo (Art. 3418),
6 ARTÍCULO 63. El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el
gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás
obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la
administración, las autorizadas en el plan operativo anual de inversiones y los planes y programas
de que trata el numeral 3 del artículo 150 de la Constitución.
7 ARTICULO 351. (…) El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el
Gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás
obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la
administración y las inversiones autorizadas en los planes y programas a que se refiere el
artículo 341.
8 ARTICULO 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de
las autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura
y someterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la
opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que considere pertinentes y presentará el
proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del
período presidencial respectivo. Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones
conjuntas de asuntos económicos, cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria.
Los desacuerdos con el contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el
gobierno ejecute las políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el
gobierno decida modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el
artículo siguiente. El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación
sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su
ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, en
las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados
en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término
de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con
fuerza de ley. El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se
mantenga el equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento
solicitadas en el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en
él, requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional.
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independientemente de si se consideran técnicamente gastos de funcionamiento.
3. Desconocimiento de la doctrina constitucional vinculante. Acusó a la autoridad
judicial accionada de no aplicar el precedente (sentencias C-538 de 1995 y C-022
de 2004) que establece al alcalde como el único sujeto planificador y protege las
inversiones del Plan de Desarrollo frente a modificaciones unilaterales de los
concejos municipales.
4. Decisión sin motivación. Criticó la falta de pronunciamiento sobre la ausencia
del concepto previo y favorable del alcalde y del Consejo Municipal de Política Fiscal
(COMFIS) para alterar la estructura de inversión.
5. Exceso ritual manifiesto. Afirmó que el tribunal calificó genéricamente su
solicitud de aclaración como un "inconformismo de fondo" para evitar pronunciarse
sobre omisiones genuinas y contradicciones lógicas de la sentencia.
6. Desconocimiento parcial del precedente constitucional sobre el proceso
presupuestal. Indicó que el accionado se valió de sentencias de la Corte
Constitucional (C-652 de 2015 y C-036 de 2023) para validar la competencia del
Concejo Municipal, pero ignoró la protección reforzada que esas mismas sentencias
dan a las partidas ya aprobadas en el Plan de Desarrollo, las cuales gozan de la
protección reforzada que esa misma corte reconoce a los actos que son fruto de un
proceso de creación y reforma calificado, entonces la modificación posterior y
unilateral de esas partidas por vía de una reasignación intersectorial adoptada en el
marco del debate presupuestal, sin los estudios técnicos ni el aval del COMFIS, se
sustrae precisamente de las garantías de deliberación calificada que sustentan la
legitimidad democrática del propio Plan de Desarrollo que dice modificar.
1.5. Trámite y contestación de la tutela
Mediante auto de 9 de julio de 2026 se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los magistrados que
integran el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Asimismo, se ordenó
vincular a los concejales del municipio de Florida (Valle del Cauca) como terceros
con interés en las resultas del proceso.
Remitidas las respectivas comunicaciones se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Concejo Municipal de Florida (Valle del Cauca)
El presidente de esta corporación se pronunció frente a los defectos señalados por
la parte al accionante, sobre los cuales indicó, en primer lugar, que no hubo omisión
del artículo 63 del Decreto 111 de 1996, pues esta norma es una "réplica sustancial"
del artículo 351 de la Constitución. En ese sentido, al analizar la norma
constitucional, el tribunal automáticamente agotó el estudio de la norma orgánica.
Por otra parte, contrario a lo alegado sobre una "motivación aparente", afirmó que
la sentencia acusada analizó de forma explícita y detallada el inciso segundo del
artículo 351 de la Constitución en su numeral 4.1.1, concluyendo que la reducción
de recursos no afectaba gastos fijos ni el servicio de la deuda.
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En cuanto a las rentas de destinación específica negó la vulneración del artículo
359 constitucional y aclaró que el ajuste se hizo sobre recursos del balance
(ingresos de capital no recaudados en 2024) y no sobre el recaudo corriente del
Impuesto de Alumbrado Público, el cual permaneció amparado en el presupuesto.
Sobre los traslados al IMDER el concejo defendió que la transferencia de 200
millones fue una reasignación sectorial que no requería aval escrito del secretario
de Hacienda, ya que no aumentó el monto global del presupuesto ni creó rubros
nuevos. Sostuvo que exigir la aceptación escrita del alcalde para reducciones o
traslados convertiría al concejo en una simple "notaría" del ejecutivo, anulando su
función democrática y deliberativa. El documento precisó que el COMFIS es un
órgano asesor interno de la alcaldía y sus conceptos no pueden supeditar ni
restringir la potestad constitucional del concejo para ajustar partidas
presupuestales.
Alegó que se aplicó correctamente el precedente de la Corte Constitucional
(sentencias C-652 de 2015 y C-036 de 2023), el cual ratifica que la modificación del
presupuesto corresponde a los cuerpos colegiados de representación popular y no
puede ser limitada unilateralmente por los mandatarios.
Sobre el presunto exceso ritual manifiesto, argumentó que el demandado actuó
correctamente al negar la aclaración, pues las peticiones de la alcaldía no buscaban
resolver frases oscuras, sino reconsiderar el fondo de la decisión, lo cual vulneraría
el principio de inmodificabilidad de las sentencias.
Finalmente, denunció que la administración municipal actuó de mala fe procesal al
intentar simular vicios de inconstitucionalidad basados en la inasistencia deliberada
de sus propios secretarios a los debates del presupuesto.
1.5.2. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Esta corporación sostuvo que la tutela es improcedente por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional. Afirmó que el accionante busca utilizar esta
vía como una tercera instancia para reabrir un debate legal y económico que ya fue
zanjado por el juez natural.
Defendió que las modificaciones realizadas por el Concejo Municipal (reducción de
$753 millones y traslado de $200 millones al IMDER) fueron válidas. Al efecto,
explicó que no se requería el aval escrito del alcalde porque no se aumentó el monto
global del presupuesto ni se incluyeron partidas nuevas, ajustándose al artículo 351
de la Constitución.
Sobre la negativa de aclarar y adicionar la sentencia señaló que: i) la petición del
municipio no buscaba resolver dudas sobre frases oscuras, sino expresar un
inconformismo de fondo con la decisión judicial; y, ii) la sala abordó el estudio y
definición de los cargos primero y quinto del escrito de objeciones por estar
directamente relacionados y que si bien dentro de dicho acápite no se hizo
referencia expresa al artículo 63 del Decreto 111 de 1996, dicha omisión no implica
la necesidad de adicionar la providencia, toda vez que la norma a que se hace
referencia replica el inciso segundo del artículo 351 de la Carta Política, cuyo
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análisis sí se abordó en ese punto de la sentencia.
1.6. Manifestación de impedimento
Mediante memorial allegado el 29 de julio de 2026, la magistrada Gloria María
Gómez Montoya manifestó su impedimento para conocer el asunto. Al respecto,
indicó estar incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código
de Procedimiento Penal9, con fundamento en que sostiene una relación de amistad
íntima y entrañable con el magistrado Eduardo Antonio Lubo Barros, quien hace
parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y suscribió la sentencia del 26
de marzo de 2026, objeto de controversia en el presente trámite constitucional.
No obstante, por auto del 30 de julio del 2026, el despacho sustanciador declaró
infundado el impedimento por no haberse acreditado la configuración de los
elementos de la causal.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la sala analizar si la autoridad judicial accionada incurrió en alguna
irregularidad que atente contra los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del municipio accionante al proferir la
sentencia de única instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y el auto que negó las solicitudes de aclaración y adición de la misma, en
el marco del proceso con radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00, que decidió
sobre las objeciones al Acuerdo municipal 697 de 2025 promovido contra el Concejo
Municipal de Florida (Valle del Cauca).
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente,
de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
9 Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento: […] 5. Que exista amistad
íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el
funcionario judicial.
10 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se
ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que
se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que
debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
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2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 26 de junio de 2022
explicó que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión
judicial “...el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar
un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.”
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del fallo
objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.
A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:
...(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de
una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales.11
En el presente asunto se observa que la parte actora atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia de 26 de marzo de 2026,
mediante la cual el tribunal accionado accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda y al auto de 5 de mayo del mismo año mediante el cual negó las
solicitudes de aclaración y adición de dicho fallo, en el marco del proceso con
radicado 76001-23-33-000-2025-00882-00, que decidió sobre las objeciones al
Acuerdo municipal 697 de 2025 promovido contra el Concejo Municipal de Florida
(Valle del Cauca).
En su criterio, la autoridad judicial accionada al proferir las mencionadas
providencias incurrió en varios defectos, los cuales se resumen en que: i) se
inaplicaron los artículos 63 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del
Presupuesto) 351 y 359 de la Constitución; ii) se profirieron sin motivación al no
explicar que los cambios en el presupuesto se realizaron sin concepto previo y
favorable del alcalde y del Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) para
alterar la estructura de inversión; y, iii) se desconoció el precedente de las
sentencias C-538 de 1995, C-022 de 2004, C-652 de 2015 y C-036 de 2023.
11 Destacado por la Sala.
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En el caso objeto de estudio, la solicitud de amparo presentada por el tutelante no
satisface el requisito de relevancia constitucional, comoquiera que las
inconformidades planteadas no contienen la carga argumentativa necesaria que dé
cuenta de las razones del porqué el asunto requiere la intervención del fallador de
esta sede; es decir, no tienen la entidad o trascendencia para aplicar, interpretar o
desarrollar mandatos constitucionales.
Lo primero que se advierte es que el extremo actor, si bien alegó la posible
configuración de los defectos mencionados en precedencia, lo cierto es que,
ninguno cumple con la argumentación mínima para su estudio, de conformidad con
lo establecido por la Corte Constitucional cuando se le atribuye la vulneración de
derechos fundamentales a una providencia judicial.
Esto por cuanto se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la demanda
ordinaria sobre las objeciones al Acuerdo municipal 697 de 2025 promovido contra
el Concejo Municipal de Florida y posteriormente en la solicitud de adición y
aclaración de la sentencia, las cuales versaban sobre las facultades de los concejos
municipales para realizar modificaciones al presupuesto.
Ahora bien, revisada la motivación, tanto de la sentencia que puso fin a la litis como
del auto que resolvió sobre su adición y aclaración y que ahora son objeto de
cuestionamiento, se evidencia que, la autoridad judicial accionada indicó:
• Sentencia de 26 de marzo de 2026
(…) 4.1. Estudio y definición de los cargos primero y quinto (por estar en directa
relación)
En los cargos primero y quinto, se aduce -en síntesis- que el Concejo Municipal de
Florida vulneró el artículo 351 de la Constitución por haber realizado modificaciones
presupuestales en ausencia del secretario de Hacienda Municipal y sin su
correspondiente aceptación escrita.
Explica que las modificaciones consistieron en i) reducir a $0 los recursos de balance,
los cuales inicialmente estaban por valor de $753’992.540, disminuyendo -de paso-
el presupuesto de ingresos por ese mismo valor; y ii) realizar movimientos del
presupuesto de inversión trasladando recursos del sector “Gobierno territorial” al
sector “IMDER”, modificando de facto el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI),
sin contar con estudios técnicos, viabilidad de proyectos ni con el concepto previo del
Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS).
4.1.1. Aplicación de las reglas constitucionales y orgánicas sobre el
presupuesto en las entidades territoriales12
(…) En cuanto a la modificación de los presupuestos de las entidades territoriales, la
Corte Constitucional, en la sentencia C-186 de 2020, señaló:
Con fundamento en estos preceptos constitucionales, tanto la Corte Constitucional
como el Consejo de Estado han señalado que en tiempos de paz la programación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de los departamentos,
municipios y distritos le corresponde a las corporaciones públicas de elección
12 Acápite en el que se tuvieron en cuenta, entre otros: “el artículo 14 del Decreto 111 de 1996, uno
de los principios del sistema presupuestal es el de anualidad. Con fundamento en este principio, la
norma aclara que el año fiscal comienza el primero de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año” y las sentencias C-178 de 2021, C-036 de 2023, C-652 de 2015 y C-1064 de 2001; artículos
313.5, 352, 353, 345 y 453 de la Constitución, 109 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.
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popular y, específicamente, a las asambleas departamentales y a los concejos
distritales y municipales, mientras que en materia presupuestal las facultades de
los gobernadores y alcaldes son, por regla general, de mera ejecución.
Sin perjuicio de las precisiones que se efectúen en el acápite subsiguiente, es
importante precisar, desde ahora, que los artículos 76 a 88 y 109 del Estatuto
Orgánico del Presupuesto se refieren al proceso para efectuar las
modificaciones al presupuesto y prevén que (i) las modificaciones al
presupuesto nacional, departamental, distrital y municipal pueden ser de cuatro
tipos: adiciones, traslados, reducciones y aplazamientos y que (ii) en tiempos de
paz estas modificaciones no pueden ser efectuadas por el ejecutivo, sino que deben
ser aprobadas por los correspondientes órganos de representación popular, es decir,
por el Congreso en el caso del presupuesto general de la Nación, por la respectiva
asamblea tratándose del presupuesto departamental y por los concejos distritales
y municipales, en el caso de los presupuestos de distritos y municipios. El
ejecutivo únicamente puede realizar estas modificaciones (i) si recibe previa y expresa
autorización de la corporación pública correspondiente y (ii) tratándose de los alcaldes
en el supuesto previsto en el literal g) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado
por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012 (negrillas adicionales, subrayas propias).
(…) Como puede apreciarse, las modificaciones realizadas por el Concejo Municipal
al proyecto de Acuerdo, no implicaron aumento en alguna de las partidas del
presupuesto de gastos propuestas por el alcalde Municipal en su proyecto, ni la
inclusión de una nueva, por lo que dichas modificaciones no encajan dentro del
supuesto del inciso primero del artículo 351 de la Constitución Política. Así las cosas,
mal podría afirmarse que para realizarlas era necesario contar con el aval o la
aceptación escrita del secretario de Hacienda Municipal.
Adicionalmente, la eliminación o reducción realizada era viable en la medida en que
no corresponde a las excepciones enlistadas en el inciso segundo de la norma
constitucional mencionada, toda vez que corresponden a recursos de balance que,
en todo caso, no afectan los gastos de funcionamiento. (…)
• Auto de 5 de mayo de 2026
(…) Se observa que el mandatario municipal insiste en exponer argumentos
tendientes a estructurar las transgresiones alegadas en los cargos primero y quinto
del escrito de objeciones, y con base en dichos argumentos de oposición, censura el
análisis realizado por la Sala y solicita precisiones puntales que desbordan el alcance
de una aclaración de sentencia.
Es decir, en el presente asunto los planteamientos de la parte solicitante no radican
en alguna frase o concepto que ofrezca verdadero motivo de duda y que estén en
la parte resolutiva de la sentencia o que influyan en ella; se trata, a no dudarlo, de un
inconformismo respecto del fondo de la decisión tomada por este Tribunal de declarar
imprósperos los cargos primero y quinto del escrito de objeciones al Acuerdo, al no
encontrar configurada la vulneración alegada.
(…) En cuanto a la solicitud de adición, la Sala abordó el estudio y definición de los
cargos primero y quinto del escrito de objeciones por estar directamente relacionados,
y que si bien dentro de dicho acápite no se hizo referencia expresa al artículo 63 del
Decreto 111 de 1996, dicha omisión no implica la necesidad de adicionar la
providencia, toda vez que la norma a que se hace referencia replica el inciso segundo
del artículo 351 de la Carta Política, cuyo análisis sí se abordó en ese punto de la
sentencia.
(…) Buena parte de los aspectos que el señor alcalde pretende obtener a través de
su petición de “aclaración” y “adición” tiene que ver con cuestiones que se siguen de
las determinaciones adoptadas por la Sala, es decir, la manera como debería actuar
la administración local y las consecuencias financieras, presupuestales, técnicas,
entre otras, que se derivan del fallo que aquí se dictó, cuestiones que desbordan -por
supuesto- el margen de competencia de este Tribunal, al que le correspondió,
mediante un juicio de constitucionalidad y de legalidad, establecer si el Acuerdo
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objetado era válido o no, más o no a determinar, como se pretende ahora, a dilucidar
o establecer los efectos presupuestales y hasta procedimentales que habrían de
seguirse a causa de la declaratoria de invalidez parcial del acto administrativo
censurado.
En esa medida, de la lectura de las providencias cuestionadas se advierte que la
autoridad judicial accionada expuso las razones jurídicas que sustentaron la
decisión adoptada dentro del trámite preferente y especial de control de legalidad
presupuestal que decidió sobre las objeciones al Acuerdo municipal 697 de 2025,
esto es, considerar que las modificaciones hechas al proyecto de presupuesto por
parte del Concejo Municipal de Florida no vulneraron la Constitución y se
acompasan con las facultades otorgadas a dichas corporaciones territoriales de
introducir modificaciones a los proyectos de acuerdo, circunstancia que evidencia
que la inconformidad de la parte actora recae sobre los criterios interpretativos
asumidos por el juez natural de la causa.
Desde esa perspectiva, la controversia planteada carece de relevancia
constitucional autónoma, pues el debate propuesto se contrae a una discusión de
naturaleza legal, relacionada con la interpretación de las reglas constitucionales y
orgánicas sobre el presupuesto en las entidades territoriales, aspecto que, de
conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
2019, no habilita la intervención excepcional del juez de tutela.
Aunado a lo anterior, y revisados los argumentos expuestos por el tutelante en el
sustento de la vulneración, no se avizora que respecto de dichas providencias se
hubiese desarrollado un argumento sólido que demuestre la transgresión de sus
derechos fundamentales, que permitan superar el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que para ello se torna indispensable que el interesado
identifique y desarrolle los yerros de los cuales adolece la providencia, exponga
cómo sus garantías superiores son vulneradas con ocasión de las irregularidades
contenidas en el auto enjuiciado, y determine con suficiencia las razones del por
qué el asunto implica la intervención del fallador de esta sede.
En este orden, y si bien la parte actora intenta exponer las razones por las cuales
considera que el tribunal demandado al proferir las providencias cuestionadas
incurrió en una vulneración de sus garantías constitucionales, en realidad lo que se
evidencia es una simple inconformidad con lo dispuesto por éste en las decisiones
censuradas, y las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una
trasgresión de los mencionados derechos.
Se reitera que el juez constitucional no está instituido como órgano de control de las
providencias judiciales que son adoptadas en el curso de los procesos o trámites
que se adelantaron conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador,
ya que, de avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela
y la desarticulación de la organización judicial.
Finalmente, respecto del cargo por desconocimiento del precedente, si bien se
señalaron las providencias inadvertidas por el juez ordinario, lo cierto es que no
realizó algún análisis en el que se indicara la regla o subregla determinante aplicable
a la solución del nuevo caso y su incidencia en la decisión que deba adoptar el juez
natural del asunto, asimismo, como se expuso en los apartes transcritos de la
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sentencia acusada, el tribunal accionado tomó como base de su decisión, entre
otras, algunas de las sentencias que el tutelante consideró como desconocidas.
No sobra iterar que, en garantía de los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada
y del respeto por el precedente judicial, la acción de tutela contra providencias
judiciales debe ser rigurosa a la hora de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate planteado por los tutelantes busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia, por lo que se impone declarar la improcedencia de la presente
acción.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela promovida por el municipio
de Florida (Valle del Cauca) por no superar el requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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