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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05202-00

Fecha
4 de agosto de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05202-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por la señora Mayerlis Gómez Estrada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 13 Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00 Actora: Mayerlis Gómez Estrada Acción de tutela 2º) Déjase sin efectos el auto del 28 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar en el proceso de reparación directa con radicación no. 13001- 33-33-004-2025-00138-01. 3º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión sobre el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de agosto de 2025, con observancia de las consideraciones expuestas en esta sentencia. 4º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por la Policía Nacional. 5º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05202-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

4 de agosto de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Cuatro (4) de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Demandante: MAYERLIS GÓMEZ ESTRADA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
DEFECTO PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL
MANIFIESTO EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE
CADUCIDAD. SE CONCEDE EL AMPARO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó las providencias que rechazaron por caducidad la
demanda de reparación directa que promovió por la muerte de su hijo. La Sala concederá el
amparo porque la autoridad judicial demandada reanudó el término desde la fecha de
expedición de la constancia de agotamiento de la conciliación extrajudicial, sin tener en cuenta
que esta fue comunicada por correo electrónico después del horario laboral y que no existía
prueba de su conocimiento por el destinatario ese mismo día.

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Mayerlis Gómez Estrada
en contra del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar para la protección de sus derechos fundamentales
del debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia previstos en los
artículos 29 y 229 de la Constitución Política y el derecho fundamental de la tutela
judicial efectiva1 así como el principio constitucional de prevalencia del derecho
sustancial previsto en el artículo 228 de la Constitución Política2.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Sobre la tutela judicial efectiva como derecho fundamental, ver las sentencias T-687 de 2003 y T-229
de 2022, entre otras.
2
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 7 de julio de 2026.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

1) La señora Mayerlis Gómez Estrada y otros promovieron demanda en ejercicio del
medio de control de reparación directa contra el municipio de San Pablo (Bolívar) y la
Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional con el fin de que se les declarara
administrativa y patrimonialmente responsables por la muerte del señor Jhon Mario
Echeverría Gómez, ocurrida el 23 de enero de 2023 en el corregimiento de Canaletal
del referido municipio3.

2) Los demandantes atribuyeron el daño a una falla del servicio por omisión, debido a
que el fallecimiento se produjo durante un evento público organizado por la
administración municipal, en el cual, según afirmaron, no había presencia suficiente de
la fuerza pública, organismos de socorro ni personal paramédico 4.

3) El 24 de enero de 2025, el apoderado de la parte demandante remitió por correo
electrónico la solicitud de conciliación extrajudicial a distintas direcciones de la
Procuraduría General de la Nación, a las 3:30, 3:35 y 3:42 pm.

4) En el trámite conciliatorio, mediante el auto no. 83 del 10 de junio de 2025 el agente
del Ministerio Público ordenó expedir la constancia de agotamiento del requisito de
procedibilidad la cual fue firmada electrónicamente ese día a las 7:55 pm y junto con la
referida providencia, fue remitida al correo electrónico del apoderado de la parte
convocante a las 8:02 pm5.

5) La demanda de reparación directa fue remitida por correo electrónico el 12 de junio
de 2025 y repartida al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena
al día siguiente, con el número 13001-33-33-004-2025-00138-006.

6) Mediante auto interlocutorio 414 del 25 de agosto de 2025, el juzgado rechazó la
demanda por considerar configurado el fenómeno jurídico de la caducidad, tras estimar
que el término de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA venció el 24 de enero

3
Archivo “0001DEMANDA.pdf” del expediente digital 13001-33-33-004-2025-00138-00.
4
Según se expuso en la demanda de reparación directa, los hechos ocurrieron hacia las 3:00 am del 23
de enero de 2023, durante un concierto organizado por la Alcaldía Municipal de San Pablo en el marco
de las fiestas patronales del corregimiento de Canaletal; una vez finalizó una presentación musical y se
retiró la fuerza pública que escoltaba al artista, el señor Jhon Mario Echeverría Gómez, quien departía
con sus familiares, fue atacado con un arma cortopunzante por otro asistente; la parte demandante
afirmó que en el lugar no había personal de seguridad, organismos de socorro ni paramédicos y que la
víctima falleció pocos minutos después.
5
Archivos “0012CORREO RADICADO NUMERO 1.pdf”, “0013CORREO RADICADO NUMERO 2.pdf”,
“0014CORREO RADICADO NUMERO 3.pdf” y “0002Anexo Demanda.pdf” del expediente ordinario.
6
Archivos “0003Anexos.pdf” y “0004ActaReparto (1).pdf” del expediente ordinario.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

de 2025, en tanto el fallecimiento del señor Echeverría Gómez ocurrió el 23 de enero
de 2023.

7) Esa autoridad judicial advirtió que la solicitud de conciliación extrajudicial había sido
presentada el 28 de enero de 2025, cuando ya había operado la caducidad y consideró
que la presentación de dicha solicitud no podía suspender un término extinguido; la
demanda se radicó el 12 de junio de 2025, por fuera de la oportunidad legal, de ahí que
se rechazó de conformidad con la causal prevista en el numeral 1 del artículo 169 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativa (en
adelante CPACA)7.

8) La parte demandante apeló esa decisión con fundamento en que la solicitud de
conciliación no fue presentada el 28 de enero de 2025, como lo indicó el juzgado, sino
el 24 de enero anterior, hecho que pretendió acreditar con los tres correos electrónicos
remitidos ese día a la Procuraduría General de la Nación8.

9) Por medio del auto del 28 de noviembre de 2025, notificado por estado del 15 de
abril de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó el rechazo.

10) La autoridad judicial demandada aceptó que la solicitud de conciliación fue
presentada el 24 de enero de 2025 y que suspendió oportunamente el término; sin
embargo, consideró que dicho efecto terminó con la expedición de la constancia el 10
de junio siguiente y que el único día restante para promover el medio de control
transcurrió el 11 de junio de 2025, por lo cual concluyó que la demanda radicada el día
12 siguiente era extemporánea9.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora sostuvo que la providencia del Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en un defecto sustantivo por la indebida aplicación del régimen de suspensión,
notificación electrónica y cómputo de la caducidad.

La autoridad judicial reconoció la presentación oportuna de la solicitud de conciliación,
pero negó la eficacia plena del día que restaba para promover la demanda, porque no

7
Archivo “0006AutoRechazaDemanda.pdf” del expediente ordinario.
8
Archivo “0009RECURSO DE APELACION 2025-138.pdf” del expediente ordinario.
9
Archivos “0021AutoCofirma2daInstancia.pdf” y “0022ComunicaciónEstadoElectrónico.pdf” del
expediente ordinario.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

tuvo en cuenta las circunstancias en las cuales fueron comunicados el auto y la
constancia de agotamiento.

Las reglas generales de cómputo de términos y notificación electrónica impedían
equiparar la expedición interna de la constancia con su conocimiento efectivo y la
interpretación del tribunal produjo un resultado contrario a la finalidad de la suspensión,
en tanto aceptó que la parte actuó oportunamente pero al mismo tiempo concluyó que
la demanda fue presentada por fuera del término.

Atribuyó a la providencia un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido
a que, a su juicio, las autoridades demandadas privilegiaron una lectura formalista de
las normas sobre caducidad y sacrificaron el acceso al juez natural, pese a que la
diferencia en el cómputo era de un día y la demanda versaba sobre la muerte de una
persona.

En criterio de la parte actora, el principio de prevalencia del derecho sustancial imponía
una interpretación pro actione que permitiera continuar con el trámite de admisión de
la reparación directa, sin que ello implicara desconocer el carácter de orden público de
la caducidad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
efectivo a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y prevalencia
del derecho sustancial de los accionantes.

2. DEJAR SIN EFECTOS el auto interlocutorio del 28 de noviembre de 2025,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión No. 06,
dentro del radicado 13001-33-33-004-2025-00138-01.

3. DEJAR SIN EFECTOS, como consecuencia de lo anterior, el auto
interlocutorio No. 414 del 25 de agosto de 2025, proferido por el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena dentro del radicado 13001-
33-33-004-2025-00138-00.

4. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar, o a la autoridad judicial
que corresponda, proferir una nueva decisión en la que contabilice
correctamente el término de caducidad luego de la suspensión producida por
la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 24 de enero de 2025,
valore que la comunicación electrónica de la constancia de agotamiento fue
enviada al apoderado el 10 de junio de 2025 a las 8:02 p.m. y tenga como
oportuna la demanda radicada el 12 de junio de 2025.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

5. ORDENAR al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cartagena
continuar el trámite correspondiente de admisión de la demanda de
reparación directa, sin rechazarla por la causal de caducidad aquí debatida.

6. DISPONER las demás órdenes necesarias para restablecer materialmente
los derechos fundamentales vulnerados y garantizar que los accionantes
puedan acceder al juez natural del medio de control de reparación directa.”.

4. Actuación procesal

Mediante auto del 8 de julio de 2026 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Bolívar y a la
titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y se vinculó
al agente de la Procuraduría 130 Judicial II para Asuntos Administrativos, al
comandante de la Policía Nacional y al alcalde del municipio de San Pablo (Bolívar).

En la misma providencia se negó la medida provisional solicitada, dirigida a que se
ordenara la suspensión de la providencia judicial cuestionada 10.

5. Actuación de las autoridades demandadas y vinculadas

La titular del Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena solicitó
que se declare improcedente la acción o se niegue el amparo, porque las providencias
cuestionadas fueron proferidas por autoridades competentes, se encuentran motivadas
y no incurrieron en alguna causal específica de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.

Explicó que el tribunal valoró los documentos aportados con el recurso de apelación y
aceptó que la solicitud de conciliación fue presentada el 24 de enero de 2025; no
obstante, mantuvo la conclusión según la cual la demanda de reparación directa fue
radicada por fuera del término legal.

La suspensión de la caducidad no depende de la comunicación de la constancia, sino
de los supuestos previstos expresamente por el legislador.

La jefe del Área Jurídica de la Secretaría General de la Policía Nacional pidió que se
desvincule a la autoridad por falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que

10
Índice 0006 del aplicativo SAMAI.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

las decisiones cuestionadas fueron adoptadas exclusivamente por las autoridades
judiciales demandadas y la institución no intervino en su expedición.

El apoderado judicial del municipio de San Pablo (Bolívar) solicitó que se declare
improcedente la acción por incumplimiento de los requisitos generales de procedencia
y, subsidiariamente, que se niegue el amparo por no configurarse los defectos
sustantivo y procedimental invocados.

Señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar efectuó una interpretación razonable
de las normas sobre caducidad, reconoció la presentación oportuna de la solicitud de
conciliación y aplicó el tiempo restante para promover la demanda.

La parte actora pretende que el juez de tutela sustituya el criterio jurídico del juez
natural por una interpretación distinta de las reglas de cómputo y de las comunicaciones
electrónicas.

El Tribunal Administrativo de Bolívar y el agente de la Procuraduría 130 Judicial II para
Asuntos Administrativos guardaron silencio pese a estar debidamente notificados11.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) delimitación del asunto,
3) la solicitud de desvinculación y 4) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para

11
Índice 00017 del aplicativo SAMAI.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

desplazar o variar las competencias ordinarias de las autoridades judiciales debido a
que tiene un carácter subsidiario y residual.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales.

2. Delimitación del asunto

La Sala aclara que, si bien la acción de tutela se dirigió contra el auto del 25 de agosto
de 2025 proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y contra el auto del 28 de noviembre de 2025 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, lo cierto es que los argumentos de reproche se orientan materialmente a
controvertir la decisión de segunda instancia.

En efecto, el juzgado rechazó la demanda porque consideró que la solicitud de
conciliación fue presentada el 28 de enero de 2025, cuando ya había vencido el
término, premisa que fue corregida por el tribunal en tanto aceptó la presentación de
dicha solicitud el 24 de enero de 2025 y confirmó la decisión por considerar que,
terminado el efecto suspensivo de la conciliación, la demanda de reparación directa
debía radicarse hasta el 11 de junio y no hasta el 12 de junio de 2025, como en efecto
se hizo.

Por consiguiente, la providencia que definió el marco de la controversia constitucional
y puso fin al proceso ordinario es el auto del Tribunal Administrativo de Bolívar y ante
la eventualidad de accederse al amparo, esa autoridad sería la competente para
cumplir la orden y proferir la decisión de reemplazo.

En suma, el análisis de la Sala se circunscribirá a lo resuelto en segunda instancia.

3. La solicitud de desvinculación

Frente a la solicitud de desvinculación formulada por la jefe del Área Jurídica de la
Secretaría General de la Policía Nacional, la Sala considera que no hay lugar a acceder
a ella dado que esa institución integró el extremo demandado del proceso ordinario y

8
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

fue vinculada como tercera con interés en las resultas de la presente acción, condición
que debe conservar hasta la finalización del trámite constitucional.

Por esa razón en la parte resolutiva se negará la solicitud de desvinculación de la
Policía Nacional, sin que ello implique atribuirle la vulneración alegada, la cual se
predica exclusivamente de las autoridades judiciales demandadas.

4. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Bolívar con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva, presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 28 de noviembre
de 2025, por medio del cual se confirmó la decisión que rechazó la demanda de
reparación directa por configurarse el fenómeno jurídico de la caducidad.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala concederá el amparo
solicitado por la configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
de acuerdo con las razones que se exponen a continuación:

4.1 La procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela cumplió los requisitos generales de procedencia establecidos por
la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) la controversia planteada tiene relevancia
constitucional ya que involucra el acceso efectivo a la administración de justicia y la
prevalencia del derecho sustancial frente al rechazo de una demanda y, según la parte
actora, sin que la autoridad judicial demandada hubiera examinado las circunstancias
en las cuales fue comunicada la constancia que reanudaba el término; ii) la parte actora
agotó los medios de defensa judicial disponibles, toda vez que interpuso el recurso de
apelación contra el auto que rechazó la demanda y la providencia que resolvió la alzada
no era susceptible de otro recurso ordinario; iii) la irregularidad alegada fue
determinante para la decisión, en tanto condujo directamente a confirmar el rechazo de
la demanda; iv) la parte demandante identificó razonablemente los hechos que
originaron la vulneración, los derechos transgredidos y las causales específicas que
atribuyó a la providencia; v) no se controvierte una sentencia de tutela y vi) se satisfizo
el requisito de inmediatez, dado que entre la notificación por estado de la providencia

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

cuestionada, ocurrida el 15 de abril de 2026, y la presentación de la acción el 7 de julio
siguiente transcurrieron dos meses y veintidós días.

4.2 Caracterización del defecto procedimental

1) Este defecto encuentra su razón de ser en los artículos 29 y 228 de la Constitución,
los cuales consagran las garantías constitucionales del debido proceso, el acceso a la
administración de justicia y el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el
procesal12.

2) En términos generales esta causal específica y propia de acciones de tutela contra
providencias judiciales se configura cuando el juez actúa completamente por fuera del
procedimiento establecido por el legislador, bien sea porque i) desconoce abiertamente
o se aparta por completo del procedimiento, o ii) cuando el goce efectivo de los
derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales.

3) En el primer caso estamos en presencia de la modalidad que la jurisprudencia ha
denominado “defecto procedimental absoluto” y en el segundo en un “exceso ritual
manifiesto”.

4) La jurisprudencia constitucional ha establecido al respecto que:

“(a) el defecto procedimental absoluto ocurre cuando <<se aparta por
completo del procedimiento establecido legalmente para el trámite de un
asunto específico, ya sea porque: i) se ciñe a un trámite completamente ajeno
al pertinente -desvía el cauce del asunto-, o ii) omite etapas sustanciales del
procedimiento establecido legalmente, afectando el derecho de defensa y
contradicción de una de las partes del proceso>>. (b) El defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto, ocurre cuando la autoridad
judicial <<(…) un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un
obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus
actuaciones devienen en una denegación de justicia>>; es decir, el
funcionario judicial incurre en esta causal cuando “(i) no tiene presente que el
derecho procesal es un medio para la realización efectiva de los derechos de
los ciudadanos, (ii) renuncia conscientemente a la verdad jurídica objetiva
pese a los hechos probados en el caso concreto, (iii) porque aplica
rigurosamente el derecho procesal, (iv) pese a que dicha actuación devenga
en el desconocimiento de derechos fundamentales 13”.

5) De igual manera, no cualquier irregularidad, vicio o falencia constituye un defecto

12
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia T-367 de 2018.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

procedimental en cualquiera de sus modalidades, sino que el defecto requiere,
principalmente, que se trate de un yerro de procedimiento protuberante, grave y con
incidencia en la decisión final, esto es, que influya en la decisión de fondo, y, además,
que la anomalía no pueda de ninguna manera imputarse directa ni indirectamente a la
persona que alega la vulneración al derecho a un debido proceso 14.

4.3 El análisis del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en el caso
concreto

1) La señora Mayerlis Gómez Estrada alegó que el Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto porque confirmó el
rechazo de la demanda de reparación directa a partir de un cómputo que tomó como
fecha de terminación de la suspensión el 10 de junio de 2025, día en que fue expedida
la constancia de agotamiento de la conciliación extrajudicial, sin tener en cuenta que
dicha actuación fue comunicada al apoderado de la parte convocante a las 8:02 pm.

2) Para resolver la controversia, está acreditado que la constancia fue firmada
electrónicamente el 10 de junio de 2025 a las 7:55 pm y que, junto con el auto que
ordenó su expedición, fue enviada al correo electrónico del apoderado a las 8:02 pm.

3) También se encuentra demostrado que la demanda de reparación directa fue
remitida por correo electrónico el 12 de junio de 2025.

4) Al resolver el recurso de apelación, el Tribunal Administrativo de Bolívar aceptó que
la solicitud de conciliación había sido presentada oportunamente el 24 de enero de
2025 y que, para ese momento, restaba un día para promover el medio de control; no
obstante, consideró que la suspensión terminó el 10 de junio de 2025 con la expedición
de la constancia y que, por consiguiente, el único día restante transcurrió para
presentar el medio de control era el 11 de junio siguiente, a pesar de lo cual la
demandante radicó la demanda el 12 de junio del mismo año.

5) La Sala advierte que ese razonamiento equiparó la expedición interna de la
constancia con su conocimiento por la parte interesada, sin examinar las circunstancias
objetivas en las cuales fue comunicada ni verificar si el destinatario tuvo la posibilidad
real de conocerla el mismo 10 de junio de 2025.

14
Corte Constitucional, sentencia T-SU-537 de 2017.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

6) Sobre el particular, el Consejo de Estado ha precisado que no resulta admisible
reanudar el término de caducidad desde la expedición misma de la constancia de
agotamiento de la conciliación cuando, para ese momento, el interesado no tenía
conocimiento de su existencia, de manera que el cómputo debe reanudarse a partir del
día siguiente a aquel en que la parte fue notificada y recibió la respectiva constancia 15.

7) En el presente caso, el mensaje fue remitido tres horas después de terminado el
horario de atención al público de la dependencia y en el expediente no obra acuse de
recibo, confirmación de lectura ni otro elemento que permita establecer que el
apoderado accedió a la comunicación durante la noche del 10 de junio de 2025.

8) En esas condiciones, no era razonable atribuir a la comunicación efectos procesales
desde el mismo día de su envío y, por tanto, debía entenderse recibida, como mínimo,
el día hábil siguiente, esto es, el 11 de junio de 2025, por lo cual el día restante del
término de caducidad correspondía al 12 de junio siguiente, fecha en la cual fue
efectivamente presentada la demanda.

9) Esa conclusión resulta concordante con el criterio jurisprudencial 16 según el cual las
comunicaciones electrónicas remitidas por fuera del horario laboral producen sus
efectos procesales desde el día hábil siguiente, en tanto no puede imponerse al
destinatario la carga de conocer y atender una actuación durante horas inhábiles.

10) Por consiguiente, la autoridad judicial demandada incurrió en un exceso ritual
manifiesto en tanto consideró el único día restante del término de caducidad a partir de
una comunicación realizada durante la noche y sin prueba de su conocimiento efectivo,
interpretación que produjo como resultado el rechazo de la demanda y privó a la parte
actora de obtener una decisión de fondo sobre la responsabilidad que atribuyó a las
entidades demandadas por la muerte de su hijo.

11) La irregularidad fue determinante, ya que de haberse reconocido que la
comunicación surtió efectos el 11 de junio de 2025 y que el término se reanudó al día
siguiente, la demanda radicada el 12 de junio habría sido considerada oportuna.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 27 de noviembre
de 2014, radicación no. 25000-23-41-000-2013-02684-01, MP María Elizabeth García González.
16
Corte Constitucional, Sala Plena, auto A-1693 del 9 de octubre de 2024, expediente T-9.788.531,
ponente Natalia Ángel Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

12) En consecuencia, la Sala concederá el amparo de los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia y tutela
judicial efectiva y dejará sin efectos el auto del 28 de noviembre de 2025, para que el
Tribunal Administrativo de Bolívar profiera una nueva decisión sobre el recurso de
apelación con observancia de las consideraciones expuestas en esta providencia.

13) Como se encontró configurado el defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto y este resulta suficiente para conceder el amparo, no es necesario emitir un
pronunciamiento autónomo sobre el defecto sustantivo igualmente invocado.

Conclusión

El auto del 28 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, debido a que
contabilizó el día restante del término de caducidad a partir del día siguiente a la
expedición de la constancia de agotamiento de la conciliación extrajudicial, sin tener en
cuenta que esta fue remitida al apoderado de la parte convocante el 10 de junio de
2025 a las 8:02 pm, por fuera del horario laboral, y que no existía prueba de su
conocimiento efectivo esa misma noche.

En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia cuestionada y se ordenará a la
autoridad judicial demandada que profiera una nueva decisión sobre el recurso de
apelación, en la cual tenga en cuenta que la comunicación surtió efectos el 11 de junio
de 2025 y que el día restante del término transcurrió el 12 de junio siguiente, fecha en
que fue presentada la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Concédese el amparo de los derechos constitucionales fundamentales del debido
proceso, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por
la señora Mayerlis Gómez Estrada, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

13
Expediente: 11001-03-15-000-2026-05202-00
Actora: Mayerlis Gómez Estrada
Acción de tutela

2º) Déjase sin efectos el auto del 28 de noviembre de 2025 proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en el proceso de reparación directa con radicación no. 13001-
33-33-004-2025-00138-01.

3º) Ordénase al Tribunal Administrativo de Bolívar que, dentro de los diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión sobre el
recurso de apelación interpuesto contra el auto del 25 de agosto de 2025, con
observancia de las consideraciones expuestas en esta sentencia.

4º) Deniégase la solicitud de desvinculación formulada por la Policía Nacional.

5º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

6º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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