Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05209-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05209-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05209-00
Demandante: ELIZABETH VELASCO AYALA
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – Declara improcedencia
por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los decretos 2591 de 1991, 333 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
La señora Elizabeth Velasco Ayala, actuando a través de apoderado judicial 1,
instauró acción de tutela2 contra el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, a efectos de que le
sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
«seguridad social e irrenunciabilidad de las prestaciones periódicas».
La trasgresión de las citadas garantías la atribuyó a las sentencias del 30 de
septiembre de 2025 y 2 de junio de 2026, de manera respectiva, y a través de las
cuales se negaron las pretensiones elevadas al interior del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 68679-33-33-001-2024-00083-
00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
1 Índice 002 de Samai. Poder conferido en debida forma al abogado Robeiro de Jesús Franco
López mediante mensaje de datos.
2 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 6 de julio de 2026.
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Demandante: Elizabeth Velasco Ayala
Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05209-00
SEGUNDA: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 02 de junio de 2026 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander.
TERCERA: ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander dictar un fallo de
reemplazo ajustado a la Constitución. Debiendo aplicar el régimen de transición de la
Ley 923 de 2004 y los Decretos 1212 y 1213 de 1990. Reconociéndose el derecho a
la asignación de retiro de forma proporcional por sus 17 años, 6 meses y 3 días de
servicio.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La señora Elizabeth Velasco Ayala ingresó a la Policía Nacional como alumna del
Nivel Ejecutivo, y prestó sus servicios a favor de dicha institución durante 17 años,
6 meses y 3 días, alcanzando el grado de intendente, siendo su última unidad la
Escuela de Policía de la Provincia de Vélez (ESVEL).
Mediante Resolución 04125 del 9 de diciembre de 2021, fue destituida del servicio
por sanción disciplinaria. Posteriormente, el 16 de mayo de 2022 solicitó ante la
Caja de Retiro de la Policía Nacional (en adelante, CASUR) el reconocimiento y
pago de la asignación mensual de retiro proporcional al tiempo servido; petición que
fue resuelta de manera desfavorable mediante oficio 776900 del 6 de octubre de
2022, al considerar que no logró acreditar los 20 años de servicio exigidos para
acceder al derecho, conforme las disposiciones previstas en el artículo 25 del
Decreto 4433 de 2004.
Acorde con lo expuesto, y en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instauró demanda, tendiente a obtener la declaratoria
de nulidad del acto administrativo anterior y el consecuente reconocimiento de la
prestación social aludida.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil que, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2025
declaró la nulidad el oficio 776900 y negó el restablecimiento del derecho solicitado,
al considerar que el mencionado acto adolecía de una falsa motivación toda vez
que, el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 que sirvió como fundamento para negar
el reconocimiento pensional, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, mediante sentencia del 12 de abril de 20124, por exceder las facultades
conferidas en la Ley Marco 923 de 2004 y desmejorar los derechos de quienes ya
se encontraban vinculados al servicio.
De igual forma refirió que, pese a lo anterior, la señora Velasco Ayala no reunía los
requisitos legales para acceder a dicha prestación, pues conforme al régimen
aplicable, cuando el retiro se genere por solicitud propia, destitución o separación
3 Transcripción del texto original con posibles errores.
4 Rad. 11001-03-25-000-2005-01074-00, C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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absoluta, se debe acreditar el cumplimiento de 20 años o más de servicio, y la
demandante únicamente acreditó 17 años de servicio.
Dicha decisión fue recurrida por la parte actora y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Santander mediante sentencia del 2 de junio de 2026, en similares
términos a los expuestos por el a quo.
La citada providencia le fue notificada a las partes el 11 de junio 2026 a través de
correo electrónico5.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que, a través de las providencias acusadas las
autoridades accionadas incurrieron en los siguientes defectos:
Desconocimiento del precedente: al considerar que, pese a que los despachos
judiciales enjuiciados descartaron de plano la aplicación de los Decretos 1212 y
1213 de 1990 bajo el argumento de que el Nivel Ejecutivo es una categoría
«autónoma y especial» que no puede beneficiarse de las normas de suboficiales o
agentes, dicho reparo fue desvirtuado de forma categórica por la Corte
Constitucional en la Sentencia T-104 de 2026.
Refirió que, al resolver un problema jurídico idéntico, la Sala Quinta de Revisión de
la referida corporación fijó las siguientes reglas obligatorias de interpretación:
1. Inaplicabilidad de exigencias gravosas del Decreto 754 de 2019: La Corte
determinó que el numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 ampara a los
miembros de la Fuerza Pública en servicio activo antes del 31 de diciembre de 2004
(p. 38). Por consiguiente, "no se les pueden exigir requisitos para acceder a la
asignación de retiro superiores a los establecidos por las normas vigentes en
esa fecha, esto es, los Decretos 1212 y 1213 de 1990".
[…]
3. Hecho nuevo y flexibilización de posturas restrictivas: El retiro de normas del
ordenamiento por vía de nulidad contenciosa y el desarrollo jurisprudencial de la Corte
Constitucional constituyen un hecho nuevo. Este hecho impone a los operadores
judiciales la obligación de proferir fallos de fondo que apliquen de manera preferente
el principio de favorabilidad constitucional en materia de prestaciones periódicas.
En línea con lo expuesto refirió que, los despachos judiciales accionados ignoraron
que, al haber acumulado la accionante 17 años, 6 meses y 3 días de servicios
laborados, ya había superado con creces el límite de los 15 años fijado en los
Decretos 1212 y 1213 de 1990; omisión que constituye un desconocimiento del
precedente fijado por el máximo tribunal constitucional.
Sustantivo: por cuanto el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial
de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander basaron su decisión en que el
Decreto 754 de 2019 era de aplicación preferente para el Nivel Ejecutivo
5 Índice 11 del expediente ordinario.
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incorporado directamente antes del 31 de diciembre de 2004; premisa que, según
su sentir, vulnera de manera directa la jerarquía normativa, por cuanto la Ley 923
de 2004 [Ley Marco para el régimen prestacional de la Fuerza Pública] fijó en su
artículo 3º numeral 3.1, un límite definitivo al poder reglamentario del Gobierno
Nacional al señalar que «para los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo
a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no podrán establecerse
condiciones menos favorables que las actuales».
Conforme a lo anterior, precisó que, como su ingreso a la institución se dio el 6 de
septiembre de 2004, esto es, con anterioridad a la expedición y entrada en vigor de
la Ley 923, goza de una protección legal frente a cualquier desmejora reglamentaria,
y por ende, el régimen que le resulta aplicable es el establecido en los Decretos
1212 y 1213 de 1990 que prevé que los uniformados retirados de la institución por
causales ajenas a su solicitud (incluida la destitución o el llamamiento a calificar
servicios) tienen derecho a una asignación de retiro al acumular 15 años o más de
servicio, por lo que, al haberse dado aplicación a lo dispuesto en el Decreto 754 de
2019, se violó el principio de no regresividad pensional.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 10 de julio de 2026, la Magistrada Ponente avocó el conocimiento
de la solicitud de amparo y ordenó notificar al juez Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de San Gil6 y a los magistrados que integran el Tribunal
Administrativo de Santander7, como autoridades judiciales accionadas.
Así mismo, vinculó como tercero con interés jurídico legítimo, a CASUR8 [extremo
pasivo del proceso contencioso].
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Juez Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil
La titular del Despacho allegó escrito en el que manifestó que, aunque la acción de
la referencia fue formulada dentro de un término cercano a la sentencia de segunda
instancia y se agotó el recurso ordinario de apelación, no se cumplió con la carga
argumentativa necesaria para acreditar un defecto constitucional, pues la
accionante se limitó a reiterar los argumentos expuestos durante el proceso
ordinario y propuso una interpretación alternativa del régimen prestacional, sin
demostrar que las providencias cuestionadas hubieran desbordado el margen
razonable de interpretación judicial.
6 Enviada a: adm01sgil@cendoj.ramajudicial.gov.co
7 Enviada a: sectribadm@cendoj.ramajudicial.gov.co sgtadminstd@notificacionesrj.gov.co
sg02tadminstd@notificacionesrj.gov.co ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co
8 Enviada a: judiciales@casur.gov.co
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Por consiguiente, afirmó que el debate planteado conserva un contenido
esencialmente legal y busca que el juez constitucional actúe como una tercera
instancia, posibilidad que resulta incompatible con los principios de autonomía
judicial, cosa juzgada y seguridad jurídica.
En cuanto al desconocimiento del precedente representado en la sentencia T-104
de 2026, manifestó que el mismo no fue desconocido ni desatendido, en la medida
que la situación de la señora Elizabeth Velasco Ayala presentó elementos diferentes
a los allí analizados, pues la controversia suscitada en el primero de ellos consistió
en establecer cuál era el régimen aplicable a una integrante incorporada
directamente al Nivel Ejecutivo y si, al haber sido retirada por destitución con
diecisiete (17) años de servicio, cumplía el tiempo exigido para obtener la asignación
de retiro.
Por tanto, aunque ambos asuntos se relacionaron de manera general con una
asignación de retiro de integrantes de la Policía Nacional, no compartieron el mismo
problema jurídico, los mismos antecedentes procesales ni las mismas
circunstancias jurídicamente relevantes.
Refirió que, pese a que en la sentencia T-104 de 2026 se examinó el alcance de la
protección prevista en el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004 y recordó
que a los integrantes de la Fuerza Pública cobijados por esa disposición no podían
imponérseles requisitos superiores a los previstos en el régimen que les resultaba
aplicable cuando entró en vigor la ley marco, de dicha consideración no se
desprendió que todos los integrantes del Nivel Ejecutivo vinculados con anterioridad
al 31 de diciembre de 2004 tuvieran automáticamente derecho a una asignación de
retiro con quince (15) años de servicio ni que, sin atender su forma de incorporación,
categoría, causal de retiro y régimen específico, debieran aplicarse los Decretos
1212 y 1213 de 1990.
En lo concerniente al defecto sustantivo manifestó que la sentencia acusada no se
sustentó en una norma inexistente, derogada o manifiestamente inaplicable. Por el
contrario, realizó el análisis del marco normativo y jurisprudencial relacionado con
el Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional y estableció que la normatividad aplicable
exigía veinte (20) años de servicio cuando el retiro se producía por destitución.
Refirió que, a partir de tales elementos concluyó que, aunque el acto administrativo
demandado debía anularse porque se había sustentado en el artículo 25 del Decreto
4433 de 2004, norma retirada del ordenamiento jurídico, no procedía reconocer la
asignación de retiro, debido a que la demandante no reunía el tiempo mínimo
exigido por el régimen aplicable.
Conforme a lo analizado solicitó que se declare improcedente la acción de tutela de
la referencia o se deniegue el amparo de los derechos fundamentales invocados,
por no haberse demostrado la configuración de los defectos alegados.
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1.6.2. Casur
Allegó escrito en el que manifestó que, las sentencias acusadas se encuentran
debidamente motivadas, en las que además se explican de forma clara y coherente
la normativa aplicable y los motivos jurídicos que dieron lugar a la confirmación de
la decisión de primera instancia, sin que se observe que las consideraciones en
ellas contenidas sean contrarias a la Constitución; por lo que solicitó que, se declare
la improcedencia la acción o en su defecto, se nieguen las pretensiones del amparo
solicitado, por no configurarse ningún defecto que amerite la intervención
excepcional del juez constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Colegiatura es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la accionante, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86
de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. ° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, por cuanto se dirige entre otros, contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
2.2. Problema jurídico
La Sala advierte que, si bien la parte actora también le atribuye la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al Juzgado Primero Administrativo Oral
del Circuito Judicial de San Gil, el estudio del presente asunto se abordará a partir
de los argumentos contenidos en la providencia dictada el 2 de junio de 2026 por el
Tribunal Administrativo de Santander, comoquiera que fue la que puso fin al proceso
objeto de debate.
En este orden, conforme a lo establecido en los antecedentes, las pretensiones
invocadas por el accionante, el material probatorio recaudado, y las intervenciones
presentadas, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se analizará:
• ¿El Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos
fundamentales de la accionante con ocasión de la sentencia proferida el 2 de
junio de 2026, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 68679-33-33-001-2024-00083-00/01?
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Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, (iii) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 9
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema10 y declaró su
procedencia.11
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Previo a resolver si se cumple el presupuesto de la referencia, resulta pertinente
recordar el criterio adoptado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
11 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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202212, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional de cara a este
requisito.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Al respeto, refirió
que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento
de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las
jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal13 (Énfasis de la Sala).
Tras analizar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial, la Corte Constitucional esbozó que los criterios relevantes para
determinar si un asunto reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico; en segunda medida la
acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental y por último,
cuando el referido mecanismo se dirija contra decisiones de las altas cortes el
examen debe ser más riguroso, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
12 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
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Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
doctrinarias o interpretativas de corrección legal14.
2.5. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora atribuye la vulneración de sus derechos
fundamentales a la providencia del 2 de junio de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, que confirmó el fallo dictado por el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil el 30 de septiembre de 2025 al
interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
de manera previa, por considerar que a través de la misma se incurrió en los
defectos sustantivo y desconocimiento del precedente.
Sin embargo, respecto al primero de ellos considera la Sala que los reparos
realizados no cumplen con el requisito general de relevancia constitucional, por
cuanto, no se avizora un argumento sólido que demuestre la transgresión de sus
garantías constitucionales que permitan superar el referido presupuesto tratándose
de acción de tutela contra providencia judicial.
Lo anterior; comoquiera que: (i) el debate gira en torno a un asunto de interpretación
meramente legal, (ii) además de advertirse que el amparo constitucional estudiado
no tiene la identidad o trascendencia para aplicar, interpretar o desarrollar mandatos
constitucionales, ya que la discusión planteada por la parte accionante pone en
evidencia una inconformidad con la conclusión a la que llegó el juez de segunda
instancia.
Ello es así, por cuanto a lo largo del escrito tutelar la señora Elizabeth Velasco Ayala
es insistente en señalar que, al haberse dado aplicación a las disposiciones
previstas en el Decreto 754 de 2019 la autoridad judicial accionada vulneró de
manera directa la jerarquía normativa de la Ley 923 de 2004, en cuyo artículo 3º se
estableció que a los miembros de la Fuerza Pública que para la fecha de su entrada
en vigencia se encontraran en servicio activo, no se les exigirá como requisito para
el reconocimiento de la asignación de retiro, un tiempo de servicio superior al regido
por las disposiciones vigentes cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni
inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal.
En consonancia con lo anterior, precisó que, como su ingreso a la institución policial
se generó el 6 de septiembre de 2004, esto es, con anterioridad a la entrada en
vigor de la pluricitada ley, el régimen que le resulta aplicable es el establecido en
los Decretos 1212 y 1213 de 1990 que establecen que los uniformados retirados de
la institución por causales ajenas a su solicitud (incluida la destitución o el
llamamiento a calificar servicios), tienen derecho a que al acumular 15 años o más
de servicio se les reconozca la prestación social aludida.
14 Ibid.
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Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, las inconformidades expuestas en
el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso
de lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión del juez constitucional. Máxime cuando no se
evidencia, prima facie, la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.
Pues revisado el escrito de amparo, se observa que la tutelante reitera los
argumentos que fueron estudiados a lo largo del proceso ordinario, y que además
fueron planteados en el recurso de apelación formulado contra la sentencia de
primera instancia.
En este orden, y analizada la motivación desplegada por el ad quem en la
providencia censurada, se evidencia que en la misma se dejó señalado:
Frente al error en la determinación del régimen aplicable manifestado por la parte
demandante en el escrito de apelación, la Sala manifiesta que el régimen jurídico
pertinente para determinar los requisitos de la asignación de retiro de la señora
ELIZABETH VELASCO AYALA es el previsto en el Decreto 754 de 2019, descartando
la aplicación de los Decretos 1212 y 1213 de 1990 invocados por la parte apelante.
Se advierte que los Decretos 1212 y 1213 de 1990 regulan exclusivamente la
situación prestacional de oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional, mas
no la del Nivel Ejecutivo. En efecto, la demandante ingresó directamente a esta última
categoría en septiembre de 2004, circunstancia que impide trasladar un régimen
normativo diseñado para agentes a un nivel jerárquico distinto, autónomo y especial,
creado por la Ley 180 de 1995. Por consiguiente, la pretensión de aplicar el régimen
de 1990 desconoce la especialidad normativa que rige al Nivel Ejecutivo.
Asimismo, si bien el Decreto 4433 de 2004 y el Decreto 1858 de 2012 fueron
parcialmente anulados por el Consejo de Estado por exceder los parámetros fijados
en la Ley 923 de 2004, ello no generó vacío normativo, pues el Decreto 754 de 2019
consolidó y depuró el régimen vigente. En consecuencia, no resulta procedente
aplicar el régimen de transición para revivir normas de 1990, ya que el Nivel Ejecutivo
contaba con regulación propia. Así, dado que el Decreto 754 de 2019 exige 20 años
de servicio en casos de destitución y la demandante solo acredita 17 años, 6 meses
y 3 días, no cumple el requisito mínimo, razón por la cual no hay lugar al
reconocimiento pretendido.
Ahora, frente al tiempo de formación como alumna, si bien el recurso sostiene que el
tiempo de formación debe computarse como tiempo de servicio, la Sala precisa que,
aun aceptando dicho cómputo ya incluido en el total de 17 años, 6 meses y 3 días, no
se alcanza el mínimo de 20 años exigido por el Decreto 754 de 2019 para la causal
de destitución. En consecuencia, el argumento no altera la conclusión jurídica, pues
el déficit temporal subsiste y, por tanto, no hay lugar al restablecimiento pretendido.
De igual forma, y en torno a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, se
avizora que el cuerpo colegiado accionado en la sentencia enjuiciada precisó:
En cuanto a la alegada vulneración del principio de igualdad por existir decisiones
favorables en casos idénticos, la Sala reitera que el parámetro de comparación
relevante no es el tiempo total, sino la combinación normativa de fecha y modalidad
de ingreso con la causal de retiro. Precisamente, la diferenciación que introduce el
Decreto 754 de 2019 la cual es objetiva y razonable, por consiguiente, negar la
asignación de retiro cuando no se acreditan 20 años en el servicio, no constituye trato
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Demandados: Tribunal Administrativo de Santander y otro
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desigual sino aplicación regular del régimen. En el mismo sentido, la confianza
legítima y la favorabilidad no autorizan a crear un derecho prestacional sin título legal
vigente, menos aun cuando el A quo precisó que, aun anulando el acto por falsa
motivación, no se cumple el requisito temporal indispensable para la causal de
destitución.
Lo anterior, permite concluir que, si bien la parte actora intenta exponer las razones
por las cuales considera que el Tribunal Administrativo de Santander incurrió en una
vulneración de sus derechos fundamentales, en realidad lo que se vislumbra es una
simple inconformidad con lo dispuesto por el ad quem en la sentencia censurada, y
las conclusiones a las cuales arribó, lo cual, per se, no implica una trasgresión de
las mencionadas garantías.
En ese sentido, se resalta que la administración de justicia garantiza que los
funcionarios judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones,
circunstancia por la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía
acción de tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el
debate propuesto por el accionante busca mutar el amparo constitucional en una
tercera instancia.
Por otro lado, y si bien la tutelante consideró que con la sentencia proferida por la
autoridad judicial accionada se desconocieron los pronunciamientos realizados por
la Corte Constitucional en la sentencia T-104 de 2026 en la que se dejaron
establecidas las reglas obligatorias de interpretación respecto a la inaplicabilidad de
exigencias gravosas del Decreto 754 de 2019; advierte la Sala que se trata de un
fallo de tutela, cuyos efectos son inter partes, y por lo cual, no constituyen
precedente para el tribunal accionado.
Acorde con lo analizado y de las argumentaciones expuestas en el escrito de
amparo, concluye la Sala que la controversia planteada ya fue estudiada y definida
por la corporación judicial accionada, sin que sea permitido reabrir el debate ya
zanjado por el juez natural, so pretexto de la interpretación legal realizada por la
accionante, con relación a las normas que, de acuerdo a su sentir, resulta aplicable
a su situación particular.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela presentada
por la señora Elizabeth Velasco Ayala, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
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TERCERO: Si no se impugna esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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