RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05211-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05211-00

Fecha
29 de julio de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05211-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DESVINCULAR a la Corte Constitucional del trámite constitucional. Además, NEGAR la desvinculación de USPEC, la Personería Distrital de Medellín y la Contraloría General de la República, y el consorcio interventoría integral RF. SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales a la alimentación adecuada, la dignidad humana y la salud de César Alejandro Díaz Montenegro, por las deficiencias acreditadas en la calidad, preparación, temperatura, conservación, condiciones sanitarias y presentación de los alimentos suministrados durante su permanencia en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, El Pedregal. Además, EXTENDER con efectos inter comunis la protección constitucional de esta provincia a todas las personas privadas de la libertad en este centro penitenciario. TERCERO. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —USPEC— que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las medidas inmediatas y efectivas necesarias para corregir las deficiencias acreditadas en el suministro de alimentación al señor César Alejandro Díaz Montenegro y de las demás personas internas en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, El Pedregal. En particular, deberá garantizar que los alimentos suministrados al accionante cumplan condiciones adecuadas de calidad, preparación, cocción, temperatura, conservación, higiene, composición y presentación, de conformidad con los estándares constitucionales, legales y técnicos aplicables. Para tal efecto, la USPEC ejercerá las competencias administrativas, de supervisión y control que le corresponden y determinará las actuaciones necesarias frente a los encargados de la prestación y vigilancia del servicio. CUARTO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC— que, durante los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta sentencia, disponga la realización de verificaciones periódicas y aleatorias sobre los alimentos suministrados al accionante en el Complejo Carcelario y Penitenciario con […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05211-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

29 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: CÉSAR ALEJANDRO DÍAZ MONTENEGRO
Accionado: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS CARCELARIOS
(USPEC) Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra USPEC y Complejo Penitenciario y Carcelario Pedregal, de
Medellín, por inadecuada disposición de los alimentos para persona privada de la
libertad. Garantía deficiente del derecho a la alimentación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la acción de tutela1 instaurada
por el señor César Alejandro Días Montenegro, recluido en el COPED- Complejo
Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal,
instauró, en nombre propio y, según él, en representación de otros reclusos2, acción
de tutela3 contra la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario — INPEC, el COPED Pedregal, la
“Empresa contratista del servicio de alimentación”4, “la interventoría del contrato de
alimentación”, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos, la Defensoría del Pueblo — Regional Medellín, la Personería Distrital de
Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, Corte Constitucional — Sección de
Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y
Carcelario, y Contraloría General de la Nación, con el propósito de obtener el
amparo de sus derechos fundamentales a la alimentación adecuada vida, a la salud
integral, a la dignidad humana y al debido proceso.

Hechos relevantes

1. En nombre propio, Alejandro Díaz Montenegro, persona privada de la libertad en
el COPED Pedregal de Medellín, ejerció acción de tutela contra la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC), Procuraduría delegada para la defensa de los derechos
humanos, personería distrital de Antioquia, Fiscalía General de la Nación, Corte
Constitucional- Sección de Seguimiento al Estado de cosas inconstitucional del
sistema penitenciario y carcelario, y contraloría general de la Nación.

1 Que ingresó al despacho para fallo el 17 de julio de 2026.
2 Sin embargo, se advierte que en el escrito no se relacionan los demás internos que promueven la

acción de tutela.
3 Obra en certificado 6C9A9203CBDEDB1A 513B31D02DE82D77 6CA54C04BCE2028B
3F5E5C35E63E0126, índice 2, en el expediente de tutela digital.
4 Folio 1 del escrito de tutela

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

2. Si bien afirma que la acción de tutela es presentada por varias personas privadas
de la libertad, en realidad solo fue suscrita por el tutelante. Denuncia que en el
establecimiento carcelario en el que está privado de la libertad se han presentado
hechos por la inadecuada prestación del servicio de alimentación a las personas
privadas de la libertad. Indicó que, los alimentos que les ofrecen no cumplen con las
condiciones de gramaje, cocción o calidad.

3. Sostuvo que el servicio de alimentación en el centro de reclusión está a cargo de
una empresa contratista de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios. El
operador del servicio de alimentación tiene el deber de distribuir los alimentos
conforme las condiciones previstas en el contrato y en la normatividad vigente.
Informó que, además, la persona jurídica encargada de hacer la interventoría debe
garantizar el cumplimiento de las condiciones de distribución de la alimentación. No
obstante, reprocha que se han incumplido esas previsiones normativas, pues a los
reclusos les han entregado alimentos por debajo del gramaje, sin la adecuada
calidad ni cocción.

4. Afirmó que, en los desayunos se presentan incumplimientos graves y reiterados:
en relación con el queso, la norma contractual exige que la porción tenga 35 gramos
por persona, pero aduce que la empresa entrega 30 gramos de mala calidad
“conocido como queso harina”, sin valor nutricional adecuado. En el caso de la
arepa se ha establecido que ella debe pesar 55 gramos cocida y asada, sin
embargo, se entrega una arepa de sólo 40 gramos, congelada, semicruda, sin azar
ni dorar, incomible en muchas ocasiones. Las bebidas, concretamente el agua de
panela y el chocolate se sirve con una cantidad mínima o nula de leche,
incumpliendo la fórmula y composición nutricional.

5. Respecto al almuerzo indica que la situación es igual o peor. Las papas se sirven
semi crudas, duras, y sin cocción adecuada. La proteína animal se entrega semi
cruda en estado que hace imposible su consumo seguro. Aseveró: “Obligar a la
población reclusa a ingerir alimentos en estas condiciones constituye un acto que
afecta la salud física y mental, y configura un trato degradante, equiparable a tortura
psicológica y física”5

6. Señaló que la situación implica el incumplimiento de las directrices de la Corte
Constitucional relacionadas con el estado de cosas inconstitucional sobre la
situación carcelaria relacionada con ofrecer alimentación digna, variada y saludable.
Además, el actor adujo que se produce un incumplimiento de obligaciones
contractuales pactadas con la Unidad de servicios penitenciarios y carcelarios.
Indicó que, según el contrato de alimentación, cada 15 días debe suministrarse una
comida típica de la región, “lo cual no se está cumpliendo”. Reprochaban que la
entidad prestadora del servicio de alimentación impone la clase de alimentos que
ellos deciden entregar, sin respetar lo acordado contractualmente, y en su lugar de
los tiempos de comida que se deben suministrar, solo entregan dos tiempos al día,
desconociendo las obligaciones adquiridas y los lineamientos legales vigentes.

7. Solicitó que suministrara copia completa del contrato de prestación del servicio
de alimentación, así como la tabla de gramajes establecidos, las clases de alimentos

5 Folio 2 del escrito de tutela.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

autorizados y las especificaciones correspondientes a las fechas especialmente
comidas típicas de la región. Se realice una revisión y comprobación estricta de los
dos tiempos de comida que se van a entregar para la fecha del día del padre, con
el fin de verificar que se cumplan las calidades, cantidades, y tipos de alimentos
pactados.

8. Además, solicitó que se ordene a la contraloría general de la república que se
realice una revisión integral del contrato de prestación de servicio de alimentos, con
el fin de verificar el cumplimiento de todas sus cláusulas y la correcta inversión de
los recursos públicos asignados y la existencia de posibles irregularidades en la
ejecución de estos.

9. Sostuvo que la reducción de gramajes no es un error aislado, sino una práctica
sistemática y calculada para obtener beneficio económico ilícito. Indicó que la falta
de cumplimiento de los gramajes lo que demuestra es que la empresa contratista
se apropia de grandes cantidades de insumos y recursos públicos, dinero que han
sido asignados y pagados para la alimentación. Denuncia la falta de vigilancia y
control del personal de verificación y control de calidad y cantidad, por acción y
omisión no ejercen su labor, permitiendo que se entreguen alimentos en condiciones
prohibidas y que se desvíen recursos públicos.

10. Indicó que se vulneran los derechos a la alimentación adecuada, el derecho a
la salud integral, a la dignidad humana, al debido proceso y cumplimiento de los
contratos, y la protección de los recursos públicos y prohibición del peculado.

11. Requirió al juez de tutela que, la empresa contratista cumpla estrictamente con
todos los gramajes, calidades, especificaciones técnicas y condiciones higiénicas
establecidas en el contrato. A la procuraduría general de la Nación y a la defensoría
del pueblo y personería distrital de Medellín, en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, intervenga de manera inmediata, vigile la conducta de los
servidores públicos y contratistas. Anexó fotos de lo que calificó como mala
alimentación.

Trámite de tutela

12. En auto de 7 de julio de 2026, el despacho sustanciador admitió la petición de
amparo contra el COPED- Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media
Seguridad de Medellín Pedregal, únicamente en nombre propio, contra la Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios — USPEC, el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario — INPEC, el COPED- Complejo Carcelario y
Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín Pedregal, la “Empresa
contratista del servicio de alimentación”, la “Interventoría del contrato de
alimentación”, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos
Humanos, la Defensoría del Pueblo — Regional Medellín, la Personería Distrital de
Antioquia, la Fiscalía General de la Nación, la Corte Constitucional — Sección de
Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales del Sistema Penitenciario y
Carcelario, y Contraloría General de la República.

13. Además, se ordenó al Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —
USPEC para que, por su conducto, notifique a la empresa contratista del servicio de

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

alimentación y la interventoría del contrato de alimentación que presta el servicio en
el COPED- Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de
Medellín Pedregal, a través del medio que resulte más expedito.

14. La directora encargada del complejo carcelario y penitenciario de alta y
mediana seguridad de Medellín “pedregal”6 intervino con el fin de informar que,
el tutelante, César Alejandro Díaz Montenegro se encuentra privado de la libertad
desde el día 8 de mayo de 2026, y que otras personas privadas de la libertad ya
han interpuesto otra acción de tutela por los mismos hechos, puesto que en cabeza
de otra persona privada de la libertad se ejerció otra acción de tutela “idéntica en
hechos y pretensiones que se adelanta en el juzgado segundo de familia de oralidad
de Medellín bajo el radicado 05001-31-10-002-2026-00397-00”. Indicó que no es la
primera vez que las personas privadas de la libertad del establecimiento carcelario
y que se organizan en el equipo coordinador impulsan acciones judiciales
simultáneas ante diferentes autoridades, generando un desgaste necesario en la
administración de justicia. Por lo anterior, solicitó “reconvenir a la parte actora para
que se abstenga de ejercer esta conducta temeraria y se decrete la improcedencia
de la acción constitucional”.

15. En particular, la Corte Constitucional7, la Sala Especial de Seguimiento al ECI
en materia penitenciaria y carcelaria y en centros de detención transitoria indicó que
la Corte cuenta con sala de seguimiento a las órdenes judiciales relacionadas con
la situación carcelaria de las sentencias T-388 de 2013, T-762 de 2015 y la SU-122
de 2022. Explicaron que la Sala Especial desarrolla las siguientes funciones: (i)
orienta el seguimiento de la estrategia para superar el Estado de Cosas
Inconstitucional y formula pautas dirigidas a las entidades responsables; (ii) adopta
medidas para desbloquear las inercias administrativas, normativas o
presupuestales que impiden el goce efectivo de los derechos de las personas
privadas de la libertad, en especial cuando persisten pese a la intervención de los
órganos de control; y (iii) verifica el impacto de la política pública sobre el goce
efectivo de derechos, con el fin de evaluar el avance en la superación del estado de
cosas inconstitucional. En ejercicio de estas funciones, la Sala adelanta un
seguimiento judicial de carácter estructural a la respuesta institucional del Estado
frente a la crisis penitenciaria y carcelaria, por lo cual, indicó que, la sala y la Corte
Constitucional no ejerce funciones de administración penitenciaria, inspección
permanente sobre los establecimientos de reclusión ni supervisión individual de las
condiciones particulares de cada persona privada de la libertad. Por lo anterior,
ninguna de esas actuaciones u omisiones reprochadas por el tutelante corresponde
a las funciones constitucionales o legales de la Sala Especial de Seguimiento.

16. En todo caso indicó que, por Auto 1745 de 2024 la Sala de monitoreo constató
la persistencia de graves deficiencias en la prestación del servicio de alimentación
a nivel nacional, se identificaron incumplimientos por parte de operadores
encargados del suministro de alimentos. En esa misma providencia se hizo
referencia a la situación del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media
Seguridad de Medellín – Pedregal (COPED), respecto del cual se ordenó al

6 Índice samai 12
7 Índice samai 14.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Ministerio de Justicia y del Derecho prestar especial atención y adoptar las medidas
administrativas correspondientes frente a los incumplimientos advertidos. Solicitó la
desvinculación del trámite de tutela.

17. La personería distrital de Medellín8 intervino con el fin de solicitar que declare
la falta de legitimación en la causa por pasiva, pues, en su criterio, las pretensiones
no son competencia de la entidad. Solicitó que se niegue el amparo pues no se
evidencia alguna vulneración por parte de la entidad. Indicó que, en el año 2024,
dentro de sentencia de 8 de febrero de 2024, proferida por la sala se asuntos
penales para adolescentes del Tribunal Superior de Medellín amparó los derechos
fundamentales de las personas privadas de la libertad de establecimiento carcelario
“el pedregal”, por situaciones análogas.

18. La Contraloría General de la República9 intervino a través del contralor
delegado para el sector justicia con el fin de indicar que, carece de legitimación en
la causa por pasiva toda vez que no ha incurrido en acción u omisión alguna que
hubiere vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Solicitó su
desvinculación. Allegó con la contestación del escrito de tutela un informe de la
unidad de servicios penitenciarios y carcelarios de la vigencia fiscal 2025, suscrito
en mayo de 2026. El informe indica como su objetivo general: “Emitir opinión sobre
la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión
presupuestal de la vigencia 2025, en los macroprocesos de Gestión Financiera y
Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el
Fenecimiento o no de la cuenta”. Se indicó que se realizó visita al “complejo
carcelario y penitenciario con alta y media seguridad de Medellín- Pedregal,
compendio las operaciones realizadas durante el periodo del 01 de enero al 31 de
agosto del 2025” y en efecto se presentaron hallazgos “en el marco del desarrollo
de los contratos de prestación de servicios de alimentación, cto 197-2025.
Concretamente “evidenciando 11 hallazgos, entre otros por gramajes inferiores a
los exigidos en la minuta patrón, falta de registros de pesaje, dietas incompletas y
mal rotuladas, alimentos en descomposición, incumplimiento por parte de las
interventorías que no se realizan acompañamientos permanentes que garanticen el
cumplimiento contractual de los operadores, así como carencia de sistemas
documentales que faciliten el seguimiento y coordinación entre las áreas
involucradas”10 .

19. Agregó: “Se revisaron las condiciones higiénico–sanitarias reportadas en la
última visita de supervisión al servicio de alimentación, realizada en el marco del
Contrato de Interventoría No. 206-2025 al establecimiento COPED Pedregal –
Medellín, el día 07 de marzo de 2026, cuyo operador corresponde a la UT Unidos
para el Progreso 2025. De acuerdo con lo consignado por la interventoría en el
“Formato de Supervisión del Servicio de Alimentación de los ERON – CRM y Plantas
de Producción”, se evidencian fallas relevantes en los controles de calidad del
servicio de alimentación, identificándose, entre otros, los siguientes
incumplimientos: • Problemas en la temperatura y conservación de alimentos al

8 Índice samai 15.
9 Índice samai 16
10 Folio 22 del informe de la contraloría.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

evidenciar entrega de alimentos fuera de los rangos de temperatura exigidos •
Incumplimiento en el gramaje de las raciones • Uso de recipientes inadecuados para
distribución de alimentos • Deficiencias sanitarias en áreas de producción •
Presencia de plagas en áreas del servicio • Manejo inadecuado de materias primas
• Incumplimiento en dietas terapéuticas • Problemas en mantenimiento y dotación
a personal manipulador de alimentos”.

20. La apoderada judicial de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios11 intervino con el fin de informar que notificó la demanda de tutela al
contratista encargado de la distribución de los alimentos entre las personas privadas
de la libertad. Se trata de la Unión temporal Unidos para el progreso 2025,
encargada de la prestación de dicho servicio en virtud del contrato 197-2025. Indicó
que se solicitó un informe actualizado relacionado con el suministro de alimentación
en el establecimiento penitenciario y carcelario Pedregal de la ciudad de Medellín,
el cual se remitirá al juez de amparo. Solicitó que la sentencia declare que no se
probó que existiera omisión o actuación de la USPEC relacionada con la vulneración
de los derechos fundamentales alegados por el tutelante. Solicitó que se desvincule
a esa entidad por carecer de legitimación en la causa por pasiva. Concluyó que en
caso de que el juez constitucional considere procedente conceder el amparo
solicitado, las órdenes impartidas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios – USPEC se limiten estrictamente al ámbito de sus competencias
legales, respetando la distribución funcional prevista en el Decreto Ley 4150 de
2011 y las normas que regulan el Modelo Especial de Atención en Salud para la
Población Privada de la Libertad, absteniéndose de imponer obligaciones
relacionadas con la prestación directa de servicios médico-asistenciales, la
adopción de decisiones clínicas o la ejecución de actuaciones reservadas al
operador de salud, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC o al
personal médico tratante.

21. El apoderado judicial del Consorcio interventoría integral12, quien ejerce la
vigilancia del contrato de prestación del servicio de alimentación suscrito dentro del
contrato 197-2025 entre la Unión temporal Unidos para el progreso 2025 y la
USPEC. Informó que, la interventoría, en el marco de sus funciones, ha considerado
tanto las actas de visita y/o seguimiento realizadas en campo, a partir del 1 de mayo
de 2026 y hasta la fecha, como los documentos contractuales que integran el
Contrato de Prestación de Servicios de Suministro de Alimentación al PPL de dicho
establecimiento. Sin que eso signifique que antes de esa fecha no haya desplegado
labores de cumplimiento de su responsabilidad.

22. Adujo que, una vez verificada la base de datos de las personas privadas de la
libertad (PPL) adscritas al Programa de Dietas Terapéuticas, se constató que el
señor César Alejandro Díaz Montenegro no se encuentra registrado como
beneficiario de dicho programa, ni obra remisión, valoración nutricional o
prescripción médica vigente que ordene el suministro de una alimentación
diferencial.

11 Índice samai 19 y 25.
12 Indice Samai 23.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

23. Informó que realizó vigilancia a la entrega de los alimentos el día del padre, esto
es, el 19 de julio de 2026, distribución de alimentos que se realizó conforme a las
indicaciones contractuales. Afirmó: “el contratista aportó el acta suscrita por la
Dirección del establecimiento y por los representantes de derechos humanos de
cada patio, mediante la cual se dejó constancia de la entrega del menú especial a
satisfacción”13.

24. Remitió sus consideraciones respecto al incumplimiento de las condiciones
contractuales de la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad.
Afirmó:

“Como resultado del proceso de verificación, se evidenció que, durante el mes
de junio de 2026 y a la fecha, el contratista UNIÓN TEMPORAL UNIDOS PARA
EL PROGRESO 2025 ha incurrido en reiterados incumplimientos de los
parámetros establecidos en materia de calidad organoléptica de los alimentos
suministrados, conforme a los reportes emitidos por el interventor de campo
durante las visitas de realizadas en el establecimiento penitenciario COPED
PEDREGAL”.

25. Informe de incumplimientos observados el 6 de julio, el 22 de junio, el 23 de
junio, el 19 de junio, el 29 de mayo, el 26 de mayo y el 11 de mayo de 2026. Los
hallazgos hacen referencia a ”incumplimiento de características organolépticas de
las bebidas o a que no se cumplen con cantidades organolépticas entre otros.
Informó que se hicieron las observaciones a la unión temporal unidos para el
progreso 2025.

CONSIDERACIONES
Competencia

26. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

Cuestión previa

27. La USPEC, la Personería Distrital de Medellín, la Contraloría General de la
República, consorcio interventoría integral RF. y la Corte Constitucional solicitaron
su desvinculación del trámite de tutela, puesto que los hechos que denuncia el
tutelante no son su competencia o debido a que no incurrieron en acciones u
omisiones relacionadas con la vulneración alegada. Respecto de la USPEC, la
personería Distrital de Medellín y la Contraloría General de la República esta sala
estima que sí cuentan con legitimación e interés en las resultas de este proceso,
esto pues, una eventual orden judicial implica el ejercicio de sus funciones
constitucionales y legales. Por el contrario, en el caso de la Corte Constitucional,
concretamente, la Sala de seguimiento a la situación carcelaria del país, esta
autoridad judicial, en tanto hace parte de la rama judicial del poder público no tiene

13 Folio 4 de la intervención.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

competencias legales o constitucionales en la ejecución de los contratos de
alimentación de las personas privadas de la libertad.

28. Por lo anterior, en la parte resolutiva de la providencia se negará la solicitud de
desvinculación de la USPEC, la Personería Distrital de Medellín y la Contraloría
General de la República, y el consorcio interventoría integral RF y se accederá a la
petición en este sentido de la Corte Constitucional.

Determinación del problema jurídico

29. El tutelante sostiene que en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Medellín
“Pedregal” no se cumplen con las normas contractuales relacionadas con la entrega
de los alimentos para la población privada de la libertad, pues no se satisfacen las
condiciones contractuales de gramaje, calidad y cocción. Ello en contravía de los
derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. La directora del
Pedregal indicó que el tutelante se encuentra privado de la libertad en el complejo
carcelario y penitenciario de alta y mediana seguridad de Medellín desde el 8 de
mayo de 2026, y que otra persona de la libertad del establecimiento presentó otra
tutela denunciando hechos idénticos. Motivo por el cual, debe declararse
improcedente la petición de amparo. Como primer problema jurídico debe
resolverse si se debe declarar improcedente el amparo, puesto que, hay otra acción
de tutela presentada por otra persona privada de la libertad, en la que denuncia la
falta de entrega adecuada de alimentos.

30. Por otra parte, las entidades encargadas de la vigilancia de las actividades
contractuales de la USPEC respecto del establecimiento penitenciario y carcelario
Pedregal, indican que en efecto se han presentado incumplimientos en las
condiciones de la entrega de los alimentos en las fechas en la que el tutelante ha
estado privado de la libertad. La USPEC señala que desconoce la situación de la
prestación del servicio de alimentación del establecimiento penitenciario y
carcelario, pues ello está bajo la garantía del Estado. En esa medida, como segundo
problema jurídico debe resolverse si existe evidencia de la vulneración del derecho
a la alimentación del tutelante, concretamente por la distribución de alimentación
por debajo de las condiciones de gramaje, calidad y cocción de los alimentos.

31. En este punto, la Sala considera relevante precisar que su competencia está
delimitada en el estudio de la posible vulneración del derecho a la alimentación del
actor en sus múltiples faceta o ámbitos, pues el objeto de la acción de tutela recae
sobre la garantía de esas potestades. De ahí que no se realizarán pronunciamientos
sobre las obligaciones o ejecución del contrato de alimentación.

32. Con el fin de resolver los dos problemas jurídicos, se abordarán de manera
sucesiva. Respecto del primer problema jurídico se reiterarán las reglas sobre
improcedente por temeridad en los términos del artículo 39 del decreto 2591 de
1991. En relación con el segundo problema jurídico, se reitera el precedente
constitucional sobre el contenido del derecho a la alimentación de las personas
privadas de la libertad. Finalmente se examinará si en el caso concreto se vulneró
el derecho fundamental del actor.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Primer problema jurídico.

33. El artículo 38 del decreto 2591 de 1991 precisa que cuando la misma acción de
tutela sea presentada ante dos autoridades judiciales se rechazará o decidirá
desfavorablemente. En el caso concreto la directora del establecimiento
penitenciario y carcelario indicó que otra persona privada de la libertad, PPL
Duberney Hitaguita Salas, propuso otra acción de tutela con idénticos hechos, la
cual, se tramita ante el Juzgado Segundo de familia de Medellín, con radicado
05001-31-10-002-2026-00397-00. La directora del complejo carcelario indicó que
“el equipo coordinador” es una asociación de personas privadas de la libertad que
impulsa acciones constitucionales simultáneas.

34. Sobre el particular, la Sala concluye que la acción de tutela no es improcedente,
puesto que no se presenta temeridad o cosa juzgada. En efecto, el artículo 38 del
decreto ley indica que, será improcedente la acción de tutela cuando “sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales”. Según la información allegada por la directora del establecimiento
carcelario accionado, la otra acción de tutela, aquella identificada con radicado
2026-00397-00 fue presentada por otras personas privadas de la libertad. En esa
medida, no se satisface la condición prevista en el decreto con fuerza de ley, es
decir, que exista identidad entre las partes, identidad de hechos e identidad de
causa petendi. Esto, pues no se produce el primer elemento del triple identidad: la
misma parte actora. Además, no se informó si la otra acción de tutela también se
dirigió contra las mismas autoridades públicas vinculadas en este trámite de tutela.

35. Puesto que no se satisfacen las condiciones normativas para declarar la
improcedencia alegada por la directora del complejo carcelario y penitenciario
accionado, se avanzará con el siguiente problema jurídico.

Segundo problema jurídico

El estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y los derechos de
las personas privadas de la libertad

36. La Corte Constitucional ha advertido de manera reiterada que la crisis
penitenciaria y carcelaria es el resultado de fallas estructurales presentes en el
diseño y funcionamiento de la política criminal y no obedece únicamente a la
insuficiencia de infraestructura o al hacinamiento. Aunque la Sentencia T-153 de
1998 concentró su análisis en las condiciones materiales de reclusión y en la
insuficiencia de cupos, la Sentencia T-388 de 2013 declaró nuevamente el estado
de cosas inconstitucional al constatar que la vulneración masiva y generalizada de
los derechos de las personas privadas de la libertad tenía causas más profundas.
En particular, identificó una política criminal reactiva, desarticulada y excesivamente
dependiente del encarcelamiento, cuyas decisiones legislativas y administrativas
incrementaron la población recluida sin prever los recursos, servicios e instituciones
necesarios para garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

37. Posteriormente, la Sentencia T-762 de 2015 reiteró el estado de cosas
inconstitucional y amplió el enfoque del control constitucional a las distintas fases
de la criminalización, como se muestra en la siguiente tabla.

Fase de Ámbito Exigencias constitucionales
criminalización
Primaria Creación de delitos, Las decisiones deben estar sustentadas
aumento de penas y en evidencia empírica y ser coherentes,
definición legislativa de proporcionales y respetuosas de la
medidas restrictivas de la libertad personal.
libertad.
Secundaria Investigación, La detención preventiva debe conservar
judicialización y aplicación
su carácter excepcional y deben
de medidas de
fortalecerse las alternativas al
aseguramiento. encarcelamiento.
Terciaria Ejecución de la pena y Deben garantizarse los mínimos
tratamiento penitenciario. constitucionalmente asegurables de
infraestructura, alimentación, salud,
servicios públicos, acceso a la
administración pública y de justicia, y
resocialización.
Alcance Articulación de las tres La intervención constitucional no se
integral fases de la política limita a ampliar cupos carcelarios, sino
criminal. que examina integralmente la forma en
que el Estado produce, administra y
ejecuta la privación de la libertad.

38. La Sentencia SU-122 de 2022 extendió el estado de cosas inconstitucional a los
centros de detención transitoria, al comprobar que estaciones y subestaciones de
Policía y unidades de reacción inmediata estaban siendo utilizadas para mantener
personas privadas de la libertad por períodos superiores a los permitidos y sin
condiciones adecuadas para una reclusión prolongada. Esta decisión evidenció que
las fallas de la política criminal se proyectan desde la captura y la detención
preventiva hasta la ejecución de la condena y que su solución exige la actuación
coordinada de autoridades nacionales, territoriales, judiciales, policiales y
penitenciarias. En esta lógica, el Auto 1745 de 2024 tuvo como propósito evaluar la
persistencia de las vulneraciones estructurales declaradas en las sentencias T-388
de 2013 y T-762 de 2015 y extendidas mediante la SU-122 de 2022, así como
adoptar medidas que permitan avanzar en una política criminal articulada, fundada
en el goce efectivo de los derechos y no exclusivamente en el incremento de la
capacidad carcelaria.

39. En este contexto, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las personas
privadas de la libertad se encuentran en una especial sujeción administrativa, esto
pues, en virtud de una decisión judicial, una persona ve restringidos o limitados
fuertemente sus derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad de locomoción,
mientras que otros, adquieren una dimensión o garantía reforzada en cabeza de las
autoridades Estatales. Ejemplo de ello, es el derecho a la vida, la integridad física o
la salud. En efecto, se restringe el derecho a la libertad de locomoción, pero el

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Estado adquiere la obligación reforzada de garantizar el derecho a la vida,
integridad, salud, o alimentación.

40. Resultado de lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha indicado que las
autoridades estatales, especialmente, las encargadas de la administración
penitenciaria y carcelaria tiene el deber reforzado de garantizar el derecho a la
alimentación de las personas privadas de la libertad. El artículo 67 del actual código
penitenciario y carcelario, ley 63 de 1993, prescribe que, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) tendrá a su cargo la alimentación de las
personas privadas de la libertad, asimismo se prescribe la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) podrá distribuir la alimentación de manera
directa o con contratos particulares, en todo caso, “los alimentos deben ser de tal
calidad y cantidad que aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas
privadas de la libertad. La alimentación será suministrada en buenas condiciones
de higiene y presentación”.

41. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el principio XI del
documento, “principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas
privadas de la libertad en las Américas”, indica que, “las personas privadas de
libertad tendrán derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad,
calidad y condiciones de higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en
consideración las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como
las necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. Dicha
alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión o limitación,
como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley”. Similar contenido
normativo se observa en “las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el
Tratamiento de los reclusos (reglas Nelson Mandela)”. A partir de la regla 22 se
indica que: “Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento
penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien
preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su
salud y de sus fuerzas.”

42. Por su parte, la Observación General No, 12 del Comité de derechos
económicos sociales y culturales precisa que, el pacto internacional de derechos
económicos sociales y culturales, en su artículo 11 reconoce el derecho de toda
persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia, el cual incluye
“alimentación”. Derivada de esa obligación del Pacto, el Comité ha indicado que el
“derecho a una alimentación adecuada está reconocido en diversos instrumentos
de derecho internacional”, el cual incluye: la disponibilidad y la accesibilidad. La
primera dimensión hace referencia a que los alimentos estén a disposición “en
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los
individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada”. La
segunda dimensión se refiere a que el acceso a esos alimentos debe producirse en
formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos.

43. La observación general indica que, “por necesidades alimentarias se entiende
que el régimen de alimentación en conjunto aporta una combinación de productos
nutritivos para el crecimiento físico y mental, el desarrollo y el mantenimiento, y la
actividad física que sea suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

humanas en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación. Por
consiguiente, será preciso adoptar medidas para mantener, adaptar o fortalecer la
diversidad del régimen y las pautas de alimentación y consumo adecuadas, (…), al
tiempo que se garantiza que los cambios en la disponibilidad y acceso a los
alimentos mínimos no afectan negativamente a la composición y la ingesta de
alimentos”. El Comité concluye:

“Por otra parte, toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los
medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma,
edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de
anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los derechos
económicos, sociales y culturales constituye una violación del Pacto.”

44. La jurisprudencia constitucional como las sentencia T-714 de 1996, la T-718 de
1999, la Sentencia T-388 de 2013, T-268 de 2017, el auto 121 de 2018 o el Auto
1745 de 2024 prescriben obligaciones precisas de las autoridades públicas respecto
del derecho a la alimentación. En el Auto 121 de 2018 se indicaron 9 deberes
específicos en cabeza de las autoridades públicas respecto de las personas
privadas de la libertad:

“1. De conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los
Reclusos, toda persona debe recibir alimentos en condiciones óptimas de
conservación, calidad y preparación, en un horario que se ajuste al del común
de la sociedad.
2. El personal médico de los establecimientos penitenciarios debe realizar
inspecciones regulares y asesorar al director respecto a la cantidad, calidad,
preparación y distribución de los alimentos con la finalidad de asegurar que el
valor nutritivo de los mismos sea suficiente para el mantenimiento de la salud
de los internos.
3. Los elementos y zonas utilizadas para prestar servicios alimentarios y
consumir alimentos deben ser adecuados y deben permitir a los internos
consumir sus alimentos en un espacio higiénico y, además, sentados en mesas
en condiciones higiénicas.
4. Los establecimientos penitenciarios deben recibir asesoramiento sobre el
régimen de alimentación (cantidad, calidad, preparación y distribución de los
alimentos) y el sistema de mantenimiento de higiene y el aseo de las
instalaciones.
5. Los establecimientos carcelarios se encuentran obligados a proveer
alimentación a los internos en la forma y con las condiciones que imponga el
dictamen médico o las reglas culturales o religiosas, que se establezcan en cada
caso especial.
6. Corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social establecer los
parámetros que deben cumplir los establecimientos carcelarios para asegurar
condiciones alimenticias saludables a los internos y precisar las cantidades y la
composición de las porciones necesarias para su bienestar. Lo anterior
conforme a un enfoque diferencial que consagre particularidades médicas
importantes y grupos de especial protección constitucional, cuya igualdad
dependa del factor alimenticio.
7. Los lineamientos establecidos por la autoridad competente sobre
alimentación en las cárceles colombianas, deben ser acogidos por la
generalidad de los establecimientos penitenciarios, sin importar si los alimentos
son suministrados a través de la contratación con empresas particulares.
8. En el caso de los niños, nacidos en la prisión o presentes en ella con
ocasión de la lactancia, corresponde a la Presidencia de la República, a través
del programa De Cero a Siempre, implementar: (i) la Estrategia de Atención
Integral a la Primera Infancia De Cero a Siempre; y (ii) el Esquema de los

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Primeros Mil Días de Vida, conforme corresponda. Con apoyo de este programa
el Ministerio de Salud y la Protección Social debe fijar los parámetros
alimentarios y nutricionales generales para los neonatos y los bebés a cargo del
establecimiento penitenciario.
9. Por último corresponde al Ministerio de Salud y Protección Social regular el
tratamiento y suministro de los alimentos, en la medida en que estos procesos
deben garantizar su conservación y la higiene en todo el proceso de
manipulación que conlleva la recepción y preparación de la comida de los
internos, como en el procedimiento de suministro. Esto implica consolidar
protocolos de tratamiento de alimentos para establecer de forma clara las reglas
que deberán seguir los establecimientos penitenciarios”

45. En particular, derecho a la alimentación comprende la posibilidad de acceder,
de manera regular, permanente y libre, a alimentos suficientes y adecuados que
permitan llevar una vida digna y satisfagan las necesidades nutricionales de cada
persona14. Sus elementos fundamentales son15: (i) la disponibilidad, que exige la
existencia de alimentos en cantidad suficiente; (ii) la accesibilidad física y
económica, sin discriminación ni afectación de otras necesidades básicas; (iii) la
adecuación, referida a su calidad nutricional, inocuidad, aceptación cultural y
correspondencia con la edad, la salud y demás condiciones particulares; y (iv) la
sostenibilidad, que garantiza su disfrute presente y futuro16. Este derecho impone
al Estado las obligaciones de respetar el acceso existente, protegerlo frente a
actuaciones de terceros y adoptar medidas para facilitar o suministrar directamente
cuando las personas no puedan procurarse por sí mismas, como ocurre con la
población privada de la libertad17.

46. Finalmente, debe indicarse que, en materia de la situación humanitaria dentro
de los establecimientos carcelarios y penitenciarios, la Corte Constitucional ha
declarado en varias ocasiones un Estado de Cosas Inconstitucional relacionado con
la vulneración de un abanico amplio de derechos fundamentales de las personas
privadas de la libertad, debido, entre varios motivos, a la situación de hacinamiento
carcelario (T-153 de 1998), y la falta de adecuación cultural e interseccional de los
establecimientos previstos para la privación de la libertad (T-388 de 2013) y la
situación de humanitaria en los establecimiento transitorio (SU-122 de 2022). Por lo
anterior, la Corte Constitucional cuenta con una sala de seguimiento a estas
providencias, sala que profiere autos de monitoreo en los que, profiere órdenes
estructurales dirigidas a que las autoridades públicas responsables avancen en la
solución de la situación de crisis de derechos fundamentales del sistema carcelario
y penitenciario. En este tipo de situaciones, la jurisprudencia constitucional18 ha

14 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11.1; Comité de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 12, El derecho a una
alimentación adecuada (artículo 11), documento E/C.12/1999/5, 12 de mayo de 1999, párr. 6
15 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 12, cit., párrs.

7 a 13. Véase también Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y FAO, El derecho a la alimentación adecuada, Folleto informativo núm. 34, pp. 3 y 4.
16 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General núm. 12, cit., párr.

15. Allí se desarrollan las obligaciones estatales de respetar, proteger y realizar —facilitar y hacer
efectivo— el derecho a la alimentación.
17 Asamblea General de las Naciones Unidas, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el

Tratamiento de los Reclusos —Reglas Nelson Mandela—, Resolución 70/175 del 17 de diciembre
de 2015, Regla 22; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios y Buenas Prácticas
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, aprobados durante el
131.º período ordinario de sesiones de 2008, Principio XI,
18 Corte Constitucional SU-092 de 2021.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

indicado que, cuando existe una sala de seguimiento en la corte constitucional sobre
una problemática puntual, y se presenta un acción de tutela concreta e individual,
respecto a una vulneración de un derecho fundamental de una persona, el juez de
amparo debe proferir órdenes concretas únicamente dirigidas a resolver la situación
del tutelante, evitando proferir órdenes estructurales, las cuales son atribución del
juez constitucional que realiza seguimiento a los estados de cosas
inconstitucionales, es decir, la sala de la corte Constitucional.

Análisis del caso concreto

47. Con base en las anteriores consideraciones se resuelve el caso concreto. Se
observa que, el Complejo Carcelario y Penitenciario Pedregal de la ciudad de
Medellín atraviesa una situación en la que, existen dificultades para garantizar el
adecuado manejo y distribución de los alimentos de la población privada de la
libertad. En efecto, según lo indicó la personería distrital de Medellín en su
intervención en este proceso de tutela, el 9 de febrero de 2024, el Tribunal Superior
de Distrito Judicial de Medellín profirió una sentencia de tutela dentro del radicado
05001-31-18-003-2023-00133, en la que verificó que en ese establecimiento
carcelario tiene problemas para garantizar la adecuada prestación del servicio. La
sentencia aportada por la personería indica:

“El Juzgado 3º Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, en fallo del
19 de diciembre de 2023, concedió el amparo de los derechos invocados por
las accionante; y en sustento de su decisión expuso que, quedó demostrada la
latente transgresión a los derechos fundamentales de las actoras ante las
falencias presentadas en el suministro de los alimentos dentro del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario “El Pedregal”, máxime cuando no
queda duda que existe una obligación de las entidades demandadas y
vinculadas de ejercer funciones de inspección, vigilancia y seguimiento a los
suministros alimenticios dentro del penal y velar porque estos cumplan con los
criterios de calidad, cantidad, suficiencia e higiene, cuyo incumplimiento se
evidenció del material probatorio aportado especialmente por la Dirección
Regional Noroeste INPEC.”

(…)

En ese orden de ideas y conforme la información suministrada al presente
trámite, acertada resulta la decisión emitida por el juzgado de primer nivel al
conceder los derechos fundamentales reclamados por las accionantes,
específicamente la protesta por la calidad y cantidad de alimentación que venía
suministrando la empresa contratada por la USPEC.”

48. En esa ocasión se ordenó a la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal
de Medellín y la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la Nación que realicen una visita de control y seguimiento
al suministro de los alimentos ofrecidos a las accionantes en el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario “El Pedregal”, con el fin de que verifiquen el cumplimiento
de esta sentencia.

49. En idéntico sentido se observa el Auto de la sala de seguimiento en materia
carcelaria de la Corte Constitucional, Auto 1745 de 21 de octubre de 2024 que,
respecto a la Complejo carcelario y penitenciario el Pedregal de la ciudad de
Medellín, volvió a verificar que, existen dificultades para la distribución en cantidad

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

y calidad adecuada de comida a los reclusos de esa institución. También señaló
falencias en la supervisión y en la adopción de medidas eficaces para prevenir y
corregir esas irregularidades. Por tanto, los hallazgos acreditados en el presente
caso no constituyen hechos aislados, sino que evidencian la continuidad de una
problemática previamente identificada por la Corte Constitucional, que sigue
comprometiendo la garantía efectiva del derecho fundamental a una alimentación
adecuada de las personas privadas de la libertad en dicho establecimiento. En esa
ocasión se verificó que se distribuía comida sin la adecuada cocción, y en
cantidades inferiores a las mínimas. Por ello se ordenó:

“PRIMERO. ORDENAR al Ministerio de Justicia y del Derecho, como cabeza
del Sector Administrativo de Justicia y del Derecho que, dentro de los seis (6)
meses siguientes a la notificación de este auto, disponga de todas las medidas
administrativas conducentes para: (…) (iii) garantizar el servicio adecuado de
alimentación en los ERON, lo cual incluye la evaluación de la prestación de este
servicio por todos los contratistas y la eventual adopción de medidas
administrativas y fiscales para quienes incumplen los contratos suscritos con la
USPEC. Se deberá prestar especial atención a la alimentación en los
establecimientos de Cúcuta, Puerto Triunfo, El Barne, El Pedregal, La Picota,
La Modelo y El Buen Pastor; (…)

50. Entonces, la tutela del ciudadano César Alejandro Días Montenegro no se
presenta descontextualizada o por fuera de una realidad concreta y conocida por
diversas instancias judiciales del país, y es que en el complejo carcelario y
penitenciario El Pedregal de la ciudad de Medellín, recientemente, han existido
dificultades para la garantizar el derecho a la alimentación de la población privada
de la libertad. Del anterior contexto jurisprudencial no debe concluirse que en el
caso del tutelante se presenta la misma vulneración, esto pues corresponde
examinar si no se han superado los obstáculos avizorados en las decisiones
judiciales proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y la Corte Constitucional,
ambas, mencionadas por las partes dentro del proceso de tutela.

51. La Sala precisa que las referencias a los informes elaborados por la
interventoría, a los instrumentos técnicos que regulan el suministro de alimentos y
a las actuaciones de quienes participan en su prestación se valorarán
exclusivamente como elementos probatorios de las condiciones materiales en las
que se garantizó el derecho a la alimentación. En consecuencia, esta providencia
no define si se configuró un incumplimiento contractual, no interpreta las cláusulas
de los negocios jurídicos celebrados por la USPEC ni determina las consecuencias
administrativas, fiscales o contractuales que puedan derivarse de su ejecución,
asuntos que corresponden a las autoridades competentes.

52. Respecto de la situación concreta de César Alejandro Díaz Montenegro se
verifica que, el USPEC, autoridad encargada de gestionar o contratar el suministro
de alimentos a la población carcelaria, entregó la operación de dicho servicio a la
Unión Temporal para el Progreso 202519. Como resultado del proceso de
verificación, se evidenció que, durante junio de 2026 y hasta la fecha, persisten
deficiencias reiteradas en la prestación del servicio de alimentación en el COPED
Pedregal, relacionadas con la calidad organoléptica de los alimentos suministrados.

19 En efecto, se trata del contrato No. 197-2025

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Tales falencias comprometieron la garantía efectiva del derecho fundamental a una
alimentación adecuada de las personas privadas de la libertad, en particular, su
dimensión de adecuación, al afectar las condiciones de preparación, sabor, textura,
presentación y aptitud para el consumo.

53. El 6 de julio se realizó la siguiente observación: “Durante la visita de verificación
se evidencia incumplimiento de las características organolépticas de la bebida agua
de panela con leche correspondiente al desayuno del menú 12. Se observa bajo
sabor característico a panela y leche, así como una textura aguada. Adicionalmente
durante la visita verificación se evidencia incumplimiento de las características
organolépticas del arroz blanco de la cena menú 12 ya que presenta textura blanda
húmeda y apelmazada y al manipularlo los granos se adhieren entre sí formando
una masa compacta. Tampoco se cumple con las características organolépticas del
plátano maduro ya que presenta textura muy blanda color y sabor no característico
ya que son más bajos de lo esperado”.

54. Se realizan observaciones del mismo tenor en las fechas 22 de junio, 23 de
junio, 19 de junio, 29 de mayo, 26 de mayo y 11 de mayo. Todas ellas relacionadas
con la cantidad y calidad de la alimentación que se ofrece a las personas privadas
de la libertad. Se reprocha que no satisfacen las características organolépticas,
tanto bebidas, como alimentos sólidos, por inadecuada cocción, textura,
presentación final, bajo contenido de pulpa, en el caso de los jugos. La siguiente
observación del informe de interventoría de 23 de junio ilustra el asunto:

“Durante la visita de verificación se evidencia incumplimiento en las
características organolépticas de algunos alimentos, no asociado a daño o
deterioro, sino a aspectos relacionados con su preparación y presentación. Se
observa que la arepa de maíz es entregada dentro del empaque primario del
proveedor fabricante sin realizarse calentamiento previo, por lo que no presenta
las características esperadas de temperatura y sabor. Asimismo, no se cumple
con la calidad de sabor y color característica de la bebida de chocolate con
leche, la cual se percibe aguada y con bajo sabor de su ingrediente principal.
De igual manera, se evidencian bananos con coloración verdosa y poca
uniformidad dentro de las canastillas, encontrándose mezcladas unidades
maduras con unidades verdes. Adicionalmente, se identifica incumplimiento en
el sabor, color y textura característicos del jugo de guayaba correspondiente al
almuerzo menú 14, debido a que se percibe un bajo contenido de pulpa. Esta
verificación se realiza en compañía del representante COSAL y del fiscal del
patio 8, quienes manifiestan igualmente su inconformidad con la calidad
sensorial de la bebida. Como acción correctiva inmediata, el contratista realiza
la adición de pulpa de guayaba a los recipientes de la bebida con el fin de
mejorar sus características organolépticas y la percepción de calidad por parte
de las personas que participaron en la prueba organoléptica”20.

55. Respecto al peso de las porciones, el interventor indicó: “se constató que el
operador cumple a cabalidad con el peso exigido y que ninguno de los componentes
se encuentra por debajo de lo establecido en la Minuta Patrón; en consecuencia, se
evidenció que, durante los meses de mayo a la fecha, se dio el cumplimiento de los
parámetros establecidos respecto al gramaje de los alimentos suministrados por el
operador UNIÓN TEMPORAL UNIDOS PARA EL PROGRESO 2025.”21

20 Folio 5 del informe de interventoría.
21 Folio 7 del informe de interventoría.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

56. Por su parte, la Contraloría Delegada para el Sector Justicia, en el informe
remitido al proceso de tutela, indicó que visitó el establecimiento carcelario y
penitenciario accionada, en el mes de marzo de 2026, en indicó que hizo hallazgos
respecto al servicio de alimentación en el COPED Pedregal Medellín 22 (Hallazgo
Nro. 22. COH_644_2026-1-AU-FI). Se lee en el informe:

“Se revisaron las condiciones higiénico–sanitarias reportadas en la última visita
de supervisión al servicio de alimentación, realizada en el marco del Contrato
de Interventoría No. 206-2025 al establecimiento COPED Pedregal – Medellín,
el día 07 de marzo de 2026, cuyo operador corresponde a la UT Unidos para el
Progreso 2025.

De acuerdo con lo consignado por la interventoría en el “Formato de Supervisión
del Servicio de Alimentación de los ERON – CRM y Plantas de Producción”, se
evidencian fallas relevantes en los controles de calidad del servicio de
alimentación, identificándose, entre otros, los siguientes incumplimientos:

• Problemas en la temperatura y conservación de alimentos al evidenciar
entrega de alimentos fuera de los rangos de temperatura exigidos
• Incumplimiento en el gramaje de las raciones
• Uso de recipientes inadecuados para distribución de alimentos
• Deficiencias sanitarias en áreas de producción
• Presencia de plagas en áreas del servicio
• Manejo inadecuado de materias primas
• Incumplimiento en dietas terapéuticas
• Problemas en mantenimiento y dotación a personal manipulador de
alimentos

57. En el informe se muestran registros fotográficos de la visita de 7 de marzo de
2026:

22 Folio 126 del informe de la Contraloría

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

58. En consonancia con la Corte Constitucional, la contraloría indica que, una de las
causas de la inadecuada prestación del servicio de alimentación se relaciona con
las debilidades en la supervisión nombrada por la USPEC, puesto que, a pensar de
los reportes de la interventoria, el supervisor no ha informado al ordenador del gasto
con el fin de que este conmine al contratista al cabal cumplimiento de sus funciones.
De lo anterior concluyó:

“De la respuesta de la entidad se evidencia que, para la fecha de verificación,
persistían incumplimientos en aspectos críticos del servicio, tales como control
de temperaturas, uso de recipientes no adecuados, condiciones sanitarias,
manejo de dietas terapéuticas, gramajes y procesos de distribución. Así mismo,
se reconoce la recurrencia de algunos hallazgos y la existencia de otros sin
subsanación, lo cual permite concluir que el servicio de alimentación no se
prestaba conforme a las condiciones técnicas, sanitarias y contractuales
exigidas.”23

59. Al contrastar los hechos acreditados con los elementos del derecho a la
alimentación, la Sala encuentra comprometida, principalmente, su dimensión de
adecuación. En efecto, los informes sobre la operación de ese servicio
correspondientes a mayo, junio y julio de 2026 registraron de manera reiterada
alimentos y bebidas que incumplían las condiciones exigibles de preparación,
cocción, temperatura, textura, sabor, composición y presentación. La entrega de
arepas sin calentamiento previo, bebidas aguadas o con escaso contenido de sus
ingredientes, frutas en condiciones inadecuadas de maduración y preparaciones
cuya textura y sabor no correspondían a la minuta demuestra que los alimentos
suministrados al actor no siempre fueron aptos para satisfacer dignamente sus
necesidades. Asimismo, las deficiencias sanitarias y de conservación identificadas
por la Contraloría constituyen un antecedente relevante que evidencia las
debilidades persistentes del servicio.

60. Las irregularidades también afectaron la accesibilidad material y la
sostenibilidad del derecho. Debido a su privación de la libertad, el accionante
depende completamente del Estado y del operador contratado para obtener
alimentos aptos para el consumo y no dispone de alternativas reales para sustituir
aquellos entregados en condiciones deficientes. Además, la reiteración de los
incumplimientos en diferentes fechas demuestra que no se trató de un hecho
aislado, sino de fallas capaces de comprometer la continuidad de una alimentación
adecuada. En ese contexto, la contratación del servicio con un particular no exime
a la USPEC de sus deberes de dirección, supervisión y control. Por el contrario, los
hallazgos sobre la insuficiente reacción frente a las alertas de la interventoría
evidencian que la entidad no garantiza oportunamente la corrección de las
deficiencias. Todo lo anterior se encuentra en contravía del artículo 68 del Código
Penitenciario y Carcelario, reformado por el artículo 49 de la Ley 1709 de 2014,
concretamente, el deber de que los alimentos sean “de tal calidad y cantidad que
aseguren la suficiente y balanceada nutrición de las personas privadas de la
libertad. La alimentación será suministrada en buenas condiciones de higiene y
presentación”.

23 Folio 131 del informe de la contraloría

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

61. En esas condiciones, la Sala concluye que la USPEC y la Unión Temporal
Unidos para el Progreso 2025 vulneraron el derecho fundamental del actor a recibir
una alimentación adecuada. En efecto, el artículo 68 de la Ley 65 de 1993 exige
que los alimentos suministrados a las personas privadas de la libertad cumplan
condiciones suficientes de calidad, nutrición, higiene y presentación. Las
deficiencias reiteradas reconocidas por la propia interventoría desconocieron ese
estándar y comprometieron, por su estrecha relación, la dignidad humana y la salud
del accionante.

Remedios judiciales

62. Como se indicó, cuando existe una Sala Especial de Seguimiento que profiere
órdenes estructurales, al juez que conoce una tutela individual le corresponde
adoptar remedios concretos o intermedios, dirigidos a superar la situación particular
del accionante, sin interferir en la formulación y supervisión de la política pública
general.

63. La determinación de los remedios debe partir de una concepción dialógica y
deliberativa de la justicia constitucional, conforme con la cual la intervención judicial
no busca sustituir a las autoridades administrativas ni definir directamente todos los
aspectos técnicos de la prestación del servicio, sino activar un proceso institucional
orientado a corregir la vulneración comprobada. Por ello, la solución no debe
reducirse a ordenar genéricamente el cumplimiento del contrato, sino que debe
propiciar una interacción entre el accionante, los representantes de derechos
humanos del patio, el COPED Pedregal, la Unión Temporal, la interventoría y la
USPEC, dirigida a identificar las fallas concretas y adoptar las correcciones
necesarias en materia de calidad, preparación, temperatura, conservación, higiene
y presentación de los alimentos24.

64. El juez constitucional puede promover una conversación entre las instituciones
y las personas afectadas, especialmente cuando estas últimas han permanecido
excluidas de los espacios ordinarios de decisión25. Las personas privadas de la
libertad se encuentran en una relación especial de sujeción y dependen de la
administración para satisfacer una necesidad básica que no pueden procurarse
autónomamente; por ello, su voz no puede quedar sustituida por los informes del
contratista o de la supervisión. Por consiguiente, las órdenes deben disponer
verificaciones periódicas y aleatorias, procurar la participación del accionante o de
los representantes de derechos humanos de su patio y exigir registros sobre los
incumplimientos encontrados y las medidas correctivas adoptadas. De esta manera,
la intervención judicial protege inmediatamente el derecho individual y, al mismo
tiempo, mejora la capacidad institucional para prevenir su repetición.

65. Por esa razón, las órdenes conservarán un núcleo imperativo y distribuirán
responsabilidades concretas de acuerdo con las competencias de cada obligado,
con el propósito de restablecer la garantía efectiva del derecho fundamental a la

24 Carlos Santiago Nino, La constitución de la democracia deliberativa, trad. Roberto P. Saba,
Barcelona, Gedisa, 1997, especialmente pp. 154-201.
25 Roberto Gargarella, «¿Democracia deliberativa y judicialización de los derechos sociales?»,

Perfiles Latinoamericanos, vol. 13, núm. 28, julio-diciembre de 2006, pp. 9-32.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

alimentación. La USPEC deberá adoptar las medidas administrativas, técnicas, de
supervisión y de control necesarias para corregir las deficiencias acreditadas y
garantizar el acceso regular y continuo a alimentos suficientes, inocuos y
adecuados. La Unión Temporal Unidos para el Progreso 2025 deberá suministrar
alimentos que satisfagan las condiciones exigibles de calidad, preparación, cocción,
temperatura, conservación, higiene, composición y presentación. Por su parte, el
Consorcio Interventoría Integral RF realizará verificaciones periódicas, aleatorias y
documentadas, con la participación del actor o de un representante de derechos
humanos de su patio, dirigidas a comprobar la superación de las fallas que afectan
las dimensiones de adecuación, accesibilidad material y sostenibilidad del derecho.
Finalmente, el INPEC, por conducto de la directora del COPED Pedregal, facilitará
dichas verificaciones y activará los mecanismos institucionales necesarios para
evitar el suministro de alimentos que no sean aptos para el consumo y procurar su
reemplazo oportuno. De este modo, el diálogo institucional recaerá sobre la
identificación de las barreras que impiden el goce efectivo del derecho y sobre las
medidas técnicas necesarias para removerlas, sin someter a deliberación la
existencia, el contenido mínimo ni la oportunidad de la protección judicial.

66. Finalmente, el remedio debe armonizar la dimensión individual del presente
amparo con el seguimiento estructural que adelanta la Corte Constitucional sobre el
sistema penitenciario. La Sala no reemplazará las órdenes generales del Auto 1745
de 2024 ni formulará una nueva política pública alimentaria, sino que establecerá
un mecanismo concreto de cumplimiento respecto de César Alejandro Díaz
Montenegro, susceptible de articularse con las instituciones responsables y de
producir información útil para el seguimiento estructural. En consecuencia, resulta
adecuado ordenar una fase inmediata de corrección, seguida de un periodo breve
de verificación participativa y de un informe final que demuestre resultados
materiales, no solo gestiones administrativas. Este diseño conserva la competencia
decisoria del juez, evita órdenes estructurales paralelas y construye un diálogo
institucional controlado, en el cual las entidades deben explicar sus actuaciones,
responder a las observaciones de las personas afectadas y acreditar que las
medidas adoptadas garantizaron efectivamente el derecho fundamental a una
alimentación adecuada.

Efectos inter comunis de la sentencia

67. Por regla general, los efectos de las providencias proferidas por el Juez de tutela
en sede de instancia tienen efectos inter-partes, quiere decir esto que sólo afectan
a los particulares de quienes intervienen en el proceso constitucional.

68. No obstante, según la jurisprudencia constitucional existen situaciones en los
que resulta necesario extender los efectos de un fallo para alcanzar a personas que
están en la misma situación de vulneración del tutelante. El juez de tutela puede
extender con efectos inter comunis una sentencia de amparo a personas que, si
bien no fueron parte del proceso de tutela, se verifica que están en la misma
situación que la persona actora y de respecto de quién se verificó que fueron
vulnerados sus derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional precisa
que, por motivos de garantía al derecho a la igualdad y economía procesal, si el

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

juez del amparo concluye que la vulneración denunciada por una persona se
extiende a un grupo de personas que guardan identidad fáctica, resulta posible
ampliar la orden de protección a las otras personas. En la sentencia T-760 de 2015,
reiterando el precedente fijado en las providencias T-069 de 2015, la T-946 de 2011
y T-088 de 2011, explicó:

“Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad entre las personas a las que
se les conculcan sus derechos fundamentales y acuden a la acción de tutela y
aquellas que a pesar de encontrarse en la misma situación no tienen la calidad
de accionantes, es preciso que la decisión del juez de tutela sea uniforme y
tenga los mismos efectos para unos y otros. Así entonces, para dictar fallos con
efectos inter comunis deben observarse los siguientes requisitos: “(i) que la
protección de los derechos fundamentales de los peticionarios atente o
amenace con atentar contra los derechos fundamentales de los no tutelantes;
(ii) que quienes no acudieron a la acción de tutela y los accionantes se
encuentren en condiciones objetivas similares; y (iii) que con la adopción de
este tipo de fallo se cumplan fines constitucionales relevantes tales como el
goce efectivo de los derechos de la comunidad y el acceso a la tutela judicial
efectiva.”

69. En esta oportunidad, la Sala concluye que está frente a las hipótesis que
permiten extender los efectos de una providencia de tutela de las partes procesales,
a la comunidad, en particular a las personas privadas de la libertad en el Complejo
Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, EL Pedregal, por
al menos tres razones: i) los individuos recluidos en el establecimiento carcelario
citado que no acudieron al presente proceso también enfrentan obstáculos de
acceso al derecho a la alimentación y soportan la vulneración de su derecho, como
lo muestran las fallas en la prestación de esa atención, que se señalaron en esta
providencia; ii) dichos sujetos se encuentran en condiciones objetivas similares, ya
que son beneficiarios del servicio nutricional, con los problemas que ha evidenciado
este fallo; y iii) la presente modulación cumple fines relevantes en términos
constitucionales, al pretender garantizar el goce efectivo del derecho a la
alimentación de la población interna en la cárcel mencionada. No resulta coherente
que se ordene a la USPEC el despliegue de actividades de protección solamente
para el tutelante, cuando del expediente se concluye que toda la comunidad de
personas privadas de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y
Media Seguridad de Medellín Pedregal soportan barreras a su derecho a la
alimentación y una garantía deficiente de este.

70. En la parte resolutiva de la providencia se ordenará al USPEC que, con efectos
inter comunis, garantice el derecho a la alimentación adecuada, dignidad humana,
y salud de todas las personas privadas de la libertad en el Complejo Carcelario y
Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, El Pedregal. Esto significa
que las órdenes proferidas en este fallo abarcan dicha población.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

RESUELVE

PRIMERO. DESVINCULAR a la Corte Constitucional del trámite constitucional.
Además, NEGAR la desvinculación de USPEC, la Personería Distrital de Medellín
y la Contraloría General de la República, y el consorcio interventoría integral RF.

SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales a la alimentación adecuada,
la dignidad humana y la salud de César Alejandro Díaz Montenegro, por las
deficiencias acreditadas en la calidad, preparación, temperatura, conservación,
condiciones sanitarias y presentación de los alimentos suministrados durante su
permanencia en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad
de Medellín, El Pedregal. Además, EXTENDER con efectos inter comunis la
protección constitucional de esta provincia a todas las personas privadas de la
libertad en este centro penitenciario.

TERCERO. En consecuencia, ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios
y Carcelarios —USPEC— que, dentro de los diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, adopte las medidas inmediatas y efectivas
necesarias para corregir las deficiencias acreditadas en el suministro de
alimentación al señor César Alejandro Díaz Montenegro y de las demás personas
internas en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de
Medellín, El Pedregal. En particular, deberá garantizar que los alimentos
suministrados al accionante cumplan condiciones adecuadas de calidad,
preparación, cocción, temperatura, conservación, higiene, composición y
presentación, de conformidad con los estándares constitucionales, legales y
técnicos aplicables. Para tal efecto, la USPEC ejercerá las competencias
administrativas, de supervisión y control que le corresponden y determinará las
actuaciones necesarias frente a los encargados de la prestación y vigilancia del
servicio.

CUARTO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —
USPEC— que, durante los cuarenta (40) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, disponga la realización de verificaciones periódicas y aleatorias sobre los
alimentos suministrados al accionante en el Complejo Carcelario y Penitenciario con
Alta y Media Seguridad de Medellín, El Pedregal. Los monitoreos deberán
comprender, al menos, las condiciones de preparación, cocción, temperatura,
conservación, higiene, composición y presentación de los alimentos. Cuando sea
posible, deberán contar con la participación del señor César Alejandro Díaz
Montenegro o de un representante de derechos humanos del patio en el que se
encuentra recluido, sin que ello implique la creación de una instancia permanente o
paralela de vigilancia. De cada verificación deberá dejarse un registro en el que
consten la fecha, el menú suministrado, las condiciones observadas, las deficiencias
encontradas y las medidas adoptadas para corregirlas.

QUINTO. ORDENAR al director del Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y
Media Seguridad de Medellín, El Pedregal, que, dentro del ámbito de sus
competencias, facilite las verificaciones dispuestas en esta providencia, informe de
manera inmediata a la USPEC las irregularidades advertidas y adopte las medidas

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05211-00
Accionante: César Alejandro Díaz Montenegro
Accionado: Unidad de Servicios penitenciarios y carcelarios (USPEC)
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

necesarias para impedir que sean suministrados al accionante alimentos que no
satisfagan las condiciones mínimas de calidad, preparación, cocción, temperatura,
conservación, higiene, composición y presentación. Cuando se advierta que un
alimento no cumple dichas condiciones, deberá activar de manera inmediata los
mecanismos institucionales correspondientes para asegurar su reemplazo oportuno
antes del consumo.

SEXTO. ORDENAR a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios —
USPEC— que, una vez concluido el término de cuarenta (40) días previsto en el
resolutivo cuarto de esta providencia, remita al juez de primera instancia, dentro de
los diez (10) días siguientes, un informe documentado sobre el cumplimiento de las
órdenes impartidas. El informe deberá contener: (i) las verificaciones realizadas; (ii)
las deficiencias identificadas; (iii) las medidas correctivas adoptadas; (iv) los
resultados materiales obtenidos respecto de la alimentación suministrada al
accionante; y (v) las actuaciones administrativas adelantadas, dentro de sus
competencias, para prevenir la reiteración de las irregularidades.

SÉPTIMO: SOLICITAR a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de
la Nación que, en el marco de sus competencias, apoyen, acompañen y vigilen la
plena observancia de las órdenes impartidas en esta sentencia, con el fin de
garantizar la efectividad de los derechos fundamentales aquí protegidos

OCTAVO: Esta sentencia tiene efectos inter comunis, por lo que las órdenes aquí
adoptadas se extenderán a todas las personas privadas de la libertad en el
Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Medellín, El
Pedregal.

NOVENO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio
más expedito.

DÉCIMO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.