Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05212-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-05212-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-05212-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
30 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-00
Accionante: LUZ MARINA BANUVI ROJAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ
Tema: Declara la improcedencia por no superarse el requisito de
relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer la acción de tutela presentada por la parte
actora en contra el Tribunal Administrativo del Chocó. Lo anterior, de conformidad
con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 9 de julio de 20262, se admitió la solicitud de amparo de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La señora Luz Marina Banuvi Rojas, actuando en nombre propio y como
agente oficiosa de los demás integrantes de la comunidad Emberá de Villanueva,
resguardo indígena Jurubirá Chorí (Nuquí – Chocó), interpuso acción de tutela
en contra de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo del Chocó.
Con la solicitud de amparo pretende que se les protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la
reparación integral, a la igualdad, a la diversidad étnica y cultural y a la dignidad
humana.
2. La transgresión de las anteriores garantías se las adjudica a la sentencia
del 27 de mayo de 2026 dictada por la autoridad judicial accionada. En tal
decisión se revocó parcialmente la providencia del 19 de diciembre de 2025
dictada por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Índice 6 Samai. Se precisa que se notificó como autoridad accionada al Tribunal Administrativo del
Chocó. A su vez, se vinculó al Ministerio de Defensa – Ejército y Armada Nacional, al Juzgado Segundo
Administrativo de Quibdó y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del
artículo 610 del Código General del Proceso.
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Quibdó que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, para, en su
lugar, declarar probada la excepción de caducidad frente a los hechos ocurridos
en los años 2016, 2018, 2021 y 2022. Ello, al interior de la acción de grupo
identificada con el radicado 27001-33-33-002-2025-00101-00/01.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia, a la reparación integral, a la igualdad y a la
diversidad étnica y cultural de los accionantes.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Sentencia No. 073 del 27 de
mayo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta
de Decisión, en cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de
los hechos de confinamiento y desplazamiento de los años 2016, 2018, 2021 y
2022.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO parcialmente la misma providencia en cuanto
fijó los perjuicios morales en 1,5 SMLMV.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de
Decisión, emita una nueva decisión donde se apliquen en debida forma y de
manera íntegra el enfoque diferencial, el análisis probatorio del contexto de los
hechos, así como los criterios establecidos por la sentencia de unificación
respecto de la caducidad, para que se fije una indemnización real que
corresponda a la realidad del daño sufrido.
QUINTO: ORDENAR que la nueva decisión que profiera el Tribunal garantice el
acceso material a la administración de justicia y un remedio efectivo, de modo
que resuelva de fondo la totalidad de los hechos victimizantes, no excluya a
ninguna de las víctimas pertenecientes a la comunidad y reconozca una
reparación real y no meramente nominal, en los términos de los artículos 1, 2, 13
y 229 de la Constitución y 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.
SEXTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de
Decisión, fije una indemnización donde se reconozca el acceso efectivo a la
indemnización de la comunidad indígena víctima del conflicto armado, la cual no
corresponda a una mera formalidad como se hizo en la providencia del 27 de
mayo de 2026.
SÉPTIMO: DISPONER que el amparo concedido surta EFECTOS INTER
COMUNIS, extendiendo la protección a todos los integrantes de la comunidad
Emberá de Villanueva, resguardo indígena de Jurubirá Chorí (Nuquí, Chocó),
afectados por la Sentencia No. 073 del 27 de mayo de 2026, hayan o no
comparecido u otorgado poder en la presente acción, por compartir idéntica
condición de víctimas y de sujetos de especial protección constitucional.3
1.2. Hechos
4. El 8 de agosto de 2016, la comunidad indígena Villanueva Jurubirá fue
víctima de confinamiento en Nuquí, Chocó, debido a la militarización del territorio
por un grupo armado ilegal que restringió su movilidad, amenazó a líderes
sociales y les impuso trabajos forzados.
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Transcripción literal que puede contener errores.
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5. Mediante la Resolución No. 2018-05669 del 26 de enero de 2019, la
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) incluyó a
los afectados en el Registro Único de Víctimas y reconoció el hecho victimizante
de confinamiento.
6. El 26 de junio de 2018, tras una nueva «incursión» armada, las familias
que integran dicha comunidad indígena fueron desplazadas. Tal situación
también fue reconocida por la UARIV en la Resolución No. 2018-92846 del 16 de
diciembre de 2018.
7. La Defensoría del Pueblo, mediante la alerta temprana No. 035-19 del 31
de agosto de 2019, informó sobre el alto riesgo de disputas territoriales entre
grupos armados, hechos de confinamiento y presencia de minas antipersona en
Nuquí. Sin embargo, el 5 de enero de 2020 y «en el año 2021», nuevamente la
comunidad fue víctima de confinamiento, hechos que fueron verificados por el
Comité Extraordinario de Justicia Transicional en el Acta 0001 del 10 de
septiembre de 2020 y reconocidos por la UARIV en las resoluciones No. 2020-
23619 y 2021-90563, respectivamente.
8. Luego, el 15 de junio de 2022, la Defensoría del Pueblo emitió la alerta
temprana de inminencia No. 017-22, en la que nuevamente advirtió sobre el alto
riesgo de homicidios, confinamientos y desplazamientos de los resguardos
indígenas de la zona. No obstante, en diciembre de 2022 y en enero de 2024 se
produjeron nuevos confinamientos, los cuales fueron reconocidos por la UARIV
mediante las resoluciones No. 2023-39610 y 2024-046623.
9. Por lo anterior, la señora Luz Marina Banuvi Rojas y demás miembros del
resguardo indígena Jurubirá Chorí presentaron acción de grupo contra la Nación
– Ministerio de Defensa Nacional – Ejército y Armada Nacional, con el fin de que
les fueran indemnizados los perjuicios que les fueron causados por los hechos
ocurridos en 2016, 2018, 2020, 2021, 2022 y 2024, derivados una falla en el
servicio por el incumplimiento del deber protección.
10. Al proceso se le asignó el radicado 27001-33-33-002-2025-00101-00/01 y
le fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo de Quibdó que, en sentencia
del 19 de diciembre de 2025, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, en consecuencia, concedió una indemnización de 30 s.m.l.m.v. a
cada miembro del grupo demandante.
11. Al respecto, expuso que las pruebas allegadas al proceso dan cuenta de
que, desde el año 2016, la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo a las
autoridades el nivel de riesgo en el que se encontraban las comunidades
indígenas que habitaban el territorio, derivado de la disputa de la zona por
diferentes grupos ilegales.
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12. En ese orden, encontró probado que la mencionada entidad emitió una
serie de recomendaciones dirigidas a la Gobernación del Departamento del
Chocó, a las «Alcaldías municipales del Medio San Juan», a la Fuerza Pública, a
la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación, entre
otras autoridades, las cuales, pese a la reiteración de las alertas, no fueron
acogidas, razón por la cual la población seguía siendo víctima de los «flagelos»
denunciados.
13. Por lo anterior, concluyó que desde el año 2016 las entidades
demandadas conocían de la situación de violencia padecida por las víctimas.
Indicó que, si bien el Ejército y la Armada Nacional realizaron operaciones en
aras de salvaguardar a la comunidad, lo cierto es que ninguna de ellas pudo evitar
el desplazamiento y el confinamiento padecido.
14. Por otro lado, sostuvo que no era posible declarar la caducidad de la
acción, ya que los hechos trataban sobre un daño continuado que no cesó, pues
si bien no se acreditó el tiempo que duró el desplazamiento, dicha situación aún
persiste debido a que la comunidad se encuentra asentada en lugares diferentes.
15. Inconforme con la decisión, el Ejército Nacional presentó recurso de
apelación. En concreto, indicó que el a quo no verificó de manera estricta y
rigurosa si cada una de las personas incluidas en la condena acreditó haber
sufrido un daño cierto, actual y jurídicamente imputable dentro del periodo
analizado. Por otro lado, consideró que no se identificó cuál fue la omisión
concreta que les fue atribuible para los hechos ocurridos en el año 2024.
16. El Tribunal Administrativo de Chocó, mediante sentencia del 27 de mayo
de 2026, revocó parcialmente el fallo de primera instancia y, en su lugar, declaró
probada la excepción de caducidad respecto a los hechos ocurridos en 2016,
2018, 2021 y 2022. En ese orden, declaró la responsabilidad de la Nación –
Ministerio de Defensa – Ejército y Armada Nacional únicamente respecto del
confinamiento ocurrido entre el 5 y 15 de enero de 2024 y disminuyó la
indemnización de perjuicios del grupo a 1.5 s.m.l.m.v. a favor de cada miembro
del grupo.
17. Para fundamentar su posición, señaló que, en materia de perjuicios
causados a un grupo, el término para ejercer el medio de control es de dos años
contados desde el día siguiente a la ocurrencia del hecho que causó el daño o
desde que este se consolidó o cesó. En ese orden, indicó que, habida cuenta de
que la demanda fue presentada el 8 de agosto de 2025, operó la caducidad
respecto de los hechos ocurridos en los años 2016, 2018, 2021 y 2022, en la
medida en que no se acreditó que los daños derivados de tales acontecimientos
hubiesen sido de ejecución sucesiva.
18. Refirió que, si bien las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo desde años anteriores evidenciaban el contexto general de riesgo, dicha
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circunstancia, por sí sola, no permite extender indefinidamente la responsabilidad
estatal ni releva el análisis individualizado de cada hecho dañoso. Ello, por cuanto
«la imputación patrimonial exige verificar la concreción de un daño cierto dentro
de un marco temporal jurídicamente exigible y no respecto de eventos históricos
frente a los cuales operaron los límites propios del ejercicio oportuno del derecho
de acción».
19. Por otro lado, encontró acreditado que el resguardo indígena fue sometido
a una situación de confinamiento entre el 5 y 15 de enero de 2024, como
consecuencia de la presencia y el accionar de grupos armados ilegales en el
municipio de Nuquí, circunstancia que restringió su libre movilidad y afectó sus
condiciones mínimas de subsistencia y seguridad.
20. Además, expuso que las pruebas obrantes en el expediente evidencian
que el Estado tenía conocimiento previo de la situación de riesgo en la que se
encontraban, lo cual le imponía a la fuerza pública un deber reforzado de
prevención y protección respecto de la población civil, especialmente frente a las
comunidades étnicas que históricamente han sido afectadas por el conflicto
armado. Sin embargo, las medidas desplegadas por las autoridades no
resultaron oportunas ni eficaces para evitar la materialización del confinamiento.
21. No obstante, señaló que desplazamiento con posterioridad a esos hechos
no fue acreditado, debido a que, más allá de las afirmaciones hechas en la
demanda, no se allegaron registros administrativos, certificaciones oficiales,
declaraciones, ni otros elementos de convicción que demostraran la ocurrencia
efectiva del abandono del territorio, su permanencia en un lugar distinto al de
residencia habitual o la imposibilidad de retorno, los cuales constituyen los
requisitos mínimos para estructurar el hecho victimizante de desplazamiento
forzado.
22. Por lo anterior, refirió que el reconocimiento indemnizatorio se
circunscribirá exclusivamente al periodo de confinamiento debidamente
acreditado entre el 5 y 15 de enero de 2024, el cual fue fijado en 1.5 s.m.l.m.v.
por concepto de daño moral para cada víctima, atendiendo a la entidad concreta
del daño y en aplicación de los principios de proporcionalidad y reparación
integral.
1.3. Sustento de la vulneración
23. La accionante indicó que el Tribunal Administrativo del Chocó incurrió en
un desconocimiento del precedente, por considerar que, al declarar de oficio la
caducidad de los hechos ocurridos en 2016, 2018, 2021 y 2022, aplicó de manera
parcial las sentencias del 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, SU-312 de 2020 y SU-167 de 2023 dictada por la Corte
Constitucional, que flexibiliza el término de caducidad en esos casos.
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24. Respecto a la tasación de los perjuicios, expuso que también fue
desconocida la sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014 dictada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del expediente (26251), la cual
fijó criterios vinculantes para liquidación de perjuicios morales.
25. En ese orden, refirió que en dicha providencia se estableció como tope
indemnizatorio para la víctima directa del daño 100 s.m.l.m.v., graduable según
la intensidad del daño y la naturaleza del derecho afectado. No obstante, para
casos de graves violaciones a los derechos humanos, se habilitó una
indemnización hasta de 300 s.m.l.m.v.
26. A su vez, sostuvo que se incurrió en un defecto fáctico, debido a que el
tribunal accionado justificó «de manera breve» el monto indemnizatorio
concedido, sin valorar los elementos probatorios que obran en el expediente y
que tenían la capacidad de determinar la verdadera magnitud del daño padecido,
como los registros de la UARIV y las alertas tempranas de la Defensoría del
Pueblo.
27. Finalmente, consideró que, si bien se declaró la caducidad respecto de los
hechos ocurridos entre 2016 y 2022, ello no impedía la valoración de dicho
contexto a efectos de graduar la intensidad del daño moral, pues «el tribunal
confundió dos operaciones jurídicamente distintas, por un lado, el límite temporal
de la responsabilidad y por el otro la dosimetría del daño».
1.4. Intervención
28. El Tribunal Administrativo del Chocó, luego de hacer un recuento de las
actuaciones surtidas al interior del proceso ordinario, indicó que la acción de
tutela no supera el requisito de relevancia constitucional porque carece de la
carga argumentativa exigida por la jurisprudencia constitucional para cuestionar
providencias judiciales.
29. Por otro lado, señaló que analizó cada una de las circunstancias fácticas
y administrativas que pudieron haber extendido el término bienal previsto para
interponer la demanda. No obstante, concluyó que las alertas tempranas emitidas
por la Defensoría del Pueblo no permiten extender indefinidamente la
responsabilidad estatal.
30. Además, expuso que el confinamiento y el desplazamiento forzado son
fenómenos distintos y excluyentes, razón por la cual no resulta jurídicamente
viable predicar su concurrencia simultánea, ni extender la noción de daño
continuado para abarcar hechos separados en el tiempo.
31. En ese sentido, puso de presente que las reglas fijadas por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en materia de
desplazamiento forzado no pueden aplicarse para casos de confinamiento. Ello,
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en la medida que, si bien ambos pueden generarse en un mismo hecho, lo cierto
es que los términos del medio de control de reparación de perjuicios causados a
un grupo para ambos flagelos son distintos.
32. Lo anterior, debido a que el confinamiento ha sido concebido como un
hecho instantáneo que puede tener efectos prolongados, pero no como una
afectación continuada, por tal razón, el término de caducidad se contabiliza a
partir del momento en que se produce el hecho lesivo, salvo que se demuestre
una prolongación material que impida el acceso a la justicia. Por su parte, el
desplazamiento forzado es una afectación continua y permanente, por ende, el
término de caducidad no puede contabilizarse de manera estricta desde el hecho
inicial de violencia.
33. Finalmente, expuso que la sentencia del 28 de agosto de 2014 dictada por
el Consejo de Estado unificó la reparación del daño moral en casos de muerte y
lesiones personales, por lo que no le resultaba factible acoger el criterio allí
previsto, debido a que no guardaba relación con el caso objeto de estudio.
II. CONSIDERACIONES
34. La Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo presentada
por la parte accionante. En ese sentido, esta Sección explicará las razones por
las cuales en el asunto objeto de estudio no se supera el requisito general de
relevancia constitucional.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud no cumple con los requisitos de procedencia de tutela
contra providencias judiciales
35. El Consejo de Estado4 y la Corte Constitucional5, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales6 y a la configuración de algún
defecto especial7 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
5
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-
388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
6
(i) Legitimación en la causa; (ii) inmediatez; (iii) subsidiariedad (iv) relevancia constitucional; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del
derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, , una
sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación
del Tribunal Especial para la Paz.
7
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
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invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
36. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se declarará
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
37. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple
con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a
exponerse.
38. Legitimación en la causa. Consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
39. Se advierte que la señora Luz Marina Banuvi Rojas está legitimada en la
causa por activa, pues hizo parte del grupo demandante en el medio de control
cuya providencia se cuestiona mediante esta vía.
40. Asimismo, la Sala pone de presente que la accionante también acudió a
la presente acción constitucional en calidad de agente oficiosa de los demás
miembros habitan en el resguardo Jurubirá Chorí, debido a que solo les es
posible desplazarse del lugar mediante vía marítima o fluvial y no cuentan con
oferta de representación judicial.
41. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional8, la
procedencia de la agencia oficiosa es excepcional y está supeditada al
cumplimiento de los siguientes requisitos normativos: i) la manifestación del
agente oficioso de estar actuando en tal calidad y, ii) la imposibilidad del
agenciado de defender directamente sus derechos.
42. En cuanto al primer requisito, se concluye que ese encuentra cumplido,
pues en el escrito de tutela la señora Banuvi Rojas afirmó expresamente actuar
en calidad de agente oficiosa del resguardo indígena Jurubirá Chorí.
43. En relación con el segundo requisito, la Sala considera que también se
encuentra acreditado, dado que la accionante expuso circunstancias que
dificultan que los demás miembros de la comunidad comparezcan directamente
al presente trámite constitucional, consistentes en el aislamiento geográfico del
8
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-
029 de 1993, T-736 de 2017, SU-055 de 2015, T-162 de 2016, T-120 de 2017, T-733 de 2017, T-382
de 2021.
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resguardo, así como en la ausencia de oferta de representación judicial.
44. Además, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, en particular
la sentencia T-081 de 2015, cuando la acción de tutela involucra derechos cuyo
titular es una comunidad indígena, los requisitos establecidos para su
representación son menos exigentes. Ello, debido que, al pertenecer a un grupo
de especial protección constitucional, prevalece el derecho sustancial sobre el
formal, circunstancia que le impone al juez constitucional flexibilizar la
acreditación de tales requisitos.
45. Por otra parte, se evidencia que el Tribunal Administrativo del Chocó está
legitimados en la causa por pasiva, por haber dictado la providencia que se
reprocha en la presente acción constitucional.
46. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
47. Como se expuso previamente, la accionante sostuvo que el Tribunal
Administrativo de del Chocó incurrió en un desconocimiento del precedente
judicial al declarar de oficio la caducidad de las pretensiones relacionadas con
los hechos ocurridos en los años 2016, 2018, 2021 y 2022. A su juicio, la
autoridad judicial aplicó de manera parcial la jurisprudencia de la Sección Tercera
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, que ha reconocido la
posibilidad de flexibilizar el término de caducidad en asuntos relacionados con
graves violaciones de derechos humanos.
48. Asimismo, afirmó que el tribunal desconoció el precedente fijado por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 28 de
agosto del 2014 en materia de tasación de perjuicios morales, pues, aunque
dicha jurisprudencia establece criterios para graduar la indemnización e incluso
prevé un mayor reconocimiento en casos de graves violaciones a los derechos
humanos, la autoridad judicial no valoró integralmente el contexto del caso ni los
elementos probatorios obrantes en el expediente, entre ellos los registros de la
UARIV y las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.
49. Finalmente, adujo que la providencia cuestionada incurrió en un defecto
9
Sentencia SU-215 de 2022.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Chocó
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05212-00
fáctico debido a que, al momento de establecer el monto indemnizatorio, no tomó
en consideración las pruebas obrantes en el expediente ni los hechos ocurridos
entre 2016 y 2022, a efectos de graduar la intensidad del daño moral.
50. Precisado lo anterior, para la Sala resulta evidente que los reproches
planteados en la acción de tutela no planten una controversia que revista de
relevancia constitucional, sino que evidencian una mera inconformidad con la
decisión adoptada por el juez natural.
51. Esto, debido que, por un lado, los reproches planteados por la accionante
están dirigidos a que el juez de tutela sustituya la valoración jurídica y probatoria
efectuada por el Tribunal Administrativo del Chocó sin que medie una justificación
encaminada a evidenciar la presunta transgresión de sus garantías
constitucionales y que justifique la intromisión del juez constitucional y, por otro
lado, no cuentan con la carga argumentativa exigida para superar el requisito
bajo estudio.
52. De la revisión de la providencia reprochada, se evidencia, prima facie, que
el tribunal se refirió a las pruebas aportadas al proceso, entre ellas, las alertas
tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las Resoluciones No. 2018-
5669 del 26 de enero de 201810, No. 2018-92846 del 16 de noviembre de 2018,11
2021-90563 del 22 de diciembre de 202112, 2023-39610 del 18 de abril de 202313
y 2024-46623 del 21 de mayo de 202414 proferidas por la UARIV.
53. No obstante, concluyó que los hechos victimizantes ocurridos entre los
años 2016 y 2022 constituían acontecimientos diferenciados en el tiempo y no
correspondían a un daño permanente, continuado o de ejecución sucesiva, razón
por la cual declaró la caducidad respecto de tales eventos y circunscribió el
estudio de responsabilidad al confinamiento ocurrido en enero de 2024 que, en
efecto, fue declarada e indemnizada con 1.5 s.m.l.m.v. a favor de cada una de
las víctimas.
54. Bajo ese contexto, la Sala advierte que, aunque la accionante identifica las
alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y las resoluciones
expedidas por la UARIV como los elementos de convicción que, en su criterio, no
fueron debidamente valorados a efectos de establecer el monto de la
indemnización, lo cierto es que tales medios probatorios fueron objeto de análisis
por parte del tribunal accionado. Por tal razón, su inconformidad radica en que
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A través de la cual se reconoció el hecho victimizante de confinamiento, por los hechos ocurridos en
agosto de 2016.
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A través de la cual se reconoció el hecho victimizante de desplazamiento forzado por el hecho
ocurrido el 26 de junio de 2018, en el que la comunidad se dirigió desde la comunidad Villanueva
Jurubidá, municipio de Nuquí, hacia el casco urbano de dicho ente territorial.
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A través de la cual se reconoce el hecho victimizante de confinamiento por los hechos ocurridos en
julio de 2021.
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A través de la cual se reconoce el hecho victimizante de confinamiento por los hechos ocurridos en
diciembre de 2022.
14
A través de la cual se reconoce el hecho victimizante de confinamiento por los hechos ocurridos en
enero de 2024.
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dicha autoridad concluyó que no demostraban la existencia de un daño
continuado o de ejecución sucesiva que impidiera la configuración de la
caducidad y circunscribió la magnitud del daño solo al hecho de confinamiento
ocurrido entre el 5 y 15 de enero del 2024. En consecuencia, los
cuestionamientos realizados en el escrito de tutela solo reflejan una mera
discrepancia con las conclusiones a las que llegó el juez natural de la causa,
pues, en su sentir, dichas pruebas constataban que la comunidad padeció un
daño continuado en el tiempo, lo que debió traducirse en una mayor
indemnización.
55. Lo mismo ocurre respecto del cargo por desconocimiento del precedente
judicial. Si bien la parte accionante citó las providencias del 28 de agosto de 2014
y del 29 de enero de 2020 proferidas por la Sección Tercera del Consejo de
Estado, así como las sentencias SU-312 de 2020 y SU-167 de 2023 de la Corte
Constitucional, que estimó omitidas por el tribunal accionado, lo cierto es que no
cumplió con la carga argumentativa mínima de explicar, siquiera de manera
sumaria, cuál era la regla jurisprudencial o el criterio de flexibilización contenido
en dichas decisiones que resultaba aplicable al caso concreto y de qué manera
fue desconocido por la autoridad judicial demandada.
56. Lo anterior, debido a que en el escrito de tutela no se exponen las razones
por las cuales el asunto puesto en conocimiento del juez ordinario se encuadraba
dentro de los eventos excepcionales de flexibilización del término de caducidad
en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Además, tampoco puso
de presente si se presentó alguna circunstancia que les impidiera materialmente
ejercer de manera oportuna la acción respecto de los hechos declarados como
caducados. Es más, los reproches al respecto también apuntan a cuestionar que
los hechos victimizantes no se tuvieran como un daño «acumulado y prolongado
en el tiempo» para el cómputo de la caducidad y del cálculo del monto
indemnizatorio.
57. En ese orden, sus argumentos se limitaron a afirmar que dichas
providencias le resultaban aplicables, sin explicar de qué manera el Tribunal
Administrativo del Chocó se apartó de las reglas allí establecidas. En
consecuencia, la Sala advierte que dicho cargo también carece de la carga
argumentativa necesaria para que proceda un estudio de fondo por parte del juez
constitucional.
58. En consecuencia, esta Sección advierte que formular un simple
desacuerdo con una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de
garantías fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento
revista necesariamente de relevancia constitucional. En estos asuntos, se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo que permita
entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de un
derecho fundamental.
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59. Esto, debido a que la competencia de este juez se restringe a la
protección efectiva de las garantías constitucionales y no a problemas de carácter
probatorio, legal y/o económico, o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales de la causa. Por ende, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada
por la señora Luz Marina Banuvi Rojas, en nombre propio y como agente oficiosa
del resguardo indígena Jurubirá Chorí, contra el Tribunal Administrativo del
Chocó.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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