Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05212-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05212-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05212-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05212-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
8 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 8 de septiembre de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Desconocimiento del
precedente y defecto fáctico - ampara
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que modificó
la condena de primera instancia para declarar parcialmente la caducidad de la acción y
reducir la indemnización reconocida, en el marco de un proceso de perjuicios causados a
un grupo por confinamiento y desplazamiento forzado.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora en contra de la Sentencia de
30 de julio de 2026, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 7 de julio de 2026, Luz Marina Banuvi Rojas, a través de apoderado
judicial, en su nombre y como agente oficiosa del resguardo indígena de
Jurubirá3 presentó una acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo formulada por la señora Luz Marina Banuvi
Rojas, en nombre propio y como agente oficiosa del resguardo indígena Jurubirá Chorí, contra el Tribunal
Administrativo del Chocó”.
3 La señora Luz Marina Banuvi Rojas es integrante del grupo demandante dentro de la acción de grupo 27001-33-
33-002-2025-00101-01. Adicionalmente, en el escrito de tutela su apoderado justificó la actuación en calidad de
agente oficiosa de los demás integrantes de la comunidad indígena en los siguientes términos (se trascribe): “la
accionante actúa como agente oficiosa de los demás integrantes de la comunidad Emberá de Villanueva, en los
términos del inciso tercero del artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, que autoriza agenciar derechos ajenos cuando
el titular de estos no esté en condiciones de promover su propia defensa, circunstancia que se manifiesta
expresamente en este escrito.
La imposibilidad material de los demás integrantes de la comunidad para acudir por sí mismos ante esta
jurisdicción es real y verificable. En efecto, mientras la señora Luz Marina Banuvi Rojas en la actualidad reside en la
ciudad de Quibdó, lo que le permite el acceso físico a las sedes judiciales , notarias y a la asesoría jurídica, los
demás miembros de la comunidad residen en el resguardo de Jurubirá Chorí, en zona rural dispersa del municipio
de Nuquí, a la cual se accede únicamente por vía marítima o fluvial, sin presencia institucional estable, sin oferta
de representación judicial y con graves barreras económicas, lingüísticas y culturales.
A lo anterior se suma que se trata de una comunidad indígena expresamente identificada en el Auto 004 de 2009
como pueblo en riesgo de exterminio físico y cultural, sometida de manera reiterada a confinamientos y
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
de Chocó, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, reparación integral, igualdad, diversidad étnica y cultural y
dignidad humana, con ocasión de la Sentencia de 27 de mayo de 2026,
proferida dentro de la acción de grupo No. 27001-33-33-002-2025-00101-01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, a la reparación integral, a la igualdad y a la diversidad
étnica y cultural de los accionantes.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Sentencia No. 073 del 27 de mayo de
2026 proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión, en
cuanto declaró probada la excepción de caducidad respecto de los hechos de
confinamiento y desplazamiento de los años 2016, 2018, 2021 y 2022.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTO parcialmente la misma providencia en cuanto fijó los
perjuicios morales en 1,5 SMLMV.
CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión,
emita una nueva decisión donde se apliquen en debida forma y de manera íntegra
el enfoque diferencial, el análisis probatorio del contexto de los hechos, así como los
criterios establecidos por la sentencia de unificación respecto de la caducidad, para
que se fije una indemnización real que corresponda a la realidad del daño sufrido.
QUINTO: ORDENAR que la nueva decisión que profiera el Tribunal garantice el acceso
material a la administración de justicia y un remedio efectivo, de modo que resuelva
de fondo la totalidad de los hechos victimizantes, no excluya a ninguna de las
víctimas pertenecientes a la comunidad y reconozca una reparación real y no
meramente nominal, en los términos de los artículos 1, 2, 13 y 229 de la Constitución y
25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
SEXTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo del Chocó – Sala Quinta de Decisión, fije
una indemnización donde se reconozca el acceso efectivo a la indemnización de la
comunidad indígena víctima del conflicto armado, la cual no corresponda a una
mera formalidad como se hizo en la providencia del 27 de mayo de 2026.
SÉPTIMO: DISPONER que el amparo concedido surta EFECTOS INTER COMUNIS,
extendiendo la protección a todos los integrantes de la comunidad Emberá de
Villanueva, resguardo indígena de Jurubirá Chorí (Nuquí, Chocó), afectados por la
Sentencia No. 073 del 27 de mayo de 2026, hayan o no comparecido u otorgado
poder en la presente acción, por compartir idéntica condición de víctimas y de
sujetos de especial protección constitucional.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
desplazamientos por el accionar de grupos armados ilegales, factores que agravan y hacen aún más gravosa su
imposibilidad de desplazarse desde el resguardo hasta las sedes judiciales para promover individualmente la
defensa de sus derechos. Exigir que cada uno de los integrantes de la comunidad se traslade desde Nuquí para
ejercer la acción constituiría, precisamente, una reproducción de las barreras de acceso a la justicia que esta
misma tutela denuncia.”.
Mediante Auto de 9 de julio de 2026, el juez de tutela de primera instancia admitió la presente acción y aceptó
la agencia oficiosa.
2 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
4. 1) La comunidad Emberá de Villanueva, resguardo de Jurubirá Chorí,
en el municipio Nuquí (Chocó), ha sido víctima de distintos hechos de
confinamiento y desplazamiento forzado entre el 2016 y el 2024, reconocidos
por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
5. 2) Por estos hechos, un grupo de habitantes de dicha comunidad
promovió una acción de grupo contra la Nación - Ministerio de Defensa –
Ejército Nacional y Armada Nacional, con el fin de obtener indemnización
por los hechos de confinamiento y desplazamiento forzado que atribuyeron
a la omisión estatal en el deber de protección y seguridad. El proceso fue
conocido en primera instancia por el Juzgado 2 Administrativo de Quibdó
bajo el radicado No. 27001-33-33-002-2025-00101-00.
6. 3) El 19 de diciembre de 2025, el juzgado profirió decisión de primera
instancia en la que declaró la responsabilidad de la Nación – Ministerio de
Defensa – ejército Nacional – Armada Nacional por los daños sufridos por los
habitantes de la comunidad de Villanueva del resguardo Jurubirá Chorí, con
ocasión del desplazamiento forzado y el confinamiento que padecieron. En
consecuencia, los condenó al pago de perjuicios morales por 30 SMLMV
para cada uno de los demandantes y a los demás que se acogieran a lo
dispuesto en dicha sentencia hasta un máximo de 269 personas.
7. 4) La parte demandada presentó recurso de apelación al considerar
que el juzgado condenó de manera uniforme en favor de un grupo de
personas sin verificar individualmente la existencia del daño dentro del
período analizado. Asimismo, sostuvo que no identificó una omisión
concreta atribuible a las entidades demandadas durante el 2024 que
hubiera causado el daño, por lo que solicitó que se revocara la decisión de
primera instancia.
8. 5) Mediante Sentencia de 27 de mayo de 2026, el Tribunal
Administrativo de Chocó encontró probada la excepción de caducidad
respecto de los hechos de confinamiento y desplazamiento ocurridos entre
2016 y 2022, por lo que limitó el análisis de responsabilidad a los hechos
ocurridos en 2024. Asimismo, concluyó que no fue acreditado el
desplazamiento forzado para esa anualidad pero sí el confinamiento sufrido
entre el 5 y el 15 de enero de 2024.
9. La Sala determinó que las entidades demandadas conocían
previamente el riesgo que enfrentaba la comunidad a través de alertas
tempranas e informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo y que
las medidas adoptadas fueron insuficientes para evitar el confinamiento. En
consecuencia, declaró probada la falla del servicio, pero redujo la
3 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
indemnización de perjuicios morales a 1.5 SMLMV por cada víctima
acreditada.4
10. Como fundamento de la vulneración, se alegó que las decisiones de
primera y segunda instancia incurrieron en:
11. a) Desconocimiento del precedente por indebida declaratoria de la
caducidad. Sostuvo que el tribunal se limitó a hacer un cómputo
estrictamente aritmético con base en la Sentencia de Unificación del
Consejo de Estado de 29 de enero de 2020, sin valorar en el caso concreto
las barreras de acceso a la administración de justicia y las condiciones de
vulnerabilidad de las víctimas. No valoró que los demandantes pertenecen
a una comunidad indígena que habita en zona rural de difícil acceso en el
Chocó, sin presencia institucional estable, con barreras lingüísticas y
culturales, en situación de pobreza extrema y sometida a control armado
permanente. Como sentencias desconocidas citó la SU 167 de 2023 y la SU
429 de 2024 de la Corte Constitucional porque se hizo el cómputo de la
caducidad sin analizar las condiciones y barreras de las víctimas y tampoco
se tuvo en cuenta el Auto 004 de 26 de enero de 2009 de la Corte
Constitucional que declaró a dicho pueblo indígena en peligro de ser
exterminado cultural o físicamente por el conflicto armado interno.
12. Asimismo, señaló que, al reducir la condena de 30 a 1,5 SMLMV por
víctima se desconoció el precedente del Consejo de Estado de 28 de
agosto de 2014 (26251 y 32988) sobre los criterios vinculantes para la
liquidación de perjuicios morales en casos de afectación de derechos
constitucionales y convencionales, las cuales fijaron el tope indemnizatorio
en hasta 100 SMLMV y, tratándose de graves violaciones a los derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, hasta un
máximo de 300 SMLMV, categoría en la que se encuentra el confinamiento
y el desplazamiento forzado de una comunidad indígena por grupos
armados ilegales y en su lugar se ordenó una indemnización muy reducida
para la magnitud de la afectación.
13. También señaló que se desconoció el precedente del Consejo de
Estado de 10 de junio de 2021, radicado 2002-04584-02 (AG) REV-SU
proferida por la Sala Especial de Decisión 1, sobre acciones de grupo
promovidas por comunidades étnicas que exige una valoración reforzada
de la especial protección constitucional de estos pueblos.
4 “TERCERO: Condenar a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO y ARMADA NACIONAL a indemnizar los
perjuicios morales declarados en esta Sentencia, a los siguientes demandantes y a los demás integrantes del grupo
que se acojan a lo dispuesto en esta sentencia según los requisitos expuestos en su parte motiva. Es decir, a cada
persona que demandó en esta acción y que demostró haber padecido el daño, se pagará un salario y medio 1.5
SMLMV, así: (…) Una suma igual se pagará a cada persona que, según lo indicado en esta providencia, acredite
su condición de beneficiaria de la sentencia durante los 20 días siguientes a su publicación”.”
4 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
14. b) Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, en especial de
las resoluciones expedidas por la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (UARIV) mediante las cuales se reconocieron distintos
hechos de confinamiento y desplazamiento ocurridos en 2016, 2018, 2021,
2022 y 2024.
15. También señaló que se restó valor a las alertas tempranas emitidas por
la Defensoría del Pueblo (020 de 2016, 035 de 2019, 017 de 2022 y 009 de
2024) sobre el riesgo extremo soportado por la comunidad y las actas del
Comité Territorial de Justicia Transicional de Nuquí que dejó constancia del
carácter cíclico y reiterado del confinamiento. Estimó que, de haber sido
valorado el material probatorio en su integridad, habría quedado
acreditada la magnitud del daño sufrido por los demandantes y se habría
reconocido una indemnización mayor, acorde con la gravedad de las
afectaciones padecidas.
16. c) Violación directa de la Constitución por omisión del enfoque
diferencial étnico, debido a que no tuvo en cuenta la protección reforzada
de los pueblos indígenas, pese a que la Corte Constitucional ha reconocido
el riesgo de exterminio físico y cultural que enfrentan varios pueblos
indígenas afectados por el conflicto armado.
1.2. Sentencia de primera instancia5 e impugnación
17. En Sentencia de 30 de julio de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró improcedente la presente acción por no superar el requisito
de relevancia constitucional. Estimó que los reparos de la accionante
reflejaban una discrepancia con la valoración jurídica y probatoria del juez
natural, y no una verdadera vulneración a derecho fundamental alguno.
18. Explicó que el tribunal sí examinó las alertas tempranas de la
Defensoría del Pueblo y las resoluciones de la UARIV, no obstante concluyó
que los hechos ocurridos entre los años 2016 y 2022 no eran un daño
permanente o continuado, razón por la cual declaró la caducidad respecto
de tales eventos.
19. En relación con el desconocimiento del precedente, el tribunal
concluyó que si bien se identificó con claridad algunas decisiones de
unificación, la parte accionante no cumplió con la carga argumentativa de
5 Mediante Auto de 9 de julio de 2026, el despacho sustanciador de primera instancia decidió 1) admitir la acción
de tutela formulada por Luz Marina Banuvi Rojas, en nombre propio y como agente oficiosa de los demás
integrantes de la comunidad Emberá de Villanueva, resguardo indígena de Jurubirá Chorí (Nuquí – Chocó), (2)
tener como accionada a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, (3) vincular a la Nación
– Ministerio de Defensa – Ejército y Armada Nacional, al Juzgado 2 Administrativo de Quibdó y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, (4) reconocer personería al abogado y (5) negar la medida provisional.
5 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
explicar cuál era la regla jurisprudencial aplicable al caso concreto y cómo
fue desconocido.
20. La parte actora impugnó la providencia anterior y, en general, reiteró
los argumentos expuestos en el escrito de tutela. En primer lugar, señaló que
la Sección Quinta aplicó de forma rigurosa el requisito de relevancia
constitucional al declarar improcedente la acción de tutela, pues
desconoció que la accionante representaba a una comunidad indígena
Emberá que era sujeto de especial protección constitucional.
21. Además, sostuvo que la tutela sí identificó adecuadamente el
precedente sobre flexibilización de la caducidad en casos de graves
violaciones de derechos humanos y que el Tribunal Administrativo de Chocó
aplicó de forma incompleta dichas reglas al limitarse a un cómputo
estrictamente temporal del término de caducidad.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de los defectos alegados. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales. 2.5. Conclusión.
2.1. Identificación de los defectos alegados
22. Si bien la parte actora alegó la configuración de varios defectos tales
como desconocimiento del precedente, defecto fáctico y violación directa
de la constitución, la Sala analizará los reparos relacionados con esta última
bajo la óptica del desconocimiento del precedente, pues ese cargo se
fundamentó en la falta de aplicación de protección reforzada de las
comunidades indígenas. En ese sentido, la Sala concentrará el análisis en los
cargos por desconocimiento del precedente y del defecto fáctico.
2.2. Fijación de la controversia
23. Le corresponde a la Sala verificar si la presente acción de tutela
satisfizo, o no, el requisito de relevancia constitucional. En el evento en el que
la respuesta a este interrogante sea afirmativa, se procederá a establecer,
una vez verificados los demás requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencia judicial, si el Tribunal Administrativo de
Chocó incurrió en defecto fáctico y/o desconocimiento del precedente al
proferir la Sentencia de 27 de mayo de 2026. En ese orden, se procederá a
confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado.
6 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
24. Para la Sala, sí se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y eficaz que
permitiera a la parte actora alegar los reparos planteados vía tutela y
procurar la defensa de los derechos presuntamente vulnerados. Hubo un
plazo razonable entre la fecha de notificación de la decisión cuestionada
(2/6/2026)6 y la interposición de la presente acción de tutela (7/7/2026)7. No
se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con una
Sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de
perjuicios causados a un grupo. Se identificaron de manera clara, detallada
y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por
último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por
tratarse de la presunta afectación de los derechos fundamentales de una
comunidad indígena víctima de conflicto armado, derivada de los defectos
que se atribuyen a la sentencia proferida en segunda instancia dentro de
un medio de control de reparación de perjuicios causados a un grupo.
Además, no se advierte una reiteración de los argumentos expuestos ante
el juez natural dado que fue la entidad demandada quien apeló la decisión.
2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales
25. En relación con el desconocimiento del precedente, la parte
accionante señaló que el tribunal desconoció la jurisprudencia relativa a la
flexibilización de la caducidad en asuntos relacionados con graves
violaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado. Para
sustentarlo citó las Sentencias SU 167 de 2023 y la SU 429 de 2024 de la Corte
Constitucional, en las cuales se reiteró que, aun cuando las acciones
promovidas por víctimas de graves violaciones de los derechos humanos se
encuentran sujetas a los términos de caducidad, el juez debe analizar las
circunstancias del caso, en especial las que hubieran podido impedir el
ejercicio oportuno del derecho de acción o constituir barreras de acceso a
la administración de justicia.
26. En el caso concreto, aunque el tribunal reconoció expresamente que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado8 exige
considerar las condiciones de vulnerabilidad y las barreras de acceso a la
justicia que enfrentan las víctimas, lo cierto es que, al resolver el caso
concreto, se limitó a constatar la fecha de ocurrencia de cada uno de los
hechos y la fecha de presentación de la demanda, para concluir que
6 La Sentencia fue notificada a las partes mediante mensaje de datos enviado el 29 de mayo de 2026.
7 Según acta Individual de reparto.
8 Para ello citó la Sentencia de Unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 29 de enero de 2020 y
la Sentencia de la Corte Constitucional SU 429 de 2024.
7 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
respecto de los acontecimientos ocurridos en 2016, 2018, 2021 y 2022 había
operado la caducidad de la acción (se trascribe):
“La Sala comparte que las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del
Pueblo desde años anteriores evidenciaban un contexto general de riesgo y
presencia de grupos armados ilegales en la región; no obstante, dicha
circunstancia, por sí sola, no permite extender indefinidamente la
responsabilidad estatal ni releva del análisis individualizado de cada hecho
dañoso. En efecto, las advertencias institucionales reflejan una situación
estructural de orden público, pero la imputación patrimonial exige verificar la
concreción de un daño cierto dentro de un marco temporal jurídicamente
exigible y no respecto de eventos históricos frente a los cuales operaron los
límites propios del ejercicio oportuno del derecho de acción.
En esa línea, la Sala considera que el a quo otorgó un alcance
desproporcionado a la noción de daño continuado al declarar exentos de
caducidad los hechos alegados. El confinamiento de 2016 debía reclamarse a
más tardar en 2018; el desplazamiento de 2018 solo podía demandarse dentro
de los dos años siguientes al retorno de la comunidad o al momento en que se
acreditaran condiciones de seguridad para regresar, lo cual se entiende
ocurrido antes de 2022, fecha en la que se afirma un nuevo confinamiento; el
confinamiento de 2021 imponía como plazo máximo para demandar el año
2023; y el confinamiento de 2022 debía reclamarse a más tardar en 2024, sin
embargo, se itera que la demanda se presentó en el año 2025, cuando ya
había acaecido la caducidad por estos hechos. Debe precisarse, además, que
el confinamiento y el desplazamiento son fenómenos distintos y excluyentes,
razón por la cual no resulta jurídicamente viable predicar su concurrencia
simultánea ni extender la noción de daño continuado para abarcar hechos
separados en el tiempo.
Precisado lo anterior, la Sala limitará el análisis de los elementos de la
responsabilidad patrimonial del Estado a los hechos ocurridos en el año 2024,
únicos respecto de los cuales el medio de control fue ejercido oportunamente.”.
27. De lo trascrito se advierte que, si bien el tribunal reconoció que las
alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo evidenciaban un contexto
generalizado de riesgo para las comunidades indígenas de esa región,
dicho análisis resultó insuficiente frente a la regla jurisprudencial que aplicó,
pues se limitó a realizar el cómputo del término de caducidad, sin estudiar si
las condiciones particulares acreditadas en el expediente podían constituir
barreras para el ejercicio del derecho de acción. En ese sentido y en
relación con el defecto fáctico también alegado se observa una valoración
incompleta de las resoluciones expedidas por la UARIV, las alertas
tempranas de la Defensoría del Pueblo y las actas de los Comités Territoriales
de Justicia Transicional.
28. En efecto, de las pruebas que obran dentro del expediente ordinario
se encuentra que la UARIV, al reconocer el confinamiento ocurrido en 2016
citó el acta del municipio de Nuquí en el que se consignó que existía un
“temor generalizado por la presencia permanente de grupos ilegales”, que
había “prohibiciones por parte de actores ilegales para el tránsito libre por
el territorio”, presencia de minas antipersona y que las alteraciones del orden
público “impiden que se trasladen a sus cultivos o realicen prácticas de
8 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
caza”. Asimismo, en Resolución de 20 de marzo de 2020 advirtió que las
comunidades se encontraban en condiciones de pobreza, marginalidad y
exclusión de la población por ausencia estatal.
29. En todo caso, dichas circunstancias no se limitaron a hechos ocurridos
entre el 2016 y 2020. En la Resolución No. 2024-46623 de 21 de mayo de 2024,
la UARIV reconoció el confinamiento ocurrido entre el 5 y el 15 de enero de
2024 en la comunidad Villanueva del resguardo Jurubirá Chorí y Alto Baudó.
En dicho acto se dejó constancia de la “presencia permanente del actor
armado” el cual restringió el tránsito a las parcelas, prohibió labores de
pesca, caza y agricultura, lo que mantuvo a la población en constante
miedo y zozobra. Asimismo, se indicó que la comunidad tenía dificultades
para trasladar pacientes enfermos a centros de salud y que existía
preocupación por el reclutamiento de menores de edad.
30. Tales circunstancias también fueron documentadas en el informe de
riesgo No. 020 de 2016 de la Defensoría del Pueblo y otras alertas tempranas
como la 009 de 8 de abril de 2024 donde advirtió que los grupos armados
imponían restricciones a la libre movilidad en los resguardos indígenas de
Nuquí y alertó sobre la posibilidad de confinamientos, controles sobre la
movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y
servicios básicos. Adicionalmente, señaló que la región presentaba una
débil presencia institucional del Estado y dificultades de comunicación y
acceso derivadas de sus condiciones geográficas por ausencia de vías
terrestres.
31. Igualmente, en las actas del Comité Territorial de Justicia Transicional
de 5 de octubre de 2023, 25 de enero y 15 de febrero de 2024 se informó
que el resguardo Jurubirá Chorí venía padeciendo confinamiento
prolongado por la presencia permanente de grupos al margen de la ley, lo
que afectaba las jornadas escolares, limitaba la movilidad de la comunidad
y generaba temor entre sus habitantes9. Pese a lo anterior, la Sala observa
que el tribunal no efectuó un análisis específico sobre la incidencia que esas
circunstancias podían tener en la posibilidad material de la comunidad
indígena de acudir oportunamente a la justicia, aspecto que hacía parte
de la regla jurisprudencial cuya aplicación invocó.
9 “Señala el señor personero que en este 2023 gracias a la coordinación de la administración municipal con las
organizaciones no gubernamentales, se logró la atención de las comunidades indígenas de Jurubirá chori y de
todos los corregimientos, sin embargo, en este segundo semestre, la situación del conflicto armado que es
recurrente y se ha entrado en una especie de atención cíclica, en donde se toma declaración se atienden a las
comunidades y como esas atenciones no son sostenibles en el tiempo las acciones de defensa de derechos y no
hay una coordinación con las entidades que legal y constitucionalmente deben prestar la seguridad en estos
territorios, el actor armado vuelve, se apropia cada vez más del territorio e incluso ya convive de forma
permanente con las personas de las comunidades, especialmente las que se encuentran en los rio Jurubirá, Chori,
Nuquí y Panguí, aún se encuentran confinados, son situaciones que se han informado de manera detallada por
parte de la Defensoría del Pueblo (…)”.
9 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
32. En esas condiciones, la Sala concluye que la providencia cuestionada
incurrió en desconocimiento del precedente contenido en la Sentencias de
Unificación de 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado y SU-429 de 2024
de la Corte Constitucional, al omitir analizar si existieron barreras materiales
que impidieron el ejercicio oportuno del derecho de acción de los
demandantes. Del mismo modo, la Sala observa que las pruebas
anteriormente referidas fueron valoradas únicamente para corroborar la
fecha de los hechos sufridos por el grupo, pero no para establecer si se
presentaron las barreras indicadas con antelación. En esa medida, la
valoración efectuada resultó incompleta, lo que configuró también el
defecto fáctico alegado.
33. En consecuencia, se dejará sin efectos la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Chocó y se ordenará proferir una nueva decisión
en la que valore de manera integral el material probatorio, en especial las
resoluciones 2018-5669, 2018-92846, 2020-23619, 2021-90563, 2023-39610 y
2024-46623, expedidas por la UARIV, las alertas tempranas 020 de 2016, 035
de 2019, 017 de 2022 y 009 de 2024 de la Defensoría del Pueblo y las actas
de los Comités Territoriales de Justicia Transicional de 2022 a 2024 y analice,
expresamente y de conformidad con el precedente contenido en la
Sentencias de Unificación de 29 de .enero de 2020 del Consejo de Estado y
SU-429 de 2024 de la Corte Constitucional, si las circunstancias allí
acreditadas constituyeron barreras materiales que impidieron o dificultaron
el ejercicio oportuno del derecho de acción, de conformidad con el
precedente analizado.
2.5. Conclusión
34. Por las consideraciones expuestas, la Sala revocará la decisión de
primera instancia que declaró la improcedencia de la acción y, en su lugar,
concederá el amparo al encontrar configurados el desconocimiento del
precedente y el defecto fáctico alegados.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 30 de julio de 2026, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la
10 de 11
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05212-01
Demandante: Luz Marina Banuvi Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Chocó
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revoca
______________________________________________________________________________________________________________
acción y, en su lugar, AMPARAR el derecho al debido proceso de la parte
actora por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia de 27 de mayo de 2026,
proferida por el Tribunal Administrativo de Chocó en la acción de grupo No.
27001-33-33-002-2025-00101-01 y, en consecuencia, ORDENAR a dicha
autoridad judicial que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de
esta providencia, emita la correspondiente decisión en la que se acate las
consideraciones aquí descritas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra esta deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.
CUARTO: REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
10 secgeneral@consejodeestado.gov.co
11 de 11
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.