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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05214-00

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05214-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el municipio de Sitionuevo e Invías, de conformidad a los argumentos expuestos en la presente providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Liberato Francisco González contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia, de conformidad con los argumentos expuestos en el presente proveído. Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05214-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05214-00
Accionante: Liberato Francisco González
Accionados: Tribunal Administrativo del Magdalena

Tema: Tutela contra providencia judicial proferida dentro del proceso de
reparación directa

Decisión: Declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de
relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela1 presentada por señor Liberato Francisco González, quien actúa en
nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, ocurrida con la expedición
de la sentencia del 15 de abril de 2026, proferida al interior del medio de control de
reparación directa con radicado 47001-3333-005-2013-00220-00 [01].

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Entre los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2011, el territorio
nacional colombiano fue afectado por un intenso período de lluvias ocasionado por
el fenómeno climático La Niña, hecho de público y notorio conocimiento.

3. La alta pluviosidad impactó gravemente el sur del departamento del Atlántico, en
especial el Canal del Dique, donde se produjo la ruptura de un boquete que permitió
que grandes volúmenes de agua del río Magdalena se desviaran hacia los
municipios de Santa Lucía, Suan, Candelaria y Manatí, generando inundaciones
prolongadas.

4. Con ocasión de lo anterior, el retorno descontrolado de las aguas hacia el río
Magdalena produjo una fuerte presión hidráulica que arrasó completamente con la
Isla Pensilvania, ubicada bajo el puente sobre el río Magdalena y jurisdicción del
municipio de Sitionuevo (Magdalena).

1 Acción de tutela presentada el 7 de julio de 2026.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05214-00
Accionante: Liberato Francisco González

5. El señor Liberato Francisco González junto con otro grupo de personas promovió
una demanda de reparación directa contra Cormagdalena, el Departamento del
Magdalena, Invías y el Municipio de Sitionuevo con el propósito de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la
inundación y desaparición de la Isla Pensilvania en donde habitaba con su núcleo
familiar, ocurrida durante la temporada invernal asociada al fenómeno de La Niña
2010 - 2011.

6. El proceso correspondió al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta que,
mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, resolvió negar las pretensiones
de la demanda, al considerar que, si bien se causó un daño cierto y real, en tanto,
les impidió el uso, goce y disposición de los predios, bienes y cultivos que poseían
y habitaban; así como también, que este era antijurídico porque no tenían el deber
de soportar dicha perdida, lo cierto es que este no era imputable al Estado, al
configurarse el eximente de responsabilidad de fuerza mayor.

7. En sede apelación, el Tribunal Administrativo del Magdalena por medio de
sentencia del 15 de abril de 2026 resolvió confirmar la anterior decisión.

2.2. Fundamento jurídico

8. La parte actora alegó que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico porque omitió
efectuar un examen integral, suficiente y debidamente motivado de elementos
probatorios relevantes para resolver los cuestionamientos planteados en el recurso
de apelación, lo que, a su juicio, le impidió verificar si las entidades demandadas
cumplieron efectivamente los deberes de prevención, protección y mitigación que
les eran exigibles frente al riesgo conocido.

9. Sobre el particular, insistió en una ausencia de un análisis probatorio por parte
de la autoridad judicial que permitiera establecer, de manera objetiva y razonada,
si las pruebas aportadas tenían la entidad suficiente para ser analizadas y
confrontadas antes de adoptar la decisión definitiva.

10. Sostuvo que la sentencia adolece del defecto de decisión sin motivación,
pues, si bien la providencia contenía «amplias consideraciones doctrinales y
jurisprudenciales sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, la fuerza
mayor, el caso fortuito y los presupuestos generales de la imputación jurídica» lo
cierto es que el análisis resultaba insuficiente frente a la complejidad del asunto en
cuestión.

11. Finalmente, manifestó que la autoridad judicial accionada desconoció
precedente aplicable en materia de responsabilidad estatal y en una violación
directa de la Constitución de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela efectiva.

2.3. Pretensiones

12. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«(…)
1. Amparar mis derechos fundamentales al debido proceso, al acceso

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efectivo a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva,
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el quince (15) de junio de
dos mil veintiséis (2025) por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo
del Magdalena dentro del medio de control de reparación directa radicado
bajo el N° 47-001-33-33-005-2013-00220-00.

2. Como consecuencia del amparo constitucional, dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia proferida por la Sala de Decisión del
Tribunal Administrativo del Magdalena, en cuanto desconoció mis derechos
fundamentales.

3. Ordenar a la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Magdalena
que, dentro del término que fije el fallo de tutela, profiera una nueva
sentencia en la que emita un pronunciamiento respetuoso de las garantías
constitucionales del debido proceso, valorando integralmente el material
probatorio obrante en el expediente, resolviendo de manera expresa y
suficiente los argumentos expuestos en el recurso de apelación y adoptando
una decisión debidamente motivada.

4. Ordenar que la nueva decisión sea adoptada por la autoridad judicial
accionada con plena observancia de los principios de imparcialidad,
independencia judicial, motivación suficiente, valoración integral de las
pruebas, congruencia y con observancia de las garantías del debido
proceso, de la obligación de motivar suficientemente la decisión y de valorar
integralmente el material probatorio

5. Disponer las demás medidas que el Honorable Juez Constitucional estime
necesarias para garantizar el restablecimiento efectivo de los derechos
fundamentales vulnerados.

6. Admitir la presente acción de tutela por reunir los requisitos
constitucionales y legales para su procedencia. (…)»

2.4. Intervenciones

13. La acción de tutela de la referencia fue admitida mediante auto del 8 de julio de
2026 en el que se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Magdalena como
accionado y al Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta, a Cormagdalena, el
Departamento del Magdalena, Invías y el Municipio de Sitionuevo y a los señores
Carlos Alberto Acuña De La Cruz, Etilvia Hoyos Mejía, Pedro Ramírez Anaya, José
David Ferrer López, Edith María Pinzón, Donay Isabel Ferrer, Adolfo Rafael
Márquez, Pedro Pablo Ferrer, Luis Beleño, Luis Alcides Serrano, Luis Obregón
Gómez, Berenice Rambao Hernández, José De Los Santos Manga, José Marcelino
Ferrer, Álvaro José Galván Atencia, Ángel Julio Ferrer Morales, Octavio Manuel
Barrios, William Julio Vislan, Froilan Enrique Ariza Palacio, Gilberto González
Aviléz, Henry Ferrer Gutiérrez, William Cesar Flórez, Luis Alberto López Olivera,
Juan Moscote Quintero, Daniel Osorio Bravo, Atenogenes Ferrer López, Manuel de
Jesús Pacheco Ferrer, Gil Alberto Pacheco Sandoval como terceros interesados en
el resultado del proceso.

14. El Tribunal Administrativo del Magdalena después de hacer un recuento de
las actuaciones surtidas solicitó que se niegue el amparo porque no vulneró los
derechos fundamentales invocados en protección; así como tampoco actuó sin
observancia de las normas procedimentales aplicables al asunto en cuestión.

15. Señaló que, al descender al caso concreto, determinó que, aunque se encontró
demostrada la ocurrencia del daño, no ocurrió lo mismo con su imputación jurídica
a las entidades demandadas, al haberse configurado la causal eximente de

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responsabilidad de fuerza mayor, razón por la que se debía confirmar la decisión
apelada.

16. El Instituto Nación de Vías - Invías pidió que se declare la improcedencia del
mecanismo constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva y ante la
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados en
protección.

17. El municipio de Sitionuevo solicitó que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. No se rindieron más informes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

19. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 2019 2 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

20. El municipio de Sitionuevo e Invías solicitaron ser desvinculados por falta de
legitimación en la causa por pasiva, al respecto la Sala no encuentra mérito
suficiente para acceder a la solicitud, en la medida que fueron vinculadas porque
hicieron parte del proceso ordinario en donde se profirió la decisión que se pretende
infirmar a través del presente mecanismo constitucional.

21. En ese orden de ideas, la Sala procederá negar las solicitudes de
desvinculación, conforme a lo expuesto en precedencia.

3.3. Problema jurídico

22. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Magdalena, al proferir la providencia del
15 de abril de 2026, vulneró los derechos al debido proceso, acceso efectivo a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, al incurrir en los defectos
fáctico, desconocimiento de precedente, violación directa de la Constitución y
decisión sin motivación.

23. Ahora, antes de abordar el estudio del problema jurídico planteado, la Sala
considera necesario verificar si, en el presente asunto, se encuentran acreditados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

24. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa
judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene
el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.

25. De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la
vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de
manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v)
que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de
sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen
exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia
judicial de naturaleza «excepcional».

26. En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material
o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho
de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos
una de las anteriores causales o defectos.

3.5. De la relevancia constitucional como requisito de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

27. En lo que tiene que ver con el requisito de relevancia constitucional la Corte
Constitucional ha establecido que se entiende satisfecho cuando la controversia
objeto de tutela trata de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido,
alcance y goce de un derecho fundamental o un principio constitucional y ha
precisado que es imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que
se cumple con el referido requisito3. La finalidad de esta exigencia es la de
preservar la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional e impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso
adicional de los procesos ordinarios.

3 Cfr. Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de

2022, proferidas por la Corte Constitucional.

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28. Sobre el particular, el alto tribunal en materia constitucional, en Sentencia SU-
215 de 2022, estableció los siguientes criterios para determinar si se cumple con el
referido requisito:

29. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no meramente
legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la determinación de
aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta interpretación o aplicación
de una norma de rango legal o reglamentario, y que el debate no sea estrictamente
monetario ni tenga connotaciones particulares o privadas que no representen un
interés general.4

30. Asimismo, que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no
basta con que la parte actora alegue la violación al debido proceso, a la
administración de justicia o a la igualdad, sino que debe ir más allá «de la mera
adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos
fundamentales», lo cual supone justificar de manera razonada y clara la «existencia
de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental»5.

31. Además, que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o
un recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios. Sobre
este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela contra
providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso».6

32. Finalmente, que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los
derechos fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.7

3.5. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto

33. En el caso concreto, la Sala considera que no se acredita el requisito de
procedibilidad de relevancia constitucional, en la medida que la parte actora se
limitó a señalar de manera genérica que la autoridad judicial incurrió en un defecto
fáctico porque omitió efectuar un examen integral, suficiente y debidamente
motivado de elementos probatorios relevantes para resolver los cuestionamientos
planteados en el recurso de apelación, lo que, a su juicio, le impidió verificar si las
entidades demandadas cumplieron efectivamente los deberes de prevención,
protección y mitigación que les eran exigibles frente al riesgo conocido.

34. Igualmente, sostiene que la sentencia adolece del defecto de decisión sin
motivación, pues, si bien la providencia contenía «amplias consideraciones
doctrinales y jurisprudenciales sobre la responsabilidad extracontractual del
Estado, la fuerza mayor, el caso fortuito y los presupuestos generales de la

4 Cfr. Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.
5 Cfr. Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022.
6 Cfr. Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, entre otras.
7 Cfr. Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022.

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imputación jurídica» lo cierto es que el análisis resultaba insuficiente frente a la
complejidad del asunto en cuestión.

35. Adicionalmente, manifiesta que la autoridad judicial accionada desconoció
precedente aplicable en materia de responsabilidad estatal y en una violación
directa de la Constitución de sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y tutela efectiva.

36. Sin embargo, es menester señalar que en el presente asunto no expone de
manera concreta las razones por las cuáles considera que la decisión cuestionada
adolece de tales defectos, por lo tanto, lo que se observa es la divergencia de
criterios frente al análisis que realizó el juez natural de la causa en la decisión objeto
de censura, hecho que no puede ser calificado como violatorio de los derechos
fundamentales, en respeto de los principios de autonomía e independencia judicial.

37. Así las cosas, para la Sala la argumentación iusfundamental planteada en sede
de tutela no trasciende el plano de la legalidad, ni logra acreditar una afectación
cualificada, actual y desproporcionada de los derechos fundamentales invocados,
requisito indispensable para habilitar la intervención del juez constitucional frente a
providencias judiciales.

38. Máxime cuando dicha falencia no puede ser sustituida por el juez constitucional,
pues, si bien el presente mecanismo constitucional se caracteriza por la
flexibilización de las formalidades para garantizar los derechos fundamentales, lo
cierto es que, como se indicó en precedencia, al tratarse de cuestionamientos
dirigidos contra providencias judiciales, recae sobre la parte demandante una carga
mínima de argumentación, que en el presente asunto no se cumple.

39. En ese sentido, admitir la procedencia del amparo en los términos propuestos
implicaría erosionar gravemente los principios de autonomía judicial, seguridad
jurídica y cosa juzgada, al permitir que decisiones adoptadas con plena observancia
de las garantías procesales sean sometidas a un escrutinio constitucional orientado
exclusivamente a reexaminar su corrección jurídica, lo cual resulta incompatible con
el diseño institucional de la acción de tutela.

40. En consecuencia, al no configurarse un debate constitucional autónomo ni
acreditarse la existencia de un defecto con entidad suficiente para comprometer la
validez de la providencia impugnada, la Sala concluye que la presente acción de
tutela resulta improcedente, por falta del requisito de relevancia constitucional.

41. Así las cosas, la Sala procederá declarar improcedente el presente mecanismo
constitucional por falta del requisito de relevancia constitucional, de conformidad
con lo expuesto en precedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

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Accionante: Liberato Francisco González

FALLA

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación formuladas por el municipio de
Sitionuevo e Invías, de conformidad a los argumentos expuestos en la presente
providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor
Liberato Francisco González contra el Tribunal Administrativo del Magdalena,
conforme a las consideraciones plasmadas en esta providencia, de conformidad
con los argumentos expuestos en el presente proveído.

Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada remitir el expediente de la actuación a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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