Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05215-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05215-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Seguros del Estado SA.
Parte accionada: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05215-00.
Asunto: Tutela contra autoridades. Se ampara el derecho fundamental de
petición respecto de la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá inició
proceso de cobro coactivo con radicación núm. 11001-12-90-000-2025-
00502-00 contra Seguros del Estado SA.
1.2. Mediante Resolución núm. DESAJBOGCC25-4676 de 1° de
diciembre de 2025, la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá ordenó el embargo de los dineros de Seguros del Estado SA, en
diferentes entidades financieras, incluyendo “[…] las sumas de dinero,
saldos bancarios y depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, así como
títulos, bonos, CDAT´s, CDT´s, fondos de inversión, acciones del
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mercado bursátil, títulos de contenido crediticio y demás valores y
productos […]”, estableciendo como límite de la medida de embargo la
suma de $5.694.000.
1.3. El Banco BBVA, mediante correo electrónico de 4 de diciembre de
2025 le informó a la accionante que se había aplicado el embargo por
valor de $5.694.000.
1.4. El 2 de febrero de 2026, la parte accionante presentó petición ante
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá solicitando los documentos que
respaldan la obligación contenida en el proceso de cobro coactivo con
radicación núm. 11001-12-90-000-2025-00502-00.
1.5. El 9 de marzo de 2026, la parte accionante reiteró la anterior solicitud
ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte accionante manifestó que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y al debido
proceso por cuanto a la fecha no ha recibido respuesta a las solicitudes que
radicó el 2 de febrero y el 9 de marzo de 2026, por lo que en consecuencia
sigue vinculado a un proceso de cobro coactivo “[…] sin siquiera contar con
los documentos que soportan la obligación que la entidad ejecutora aduce está
a cargo de dicha compañía […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Se declare que el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ha vulnerado
los derechos fundamentales de petición, debido proceso y aquellos que a
bien tenga, respecto de SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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• Se tutele los derechos fundamentales de petición, debido proceso y
aquellos que además encuentre el Despacho fueron vulnerados a mi
representada.
• Como consecuencia, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
de tutela, se dé respuesta de fondo a lo requerido mediante derecho de
petición 02 de febrero de 2026 y reiterado mediante correo electrónico del
09 de marzo de 2026, conforme lo establecen la normatividad y la
jurisprudencia colombiana
• De igual forma, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL, el cumplimiento de las disposiciones legales en desarrollo del
proceso de cobro coactivo de la referencia.
• Así mismo, se ordene al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL que envíe la
documentación y/o información requerida respecto del proceso de cobro
coactivo No. 11001129000020250050200 promovido en contra de
Seguros del Estado S.A.; al correo luisa.martinez@segurosdelestado.com
y/o juridico@segurosdelestado.com con la finalidad de garantizar el
derecho al debido proceso que le asiste a mi representada […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 14 de julio de 2026, se admitió la presente acción de tutela.
2. A través de auto de 4 de agosto de 2026, se vinculó a la Dirección Seccional
de Administración Judicial de Bogotá por ser quien profirió la Resolución núm.
DESAJBOGCC25-4676 de 1° de diciembre de 2025 y porque la parte
accionante afirmó que remitió la petición inicial de 2 de febrero de 2026 y su
reiteración de 9 de marzo de 2026 a dicha autoridad.
III. INTERVENCIONES
1. El Consejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del presente
trámite en atención a que de los hechos aducidos por la parte actora es la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la División de Cobro
Coactivo de la Unidad de Asistencia Legal a quien le corresponde ejercer la
defensa dentro del presente trámite constitucional o en su defecto a la
Dirección Seccional de Administración judicial de Bogotá quien de acuerdo a
lo consultado con el número de Resolución núm. DESAJBOGCC25-4676 en
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el aplicativo “[…] SIGOBIUS se logra establecer que está en conocimiento […]”
de tal autoridad administrativa.
2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial manifestó que no “[…]
tiene conocimiento ni custodia de los documentos cuya entrega pretende la
accionante, toda vez que estos guardan relación con una actuación
administrativa adelantada por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, entidad que expidió la Resolución DESAJBOGCC25-4676
del 1.º de diciembre de 2025 y que, en virtud de sus competencias legales y
funcionales, es la responsable de conformar, administrar y conservar el
expediente administrativo correspondiente […]”, razón por la cual se configura
la falta de legitimación en la causa por pasiva, por lo que solicitó su
desvinculación.
Adicionalmente indicó que en el “[…] ámbito de sus competencias, mediante
correo de 15 de julio de 2026, remitió por competencia la acción constitucional
de la referencia a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá
[…]”.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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La Sala advierte que el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su desvinculación dentro del
presente trámite de tutela.
La Sala considera que, comoquiera que el Consejo Superior de la Judicatura
y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial fueron relacionadas por la
parte accionante como las posibles autoridades que ocasionaron la
vulneración de sus derechos fundamentales, les asiste interés directo en la
decisión de la acción constitucional de la referencia, razón por la que se les
negará la solicitud de desvinculación.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Determinar si la autoridad accionada o vinculada vulneraron el
derecho de petición, con ocasión de la presunta falta de respuesta
a las solicitudes que radicó la parte actora el 2 de febrero y 9 de
marzo de 2026.
4. Caso concreto
La Sala encuentra que la parte accionante sustenta la vulneración de sus
derechos fundamentales en la falta de respuesta a su solicitud de que le “[…]
sean remitidos los documentos de soporte que respalden la obligación que
presuntamente estaría a cargo de Seguros del Estado S.A. respecto del
proceso de cobro coactivo identificado con el radicado
11001129000020250050200, más aún cuando se practicó medida de
embargo en contra de esta aseguradora por valor de CINCO MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($5.694.000) […]”.
Precisado lo anterior, la Sala estima oportuno señalar que el artículo 23 de la
Constitución Política establece que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés
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general o particular y a obtener de ellas pronta resolución. Se trata de un
derecho fundamental de toda persona cuya garantía se considera satisfecha
cuando el peticionario obtiene una contestación que cumple con las
características de ser oportuna, clara, congruente, efectiva, eficazmente
notificada2.
En el presente caso, se tiene que el 2 de febrero y el 9 de marzo de 2026, la
parte accionante presentó petición ante la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá solicitando “[…] los documentos que respaldan la obligación contenida
en el proceso de cobro coactivo con radicación núm. 11001-12-90-000-2025-
00502-00 […]”, en los siguientes términos:
2 Sentencia de 2 de mayo de 2012 y sentencia T-377 de 2000 que fijan el alcance del derecho
de petición y las condiciones en que se debe darle contestación. Las principales características
del derecho y otras subreglas se advierten en las sentencias T-578 de 1992, T-567 de 1992,
T-382 de 1993, T-572 de 1994, T-113 de 1995, T-275 de 1995, T-474 de 1995, T-472 de 1996,
T-312 de 1999, T-415 de 1999; T-1889 de 2001; T-1160 de 2001, T-306 de 2002, T-1100 de
2006, T-108 de 2006, T-147 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007, entre otras.
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Respecto de lo anterior, la Sala observa que dentro del presente asunto no
obra prueba que demuestre que la accionada y la vinculada, esto es, la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá hayan emitido respuesta a la solicitud
elevada por la actora los días 2 de febrero y 9 de marzo de 2026. La anterior
omisión constituye la vulneración del derecho fundamental de petición, la cual
le es atribuible a tales entidades.
Sin embargo, la Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial no tiene competencia para atender de fondo la petición elevada por la
parte actora, dado que su objeto consiste en que se suministre información
respecto de un proceso de cobro coactivo que no cursa en esa entidad, sino
en la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
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Debido a lo anterior, la Sala considera que en este caso resulta innecesario
amparar el derecho de petición frente a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial por omitir impartir el trámite previsto en el artículo 21
del CPACA, pues, la solicitud objeto de estudio fue presentada de manera
simultánea ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá.
Es decir, la petición que omitió remitir la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial es de pleno conocimiento de la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Bogotá y frente a la cual se concederá el amparo deprecado.
Asimismo, la Sala observa que dentro del presente asunto no obra prueba que
demuestre que dicha entidad haya respondido la misma, máxime cuando no
intervino en el trámite de esta acción constitucional, pese a que fue vinculada.
Así las cosas, la Sala amparará el derecho fundamental de petición de la parte
accionante y, en consecuencia, ordenará a la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá responder la solicitud presentada los días 2
de febrero y 9 de marzo de 2026.
Sobre el particular, la Sala precisa que, con el presente amparo, no se está
ordenando que se acceda o se niegue lo pedido, puesto que es un asunto que
le compete definir a la administración dentro del marco de sus funciones al
momento de emitir la correspondiente respuesta.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el
Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor frente a
la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Bogotá dar respuesta a la petición del actor, en el término de cuarenta y ocho
(48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
QUINTO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Salva voto parcial
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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