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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05221-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05221-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05221-00 (8320)
Accionante: Diego Marcel Restrepo Tarquino
Accionados: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Tema: tutela contra acto administrativo. Subtema 1: desvinculación de empleado
en provisionalidad. Subtema 2: improcedencia. Subtema 3: derecho de petición.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Diego Marcel Restrepo Tarquino
contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.

1. Síntesis del caso

El señor Diego Marcel Restrepo Tarquino presentó acción de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
dignidad humana, a la salud, al trabajo, al mínimo vital, a la estabilidad laboral
reforzada y de petición, que consideró vulnerados con ocasión del Acta núm. 027
del 7 de mayo de 2026, expedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, mediante la cual se nombró en propiedad el cargo de juez promiscuo
municipal de Santa Isabel, Tolima, y, en consecuencia, fue desvinculado de dicho
empleo. Asimismo, por la falta de respuesta a su solicitud de reconocimiento de
estabilidad reforzada por parte de dicha autoridad judicial.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala considera relevantes los siguientes hechos:

Radicado: 11001-03-15-000-2026-05221-00 (8320)
Accionante: Diego Marcel Restrepo Tarquino
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

2. El señor Diego Marcel Restrepo Tarquino se desempeñaba en el cargo de juez
promiscuo municipal de Santa Isabel, Tolima, en provisionalidad, desde 2017.

3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, mediante el Acta núm. 027
del 7 de mayo de 2026, proveyó en propiedad el cargo que ocupaba el accionante,
por lo que fue desvinculado del mismo.

4. El señor Diego Marcel Restrepo Tarquino, el 3 de junio de 2026, solicitó al
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué el reconocimiento del beneficio de
la estabilidad laboral reforzada por razones de salud.

2.2. Pretensiones de la tutela

5. La parte actora solicitó1 al juez constitucional el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud, al trabajo, al
mínimo vital, a la estabilidad laboral reforzada y de petición. En consecuencia, pidió
lo siguiente:

SEGUNDA. Declarar que la desvinculación del accionante desconoció el régimen
constitucional de estabilidad laboral reforzada, al haberse producido cuando la Rama
Judicial tenía conocimiento formal de su condición de salud mental y de la solicitud de
protección radicada previamente, sin haber efectuado una valoración integral de dicha
situación ni agotado las medidas de protección reforzada exigidas por la Constitución
y la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

TERCERA. Ordenar a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura,
a la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la
Judicatura del Tolima y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, que dentro
del término que fije el despacho judicial adelanten un estudio integral de la situación
médica, ocupacional y administrativa del accionante, aplicando los parámetros fijados
por la Corte Constitucional en materia de estabilidad laboral reforzada.
[…]
QUINTA. Ordenar a las entidades accionadas resolver de fondo, de manera motivada,
congruente y conforme al precedente constitucional, la solicitud de estabilidad laboral
reforzada presentada por el accionante el 3 de junio de 2026, absteniéndose de
considerar que la desvinculación produjo la pérdida de objeto de dicha petición, por
cuanto la eventual vulneración de derechos fundamentales se originó precisamente en
la omisión de resolverla antes de hacer efectivo el retiro del servicio2.

6. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que fue
desvinculado sin que se adoptaran medidas alternativas, como la reubicación, que
no lesionaran sus derechos fundamentales, dado que se encuentra en una situación
de debilidad manifiesta debido a su diagnóstico de trastornos mentales. Por tanto,
la tutela es el mecanismo idóneo para evitar un perjuicio irremediable consistente
en la falta de ingresos para atender sus necesidades básicas y obligaciones
financieras.

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 2, certificado núm. E5506BECED746569
9728EE0C253083D1 986EC8656E7EFD47 3BDCC4D05994E449.
2
Se transcribe incluso con errores de texto.

2

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Accionante: Diego Marcel Restrepo Tarquino
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

7. Asimismo, afirmó que presentó una solicitud de reconocimiento de estabilidad
laboral reforzada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, la cual no
fue resuelta de manera clara, congruente y de fondo, por lo que dicha autoridad
judicial violó sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso
administrativo.

2.3. Trámite procesal

8. El despacho ponente, mediante auto del 15 de julio de 20263, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Ibagué y a la señora Diana Magaly Caro, como terceros con
interés.

2.4. Intervenciones

9. El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Ibagué4, la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial5, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera
Judicial6 y la señora Diana Magaly Caro Galindo7 solicitaron que se les desvinculara
del presente trámite constitucional al considerar que no están llamados a responder
por la vulneración de las garantías fundamentales de la parte actora, toda vez que
no intervinieron en la emisión de los actos administrativos que el accionante señaló
como lesivos para sus derechos.

10. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué8 manifestó que los
nombramientos en los cargos se han realizado conforme a las listas de elegibles,
en virtud de lo dispuesto en la Ley 270 de 1996 y afirmó que se acoge a la decisión
que resuelva la solicitud de amparo.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de
la tutela interpuesta por el señor Diego Marcel Restrepo Tarquino contra el Consejo
Superior de la Judicatura y otros.

3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 4.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 16.
5
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13C99390DEB82F64 55051A62D015D659 B7EEB552855CB884.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 19, certificado F909970A15E81F5E
E844A3F68C21FD6E 0B3024848CCCFB83 09F8612EF29D7E0E.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 23.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 17.

3

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Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

3.2. Legitimación en la causa

12. La legitimación en la causa por activa del señor Diego Marcel Restrepo Tarquino
está acreditada porque es la persona que fue desvinculada del cargo de juez
promiscuo municipal de Santa Isabel, Tolima, decisión que, según afirmó, vulnera
sus derechos fundamentales.

13. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, puesto que, según lo establecido en el
artículo 133 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 69 de la Ley 2430 de
2024, corresponde a dicha autoridad la remisión de la lista de elegibles para que el
respectivo nominador efectúe la provisión del cargo que se encuentre vacante.

14. De esta manera, en razón de que los argumentos planteados por la parte actora
se dirigen a cuestionar la designación en propiedad del cargo de juez promiscuo
municipal de Santa Isabel, Tolima, conforme a la lista de elegibles remitida por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, se ordenó su vinculación. Por ende,
su solicitud de desvinculación será negada.

15. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de
la Carrera Judicial tiene legitimación en la causa por pasiva, toda vez que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 256 de la Constitución y el artículo 85 de la
Ley 270 de 1996, dicha entidad tiene a cargo la administración de la carrera judicial,
lo cual implica la elaboración y desarrollo de los procesos de selección para emitir
el correspondiente registro de elegibles para la provisión de los cargos vacantes en
la planta de personal de la Rama Judicial.

16. Así pues, comoquiera que lo alegado por el accionante tenía relación con la
provisión del cargo que ocupaba en provisionalidad con ocasión de la lista de
elegibles definida por la Convocatoria 27, se dispuso la vinculación del Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial al
presente trámite constitucional. Por estas razones, se negará la petición de
desvinculación.

17. Además, se advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitaron su
desvinculación, al considerar que no estaban llamadas responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

18. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en atención a los argumentos expuestos por la parte actora en el escrito
de tutela, por lo que su llamado se hizo en aras de garantizar sus derechos de
defensa y contradicción. Por lo anterior, no sea accede a su desvinculación.

19. Finalmente, la señora Diana Magaly Caro Galindo pidió que se le desvinculara
por cuanto consideró que no vulneró los derechos del señor Restrepo Tarquino.
Frente a ello, se aclara que fue vinculada al proceso de tutela porque el accionante
refirió en el escrito de tutela que ella era la persona nombrada en propiedad en el

4

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cargo de juez promiscuo municipal de Santa Isabel, Tolima.

20. Sin embargo, de la revisión de los informes y demás documentos allegados al
expediente, se advierte que la señora Caro Galindo no fue nombrada en dicho cargo
ni conformó la respectiva lista de elegibles, de manera que no tiene legitimación en
la causa por pasiva al no tener un interés legítimo en el asunto aquí debatido, por lo
que la Sala dispondrá su desvinculación del presente trámite.

3.3. Problema jurídico

21. La Sala estima pertinente aclarar que la acción de tutela tiene por objeto, de
una parte, obtener el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la
dignidad humana, la salud, el trabajo, el mínimo vital y la estabilidad laboral
reforzada, presuntamente vulnerados con ocasión de la designación en propiedad
del cargo de juez promiscuo municipal de Santa Isabel, Tolima, efectuada mediante
el Acta núm. 027 del 7 de mayo de 2026, la cual conllevó la desvinculación del
accionante. De otra parte, la acción se dirige a obtener la protección del derecho
fundamental de petición, ante la falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento
de estabilidad laboral reforzada presentada por el accionante el 3 de junio de 2026.

22. En tal sentido, la Sala debe establecer si ¿la solicitud de amparo supera el
requisito general de procedibilidad de subsidiariedad? En concreto, deberá verificar
si resulta procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
para discutir los cargos formulados contra el acto administrativo que retiró al
accionante del servicio.

23. De otra parte, en lo atinente al derecho de petición, la Sala tendrá que analizar
si ¿el escrito presentado por el accionante, el 3 de junio de 2026, fue atendido de
manera clara, precisa y de fondo?

24.Para el efecto, se estudiará: i) la procedibilidad de la acción de tutela; ii) las
generalidades del derecho de petición y iii) el caso concreto.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

25. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez9.

26. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable10; y el segundo, consiste
en que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de
lo contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela

9
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
10
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.

5

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queda en entredicho […]»11.

3.5. Generalidades del derecho de petición

27. El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a formular
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de
interés general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas.
Por otro lado, el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de
2015, especificó que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La
Corte Constitucional12, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:

Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho
de tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que
cuenta la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El
núcleo de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular
la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal
respectivo.

28. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii)
precisión, que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo
pedido sin acudir a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud;
y (iv) consecuencia, aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada
guarde concordancia con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que
la petición surge en el marco de un procedimiento administrativo.

29. En cuanto a los aspectos de trámite y sustanciales del derecho de petición, son
asuntos que están reglados en el Título II de la Primera Parte de la Ley 1437 de
2011, en adelante CPACA. En particular, el artículo 21 de esta codificación dispone
que, si la autoridad a la que se dirige la solicitud no es la competente, deberá
remitirla a quien sí lo es dentro del plazo de 5 días siguientes a su radicación y de
tal actuación informará al peticionario.

30. Además, el artículo 14 de dicha codificación prevé que las peticiones deberán
ser respondidas, por regla general, en el término de 15 días hábiles siguientes a su
recepción; las de documentos e información, en 10 días; y aquellas de consultas a
autoridades en relación con las materias a su cargo, en 30 días.

3.6. Caso concreto

31. El señor Diego Marcel Restrepo Tarquino presentó acción de tutela con el fin de
controvertir la decisión contenida en el Acta núm. 027 del 7 de mayo de 2026,
mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué dispuso su
desvinculación del cargo de juez promiscuo municipal de Santa Isabel, Tolima,

11
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
12
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.

6

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como consecuencia del nombramiento en propiedad de dicho empleo, efectuado en
el marco de la provisión de vacantes derivada de la Convocatoria 27 de la Rama
Judicial.

32. Manifestó que su desvinculación desconoció la estabilidad laboral reforzada de
la que goza, pues la Rama Judicial conocía su condición de debilidad manifiesta por
sus trastornos mentales y, pese a ello, ordenó su retiro sin valorar su estado de
salud ni estudiar alternativas razonables como una posible reubicación en otro cargo
provisional.

33. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6 del Decreto 2591 de 199113,
que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante no cuente con
otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por
otro lado, valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar
de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada
caso14.

34. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial, pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección sean
impostergables15.

35. Si bien, por regla general, las acciones de tutela promovidas contra actos
administrativos expedidos en ejercicio de la facultad nominadora resultan
improcedentes, en tanto el ordenamiento jurídico prevé el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo, escenario en el cual también es posible solicitar la adopción de
medidas cautelares16, lo cierto es que dicha regla no excluye la obligación del juez
constitucional de verificar, en atención a las circunstancias particulares de cada
caso, si los mecanismos ordinarios de defensa judicial previstos por la ley son
realmente idóneos y eficaces para garantizar la protección de los derechos
fundamentales invocados.

36. En el caso bajo estudio, la Sala observa que el señor Diego Marcel Restrepo
Tarquino cuenta con la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativo, mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, para controvertir el Acta núm. 027 del 7 de mayo de
2026, por medio de la cual se designó en propiedad a la persona que superó el
concurso de méritos para proveer el cargo que aquel desempeñaba, decisión que,
en criterio del accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

13
Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada, en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […].
14
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
15
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-456 de 2022. Criterio reiterado en Corte Constitucional, sentencia T-008
de 2026.

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37. En efecto, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho resulta
idóneo para controvertir la actuación cuestionada, pues, de conformidad con el
artículo 13817 del CPACA, el tutelante puede solicitar la nulidad del Acta núm. 027
del 7 de mayo de 2026 y el consecuente restablecimiento de los derechos que
estime vulnerados. Lo anterior, por cuanto dicho mecanismo judicial constituye el
escenario natural para examinar la legalidad de la actuación administrativa y
determinar si la decisión de desvincular al actor del cargo que desempeñaba en
provisionalidad se ajustó a las normas que regulan la materia. En ese contexto,
corresponde al juez de lo contencioso administrativo analizar los motivos que
sustentaron el acto acusado y verificar la eventual configuración de las
irregularidades e infracciones normativas alegadas por el accionante.

38. Asimismo, se advierte que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez del acto
administrativo cuestionado, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas
e, incluso, ordenar la reparación de los eventuales daños.

39. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título
V de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares
de urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:

Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez
o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar
el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los
recursos a que haya lugar.

La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete18.

40. Sobre el particular, se resalta que la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados en el
conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»19. En relación con las medidas cautelares de urgencia, la
Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a

17
Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general,
el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
18
Se transcribe incluso con errores.
19
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.

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ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar”20.

41. En ese orden, la Sala encuentra que el actor puede pedir, como medida cautelar
de urgencia, la suspensión de los efectos del Acta núm. 027 del 7 de mayo de 2026,
de manera que el juez ordinario analice la posibilidad de ordenar su reintegro al
cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación o a uno de igual o mayor
jerarquía.

42. Cabe aclarar que, si bien es cierto que el accionante hizo alusión a las
obligaciones financieras que tiene con algunas entidades bancarias y al diagnóstico
del trastorno de ansiedad y depresión que padece, lo cierto es que no acreditó la
manera en la que tales circunstancias afectan su mínimo vital o lo ponen en una
situación de debilidad manifiesta21 que hagan desproporcionada la exigencia de
acudir a los medios ordinarios. De esa manera, se descarta la existencia de un
riesgo real, grave e inminente que constituya un perjuicio irremediable y que habilite
la intervención del juez de tutela.

43. Por lo anterior, la Sala considera que la acción objeto de estudio, en los reparos
dirigidos contra el Acta núm. 027 del 7 de mayo de 2026, es improcedente, en el
entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no
solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino también un requisito necesario para la procedencia de la tutela
como mecanismo de defensa, por lo que no puede ser ejercida como un medio para
sustituir los medios judiciales ordinarios.

44. De otra parte y en punto a la afectación del derecho fundamental de petición, se
observa que el señor Diego Marcel Restrepo Tarquino, el 3 de junio de 202622,
presentó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué una solicitud de
reconocimiento de su estabilidad reforzada por motivos de salud. En este orden, la
autoridad judicial tenía 15 días para pronunciarse al respecto, esto es, hasta el 26
de junio de 2026.

45. No obstante, de los elementos aportados al expediente, no se advierte que al
26 de junio de 2026 se le haya dado una respuesta clara, precisa y de fondo al
accionante frente a su pretensión de estabilidad laboral reforzada. Además, se
destaca que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en su informe se

20
Ibidem.
21
La Corte Constitucional ha indicado que: «Para que esta protección proceda, el servidor a ser desvinculado
debe estar en una situación de salud que “impide sustancialmente el desempeño de sus labores en las
condiciones regulares”». Sentencia T-512 de 2025.
22
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05221-00, índice 2, certificado 7E01BC367EFB3018
A354B462E16C169F 255E7560D5326A05 C5D5DF25F418A90B, pág. 8.

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limitó a afirmar que acogería la decisión que adoptara el juez constitucional.

46. Así las cosas se amparará el derecho fundamental de petición del señor Diego
Marcel Restrepo Tarquino con ocasión de la falta de una respuesta clara, precisa y
de fondo por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué frente a la
solicitud de reconocimiento de estabilidad laboral reforzada radicada el 3 de junio
de 2026.

4. Conclusión

47. En consecuencia, los reproches dirigidos contra el Acta núm. 027 del 7 de mayo
de 2026 no superan el requisito de subsidiariedad en la medida en que el accionante
tiene a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
así como la solicitud de medidas cautelares de urgencia y los demás mecanismos
previstos en el CPACA para pedir la protección de los derechos fundamentales que,
en su criterio, fueron vulnerados por la autoridad judicial accionada.

48. En cuanto al derecho de petición, se evidencia que el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Ibagué vulneró dicha garantía fundamental al no emitir una
respuesta clara, precisa y de fondo respecto de la solicitud de reconocimiento de
estabilidad reforzada presentada por el señor Restrepo Tarquino el 3 de junio de
2026.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley

Falla:

Primero: Negar las solicitudes de desvinculación propuestas por el Consejo
Seccional de la Judicatura del Tolima, la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Acceder a la solicitud de desvinculación alegada por la señora Diana
Magaly Caro Galindo, conforme se indicó en esta decisión.

Tercero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Diego
Marcel Restrepo Tarquino en lo atinente a los argumentos dirigidos a controvertir el
Acta núm. 027 del 7 de mayo de 2026, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

Cuarto: Conceder el amparo del derecho fundamental de petición del señor Diego
Marcel Restrepo Tarquino respecto al Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Ibagué, conforme a los motivos señalados en esta decisión. En consecuencia:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05221-00 (8320)
Accionante: Diego Marcel Restrepo Tarquino
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura y otros

Quinto: Ordenar al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, dentro del
término de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia,
resuelva de forma clara, precisa y de fondo la solicitud del 3 de junio de 2026 que
presentó el señor Diego Marcel Restrepo Tarquino.

Sexto: Negar las demás pretensiones de la tutela.

Séptimo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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