Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05223-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-05223-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05223-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05223-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
21 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
Accionante: Óscar Fernando Quintero Mesa
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Temas: Derechos: debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia. Legitimación en la causa por activa e
inmediatez. DECLARA IMPROCEDENTE
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Óscar Fernando
Quintero Mesa, en nombre propio, en contra del Juzgado Treinta y Cuatro
Administrativo de Medellín y del Tribunal Administrativo de Sucre.
ANTECEDENTES
El accionante pide que se amparen los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, a la seguridad social, al acceso a la administración de justicia y
a la seguridad jurídica, con ocasión de las providencias del: i) 19 de julio de 2023
proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 70001-33-33-005-2022-00196-01 y ii) 23 de mayo de 2024 emitida
en el incidente de desacato 05001-33-33-034-2024-00137-00.
HECHOS
La acción se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que demandó y denunció al abogado YOBANY ALBERTO LÓPEZ QUINTERO
al Consejo Seccional de la judicatura, porque se negó a enviar copia de la
Sentencia que radicó obrando en calidad de apoderado del Docente JUAN
GREGORIO ARRIETA HERMOSILLA.
Citó apartes de la sentencia del 19 de julio de 2023, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Sucre resolvió una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó el señor Juan Gregorio Arrieta
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
Hermosilla en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y del Departamento de Sucre, a
efectos de que se le reconociera y pagara sanción moratoria por pago tardío de
las cesantías e intereses.
Que el Tribunal desconoció la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cali
«donde se tutelan mis derechos y que me tenía que nombrar en los 66 cargos
que me postulé, por el efecto de Modulación de los Fallos de Tutela inter comunis
a la igualdad con extensión de la Constitución y vincular a los 66 empleadores, a
sus representantes legales por no dar trámite al derecho de petición de ordenar
el reintegro en un término inferior a 48 horas (sic)»
Por otro lado, dijo que el titular del Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de
Medellín en la providencia del 17 de mayo de 2024 no tuvo en cuenta que
«existen alrededor de 66 empleadores que debían ser vinculados para efectos
de declarar la ineficacia de sus despidos, ordenar su reintegro laboral, reconocer
el pago de salarios e incapacidades y efectuar el reconocimiento de su pensión,
incluyendo la indexación de la primera mesada pensional, conforme a las
decisiones judiciales que cita como sustento de sus pretensiones».
PRETENSIONES
Pide que se amparen los derechos invocados; se deje sin efectos la sentencia
del 19 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 70001-33-33-
005-2022-00196-01; y, en consecuencia, se ordene al Tribunal emitir una nueva
decisión donde aplique
«(…) la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la
Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el
de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes
decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en
los expedientes que se citaron de la Corte Constitucional, de Consejo de
estado y de la Corte suprema de justicia».
TRÁMITE DEL PROCESO
El 10 de julio de 2026, el consejero ponente inadmitió la acción constitucional y
requirió al actor para que aclarara: i) cuales son los hechos, las acciones o las
omisiones que motivan la acción y ii) de qué manera esas acciones u omisiones
vulneran los derechos fundamentales invocados.
El 29 de julio de 2026, se admitió la acción, se vinculó al Ministerio de Educación
Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y a la
Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora), como terceros con interes y, se ordenó
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
notificar a las partes y vinculados.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Sucre guardaron silencio.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La Fiduprevisora S.A. y el Ministerio de Educación Nacional manifestaron no
ser responsables de la violación que alega el actor, dado que no existe nexo de
causalidad entre las entidades y la omisión, acción o amenaza de los derechos
fundamentales que invoca, motivo por el cual, solicitaron su desvinculación, por
falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) guardó silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se
abordarán los siguientes temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii)
legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; y, iv) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable.
Legitimación en la causa por activa en tutela
En el artículo 86 de la Constitución Política se establece la facultad que tiene toda
persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe en su
nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos constitucionales fundamentales. A su vez, en el artículo 10 del Decreto
2591 de 1991 se dispone la legitimidad para el ejercicio de la acción de tutela; la
norma indica que esta puede ser presentada: i) directamente por la persona que
considera vulnerados o amenazados sus derechos fundamentales; ii) a través de
su representante legal; iii) por medio de apoderado judicial; iv) por agente
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
oficioso; y, v) mediante el defensor del pueblo y los personeros municipales.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos
generales y al menos una de las causales específicas establecidas en la
Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en
la Sentencia SU128/21, se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. (…)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (…)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. (…)
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y
que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere
alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido
posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (…)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-0215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«(…) Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de
una argumentación cualificada4.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…) Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las
exigencias generales de procedibilidad cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de
los señalados, si este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que
habilite la intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
3 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4 Sentencia SU-074 de 2022.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-072 de 2018.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
La Sala observa que el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo de Medellín, a
través de la sentencia del 19 de julio de 2023 resolvió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó el señor Juan Gregorio Arrieta
Hermosilla en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y del Departamento de Sucre,
para que se le reconociera y pagara sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías e intereses.
El actor dice que el Juzgado desconoció una decisión del Tribunal Superior de
Cali, la cual estima que le era aplicable porque tenía efectos inter comunis.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional7 y de la Corte Suprema de Justicia8
han establecido que cuando la presunta violación de los derechos fundamentales
dimana de una decisión judicial, la legitimidad en la causa por activa recae en las
personas que intervinieron en el correspondiente proceso o que, siendo
imperativa su vinculación a éste, no fueron citadas, de ahí que, en principio,
carecen de vocación jurídica para activar la jurisdicción constitucional, con el fin
de cuestionar una actuación judicial, quienes no fueron parte en ella.
Adicionalmente, se destaca que los artículos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991
establecen como presupuesto, que quien pretenda instaurar una acción de tutela
tenga un interés que legitime su intervención.
Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que el señor Óscar Fernando Quintero
Mesa no fue parte dentro del medio de control citado. Tampoco se evidencia de
qué manera la decisión discutida le transgrede sus derechos fundamentales;
máxime si se tiene en cuenta que la controversia que allí se dirimió fue sobre un
derecho subjetivo del cual solo tenía interés el señor Arrieta y la decisión que se
adoptó tiene efectos interpartes.
Así las cosas, al señor Quintero no le asiste legitimación en la causa por activa
para cuestionar la sentencia del 19 de julio de 2023.
En relación, con la providencia del 23 de mayo de 2024, emitida dentro del trámite
de incidente de desacato que interpuso el señor Quintero, con radicado 05001-
33-33-034-2024-00137-00, la Sala encuentra que al verificarse el cumplimiento
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela para discutir
decisiones judiciales, en el caso particular no se satisface el presupuesto de
inmediatez, exigencia que ha sido establecida jurisprudencialmente por la Corte
Constitucional, con el objetivo de que no se sacrifiquen los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre de las decisiones
judiciales.
7 Ver sentencias SU 454 de 2016, SU 292 de 2021, y T 151 de 2024
8 Ver sentencias Sala Civil, STC5671-2020; CSJ STC, 11 ago. 2011, rad. 00087 01, citada entre otras
muchas en STC11074-2020, 4 dic. 2020, rad. 00418-01; y, CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 00795-01, citada en
STC176- 2021, 22 ene. 2021, rad. 00142-01
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
Al respecto, se ha entendido que, si bien la tutela no está sometida a un término
de caducidad, sí debe ser formulada en un plazo razonable y proporcionado. Así,
esta corporación9 ha estimado como término prudencial para instaurar la acción
constitucional referida contra decisiones judiciales, seis (6) meses contados
desde la notificación o ejecutoria, según el caso, del respectivo auto o sentencia.
No obstante, resulta pertinente aclarar que dicho plazo debe ser analizado según
las particularidades de cada caso, a efectos de determinar si el mecanismo de
salvaguarda de los derechos fundamentales se formuló en un lapso razonable.
Así las cosas, el juez constitucional debe examinar si i) existe un motivo válido
para la inactividad; ii) la tardanza injustificada vulnera el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) hay un nexo causal entre el
ejercicio tardío y la vulneración alegada; iv) el fundamento de la acción surge
después de ocurrida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, en
un plazo no muy alejado de la instauración; v) la vulneración es permanente en
el tiempo; y, vi) la carga de la presentación de la acción en un plazo razonable
resulta desproporcionada, dada la condición de debilidad manifiesta de la parte
accionante10.
En este asunto, la notificación de la providencia cuestionada se efectuó el 17 de
mayo de 2024; no obstante, la tutela fue radicada el 8 de julio de 202611, es decir,
no fue presentada dentro del término de los seis (6) meses, establecido por la
jurisprudencia.
Sumado a lo expuesto, el señor Quintero no señaló ningún motivo que le haya
impedido acudir de forma inmediata ante la jurisdicción constitucional y, tampoco
se encuentra acreditado alguno de los presupuestos anteriormente mencionados
para entender que la acción se formuló en un tiempo razonable. Motivo por el
cual se declarará improcedente la tutela.
En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela interpuesta en
contra de la sentencia del 19 de julio de 2024, por falta de legitimación en la causa
por activa y en relación con la providencia del 17 de mayo de 2024, por no
satisfacer el presupuesto de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
9 Al respecto, ver, entre otras: Sentencia del 5 de agosto de 2014 dictada por la Sala Plena del Consejo de
Estado, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ),
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
10 Ver, entre otras: sentencias SU184/19, T246/15 y T187/12.
11 Índice 1 de SAMAI acta de reparto
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05223-00
.
Primero: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Óscar Fernando Quintero Mesa, conforme a lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.