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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05242-00

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05242-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el municipio de Ibagué y el Concejo Municipal de Ibagué, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-05242-00

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 15 000 2026 05242 00
Accionante: Marcela Jaramillo Tamayo
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A.
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Marcela Jaramillo Tamayo,
en contra de la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 73001 23 33 000 2018 00081 00/01.

1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Marcela Jaramillo Tamayo, actuando por conducto de apoderado, promovió
acción de tutela en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes
pretensiones1:

PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales de Marcela Jaramillo
Tamayo al debido proceso, acceso a la administración de justicia, tutela judicial
efectiva, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y acceso al desempeño de
funciones y cargos públicos.

SEGUNDA. Que se deje sin efectos la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por
el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación No. 73001 23-33-000-2018-00081-01 (1388-2021).

TERCERA. Que, como consecuencia de lo anterior, se ordene al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, o a la autoridad judicial que corresponda,
proferir una sentencia de reemplazo en la que resuelva de manera completa,
congruente y motivada los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en
especial:

a. La aplicación de la SU-566 de 2019.
b. La concurrencia o no de los elementos temporal, jerárquico y territorial de
la inhabilidad del artículo 272 de la Constitución.
c. La aplicación de los principios pro homine, pro libertatis y favorabilidad.
d. La falsa motivación del acto administrativo contenido en el Acta de sesión
plenaria del 28 de julio de 2017.

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05242 00.

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05242 00
Accionante: Marcela Jaramillo Tamayo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A

e. La fuerza vinculante de la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de
Estado del 4 de mayo de 2017, que ordenó realizar la elección teniendo en
cuenta la lista conformada el 8 de enero de 2016 y respetando el más alto
puntaje.

CUARTA. Que se deje sin efectos, en lo que resulte necesario, la sentencia de
primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto negó
las pretensiones con fundamento en una indebida aplicación del régimen de
inhabilidades.

QUINTA. Que se ordene a la autoridad judicial accionada que, al dictar la sentencia
de reemplazo, observe la orden impartida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado en la sentencia del 4 de mayo de 2017 y valore si, conforme al orden de la
lista y al mayor puntaje obtenido por Marcela Jaramillo Tamayo, procede acceder a
las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho.

SEXTA. De manera respetuosa y en cuanto el juez constitucional lo estime
procedente, se solicite a la autoridad judicial accionada que, al proferir la sentencia
de reemplazo, valore favorablemente la procedencia del restablecimiento del
derecho reclamado por Marcela Jaramillo Tamayo, en atención a que fue la persona
con mayor puntaje en la lista. conformada el 8 de enero de 2016 y a que la negativa
del Concejo Municipal de Ibagué se fundó en una inhabilidad inexistente.

SÉPTIMA. Que se adopten las demás órdenes necesarias para garantizar la
efectividad de los derechos fundamentales vulnerados.

2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que participó en la convocatoria pública adelantada por el Concejo
Municipal de Ibagué para proveer el cargo de contralor municipal para el período 2016-
2019 y que, en la lista de aspirantes conformada el 8 de enero de 2016, obtuvo el mayor
puntaje.

Relató que, pese a ello, el Concejo Municipal eligió al señor Ramiro Sánchez, decisión
que fue anulada por el Tribunal Administrativo del Tolima y confirmada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de mayo de 2017, providencia
en la que, además, según aseveró, se ordenó al Concejo Municipal realizar la elección
respetando el orden de la lista del 8 de enero de 2016 y el mayor puntaje.

Indicó que, en aparente cumplimiento de esa decisión, el Concejo Municipal sesionó el
28 de julio de 2017 para elegir al nuevo contralor, pero decidió no elegirla con fundamento
en una supuesta inhabilidad.

Manifestó que debido a ello, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra el acta adoptada en la citada sesión, el cual fue resuelto
desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del Tolima, que reconoció que la señora
Jaramillo Tamayo había obtenido el mayor puntaje y que existía la orden de la Sección
Quinta, pero concluyó que no procedía el restablecimiento del derecho porque estaba
inhabilitada, al haber ejercido entre el 25 de julio y el 12 de septiembre de 2016 el cargo
de jefe de Control Interno de la Universidad del Tolima.

Señaló que interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el tribunal desconoció
el precedente fijado en la Sentencia SU-566 de 2019; omitió verificar la concurrencia de
los elementos temporal, jerárquico y territorial de la inhabilidad prevista en el artículo 272
de la Constitución; pasó por alto que el cargo desempeñado pertenecía a una entidad del
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orden departamental y no implicaba control fiscal sobre el municipio de Ibagué; dejó de
aplicar los principios pro homine, pro libertatis y de favorabilidad; desconoció que
tampoco existía inhabilidad derivada de su desempeño en la Personería Municipal de
Ibagué; validó un acto falsamente motivado y desconoció la orden impartida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.

Expuso que el conocimiento de la segunda instancia correspondió a la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, autoridad judicial que, mediante sentencia del 9 de
abril de 2026 resolvió el recurso de apelación pero, según sostuvo, no estudió los
argumentos expuestos en la alzada y modificó el debate al sostener que la lista de
elegibles se había agotado con el primer nombramiento del señor Ramiro Sánchez y que
la nulidad generaba una vacante definitiva que debía proveerse mediante un nuevo
proceso de elección, tesis que, según resaltó, no había sido debatida en el proceso y
contrariaba la orden impartida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la
sentencia del 4 de mayo de 2017.

Como fundamentos de la acción de tutela, la accionante aseguró que se satisfacen los
requisitos generales de procedencia porque el asunto tiene relevancia constitucional al
involucrar la protección de sus derechos al debido proceso, el acceso a la administración
de justicia, la tutela judicial efectiva, la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza
legítima y el derecho de acceso a cargos públicos, así como el cumplimiento de la
sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 4 de mayo de 2017.

Advirtió que su solicitud de amparo también cumple con el requisito de subsidiariedad
porque agotó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la sentencia
de la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado fue dictada en segunda
instancia, sin que, bajo su consideración, existieran recursos ordinarios o extraordinarios
idóneos para controvertir las irregularidades denunciadas.

Agregó, que la acción cumple con el requisito de inmediatez, pues fue presentada
oportunamente frente a la sentencia notificada el 9 de abril de 2026; que identificó de
manera clara las providencias cuestionadas, los hechos, los derechos vulnerados y las
irregularidades reprochadas, las cuales fueron planteadas en la apelación y en los
alegatos de conclusión; que dichas irregularidades tuvieron incidencia en la decisión; y
que la tutela no se dirige contra otra sentencia de tutela.

En cuanto a los requisitos generales de procedencia, alegó que la sentencia acusada
incurrió en defecto procedimental absoluto por desconocer el artículo 328 del CGP, el
principio de congruencia y la competencia funcional del juez de segunda instancia, al
omitir resolver los cargos de apelación e introducir una hipótesis decisoria ajena a la
controversia.

Adujo que la autoridad judicial accionada también incurrió en defecto por violación del
principio de justicia rogada, al decidir sobre un aspecto distinto del planteado en la
demanda, en la sentencia de primera instancia y en la apelación.

Adicionalmente, explicó que también se incurrió en defecto fáctico, por concluir, sin
respaldo probatorio, que la lista conformada el 8 de enero de 2016 se agotó con el primer
nombramiento del señor Ramiro Sánchez; y en defecto sustantivo, por desconocer la
sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado del 4 de mayo de 2017, aplicar
indebidamente normas sobre vacancias y elecciones y dejar sin resolver la legalidad de
la motivación del acto administrativo.

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Arguyó que la providencia cuestionada también incurrió en decisión sin motivación, por
no responder los argumentos centrales de la apelación; en desconocimiento del
precedente constitucional contenido, entre otras, en las sentencias SU-566 de 2019 y C-
126 de 2018, así como de las reglas sobre interpretación restrictiva de las inhabilidades.
También en desconocimiento del precedente específico fijado por la Sección Quinta del
Consejo de Estado en la sentencia del 4 de mayo de 2017; y en falsa motivación judicial,
al confirmar la legalidad del acto administrativo sin examinar la existencia de la inhabilidad
que sustentó la decisión del Concejo Municipal.

Finalmente, arguyó que la sentencia del Tribunal Administrativo del Tolima también
incurrió en errores al estructurar indebidamente la inhabilidad, inaplicar el precedente
constitucional, desconocer el elemento territorial de la causal, omitir el análisis sobre las
funciones ejercidas en la Universidad del Tolima, dejar de aplicar los principios pro
homine, pro libertatis y de favorabilidad, y neutralizar sin justificación suficiente la orden
impartida por la Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 4 de mayo
de 2017.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 8 de julio de 20262 y correspondió por reparto a esta Sección
que, por auto del 14 de julio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Subsección A,
Sección Segunda del Consejo de Estado como parte accionada; así como, vincular5 al
Tribunal Administrativo del Tolima, al municipio de Ibagué, al concejo municipal de Ibagué
y al señor Julio Cesar Vásquez Figueroa, como terceros con interés directo en el
resultado del proceso.

De igual forma, se requirió al Tribunal Administrativo del Tolima y a la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, para que allegaran copia digital del
expediente correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, identificado con radicado núm. 73001 23 33 000 2018 00081 00/01.

3.2. El Concejo Municipal de Ibagué allegó escrito6 mediante el cual se opuso a la
totalidad de las pretensiones de la acción de tutela.

Sostuvo que la solicitud de amparo carece de fundamento jurídico, por cuanto la
providencia cuestionada fue el resultado de un ejercicio interpretativo legítimo y
razonable, sin que se configurara vulneración alguna del debido proceso o del principio
de confianza legítima de la accionante.

Indicó que no se acreditó la existencia de incongruencia ni de defecto procedimental
alguno, pues la ausencia de un pronunciamiento sobre la presunta inhabilidad respondió
al orden lógico del análisis judicial. En igual sentido, explicó que, al verificarse el

2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05242 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05242 00.
4 Esta orden se cumplió el 16 de julio de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión

Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05242 00.
5 Ibidem
6 Visto en el índice 16 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001

03 15 000 2026 05242 00
4

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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05242 00
Accionante: Marcela Jaramillo Tamayo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A

agotamiento de la lista de elegibles, el supuesto derecho subjetivo invocado había
decaído, razón por la cual resultaba innecesario abordar otros aspectos del litigio.

Añadió que la accionante pretende utilizar la tutela como una instancia adicional para
controvertir una decisión adoptada por el juez natural y por el órgano de cierre de la
jurisdicción.

Asimismo, precisó que la Sección Segunda del Consejo de Estado no desconoció la
sentencia proferida por la Sección Quinta, sino que resolvió el asunto dentro del ámbito
de sus competencias y concluyó que el derecho reclamado se había extinguido conforme
a las normas que regulan la función pública.

Finalmente, solicitó ser desvinculado del trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva al estimar que los cuestionamientos formulados por la accionante no recaen sobre
una actuación u omisión atribuible al Concejo Municipal de Ibagué, sino exclusivamente
sobre los fundamentos jurídicos y la decisión adoptada por la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

3.3. El municipio de Ibagué7 solicitó igualmente su desvinculación del proceso por falta
de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que la acción de tutela se dirige
exclusivamente contra providencias judiciales proferidas por las autoridades accionadas,
respecto de las cuales carece de competencia para modificarlas, revocarlas o dejarlas
sin efectos.

Señaló que, aunque intervino como parte demandada en el proceso ordinario de nulidad
y restablecimiento del derecho, dicha participación obedeció únicamente al ejercicio de
su derecho de defensa y no permite atribuirle la presunta vulneración de los derechos
fundamentales alegados, toda vez que las decisiones objeto de reproche fueron
adoptadas exclusivamente por el Tribunal Administrativo del Tolima y el Consejo de
Estado.

Con fundamento en lo anterior, solicitó negar las pretensiones formuladas en su contra,
al estimar que no desplegó conducta alguna, por acción u omisión, que hubiera
ocasionado la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

3.4. El Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y el Tribunal Administrativo
del Tolima remitieron el expediente8 solicitado, sin embargo, no se pronunciaron sobre
los hechos y las pretensiones de la tutela.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del

7
Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.
11001 03 15 000 2026 05242 00
8 Visto en los índices 10 y 20 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm.

11001 03 15 000 2026 05242 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece

las reglas de reparto de la acción de tutela.
5

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Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.

4.2. HECHOS PROBADOS

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:

4.2.1. La señora Marcela Jaramillo Tamayo, actuando por conducto de apoderado
judicial, promovió medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
municipio de Ibagué y el Concejo Municipal de Ibagué, con el propósito de obtener la
nulidad del acto contenido en el acta de la sesión plenaria del 28 de julio de 2017,
mediante el cual el Concejo decidió no designarla como contralora municipal de Ibagué
para el período 2016-2019.

Como restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara su elección para dicho
cargo, al sostener que obtuvo el mayor puntaje en la convocatoria pública y que, en
consecuencia, debía prevalecer el criterio de mérito. Asimismo, pidió condenar al
municipio de Ibagué y al Concejo Municipal al pago de los salarios y prestaciones dejados
de percibir desde la fecha en que debió efectuarse su nombramiento y hasta cuando se
produjera su elección o, en su defecto, por el tiempo restante del período institucional.

4.2.2. El proceso correspondió, por reparto, al Tribunal Administrativo del Tolima que,
mediante sentencia del 16 de octubre de 2020 negó las pretensiones de la demanda al
concluir que la actora no acreditó la ilegalidad del acto administrativo acusado.

4.2.3. Inconforme con esa decisión, la demandante, hoy accionante, interpuso recurso de
apelación, y la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado mediante
sentencia del 9 de abril de 2026, la confirmó.

4.3. CUESTIÓN PREVIA

La Sala se pronunciará sobre las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación
en la causa por pasiva formuladas por el municipio de Ibagué y el Concejo Municipal de
Ibagué.

Sobre la legitimación en la causa por pasiva, la Corte Constitucional en sentencia T-416
del 28 de agosto de 1997 señaló lo siguiente:

[…] 2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute
en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o

11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de

abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado

con radicado núm. 73001 23 33 000 2018 00081 00/01.
6

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atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces
simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al
demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor
le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material. (…)

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución
como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se
promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la
acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las
personas, y lo mismo señala el segundo estatuto. (Subrayas fuera del texto original).

En ese sentido, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a las solicitudes de
desvinculación formuladas por el municipio de Ibagué y el Concejo Municipal de Ibagué,
comoquiera que dichas entidades hicieron parte del proceso ordinario identificado con el
radicado núm. 73001 23 33 000 2018 00081 00/01, objeto de debate en este trámite
tutelar, por lo tanto, les asiste interés en el presente asunto.

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.

Frente a los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, se tiene lo siguiente.

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

A su vez, el artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991 dispuso que «la acción de tutela no
procederá: cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La
existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante».

Por lo tanto, esta acción tiene como característica la subsidiariedad, en la medida que
solo resulta procedente cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable14.

14 La Corte Constitucional en la sentencia T-441 del 15 de julio de 2015. M.P. Luis Guillermo Guerrero

Pérez, dijo que los criterios a partir de los cuales debe analizarse si, efectivamente, en un caso concreto,
se está ante la presencia de un perjuicio irremediable que habilite la procedencia transitoria del mecanismo
de amparo constitucional son (i) que el perjuicio se produce de manera cierta y evidente sobre un derecho
fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de reparar el daño
producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal magnitud que hace evidente
la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos
constitucionales fundamentales.
7

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La Corte Constitucional ha explicado que el requisito general de subsidiariedad envuelve
tres eventos que conducen a la improcedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial15: (i) cuando el asunto está trámite; (ii) en el evento en que no se han agotado los
medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios, y (iii) si se usa para revivir etapas
procesales en donde se dejaron de emplear los recursos previstos en el ordenamiento
jurídico.

No obstante, el Tribunal Constitucional ha establecido dos excepciones al principio de
subsidiariedad de la acción de tutela: (i) cuando el mecanismo ordinario de defensa no
es idóneo ni eficaz para la protección inmediata de los derechos fundamentales, y (ii)
cuando se pretende evitar la configuración de perjuicio irremediable, el cual debe
acreditarse que cumple con las características de ser inminente y grave, que requiere de
la adopción de medidas de carácter urgente para superar el daño y, por lo tanto, que la
protección constitucional es impostergable.

En el asunto bajo examen, la señora Marcela Jaramillo Tamayo promovió acción de tutela
en contra de la sentencia proferida el 9 de abril de 2026 por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección A, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 73001 23 33 000 2018 00081 00/01.

Para ello, alegó que dicha autoridad judicial «[…] desconoció los límites de la
competencia del superior funcional previstos en el artículo 328 del Código General del
Proceso, vulneró el principio de congruencia, desconoció la justicia rogada propia de la
jurisdicción contencioso administrativa, omitió resolver los cargos reales de apelación y
sorprendió a la parte demandante con una razón decisoria novedosa, no debatida y
contraria a una providencia anterior del propio Consejo de Estado […]».

Al respecto, la Sala observa que la inconformidad planteada por la accionante se dirige a
la autoridad judicial omitió pronunciarse sobre los argumentos centrales expuestos en el
recurso de apelación, modificó el marco de la controversia al resolver con fundamento en
una tesis no debatida dentro del proceso y desconoció la orden impartida previamente
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 4 de mayo de 2017.

Adicionalmente aseguró que se vulneró el principio de congruencia y que la sentencia
acusada incurrió, entre otros, en el defecto de decisión sin motivación.

Frente a tales reparos, la Sala advierte que la accionante contaba con un mecanismo
judicial de defensa, idóneo y eficaz, para controvertir la decisión judicial censurada, esto
es, el recurso extraordinario de revisión, previsto para cuestionar providencias
ejecutoriadas en los estrictos eventos definidos por el legislador, medio de control que no
fue promovido por la actora, pese a encontrarse a su disposición, particularmente porque
los cuestionamientos de la accionante podrían enmarcarse en la causal de revisión
relacionada con la nulidad de la sentencia.

Al respecto, esta Corporación16 ha señalado que la nulidad originada en la sentencia
como causal para la procedencia del recurso extraordinario de revisión se configura, entre
otros eventos, cuando se pretermite una instancia, y ello acontece en tres escenarios:

15 Corte Constitucional. Sentencia T – 396 del 26 de junio de 2014. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia

de 19 de marzo de 2020, radicación número 11001-03-25-000-2013-00034-00 (0089-13), C.P. Rafael
Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001 03 15 000 2026 05242 00
Accionante: Marcela Jaramillo Tamayo
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A

a. se emite sentencia sin motivación, b. se viola el principio de la non reformatio in pejus,
y c. se profiere sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.

Es de anotar que, en relación con la causal de decisión sin motivación, la Sección Quinta
de esta Corporación ha declarado improcedente la acción de tutela cuando la parte actora
alega que la providencia controvertida incurrió en el defecto de falta de motivación. Al
respecto, la citada Sección en el fallo de tutela del 12 de agosto de 202117 explicó que la
acción de tutela es improcedente comoquiera que la ausencia de motivación del fallo bien
sea total o parcial se enmarca en la causal de nulidad originada en la sentencia que da
lugar a la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

A su vez, la Subsección A, Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 12
de diciembre de 2022 señaló que la causal de nulidad originada en la sentencia se ha
extendido a la violación del debido proceso en los términos del artículo 29 de la
Constitución Política y, dentro de ese marco, la jurisprudencia se ha ocupado de
identificar variados vicios que darían lugar a su configuración18, tales como: (i) haberse
dictado con sustento, únicamente, en una prueba obtenida con violación al debido
proceso, (ii) haberse dictado fallo condenatorio contra una persona que no fue vinculada
al proceso, (iii) proferir una sentencia sin motivarla, (iv) dictar un fallo inhibitorio
injustificado y, (v) faltar al principio de congruencia, entre otros.

Frente al principio de congruencia, la Corporación ha explicado que la congruencia se
entiende como el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus
decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita; además, la
congruencia, se puede calificar en congruencia externa, que implica que el fallo debe
estar en armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la
parte demandada, y en congruencia interna, que es la coherencia que ha de existir entre
lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte motiva de la providencia19.

En ese sentido, la Sala advierte que la accionante reprocha que, en la sentencia del 9 de
abril de 2026, la autoridad judicial accionada no se pronunció sobre los argumentos
relacionados con la inexistencia de la inhabilidad que sirvió de fundamento al acto
administrativo demandado, el desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia SU-
566 de 2019, la falta de configuración de los elementos temporal, jerárquico y territorial
de la causal de inhabilidad, la aplicación de los principios pro homine, pro libertatis y de
favorabilidad, la alegada falsa motivación del acto administrativo y el carácter vinculante
de la orden impartida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 4
de mayo de 2017.

A su juicio, dicha omisión vulneró el debido proceso, el principio de congruencia y la
competencia funcional del juez de segunda instancia, al dejar sin respuesta los cargos
de apelación y resolver el litigio con fundamento en una hipótesis jurídica distinta a la
debatida por las partes.

En ese contexto, el requisito de subsidiariedad no se encuentra satisfecho, pues la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional para controvertir decisiones
judiciales ni desplazar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa establecidos
por el legislador. Particularmente, la accionante contaba con la posibilidad de acudir al

17 Expediente núm. 11001 0315 000 2021 00354 01. C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
18 Al respecto ver: Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veinticinco

Especial de Decisión, sentencia del 20 de agosto 2021, expediente 11001-03-15-000-2020-02925-01.
19 Ibidem.

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recurso extraordinario de revisión para cuestionar las omisiones y defectos de motivación
que, a su juicio, afectan la sentencia cuestionada, sin que obre justificación alguna que
explique la falta de ejercicio oportuno de dicho mecanismo.

Por consiguiente, al existir un medio judicial idóneo y eficaz que permanecía a su
disposición para plantear las inconformidades que ahora expone en sede constitucional,
la presente acción de tutela resulta improcedente.

Finalmente, la parte accionante tampoco alegó ni acreditó la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que permita la procedencia de la acción de tutela de forma excepcional o
como un mecanismo transitorio.

En consecuencia, y sin necesidad de descender a otras consideraciones de fondo, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del
requisito general de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el municipio de
Ibagué y el Concejo Municipal de Ibagué, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la parte
accionante, por las razones expuestas en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 14 de
agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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