Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05249-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05249-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05249-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-05249-00
Demandante: MÓNICA TATIANA TORRES RODRÍGUEZ
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no
superar los requisitos de subsidiariedad y relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo2
La señora Mónica Tatiana Torres Rodríguez, actuando a través de apoderado
judicial3, instauró acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la defensa y contradicción, de acceso a la administración de
justicia y la aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia del 16 de abril de 2026 en la que la autoridad judicial
accionada revocó la decisión dictada el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B que había
accedido a las pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-02740-00/02.
1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Acción de tutela radicada el 8 de julio de 2026 a la que se le asignó la secuencia interna 8445.
3 Índice 002 de Samai. El poder conferido al abogado Enrique Rodríguez Fontecha fue autenticado
ante la Notaría Única de la Plata, Huila.
Demandante: Mónica Tatiana Torres Rodríguez
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora pidió el amparo de los derechos
fundamentales invocados, y pese a que no dispuso un acápite de pretensiones, de
la lectura integral del escrito de tutela se advierte que los defectos invocados se
dirigen a cuestionar la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
1.3. Hechos
La señora Mónica Tatiana Torres Rodríguez promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de que se declararan
nulos los siguientes actos administrativos proferidos por la Oficina de Control
Disciplinario Interno y por la Inspección delegada Especial de la Policía
Metropolitana de Bogotá, respectivamente, en el proceso disciplinario con radicado
COPE2-2015: (i) fallo del 30 de junio de 20154 y, (ii) sentencia del 1° de septiembre
de 20155. A título de restablecimiento del derecho pidió que se le pagaran los
salarios y prestaciones dejados de percibir en el cargo de patrullera, y se le
otorguen perjuicios morales derivados de la destitución.
En primera instancia, el proceso se asignó al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que mediante sentencia del 31
de octubre de 2024 accedió parcialmente a las pretensiones. Señaló que, si bien
la actuación de la demandante estuvo enmarcada dentro de una falta gravísima,
la imputación de su culpabilidad debió ceñirse a una culpa grave y no a un dolo,
dado que la falta se configuró por la inobservancia del cuidado necesario que
cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.
Lo anterior, por cuanto la actora, al iniciar su turno como patrullera, realizó un
intercambio indebido de uno de los elementos de dotación asignados a los
uniformados, tomando la «chapuza»6 asignada a uno de sus compañeros, sin
autorización para luego presentarla como si fuera de su propiedad.
En consecuencia, modificó el correctivo disciplinario y le aplicó el numeral 2 del
artículo 39 de la Ley 1015 de 2026, es decir, la suspensión e inhabilidad para
ejercer funciones públicas por el término de 12 meses. Asimismo, dispuso el pago
4 Impone el correctivo disciplinario de destitución de la Policía Nacional e inhabilidad por el periodo
de 10 años para ejercer funciones públicas, por presuntamente haber infringido la Ley 1015 de
2006; artículo 34, numeral 14, faltas gravísimas.
5 Confirma el fallo y le impuso el correctivo accesorio de destitución e inhabilidad por 10 años.
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Funda para portar el revólver
2
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de salarios y prestaciones dejados de percibir.
La demandada interpuso recurso de apelación, alegando que del comportamiento
de la patrullera se advierte la intención de realizar la conducta por la que fue
disciplinada, por lo que es claro que su responsabilidad debía examinarse a título
de dolo.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A7, a través de la providencia
del 16 de abril de 2026 revocó la decisión del a quo, y, en su lugar, negó las
pretensiones.
Como sustento explicó que, «Para la Sala, contrario a lo concluido en la sentencia
apelada, los medios de prueba, valorados en conjunto, sí conducían al grado de
certeza necesario para imputar la falta disciplinaria a título de dolo, pues el registro
de video, el análisis de los testimonios recaudados y las circunstancias que
rodearon lo ocurrido el 31 de octubre de 2014 permiten concluir sin lugar a dudas,
que la entonces patrullera dirigió su voluntad a la consumación del comportamiento
objeto de reproche».
El anterior proveído se notificó a las partes de manera personal por correo
electrónico el 11 de mayo de 20268.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora señaló que la providencia cuestionada adolece de los siguientes
defectos:
(i) Fáctico: por indebida valoración probatoria, sostuvo que el fallador de segundo
grado no examinó de manera integral el proceso disciplinario ni la ilegalidad de las
decisiones ahí adoptadas. Indicó que los elementos de prueba recaudados,
particularmente los testimonios y el material audiovisual, no acreditaban la
existencia de una conducta dolosa. Asimismo, reprochó que tales medios
probatorios hubieran sido incorporados al proceso sin garantizar plenamente los
derechos de contradicción y defensa, lo que le impidió cuestionar su contenido,
alcance y valor demostrativo.
Concluyó que la autoridad judicial accionada «sustituyó la prueba del elemento
subjetivo de la conducta por apreciaciones subjetivas e inferencias especulativas,
desconociendo que, conforme a los principios constitucionales que rigen el
7 La sentencia fue suscrita por los consejeros, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Luis Eduardo Mesa
Nieves y Juan Camilo Morales Trujillo.
8 Índice 015 de Samai del proceso 25000234200020160274002.
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derecho sancionador, el dolo no puede presumirse y debe encontrarse plenamente
acreditado por la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria».
Agregó que tampoco se le aplicó el principio de in dubio pro reo, pues, a pesar de
que la administración no acreditó la afectación del deber funcional que se le
atribuyó haber quebrantado, ni logró establecer cuál era la «chapuza» original, se
profirió una decisión sancionatoria en su contra. En consecuencia, la regla aplicada
por el ad quem fue la de «En caso de duda, resuélvase en favor de la entidad».
(ii) Desconocimiento del precedente: por desconocer los lineamientos fijados
por la Corte Constitucional9, particularmente aquellos relacionados con el deber de
analizar integralmente los hechos, las normas que consagran el tipo disciplinario,
y la proporcionalidad de la sanción, y la aplicación del principio de favorabilidad en
materia disciplinaria.
A su juicio, la jurisprudencia constitucional10 ha precisado que la acción de tutela
contra providencias judiciales resulta procedente cuando se desconocen los
principios de proporcionalidad y razonabilidad. Sostuvo que esa situación se
configura en su caso, por cuanto la sanción impuesta fue excesiva y
desproporcionada, dado que se le destituyó e inhabilitó para ejercer funciones
públicas por diez años «por coger una chapuza de $7.000», sin considerar que tal
decisión la dejaría sin empleo y afectaría, adicionalmente, a sus abuelos, quienes
dependen de su apoyo económico.
También manifestó que en su caso no se acreditó una conducta disciplinariamente
sancionable, puesto que no se constató la ilicitud sustancial de la conducta exigida
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional11. En consecuencia, afirmó que se
desconoció el precedente del Consejo de Estado relativo a la aplicación de dicha
figura12.
9 Se refirió a las sentencias SU-382 de 2024; SU-417 de 2024; SU-116 de 2018; SU-241 de 2015
y SU-445 de 219.
10 Citó las sentencias 327 de 2018; T-280 de 1998; T-596 de 2011.
11 Se refirió a la sentencia C-451 de 2016.
12 Hizo referencia a las sentencias: del 29 de agosto de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2016-
00257-01; del 31 de enero de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2012-00679-00 (2961-18) y «del
26 /03/ 2014, Rad. 11001-03-25-000-2013 00117-00(0263-13); C E. Secc. II S. Secc. B Sen #
11001-03-25-000-2014-00512-00 del 06-05-2021 AUTO C E Secc. II # 11001-03-25-000-2010-
00079-00 del 11-04-2019; del 26/11/2009, R. 52001-23-31-000-2002-01023-02 (0506-2008),
Ibidem Rad. # 11001 -03-25-000-2014-00512-00 (15 15 14) y no existirá falta disciplinaria si no
existe la ilicitud sustancial prevista en el Art. 5º del CDU, lo trata la sentencia del C. de E, Secc. II.
Secc. B, Sent., del 2 /10/2020, R. 20001-23-33-000-2016-00372-01 (1189-2019); del 3 de diciembre
de 2020 rad. # 19001-23-33-000-2015-00178-01(0020-19)». Además, citó las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional «C.253-/03; 1076/2002- A P L 398/2018 y 00679/2018».
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Finalmente alegó que no se tuvo en cuenta el precedente13 relacionado con el
control judicial integral y pleno de los actos disciplinarios, especialmente cuando
se encuentran comprometidos derechos fundamentales.
(iii) Violación directa de la Constitución: Adujo la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, al acceso a la administración de
justicia y al principio de prevalencia del derecho sustancial, al mantenerse una
sanción de extrema gravedad sin verificar que los presupuestos constitucionales y
legales que la sustentaban estuvieran efectivamente demostrados.
Asimismo, alegó la vulneración de su derecho a la seguridad social, al señalar que
es una mujer cabeza de familia que asume el sostenimiento de sus abuelos,
personas de la tercera edad que padecen diversas afecciones de salud y requieren
de su apoyo permanente.
(iv) Sustantivo: explicó que, en materia disciplinaria, la responsabilidad exige la
verificación de 3 elementos: (i) la tipicidad; (ii) la ilicitud sustancial de la conducta
y (iii) la culpabilidad.
Respecto del segundo elemento, sostuvo que el fallador de segunda instancia
realizó una interpretación contraevidente, pues le impuso una sanción gravosa sin
que se acreditara el quebrantamiento del deber funcional. En cuanto a la
culpabilidad, afirmó que esta no fue demostrada, por lo que se le atribuyó una
forma de responsabilidad objetiva, prohibida en materia disciplinaria de
conformidad con el artículo 13 de la Ley 734 de 2002.
Por otra parte, citó diversos apartes de la sentencia proferida por el a quo dentro
del proceso ordinario, con el fin de resaltar que el análisis efectuado por ese
despacho y las conclusiones alcanzadas se ajustaban a derecho. Sin embargo,
sostuvo que los argumentos expuestos por la entidad demandada en el recurso de
apelación, relacionados con la moral, la ética y el buen nombre institucional que
debe preservar la Policía Nacional, llevaron al juez de segunda instancia a
modificar el sentido de la decisión.
Finalmente, señaló que en este asunto se encuentran satisfechos los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que el requisito de
inmediatez se cumple, el asunto reviste relevancia constitucional y no dispone de
otro mecanismo judicial idóneo para obtener la protección de las garantías
fundamentales que considera vulneradas por la irracionalidad y
desproporcionalidad de la providencia cuestionada.
13«sentenciade unificación del 9 de agosto de 2016, Radicación No. 11001-03-25-000-2011-
00122-00 (1220-2011)».
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1.5. Trámite de la acción de tutela
1.5.1. Manifestación de impedimento
En escrito del 10 de julio de 2026 la magistrada Gloria María Gómez Montoya
manifestó su impedimento para conocer del presente asunto, invocando el numeral
5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene
una relación de amistad entrañable con el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez,
que integra la Subsección A, de la Sección Segunda de esta Corporación, y
suscribió la providencia enjuiciada al interior de la presente tutela.
Sin embargo, mediante providencia del 15 de julio de 2026, el magistrado Pedro
Pablo Vanegas Gil declaró infundado el impedimento por no encontrar acreditados
los elementos para la configuración de la causal invocada.
Asimismo, en escrito del 24 de agosto de 2025, el magistrado Omar Joaquín
Barreto Suárez manifestó su impedimento para pronunciarse sobre este caso,
invocando el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
comoquiera que sostiene una relación de amistad entrañable con el magistrado
Juan Camilo Morales Trujillo, quién hace parte de la Subsección A, Sección
Segunda de esta Corporación y firmó la sentencia cuestionada en este trámite.
No obstante, este se declaró infundado por la magistrada ponente, a través del
auto del 26 de agosto de 2026 por no encontrar acreditados los elementos para la
configuración de la causal invocada.
1.5.2. Admisión de la tutela
Por medio de auto del 31 de julio de 2026, la Magistrada Ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la accionante14, y como parte accionada a los
magistrados integrantes del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A15.
Asimismo, dispuso la vinculación como terceros con interés jurídico en el resultado
del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
14 Índice 019 de Samai. La notificación se efectuó al correo: erf98@hotmail.com.
15 Índice 019 de Samai. La notificación se efectuó a los buzones:
notifjduque@consejodeestado.gov.co; dperezc@consejodeestado.gov.co;
notifjmoralest@consejodeestado.gov.co; dgavirias@consejodeestado.gov.co;
notiflmesa@consejodeestado.gov.co; dsolanolo@consejodeestado.gov.co;
ces2secr@consejodeestado.gov.co.
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Subsección B16 [a quo del ordinario], y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional17,
Policía Nacional18 [autoridad demandada en el proceso ordinario].
Además, reconoció personería al abogado Enrique Rodríguez Fontecha, para
actuar en calidad de apoderado de la parte actora.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A19
La secretaría de esta dependencia aportó el vínculo de acceso al expediente
electrónico de segunda instancia. No obstante, no hizo ningún pronunciamiento
respecto de lo pretendido por la actora.
1.6.2. Policía Nacional20
La jefe del área jurídica de la secretaría general de la entidad pidió que se niegue
el amparo dado que no existe vulneración alguna a los derechos fundamentales
invocados por la tutelante. Tampoco que la valoración probatoria se hiciera aislada
de las reglas de la sana critica, la lógica y la racionalidad, ni se acreditó la
existencia de un perjuicio irremediable.
Explicó que, tal como lo concluyó el fallador de segunda instancia, la conducta que
desplegó la señora Mónica Tatiana Torres configuró los elementos de la falta
disciplinaria, esto es, tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, porque se afectó
el deber funcional de la exservidora, quién debía cumplir con las obligaciones de
la Constitución y la ley.
Señaló que, pese a que la defensa planteó posibles inconsistencias en las etapas
procesales y el análisis probatorio por parte del despacho disciplinario, lo cierto es
que se logró determinar la responsabilidad de la actora.
16 Índice 019 de Samai. La notificación se efectuó al correo:
rmemorialessec02sbtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
17 Índice 019 de Samai. La notificación se efectuó al correo:
notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co.
18 Índice 019 de Samai. La notificación se efectuó a los buzones: segen.consejo@policia.gov.co y
notificacion.tutelas@policia.gov.co.
19 Índice 024 de Samai.
20 Índice 037 de Samai.
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1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección B21
Aportó el vínculo de acceso al expediente electrónico, sin emitir ningún
pronunciamiento respecto de la presente acción constitucional.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Mónica Tatiana Torres Rodríguez contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en
los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de
2021 y 799 de 2025, y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación22.
2.2. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora y el material probatorio recaudado corresponde a la Sección resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se decidirá:
• ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró las
garantías invocadas por la parte actora con ocasión de la providencia
proferida el 16 de abril de 2026 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 25000-23-42-000-2016-02740-
00/02?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva, y; (iii) el caso
concreto.
21 Índice 028 de Samai.
22 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201223
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema24 y declaró su
procedencia.25
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.3.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202226 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
24 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
25 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
26 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal27
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico28; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional29.
[…]
27 Sentencia SU-573 de 2019.
28 Sentencia SU-103 de 2022.
29 Sentencia SU-103 de 2022.
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En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal30”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales31”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto32, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal33.
(Resaltado de la Sala)
2.3.2. Subsidiariedad
La acción de tutela es un mecanismo de amparo autónomo, residual y subsidiario,
que procede cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial. La
Corte Constitucional ha señalado que el requisito de subsidiariedad conlleva el
deber de agotar todos los medios de defensa –ordinarios y extraordinarios– que
tenga a su alcance para reclamar la protección de sus derechos, antes de acudir
a este mecanismo constitucional.34
Este deber tiene dos excepciones, que hacen procedente la acción de tutela,
aunque el afectado cuente con otro medio de defensa judicial, éstos son: (i) cuando
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable o (ii)
cuando, en correspondencia con la situación fáctica bajo análisis, se pueda
30 Sentencia SU-103 de 2022.
31 Sentencia SU-128 de 2021.
32 Sentencia SU-573 de 2019.
33 Ibid.
34 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021.
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establecer que los recursos judiciales no son idóneos ni eficaces para superar la
amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales, así lo ha
precisado la Corte Constitucional: «la solicitud de amparo constitucional contra las
decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos los
medios ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección
resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable” y más adelante, enfatizó que
“[e]n la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que se
agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa».35
Dicha corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías legítimas de
defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales36.
2.4. Caso concreto
La parte actora cuestiona la sentencia proferida el 16 de abril de 2026 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en la que revocó la decisión
de primera instancia dictada el 31 de octubre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, que había accedido
parcialmente a las súplicas de la demanda, y en su lugar, negó las pretensiones
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 25000-23-42-000-2016-02740-00/02.
Lo anterior, ya que, a juicio de la tutelante, en la providencia cuestionada el
operador judicial incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución Política y sustantivo. Sin embargo, la Sala
evidencia que el asunto bajo examen no supera los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
2.4.1 Subsidiariedad
La parte actora consideró que la sentencia recurrida adolece del defecto fáctico,
por cuanto no tuvo en cuenta que los referidos medios de prueba, esto es, los
testimonios y el material audiovisual, se aportaron al proceso disciplinario sin
permitir su oposición, lo que vulneró su derecho de defensa y contradicción.
35 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
36 Corte Constitucional, Sentencia SU-263 de 2015.
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No obstante, para la Sección este planteamiento no supera el requisito de
subsidiariedad comoquiera que, la parte actora tuvo la oportunidad de pedir y
controvertir los medios de prueba aportados al proceso disciplinario dentro de las
respectivas etapas procesales para ello, tal como se estipulaba en el artículo 16
de la Ley 1015 de 200637, así como también, solicitar las nulidades o recursos a
las que hubiere lugar38.
2.4.2. Relevancia constitucional.
Por otro lado, respecto del mismo yerro fáctico, la accionante sostuvo que el
fallador de segundo grado valoró de forma errónea los testimonios y el video
obrante en el plenario, pues, a su juicio, de tales elementos no es posible advertir
el dolo en su comportamiento.
Para la Sala dicha aseveración carece de la carga argumentativa necesaria para
probar su configuración. En efecto, aunque se identificaron las pruebas que de
manera presunta se examinaron de manera irracional, la valoración de los medios
de prueba es un ejercicio intelectual en el que el director del proceso, aplicando
las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia, determina el valor
que asigna a cada uno de ellos. Lo cual, se encuentra cobijado por la
independencia y autonomía que gozan las autoridades judiciales, por lo que, salvo
en casos excepcionalísimos39, no es viable su reproche en esta instancia judicial.
Por otro lado, en lo que atañe a los defectos de violación directa de la Constitución
y sustantivo, la actora sostuvo que la autoridad judicial accionada vulneró las
garantías fundamentales invocadas, por cuanto le impuso una sanción gravosa sin
verificar la concurrencia de los presupuestos constitucionales y legales requeridos
para acreditar la ilicitud sustancial de la conducta que se le atribuyó. Asimismo,
indicó que tampoco se demostró la culpabilidad ni el dolo en su actuación, por lo
37 Artículo 16. // Contradicción. Quien fuere objeto de investigación tendrá derecho a conocer las
diligencias que se practiquen, a controvertirlas y a solicitar la práctica de pruebas, tanto en la
Indagación Preliminar como en la Investigación Disciplinaria.
38 El artículo 58 de la Ley 1015 de 2006 remite, en lo referente al procedimiento disciplinario, al
Código Disciplinario, Códigos Disciplinario Único -ley 734 de 2002. En cuyos artículos 143 a 174
consagra las causales, requisitos, efectos y términos para resolver sobre las solicitudes de nulidad.
39 El defecto fáctico, en su dimensión positiva, puede acreditarse en dos escenarios. Primero,
respecto de aquellas pruebas que pueden ser valoradas de manera libre y amplia, el funcionario
judicial incurre en tal defecto cuando actúa contra la razonabilidad. Caso en el que (i) no respeta
las reglas de la lógica deóntica al establecer la premisa fáctica, (ii) resuelve la controversia
acudiendo a su propio capricho, (iii) no valora íntegramente el acervo, o (iv) funda su
convencimiento en pruebas impertinentes, inconducentes o ilícitas. Segundo, si el legislador
establece que del elemento probatorio p debe seguirse q, incurre en un defecto fáctico si concluye
algo distinto sin ofrecer una justificación para ello (v. gr. la probada falsedad del documento). En
cualquiera de los dos eventos antedichos, el juez desconoce el derecho al debido proceso de las
partes y, en consecuencia, vía tutela, la decisión podrá dejarse sin efectos.
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que la sanción impuesta terminó sustentándose en una especie de responsabilidad
objetiva, proscrita en materia disciplinaria de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11 de la Ley 1015 de 200640.
El fallador de segundo grado explicó que la conducta de la exservidora se «adecuó
al tipo disciplinario de naturaleza gravísima contenido en el artículo 34.14 de la Ley
1015 de 2006»41 por cuanto dirigió su voluntad a la consumación del
comportamiento objeto de reproche a sabiendas de las consecuencias que podría
acarrearle. Al respecto, explicó:
«Las distintas formas de culpa parten de la idea de que se incurrió en la conducta
prevista como falta disciplinaria como consecuencia de una actuación negligente
del servidor público; es decir, que este, a sabiendas de las consecuencias que
podría acarrear su acción, omisión o extralimitación –elemento cognoscitivo–,
desatendió el deber objetivo de cuidado. Luego, lo que determina si tal negligencia
es grave o gravísima es el grado de diligencia que le era exigible al sujeto
disciplinable. Así, el parágrafo del artículo 39 de la Ley 1015 de 2006 dispone que
la culpa es gravísima cuando se incurre en la falta disciplinaria por (i) ignorancia
supina, (ii) desatención elemental o (iii) violación de las reglas de obligatorio
cumplimiento25; y es grave cuando la conducta reprochable se concreta por la
inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a
sus actuaciones».
En efecto, la tutelante cuestionó el criterio adoptado por el ad quem respecto de la
legalidad de los fallos disciplinarios proferidos por la Policía Nacional. Sin
embargo, el hecho de que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada
haya resultado desfavorable a sus intereses no implica, por sí mismo, la
vulneración de los derechos fundamentales invocados ni justifica la intervención
del juez de tutela. Lo planteado por la actora evidencia una discrepancia frente a
la interpretación jurídica del juez natural del asunto, cuestión que corresponde al
ámbito propio del control de legalidad y que, prima facie, no revela una actuación
arbitraria o caprichosa. En consecuencia, los yerros alegados no tienen la entidad
suficiente para satisfacer el requisito de relevancia constitucional.
Por otra parte, en relación con el desconocimiento del precedente, se advierte que,
pese a que la accionante citó sentencias de la Corte Constitucional42 y del Consejo
40 «Artículo 11. Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad
objetiva y las faltas son sancionables a título de dolo o culpa».
41 Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
14. Apropiarse, ocultar, desaparecer o destruir bienes, elementos, documentos o pertenencias de
la Institución, de los superiores, subalternos, compañeros o particulares, con intención de causar
daño u obtener beneficio propio o de un tercero.
42 SU-382 de 2024; SU-417 de 2024; SU-116 de 2018; SU-241 de 2015; SU-445 de 2019; C-451
de 2016; T-327 de 2018; T-280 de 1998 y T-596 de 2011.
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de Estado43, no individualizó la regla de derecho vinculante que estimaba aplicable
a su situación, ni expuso la incidencia concreta que tales providencias tendría en
la decisión adoptada por el fallador de segundo grado. En consecuencia, no se
tiene la carga argumentativa mínima que habilitaría a la Sala a efectuar un análisis
de fondo.
Sobre el desconocimiento del precedente es preciso advertir que esta Sección44
ha considerado que la parte que invoca este defecto debe cumplir con la carga
mínima de identificar: (i) la decisión que considera desatendida; (ii) la ratio
aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la
analogía con la litis anterior y, (iii) la incidencia de esta en la decisión final que
adopte el fallador de instancia, lo que no se cumplió por la parte actora.
Debe recordarse que en cuando la acción de tutela va dirigida contra decisiones
de las altas cortes, como en el presente caso, el examen debe ser estricto, lo que
implica verificar que en efecto se haya presentado una actuación judicial
claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales invocados, en los
términos que indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-353 de 2020, cuya
carga argumentativa no se satisface en este asunto.
Al respecto, cabe recordar que la carga argumentativa a la que hace alusión la
Corte Constitucional no se satisface simplemente con enunciar y transcribir
artículos de la Constitución Política para cumplir el mencionado ejercicio, aún más
cuando se trata de una providencia de una alta Corporación, tal como se indicó:
[…] el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.
Así, la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia
adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias
43 Hizo referencia a las sentencias: del 29 de agosto de 2019, radicado: 25000-23-42-000-2016-
00257-01; del 31 de enero de 2018, radicado: 11001-03-25-000-2012-00679-00 (2961-18) y «del
26 /03/ 2014, Rad. 11001-03-25-000-2013 00117-00(0263-13); C E. Secc. II S. Secc. B Sen #º
11001-03-25-000-2014-00512-00 del 06-05-2021 Auto C E Secc. II # 11001-03-25-000-2010-
00079-00 del 11-04-2019; del 26/11/2009, R. 52001-23-31-000-2002-01023-02 (0506-2008),
Ibidem Rad. # 11001 -03-25-000-2014-00512-00 (15 15 14) y no existirá falta disciplinaria si no
existe la ilicitud sustancial prevista en el Art. 5º del CDU, lo trata la sentencia del C. de E, Secc. II.
Secc. B, Sent., del 2 /10/2020, R. 20001-23-33-000-2016-00372-01 (1189-2019); del 3 de diciembre
de 2020 rad. # 19001-23-33-000-2015-00178-01(0020-19)». Además, citó las siguientes
sentencias de la Corte Constitucional «C.253-/03; 1076/2002- A P L 398/2018 y 00679/2018» y a
la «sentencia de unificación del 9 de agosto de 2016, Radicación No. 11001-03-25-000-2011-
00122-00 (1220-2011)».
44 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes providencias de tutela proferidas por la
Sección Quinta: (i) Sentencia del 04 de diciembre de 2025, radicado: 11001-03-15-000-2025-
06707-00. C.P. Gloria María Gómez Montoya; (ii) sentencia del 30 de octubre de 2025, radicado:
11001-03-15-000-2025-05962-00. C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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doctrinarias o interpretativas de corrección legal. Como las altas cortes son
tribunales de cierre, es a ellas a quienes corresponde “la unificación de
jurisprudencia como forma de precisar con autoridad y vocación de generalidad el
significado y alcance de las diferentes áreas del ordenamiento jurídico”.45
En este punto resulta pertinente recordar que, si bien este mecanismo
constitucional puede ser procedente para controvertir decisiones de cualquier
grado, sin excluir las de las corporaciones de cierre, también es importante resaltar
que la jurisprudencia de la Corte Constitucional hace especial énfasis en la carga
argumentativa que se debe tener cuando se pretende dejar sin efectos una
decisión de la Sección que la Constitución Política46 y la Ley determinaron como
suprema autoridad en la materia.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia, circunstancia por la que, en principio, no es
procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela, por lo que, en el
presente caso, este mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por la parte
actora contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no
satisfacer los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
45 Corte Constitucional, sentencia SU-0125 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
46 «Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las funciones de tribunal
supremo de lo contencioso administrativo, conforme a las reglas que señale la ley. […]» (Énfasis
de la Sala).
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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