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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05251-00

Fecha
10 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05251-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-05251-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

10 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Sentencia
emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Contrato
realidad / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA – Subsidiariedad.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 8 de julio de 2026, la Institución Universitaria Pascual Bravo, a través de
apoderada judicial, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Cuarta de Decisión, con el fin de que se ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad2.

2.
Solicitó que se dejara sin efectos la sentencia del 25 de noviembre de 2025,
proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió
la señora Diana Lucía García Mejía en su contra y del departamento de Antioquia,
con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante
los cuales se negó el reconocimiento de una relación laboral entre las partes.
Consecuentemente, pidió declarar la existencia del contrato realidad y condenar
solidariamente a las accionadas al pago de las acreencias laborales y demás
prestaciones sociales que causó durante la prestación del servicio.

3.
En la referida providencia se revocó la sentencia de 16 de diciembre de 2020,
mediante la cual el a quo3 negó las pretensiones ordinarias y, en su lugar, declaró la

1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de
2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2
También solicitó el amparo de su derecho de defensa, congruencia y motivación de las providencias judiciales.
3
Juzgado 25 Administrativo del Circuito de Medellín.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión

existencia de la relación laboral subyacente entre la señora García y la Institución
Universitaria. En consecuencia, condenó a esta entidad pública a reconocer y pagar
todas las prestaciones sociales que la demandante hubiera devengado si desde el
principio hubiera estado vinculada a través de un contrato laboral, teniendo como
ingreso base de liquidación los honorarios pactados mes a mes. El Tribunal
accionado encontró acreditados los criterios jurisprudenciales para determinar la
existencia de una relación laboral encubierta, esto es, la subordinación continuada,
la prestación personal del servicio y la remuneración.

4.
La entidad educativa presentó una solicitud de adición, que fue negada en auto
del 13 de marzo de 2026.

5.
Como sustento de sus pretensiones, la parte actora alegó que el Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en defecto procedimental por vulneración al
principio de congruencia, al omitir pronunciarse sobre una de las pretensiones
principales formuladas en la demanda, consistente en la declaratoria de
responsabilidad solidaria del departamento de Antioquia, respecto de las condenas
derivadas del reconocimiento del contrato realidad.

6.
Expuso que, desde la presentación de la demanda, se solicitó expresamente no
solo que se declarara la existencia de una relación laboral entre la señora García y
la Institución Universitaria Pascual Bravo, sino también con el ente territorial, por ser
el principal beneficiario de la actividad desarrollada por la demandante y,
especialmente, porque aquella, a través de los rectores del ente universitario -los
cuales eran funcionarios del departamento- creó el cargo ocupado por la
demandante, posesionó a la trabajadora y vigiló el cumplimiento de las obligaciones
laborales derivadas de la contratación efectuada por la institución universitaria.

7.
Sumado a lo anterior, refirió que la relevancia de pronunciarse sobre ese aspecto
era evidente desde la fijación del litigio, oportunidad en la que se estableció como
problema jurídico determinar si entre la demandante y la Institución Universitaria
Pascual Bravo existió una relación laboral y, de ser así, si el Departamento de
Antioquia era solidariamente responsable. Por ende, aseguró que no había duda de
que la responsabilidad solidaria integraba el objeto del proceso y constituía uno de
los asuntos que el juez de segunda instancia estaba obligado a resolver.

8.
Señaló que el propio Tribunal reconoció que las actividades de dirección, control
y seguimiento eran ejercidas por rectores pertenecientes al departamento de
Antioquia, circunstancias que fueron valoradas para declarar la existencia de una
verdadera relación laboral; sin embargo, no se tuvieron en cuenta para estudiar la
responsabilidad solidaria formulada contra dicha entidad territorial.

9.
A su vez, expuso que la jurisprudencia constitucional (sentencia T-152 de 2013)
ha sostenido que la vulneración del principio de congruencia, derivada de la ausencia
de estudio o de pronunciamiento respecto de una pretensión oportunamente

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión

formulada, puede constituir una violación del debido proceso cuando esa omisión
altera sustancialmente el contenido de la decisión, tal como aconteció en el caso
concreto.

10.
Sostuvo que la omisión fue advertida y puesta de presente ante el juez ordinario,
mediante la solicitud de adición de la sentencia. No obstante, el Tribunal negó esa
solicitud, adoptando una respuesta jurídicamente incongruente, pues utilizó como
fundamento precisamente el resultado de la sentencia —haber impuesto la condena
únicamente a una entidad de educación superior— para justificar la ausencia de
pronunciamiento sobre la responsabilidad solidaria, cuando ese era el punto cuya
decisión se reclamaba.

11.
También alegó la configuración de un defecto sustantivo por ausencia de
motivación, dada la omisión de pronunciarse expresamente sobre la responsabilidad
atribuible al departamento de Antioquia. Precisó que este yerro no consistía en que
el Tribunal hubiera expuesto razones insuficientes para negar dicha pretensión, sino
en que no emitió decisión alguna respecto de ella, de manera que la sentencia de
segunda instancia carece por completo de motivación sobre ese aspecto. Error que
se hizo más evidente con la negativa de adicionar el fallo. En respaldo de su
planteamiento, invocó la Sentencia SU-635 de 2015 de la Corte Constitucional.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
12.
Mediante auto de 10 de julio de 20264, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad demandada, y se vinculó al departamento de Antioquia y a la
señora Diana Lucía García Mejía, en calidad de terceros con interés. De igual modo,
se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su cargo y se requirió al Juzgado 25 Administrativo del Circuito de
Medellín para que remitiera copia digital del expediente 05001-33-33-025-2018-
00051-00/01.

(i) Tribunal Administrativo de Antioquia5

13.
Sostuvo que la decisión objeto de tutela estuvo debidamente motivada, se
valoraron las pruebas oportunamente allegadas al proceso, en especial, los
contratos de prestación de servicios suscritos entre la demandante y la Institución
Universitaria Pascual Bravo, de cuyo clausulado se concluyó que la responsabilidad
recaía exclusivamente en esa entidad, acorde a la definición de la modalidad de
contratación, las obligaciones asumidas por las partes y el sujeto obligado al pago
de los honorarios. Agregó que la solicitud de adición fue negada, ante la claridad del
sujeto obligado.

II. CONSIDERACIONES

4
Notificado el 15 y 16 de julio de 2026.
5
Intervención contenida en 2 folios.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión

C. Análisis del caso concreto

14.
La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, toda vez que el mecanismo judicial idóneo para suscitar
el debate relativo a la inobservancia del principio de congruencia, es el recurso
extraordinario de revisión, consagrado en el artículo 250 (numeral 5) del CPACA.

15.
Al respecto, esta Corporación6 ha precisado que el desconocimiento del principio
de congruencia constituye uno de los supuestos susceptibles de ser examinados
mediante la referida causal de revisión, al tratarse de una nulidad que tiene origen
en la propia sentencia, entre otros eventos, cuando el fallador omite pronunciarse
sobre alguno de los extremos del litigio. En el presente asunto, la institución
universitaria sostiene, precisamente, que el Tribunal Administrativo de Antioquia
omitió pronunciarse sobre una de las pretensiones principales de la demanda. Así,
al estar encaminada a cuestionar una presunta nulidad originada en la sentencia,
dicha inconformidad debió ser planteada mediante el recurso extraordinario de
revisión y no a través de la acción de tutela.

16.
Aun cuando se censuren situaciones que, a juicio de la parte accionante,
evidencien falencias, vicios u omisiones graves en el análisis de los problemas
jurídicos puestos a consideración del juez natural, no puede perderse de vista que el
ordenamiento jurídico contempla mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios,
destinados a corregir esas situaciones.

17.
La procedencia de la acción de tutela solo se abre paso ante la inexistencia de
tales mecanismos, o la constatación de su falta de idoneidad o eficacia, o cuando se
advierte la posible configuración de un perjuicio irremediable si el juez constitucional
no interviene de manera urgente. En el presente caso, es viable el ejercicio del
recurso extraordinario de revisión, para cuestionar el vicio que se le endilga a la
sentencia; y no se evidencia ninguno de los escenarios que exceptúan el ejercicio de
aquel, y permiten acudir directamente a la acción de tutela.

18.
Ahora, la Sala no pasa por alto que la accionante intentó discutir esta supuesta
omisión de la autoridad judicial accionada en el marco del proceso ordinario.
Concretamente, el 26 de noviembre de 2025, presentó solicitud de adición de la
sentencia al estimar que el Tribunal guardó silencio respecto de una de las
pretensiones principales de la demanda, relativa a la declaratoria de responsabilidad
solidaria del Departamento de Antioquia. Afirmó que no realizó pronunciamiento
alguno —ni para acceder, ni para negar, ni para exponer las razones de su
improcedencia— respecto de esa solicitud, pese a que, en su criterio, el ente
territorial fue el beneficiario del servicio prestado por la señora García Mejía y ejerció

6
Ver, entre otras, las sentencias del 3 de marzo y 13 de octubre de 2020, proferidas por la Salas 27 y 14 Especiales de Decisión
de esta Corporación, Rads. 11001-03-15-000-2019-03970-00 y 11001-03-15-000-2019-00119-00, respectivamente. En la
última de estas se dispuso que: “La falta de congruencia interna o externa se erige como una causal de nulidad de la sentencia,
que le permite al juez de la revisión infirmar el fallo cuestionado (…). La incongruencia genera la nulidad de la sentencia cuando
trastorna completamente los términos de referencia que sirvieron al desarrollo del proceso.”
4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión

las funciones propias del empleador a través de los rectores de las instituciones
educativas donde aquella desarrolló sus labores.

19.
En auto del 13 de marzo de 2026, se negó dicha petición en consideración a que,
en la sentencia se estableció de manera expresa, tanto en su parte motiva como
resolutiva, que la condena recaía exclusivamente sobre el ente universitario. En ese
sentido, estimó que no había lugar a pronunciarse sobre la alegada responsabilidad
solidaria del ente territorial.

20.
En esos términos, para la autoridad judicial su razonamiento respecto al asunto
fue integral, y no omitió ninguno de los puntos de la litis, en tanto resolvió en forma
clara que la responsabilidad era atribuible, en forma exclusiva, a la institución
educativa. De manera que no era procedente proferir ninguna sentencia
complementaria orientada a resolver sobre la solidaridad.

21.
La Sala estima que lo resuelto respecto a la solicitud de adición pone de presente
una respuesta definitiva del Tribunal en lo que atiende a la censura de omisión que
plantea la accionante. En tal sentido, si esta insiste en que se presenta una falta de
congruencia, ya sea externa, en tanto lo resuelto no se compadece con los
pedimentos realizados en el proceso, o interna porque en las consideraciones se
evidenciaron situaciones que vinculaban al departamento y a pesar de ello no fue
condenado; ese yerro puede ser cuestionado en el marco del referido recurso
extraordinario de revisión, alegando la causal 5 del artículo 250 del CPACA, relativa
a la nulidad originada en la sentencia.

22.
En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia del trámite constitucional,
al no satisfacer el presupuesto de subsidiariedad.

23.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-05251-00
Accionante: Institución Universitaria Pascual Bravo
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Cuarta de Decisión

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE7
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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VF
6

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