República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05261-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
3 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05261-00 (8372)
Accionantes: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: requisitos generales y
específicos de procedibilidad. Subtema 2: defecto sustantivo por la determinación
de los efectos fiscales de la sustitución pensional. Subtema 3: reconocimiento de
la sustitución pensional, doble pago prestacional.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela interpuesta por César Augusto Álvarez
Atehortúa, Gloria Inés Álvarez Atehortúa, Martha Lucía Álvarez Atehortúa y Luz
Patricia Álvarez Atehortúa, quienes actúan como sucesores procesales de la señora
Rosa María Atehortúa de Álvarez contra la sentencia del 26 de febrero de 2026,
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 66001-
33-33-001-2013-00648-01, promovido contra la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional (Casur).
1. Síntesis del caso
César Augusto Álvarez Atehortúa, Gloria Inés Álvarez Atehortúa, Martha Lucía
Álvarez Atehortúa y Luz Patricia Álvarez Atehortúa, en calidad de sucesores
procesales de la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez, interpusieron acción de
tutela contra la sentencia del 26 de febrero de 2026, mediante la cual la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda resolvió el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur), relacionado con el reconocimiento de una
cuota de la sustitución de la asignación mensual de retiro causada por el
fallecimiento del señor Julio César Álvarez Rendón. Los accionantes estimaron
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana,
a la igualdad, a la seguridad social y al acceso a la administración de justicia, al
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05261-00 (8372)
Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
considerar que el Tribunal incurrió en un defecto sustantivo al fijar los efectos
fiscales del reconocimiento pensional a partir del 29 de septiembre de 2021, fecha
de la sentencia de primera instancia, pese a que la sustitución pensional se causó
desde el fallecimiento del causante. Asimismo, sostuvieron que la autoridad judicial
desconoció las consecuencias derivadas del incumplimiento por parte de Casur del
deber de suspender la cuota litigiosa previsto en el artículo 146 del Decreto 1213
de 1990, y que, con ello, impuso una restricción económica adicional a la ya
derivada de la prescripción de las mesadas pensionales.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2.
El señor Julio César Álvarez Rendón contrajo matrimonio con Rosa María
Atehortúa de Álvarez el 6 de noviembre de 1955. De esa unión nacieron siete hijos.
Mediante la Resolución 2193 del 13 de junio de 1978, la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional (Casur) le reconoció al señor Álvarez Rendón una asignación
mensual de retiro.
3.
Durante el trámite ordinario se incorporaron documentos relacionados con la
situación familiar del causante. Entre ellos, una comunicación de 1986 relativa a un
proceso de separación de cuerpos promovido por Rosa María Atehortúa de Álvarez,
que terminó por desistimiento; una solicitud presentada por Julio César Álvarez
Rendón el 26 de agosto de 1997 para que Luz Mary Londoño Rengifo fuera incluida
en su expediente prestacional como compañera permanente; y un escrito del 16 de
enero de 1998 en el que manifestó encontrarse separado de Rosa María Atehortúa
de Álvarez desde hacía aproximadamente quince años y solicitó su retiro de los
servicios de sanidad. También se aportaron declaraciones sobre la convivencia de
Julio César Álvarez Rendón con Luz Mary Londoño Rengifo.
4.
Julio César Álvarez Rendón falleció el 24 de mayo de 2002. Mediante la
Resolución 12855 del 14 de noviembre de ese año, Casur reconoció la sustitución
de la asignación mensual de retiro en un 50% a Luz Mary Londoño Rengifo, en
calidad de compañera permanente, y en el 50% restante a Erika Alejandra Álvarez
Londoño, hija del causante, quien para entonces era menor de edad. En esa
actuación no se reconoció cuota alguna de la prestación a Rosa María Atehortúa de
Álvarez.
5.
Rosa María Atehortúa de Álvarez solicitó posteriormente a Casur el
reconocimiento de una cuota de la sustitución de la asignación de retiro en calidad
de cónyuge supérstite. Consta que presentó una reclamación el 27 de mayo de 2013
y que, ante la respuesta de la entidad según la cual la sustitución ya había sido
definida mediante la Resolución 12855 de 2002, promovió el medio de control de
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nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda fue presentada el 29 de
noviembre de 2013 y correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pereira, bajo el radicado 66001-33-33-001-2013-00648-00.
6.
Durante el trámite del proceso también se estableció que el derecho
reconocido a Erika Alejandra Álvarez Londoño sobre el 50% de la prestación fue
extinguido mediante acto administrativo de octubre de 2014 y que fue excluida de
nómina en diciembre del mismo año. Esta circunstancia fue posteriormente
considerada por los jueces ordinarios para determinar el acrecimiento de la
prestación entre Rosa María Atehortúa de Álvarez y Luz Mary Londoño Rengifo.
7.
El 29 de septiembre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pereira profirió sentencia de primera instancia1. Declaró parcialmente nula la
Resolución 12855 de 2002 y dispuso que Rosa María Atehortúa de Álvarez tenía
derecho a participar en la sustitución de la asignación de retiro. Para determinar la
proporción correspondiente a cada beneficiaria, tomó como período atribuible a
Rosa María Atehortúa de Álvarez el comprendido entre el 6 de noviembre de 1955
y el 31 de diciembre de 1985, y como período correspondiente a Luz Mary Londoño
Rengifo el comprendido entre el 1º de enero de 1986 y el 24 de mayo de 2002.
8.
Con fundamento en esos períodos, el Juzgado determinó que a Rosa María
Atehortúa de Álvarez le correspondía el 64,77% del 50 % de la asignación de retiro
destinado a la cónyuge o compañera permanente, y a Luz Mary Londoño Rengifo
el 35,23% de ese mismo porcentaje. Asimismo, declaró prescritas las mesadas
anteriores al 27 de mayo de 2009 y, por ello, ordenó el reconocimiento de la
prestación causada desde el 25 de mayo de 2002, pero con efectos fiscales a partir
del 27 de mayo de 2009. También dispuso que, a partir de la pérdida del derecho
de Erika Alejandra Álvarez Londoño, el porcentaje que esta percibía debía acrecer
las cuotas de Rosa María Atehortúa de Álvarez y Luz Mary Londoño Rengifo en las
proporciones establecidas.
9.
La sentencia fue apelada por Casur y por Luz Mary Londoño Rengifo. Casur
cuestionó, entre otros aspectos, la fecha desde la cual debían producirse efectos
fiscales y solicitó que el pago se ordenara a partir de la ejecutoria de la sentencia
que pusiera fin al proceso, debido a que la totalidad de la prestación había sido
pagada durante ese período a las beneficiarias previamente reconocidas. Luz Mary
Londoño Rengifo, por su parte, cuestionó la distribución porcentual efectuada por el
Juzgado y sostuvo que su convivencia con el causante debía computarse
comenzando en 1983 y no desde 1986.
10.
La señora Rosa María Atehortúa de Álvarez falleció el 29 de junio de 2025. El
7 de octubre siguiente se informó su deceso al Tribunal y se solicitó reconocer como
sucesores procesales a sus hijos César Augusto, Gloria Inés, Martha Lucía y Luz
Patricia Álvarez Atehortúa.
1 Los accionantes aportaron la sentencia con el recurso de amparo. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-
05261-00, índice 2, certificado 4B2FC1BAF3D9E583 FBF99FCE6EB813D5 D0337BD89D2FEEF7
CF7C509E580261DE.
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Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
11.
El 26 de febrero de 2026, la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda resolvió los recursos de apelación2. En primer lugar,
reconoció a César Augusto, Gloria Inés, Martha Lucía y Luz Patricia Álvarez
Atehortúa como sucesores procesales de Rosa María Atehortúa de Álvarez.
12.
Al revisar los períodos de convivencia utilizados para establecer la proporción
correspondiente a Rosa María Atehortúa de Álvarez y Luz Mary Londoño Rengifo,
el Tribunal estimó que la convivencia de la primera debía contabilizarse entre el 6
de noviembre de 1955 y el 16 de enero de 1983, mientras que la de la segunda se
encontraba acreditada entre el 25 de agosto de 1990 y el 24 de mayo de 2002. A
partir de esos períodos calculó que a Rosa María Atehortúa de Álvarez le
correspondería el 69,83%, y a Luz Mary Londoño Rengifo el 30,16%, de la porción
de la prestación objeto de distribución. Sin embargo, mantuvo los porcentajes de
64,77% y 35,23%, respectivamente, establecidos en primera instancia, al considerar
que Luz Mary Londoño Rengifo era la única apelante respecto de ese aspecto del
restablecimiento del derecho y que la modificación de los porcentajes empeoraría
su situación.
13.
En relación con los efectos fiscales, el Tribunal constató, por una parte, que
Rosa María Atehortúa de Álvarez había formulado su reclamación más de diez años
después del fallecimiento del causante y, por otra, que Casur había continuado
pagando el 100% de la prestación a Luz Mary Londoño Rengifo incluso después de
conocer la existencia de la controversia judicial y de haberse proferido la sentencia
de primera instancia. Con fundamento en esas circunstancias, modificó la fecha
fijada por el Juzgado y dispuso que el reconocimiento económico en favor de Rosa
María Atehortúa de Álvarez produjera los efectos fiscales desde el 29 de septiembre
de 2021, fecha de la sentencia de primera instancia, hasta su fallecimiento, el 29 de
junio de 2025. También confirmó que el término de prescripción aplicable era de
cuatro años.
14.
Finalmente, el Tribunal dispuso que las sumas reconocidas a Rosa María
Atehortúa de Álvarez fueran pagadas a su masa sucesoral.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
15.
A través de la acción de tutela3, César Augusto, Gloria Inés, Martha Lucía y
Luz Patricia Álvarez Atehortúa, en calidad de sucesores procesales de Rosa María
Atehortúa de Álvarez, solicitaron la protección de los derechos fundamentales a la
dignidad humana, la igualdad, el debido proceso, el acceso a la administración de
justicia y la seguridad social, que estimaron vulnerados con la sentencia del 26 de
febrero de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda dentro del
2 Los accionantes aportaron la sentencia con el recurso de amparo. En Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-
05261-00, índice 2, certificado 4B2FC1BAF3D9E583 FBF99FCE6EB813D5 D0337BD89D2FEEF7
CF7C509E580261DE. Ver también en Samai, exp. 66001-33-33-001-2013-00648-01, índice 10, certificado
015D4C0060FCCDE9 288381260520F24B C2B201F2392BFCB9 F422D45501607C5D.
3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05261-00, índice 2, certificado F77A552F2240023F
1DC4FF8A0146AB6D B23FA46A8458083B CA9126F2B3B3EEAA.
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por su causante
contra Casur.
16.
Los accionantes atribuyeron a la providencia cuestionada un defecto material
o sustantivo. En primer término, controvirtieron la decisión relacionada con el
porcentaje de la sustitución de la asignación de retiro reconocido a Rosa María
Atehortúa de Álvarez. Indicaron que el Tribunal, luego de revisar los períodos de
convivencia acreditados en el proceso, concluyó que a la cónyuge supérstite le
habría correspondido el 69,83 % de la cuota objeto de distribución y a Luz Mary
Londoño Rengifo el 30,16 %. Pese a ello, mantuvo los porcentajes establecidos por
el juez de primera instancia, esto es, 64,77 % y 35,23 %, respectivamente, por
considerar que modificar la distribución en esos términos desconocería el principio
de no reformatio in pejus4, en tanto Luz Mary Londoño Rengifo era la única apelante
respecto de ese aspecto del restablecimiento del derecho. Los actores estimaron
que esa determinación desconoció los derechos de Rosa María Atehortúa de
Álvarez, pues el propio Tribunal había establecido que el porcentaje que le
correspondía era superior al finalmente reconocido.
17.
De otra parte, cuestionaron la modificación de los efectos fiscales de la
prestación. Señalaron que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira
había reconocido el derecho desde el fallecimiento del causante y, tras aplicar la
prescripción cuatrienal, había dispuesto el pago de las mesadas a partir del 27 de
mayo de 2009. Sin embargo, el Tribunal fijó como extremo inicial el 29 de septiembre
de 2021, fecha en que se profirió la sentencia de primera instancia, al considerar
que Rosa María Atehortúa de Álvarez había incurrido en inactividad al formular la
reclamación administrativa aproximadamente diez años después de la muerte de su
esposo.
18.
A juicio de los accionantes, esa determinación impuso una consecuencia
adicional a la demora en reclamar el derecho, pese a que el ordenamiento ya
preveía la prescripción de las mesadas como efecto jurídico de la inactividad del
beneficiario. En ese sentido, sostuvieron que no existía fundamento normativo para
restringir adicionalmente los efectos económicos del reconocimiento hasta la fecha
de la sentencia de primera instancia. Agregaron que la inactividad atribuida a Rosa
María Atehortúa de Álvarez había cesado desde que presentó la reclamación
administrativa el 27 de mayo de 2013 y posteriormente acudió a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
19.
Asimismo, afirmaron que el Tribunal no extrajo las consecuencias
correspondientes de la conducta de Casur. Expusieron que, una vez surgió la
controversia respecto de la titularidad de la prestación, la entidad conocía que Rosa
María Atehortúa de Álvarez reclamaba una cuota de la sustitución pensional y, pese
a ello, continuó pagando la totalidad de la prestación a la beneficiaria previamente
reconocida. Según los actores, el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990 imponía a
4 Literalmente, «no reformar a peor», según el cual quien interpone un recurso no puede ser colocado en una
posición más desfavorable que la que tendría en caso de no haberlo interpuesto. Ver Real Academia Española,
Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, RAE, 2025, en https://dpej.rae.es/lema/non-reformatio-in-peius.
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Casur el deber de suspender el pago de la cuota en litigio hasta que judicialmente
se determinara a quién correspondía.
20.
Resaltaron que la propia sentencia cuestionada reconoció que Casur había
permanecido pasiva aun después de conocer la existencia del proceso judicial y de
haberse proferido la sentencia de primera instancia. Por ello, consideraron
contradictorio que el Tribunal, después de advertir esa omisión, terminara
trasladando parcialmente sus consecuencias económicas a Rosa María Atehortúa
de Álvarez mediante la fijación de los efectos fiscales desde el 29 de septiembre de
2021. También hicieron referencia a la duración del proceso ordinario y a que Rosa
María Atehortúa de Álvarez falleció antes de que fuera proferida la decisión
definitiva.
21.
Con fundamento en lo anterior5, los accionantes solicitaron lo siguiente:
1. TUTELAR los derechos fundamentales de los señores CESAR AUGUSTO,
GLORIA INÉS, MARTHA LUCIA, LUZ PATRICIA todos ÁLVAREZ
ATEHORTUA, herederos determinados de la señora ROSA MARÍA
ATEHORTUA DE ÁLVAREZ establecidos en el Artículo 1 (Dignidad Humana),
Artículo 2 (fines esenciales del estado), Artículo 13 (Derecho a la igualdad),
Artículo 29 (Debido proceso), Artículo 299 (Acceso a la administración de
justicia [sic]), entre otros de la Constitución Política.
2. REVOCAR Y DEJAR SIN EFECTOS la providencia judicial de fecha veintiséis
(26) de febrero de 2026 (segunda instancia) dictada dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento Del Derecho con radicado 66001-33-33-001-2013-
00648-01 instaurado por la señora ROSA MARÍA ATEHORTUA DE ÁLVAREZ
en contra de la entidad Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR.,
3. ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
RISARALDA para que en un término que a criterio del Consejo Estado
EMITA providencia judicial en reemplazo.
4. Las demás que el señor Consejero [sic] considere pertinente conforme el
ordenamiento constitucional para la protección de los derechos fundamentales
de los accionantes.
2.3. Trámite procesal
2.3.1. Auto admisorio
22.
Mediante auto del 15 de julio de 20266, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela promovida por César Augusto,
Gloria Inés, Martha Lucía y Luz Patricia Álvarez Atehortúa contra el Tribunal
Administrativo de Risaralda. De igual forma, vinculó como terceros con interés a Luz
5 Se cita textualmente, incluso con eventuales errores.
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05261-00, índice 4, certificado 4B2FC1BAF3D9E583
FBF99FCE6EB813D5 D0337BD89D2FEEF7 CF7C509E580261DE.
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Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Mary Londoño Rengifo, Erika Alejandra Álvarez Londoño, la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional (Casur) y el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Pereira.
23.
En la misma providencia se ordenó notificar a las partes y vinculados para que
se pronunciaran dentro de los tres días siguientes, se tuvieron como pruebas los
documentos aportados con la solicitud de amparo y se requirió al Tribunal
Administrativo de Risaralda y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pereira para que remitieran copia íntegra del expediente ordinario radicado 66001-
33-33-001-2013-00648-00. También se reconoció personería al apoderado de los
accionantes.
2.3.2. Informe presentado por el Tribunal Administrativo de Risaralda
24.
A través de memorial radicado el 23 de julio de 20267, el Tribunal
Administrativo de Risaralda solicitó, principalmente, que se declarara improcedente
la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Señaló que los accionantes
pretenden reabrir debates de legalidad que fueron examinados y resueltos por el
juez natural, relacionados con el porcentaje de la sustitución pensional y con la
fecha a partir de la cual debían producirse sus efectos fiscales. En su criterio, la
providencia no contiene una actuación arbitraria, caprichosa o carente de
motivación, por lo que la tutela estaría siendo utilizada como una tercera instancia.
Subsidiariamente, solicitó negar el amparo por no haberse acreditado la vulneración
de los derechos fundamentales invocados.
25.
Respecto del porcentaje de la prestación, explicó que el Tribunal
efectivamente determinó, al revisar los períodos de convivencia, que a Rosa María
Atehortúa de Álvarez le habría correspondido el 69,83% y a Luz Mary Londoño
Rengifo el 30,16%. Sin embargo, precisó que, en relación con ese aspecto del
restablecimiento del derecho, la única apelante era Luz Mary Londoño Rengifo, de
modo que reducir el porcentaje que le había sido reconocido en primera instancia
habría implicado empeorar su situación como apelante única. Por tal motivo, se
mantuvieron los porcentajes del 64,77% y 35,23%.
26.
En cuanto a los efectos fiscales, sostuvo que la sentencia no se limitó a
responsabilizar a Rosa María Atehortúa de Álvarez por haber formulado tardíamente
su reclamación. Indicó que el Tribunal también examinó la conducta de Casur y
constató que la entidad continuó pagando el 100% de la prestación a Luz Mary
Londoño Rengifo pese a conocer la existencia de la controversia judicial,
circunstancia que incidió en el eventual doble pago y que imponía considerar la
obligación de suspender la cuota discutida. Así, la decisión de fijar los efectos
económicos desde el 29 de septiembre de 2021 respondió a que el Tribunal atribuyó
la demora tanto a la beneficiaria como a Casur, en lugar de hacer recaer sus
consecuencias exclusivamente sobre una de ellas.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05261-00, índice 14, certificado 6CF6EEDA0B3C73CE
30BE2459181CBA98 A7603BDBCC0C7332 4AED944BB65F370E.
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Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
27.
Finalmente, afirmó que esa solución se apoyó en la jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado sobre los efectos económicos de la
sustitución pensional cuando la entidad ya ha pagado el 100% de la prestación a
otro beneficiario. Según explicó, dicha línea exige analizar las circunstancias
particulares del caso, entre ellas la inactividad del nuevo reclamante, el
conocimiento que tuviera la administración sobre la existencia de otros posibles
beneficiarios y su conducta frente a la obligación de suspender el porcentaje
controvertido. Por ello, insistió en que la determinación adoptada se encontraba
dentro de un margen razonable de interpretación judicial y no configuraba el defecto
sustantivo alegado.
2.3.3. Informe presentado por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional (Casur)
28.
La entidad, por conducto de la jefe de su Oficina Asesora Jurídica, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela8. Expuso que la controversia sobre la
sustitución de la asignación de retiro de Julio César Álvarez Rendón fue examinada
integralmente por los jueces naturales con fundamento en el Decreto 1213 de 1990,
las pruebas obrantes en el expediente y la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Recordó que, al fallecer el causante, la prestación fue reconocida en un 50% a Luz
Mary Londoño Rengifo, como compañera permanente, y en el 50% restante a Erika
Alejandra Álvarez Londoño, porque fueron quienes acreditaron entonces la
condición de beneficiarias; y que para el momento en que Rosa María Atehortúa de
Álvarez formuló su reclamación, el acto administrativo que había distribuido el 100%
de la prestación se encontraba en firme.
29.
Casur sostuvo que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Pereira como el Tribunal Administrativo de Risaralda estudiaron las condiciones
para reconocer a Rosa María Atehortúa de Álvarez una cuota de la sustitución, los
porcentajes correspondientes y los efectos económicos del reconocimiento. En
particular, defendió la decisión del Tribunal de fijar dichos efectos entre el 29 de
septiembre de 2021 y el fallecimiento de la beneficiaria, pues consideró que esa
determinación fue producto del análisis de las actuaciones de las partes, de la
regulación contenida en el Decreto 1213 de 1990 y de la jurisprudencia aplicable, y
no de una decisión arbitraria.
30.
Finalmente, afirmó que no se configuró vulneración de derecho fundamental
alguno y que los argumentos formulados en la tutela ya habían sido planteados y
resueltos dentro del proceso ordinario. En consecuencia, sostuvo que la solicitud de
amparo carece de relevancia constitucional y pretende convertir la tutela en una
tercera instancia para obtener un nuevo pronunciamiento sobre asuntos ya
decididos por la jurisdicción contencioso-administrativa. Por ello, pidió declarar
improcedente la acción.
8 Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05261-00, índice 13, certificado 21676839BD20EF0F
12EE90E518F83CCE AA46596B6B7AA7C3 8634FD8C142E8F95.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05261-00 (8372)
Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala es competente para conocer, en
primera instancia, la acción de tutela promovida contra la Sala Primera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda, por tratarse del superior funcional de la
autoridad judicial accionada.
3.2. Legitimación en la causa de las partes
32.
La legitimación en la causa por activa se encuentra acreditada, porque César
Augusto Álvarez Atehortúa, Gloria Inés Álvarez Atehortúa, Martha Lucía Álvarez
Atehortúa y Luz Patricia Álvarez Atehortúa fueron reconocidos por el Tribunal
Administrativo de Risaralda como sucesores procesales de la señora Rosa María
Atehortúa de Álvarez dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación núm. 66001-33-33-001-2013-00648-00/01. En consecuencia, son
destinatarios directos de los efectos de la sentencia cuestionada y titulares de los
derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la igualdad, a
la seguridad social y al acceso a la administración de justicia cuya vulneración
alegan.
33.
Por su parte, la legitimación en la causa por pasiva recae en la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, autoridad judicial que profirió
la sentencia del 26 de febrero de 2026 mediante la cual resolvió los recursos de
apelación interpuestos dentro del referido proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Los accionantes atribuyen directamente a dicha providencia la vulneración
de sus derechos fundamentales.
34.
También se encuentra justificada la vinculación del Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Pereira, por cuanto profirió la sentencia del 29 de
septiembre de 2021, mediante la cual declaró parcialmente la nulidad de la
Resolución 12855 de 2002 y reconoció el derecho de la señora Rosa María
Atehortúa de Álvarez a participar en la sustitución de la asignación mensual de retiro
del señor Julio César Álvarez Rendón. Aunque esa providencia no constituye el
objeto directo de la solicitud de amparo, sus fundamentos fueron examinados y
parcialmente modificados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por lo que
podrían verse afectados por la decisión que se adopte en este trámite
constitucional.
35.
De igual manera, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur)
tiene interés directo en el resultado de la presente actuación, dado que fue la entidad
demandada dentro del proceso ordinario y la obligada al reconocimiento y pago de
la prestación objeto de controversia. En consecuencia, una eventual decisión que
dejara sin efectos la sentencia cuestionada podría incidir directamente en sus
obligaciones prestacionales.
9
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Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
36.
Finalmente, se justifica la vinculación de Luz Mary Londoño Rengifo y Erika
Alejandra Álvarez Londoño, quienes fueron reconocidas como beneficiarias de la
sustitución de la asignación mensual de retiro del señor Julio César Álvarez Rendón
y cuyos derechos e intereses podrían verse afectados por la decisión que se adopte
en el presente trámite constitucional. En esa medida, cuentan con un interés jurídico
directo en el resultado de la acción de tutela.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado9 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional10.
38.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
(i) que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
(ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial «subsidiariedad»;
(iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado
«inmediatez»;
(iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
(v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
(vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
39.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales y, por tanto,
constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
40.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, una de las siguientes causales o defectos: (i) orgánico;
(ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico; (iv) material o sustantivo; (v) error inducido a
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
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la autoridad judicial; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o (viii) violación directa de la Constitución11.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad para el presente
caso
41.
En el presente asunto, la Sala encuentra satisfechos los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, por las razones
que se exponen a continuación.
42.
En primer lugar, la controversia reviste relevancia constitucional, pues los
accionantes no plantean exclusivamente una discrepancia sobre el momento desde
el cual debe tener efectos fiscales el reconocimiento de la sustitución pensional a
favor de su madre, la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez, o sobre el porcentaje
de tal reconocimiento, sino que sostienen que la providencia cuestionada incurrió
en un defecto sustantivo y, por esa vía, en el desconocimiento de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la igualdad, a la
seguridad social y al acceso a la administración de justicia.
43.
El problema propuesto trasciende, entonces, una discusión ordinaria sobre la
interpretación del Decreto 1213 de 1990, pues exige determinar si, al establecer los
efectos fiscales de la sustitución pensional desde la fecha en que se profirió la
sentencia de primera instancia, esto es, desde el 29 de septiembre de 2021, se
vulneraron los derechos fundamentales alegados en la petición de amparo.
44.
La anterior conclusión no significa que los hechos invocados hagan procedente
automáticamente la tutela, ni que toda controversia sobre los efectos fiscales del
reconocimiento de una sustitución pensional adquiera, por esa sola circunstancia,
relevancia constitucional. Tampoco implica anticipar que los accionantes tengan
razón respecto del momento en que debe calcularse el retroactivo de dicha
sustitución. Significa únicamente que los argumentos formulados permiten
adelantar un juicio de validez constitucional dirigido a verificar si el Tribunal
Administrativo de Risaralda aplicó la norma que, sustantivamente, rige los hechos
que rodearon el reconocimiento de la sustitución.
45.
También se satisface el requisito de subsidiariedad. La controversia fue
tramitada mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y
contó con dos instancias. Por un lado, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Pereira, mediante sentencia del 29 de septiembre de 2021, declaró parcialmente
nula la Resolución 12855 de 2002 y dispuso que Rosa María Atehortúa de Álvarez
tenía derecho a participar en la sustitución de la asignación de retiro. Esa decisión
fue apelada por la señora Luz Mary Londoño Rengifo y, en virtud de tal recurso, fue
parcialmente confirmada por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda mediante sentencia del 26 de febrero de 2026.
11 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
11
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46.
Contra la sentencia de segunda instancia no procedía ningún recurso ordinario.
Tampoco se advierte que los cuestionamientos expuestos en la tutela correspondan
a alguna de las causales taxativas del recurso extraordinario de revisión, pues no
se alega la aparición de documentos decisivos, falsedad probatoria, violencia o
cohecho en la expedición del fallo, nulidad originada en la sentencia u otro de los
supuestos previstos en el artículo 250 del CPACA.
47.
El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia tampoco constituía un
medio idóneo para resolver los cuestionamientos formulados, porque este
mecanismo procede cuando una sentencia de un tribunal administrativo contradice
o se opone a una sentencia de unificación del Consejo de Estado. En este caso, el
Tribunal no se apartó de ninguna sentencia de unificación de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y, por el contrario, lo que hizo fue analizar las providencias
proferidas por esta corporación con el propósito de resolver el caso bajo examen.
48.
Por su parte, se cumple el requisito de inmediatez, porque la sentencia
cuestionada fue proferida el 26 de febrero de 2026 y enviada para notificación
electrónica al día siguiente12. La notificación de las sentencias por vía electrónica
se entiende realizada una vez transcurridos los dos días hábiles siguientes al envío
del mensaje, y los términos empiezan a correr a partir del día siguiente al de la
notificación. Como la providencia fue proferida por fuera de audiencia y carecía de
recursos ordinarios, adquirió ejecutoria al finalizar los tres días hábiles siguientes a
su notificación, esto es, el viernes 6 de marzo de 2026. Como la acción de tutela fue
presentada el 25 de mayo de 2026, se promovió dentro del término razonable de
seis meses exigido tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado.
49.
De igual manera, la tutela identifica suficientemente los hechos que, según los
accionantes, originaron la vulneración, la providencia judicial cuestionada y los
derechos fundamentales cuya protección solicitan. También es claro que los
accionantes formularon el defecto sustantivo como eje de la argumentación del
recurso de amparo.
50.
Finalmente, la decisión cuestionada no fue proferida dentro de otro trámite de
tutela, sino en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez contra la
Resolución No. 12855 del 14 de noviembre de 2002, proferida por Casur. Por tanto,
no se trata de una acción de tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
51.
En conclusión, la Sala considera cumplidos los requisitos generales de
procedibilidad y, en consecuencia, abordará el estudio del reproche formulado
contra la sentencia del 26 de febrero de 2026.
12 Samai, exp. 66001-33-33-001-2013-00648-01, índice 13, certificado 11AA3A926B33F62D
68C6528625F8F8E7 5F01959E69FEC6D7 9D51B7DB28A4466B.
12
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3.5. Problema jurídico
52.
De conformidad con lo expuesto con antelación, corresponde a la Sala resolver
el siguiente problema jurídico: ¿la sentencia del 26 de febrero de 2026, proferida
por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, incurrió en
defecto sustantivo y, por esa vía, vulneró los derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, a la igualdad, a la seguridad social y al acceso a la
administración de justicia de los accionantes?
3.6. El defecto sustantivo
3.6.1. Generalidades
53.
Respecto del defecto sustantivo, la jurisprudencia constitucional ha determinado
que este se configura, entre otros eventos, cuando la autoridad judicial funda su
decisión en una disposición que no resulta aplicable al caso, deja de aplicar la norma
que debía gobernarlo o atribuye a una regla un alcance incompatible con su
contenido, vigencia o ámbito material. Su configuración exige que el yerro sea
determinante para la decisión y trascienda una simple diferencia interpretativa13.
54.
Al mismo tiempo, la Corte Constitucional ha sido constante en señalar que el
defecto sustantivo no surge de la mera discrepancia interpretativa ni de la existencia
de otras soluciones jurídicas posibles o incluso preferibles14, pues la autonomía
judicial supone precisamente que, dentro del marco constitucional y legal, los jueces
cuentan con un ámbito legítimo de interpretación y de valoración jurídica15. De allí
que la configuración de un defecto sustantivo exija demostrar que la decisión se
apoyó en una norma claramente inaplicable, inexistente, derogada, abiertamente
inconstitucional o interpretada de manera ostensiblemente irrazonable y arbitraria.
55.
Ahora bien, la acción de tutela indica, sin mayor explicación, que la providencia
atacada incurrió en el defecto sustantivo en la medida en que el Tribunal «(vi)
interpreta la norma sin tener en cuenta otras disposiciones normativas aplicables;
(vii) desconoce la normatividad aplicable al caso concreto; o (viii) a pesar de la
autonomía judicial, interpreta o aplica la norma de manera errónea». Según los
accionantes, aunque es cierto que el Tribunal analiza el «Decreto 1212 de 1990, [el]
13 Entre otras, ver las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-590 de 2005, SU-155 de 2023, SU-
556 de 2016, SU-395 de 2017, SU-116 de 2018, SU-453 de 2019, SU-574 de 2019, SU-424 de 2021, y T-084
de 2025.
14 Corte Constitucional, sentencias SU-072 de 2018, SU-416 de 2015 y SU-195 de 2012. En particular, esta
última providencia destacó que la acción de tutela «por defectos en la interpretación judicial» o «por
interpretación», es improcedente cuando exista (i) una simple divergencia sobre la apreciación normativa, (ii)
haya una mera contradicción de opiniones respecto de una decisión judicial, (iii) se presente una interpretación
que no resulte irrazonable, que no pugne con la lógica jurídica, ni sea abiertamente contraria a la disposición
analizada, y (iv) que se discuta una lectura normativa que no se comparte, pues para ese efecto deben acudirse
a las instancias judiciales ordinarias y extraordinarias y no a la acción de tutela, que no es tercera instancia. En
ese orden de ideas, según esa misma sentencia, que reitera en ese sentido la jurisprudencia constitucional, «la
protección de los derechos fundamentales por vía de tutela cuando éstos [sic] resultan afectados por la
interpretación judicial de pruebas o de normas jurídicas debe ser excepcionalísima y únicamente procede
cuando el juez se aparta de la ley y la Constitución en forma irrazonable, por lo que en caso de que existan
distintas interpretaciones razonables debe prevalecer la del juez de conocimiento en aras de preservar los
principios de autonomía, independencia y especialidad de la labor judicial».
15 Corte Constitucional, sentencia SU-195 de 2012.
13
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Decreto 1213 de 1990, [el] Decreto 4433 de 2004 como régimen especial, y la Ley
100 de 1993 como régimen general de pensiones», también es verdad que la
interpretación de dichas disposiciones es «errónea», al suponer, para la señora
Rosa María Atehortúa de Álvarez, la imposición de una doble sanción, a saber, la
aplicación de la prescripción cuatrienal que evita el pago del correspondiente
retroactivo desde la muerte del causante en 2002, más el hecho de que se ordenara
que la sustitución pensional tendría efectos fiscales desde el 29 de septiembre de
2021.
56.
Efectivamente, los accionantes enfatizan que la sustitución pensional se genera
a partir de la fecha de fallecimiento del causante, y si esta sucedió el 24 de mayo
de 2002, el reconocimiento debió considerar el tiempo transcurrido desde tal fecha
hasta el fallecimiento de la señora Atehortúa el 29 de junio de 2025.
57.
Por lo anterior, la Sala considera pertinente exponer brevemente la evolución
jurisprudencial de esta corporación sobre el tema bajo examen y, a partir de allí,
señalar por qué la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda no incurrió en
el defecto sustantivo ni, dicho de paso, en el desconocimiento del precedente.
3.6.2. Marco jurisprudencial sobre la efectividad del pago de la sustitución
pensional
58.
Como lo ha señalado recientemente esta corporación16, el propósito de la
sustitución pensional es salvaguardar a la familia del jubilado que debido a su
fallecimiento ve reducidos los ingresos que aportaba para la manutención del núcleo
familiar. La contingencia que cubre esta modalidad de pensión es la muerte del
trabajador o del pensionado y el sistema de seguridad social busca proteger a sus
cónyuge, compañera, hijos, padres o hermanos.
59.
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado se ha encontrado frente a
diferentes escenarios para determinar si existe un doble pago a cargo de la entidad
pública competente del reconocimiento pensional en los eventos puntuales de
multiplicidad de beneficiarios, que por disposición legal tienen derecho a un
porcentaje de la sustitución pensional.
60.
La Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación, en sentencia del
1 de septiembre de 202217, expuso los supuestos sobre la fecha de efectividad del
pago de la sustitución pensional a los beneficiarios cuando inicialmente en sede
administrativa se reconoció en el 100% a quien en su momento demostró tener
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, M.P. Elizabeth
Becerra Cornejo, exp. 63001-23-33-000-2018-00190-01, índice 31, certificado 34996483DE277D58
2B5C3F42D25A2B24 656E58FEBC5813E1 BE6CBAD7BB14F21F; Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 30 de octubre de 2025, M.P. Juan Camilo Morales Trujillo, exp. 76001-23-33-000-
2017-01659-01, índice 16, certificado 610CDA790EE335B6 CB50C69391AD3624 58B89AB4FB101A27
8CE776CC9212B4EB; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de julio de 2024,
M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, exp. 23001-23-33-000-2016-00525-03 (1571-2023), índice 10, certificado
9004C949105727C1 4066DB96E879F434 685B7297DC39A6F0 E601C9747E8FE104.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2022 (recurso
extraordinario de revisión), M.P. William Hernández Gómez, exp. 11001-03-25-000-2016-00748-00, índice 52,
certificado 5603ADF9FB12412D E3507D3215242B53 181EED26B5EED89F 87FB0136B5831B60.
14
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derecho, y con posterioridad, aparece otra persona acreedora del derecho pensional
del jubilado fallecido.
61.
Por regla general, el derecho al reconocimiento de la sustitución pensional se
causa desde la muerte del pensionado o del trabajador18 y «ante la controversia de
esta prestación entre los posibles beneficiarios del causante, una vez se encuentre
probado que aquellos tienen derecho a percibirla se reconocerá en los porcentajes
correspondientes»19.
62.
Así, se consideró en el fallo del 7 de marzo de 2013, que indicó «a la Sala no le
cabe duda de que a la compañera permanente le asistía igual derecho que a la
cónyuge supérstite para hacerse beneficiaria de la sustitución de la pensión
causada con el fallecimiento del señor Abraham Ernesto Estrada Ramírez, desde el
mismo momento del deceso»20.
63.
Posteriormente, la Subsección A, en sentencia del 8 de abril de 202121 precisó
que la entidad pensional había actuado de buena fe al pagar el 100% de la pensión
a la compañera permanente que reclamó el derecho, por lo que no procedía
imponerle el pago de las mesadas retroactivas en un 50% a la cónyuge pese a que
el derecho de la demandante se hubiera causado desde el fallecimiento. Por tanto,
la efectividad del reconocimiento se ordenó desde la ejecutoria de la sentencia, o
desde cuando se hubiese suspendido antes el 50% en disputa. El fallo citado
consideró:
Al igual que en los precedentes citados, en este caso se muestra evidente que la
inactividad de la accionante tuvo efectos definitivos en el resultado del trámite
administrativo de sustitución pensional, por la omisión de presentar la solicitud o
reclamación una vez producida la muerte del causante, no atender el requerimiento
efectuado por la entidad accionada mediante edicto emplazatorio, y no aportar,
dentro del trámite previsto por la Ley 1204 de 2008, las pruebas que respaldaran su
eventual derecho a la sustitución pensional, ni controvertir el derecho reclamado
por la compañera permanente, quien sí se presentó de buena fe a reclamar la
sustitución de la pensión como beneficiaria del causante, acreditando esa condición
con los medios de prueba requeridos para dicho reconocimiento y quien como
beneficiaria reconocida mediante acto administrativo en firme, ha venido recibiendo
el pago del 100% de la pensión gracia que le fue sustituida.
Por lo tanto, está demostrado que la entidad accionada actuó de buena fe en la
medida que consideró que la única beneficiaria era la compañera permanente que
se presentó a reclamar el derecho, situación que impone que no deba ser
condenada a pagar otro 50% a favor de la cónyuge supérstite y ahora demandante
por el mismo lapso en el que ya ha pagado el 100% de la prestación a quien fuera
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de abril de 2010, M.P. Gerardo Arenas
Monsalve, exp. 27001-23-31-000-2002-00221-01 (1955-074), M.P. Gerardo Arenas Monsalve. Ver, igualmente,
Corte Constitucional, sentencia T-076 de 2018.
19 Consejo de Estado, sentencia del 22 de abril de 2010, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, op. cit.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2013, M.P. Luis Rafael
Vergara Quintero, exp. 76001-23-31-000-2008-00732-01 (0339-12).
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 8 de abril de 2021, M.P. Gabriel Valbuena
Hernández, exp. 47001-23-33-000-2017-00246-01 (4147-2019), índice 15, certificado D7A755F10F1DAA2C
C4B3C39D4A9C6B87 70F7860C55DC6FF1 F2AB771D04E0B920.
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reconocida como beneficiaria; por lo tanto, aunque la sustitución pensional a favor
de la ahora demandante se causó desde la fecha de fallecimiento del causante, el
pago solo se ordenará a partir de la ejecutoria de la sentencia, o desde cuando la
demandada haya suspendido el pago del 50% de la mesada en disputa, si este
evento ocurrió con anterioridad.
64.
Por su parte, en sentencia del 5 de agosto de 202122 la Sección Segunda,
Subsección B, precisó que, cuando la entidad de previsión social ha reconocido y
pagado el 100% de la sustitución pensional a la cónyuge supérstite y, con
posterioridad, comparece otra persona con pretensión sobre la prestación, pese a
que durante la actuación administrativa se hubiere publicado un edicto para
convocar a todos los posibles interesados, el eventual reconocimiento judicial del
50% de la sustitución pensional en favor de la compañera permanente solo produce
efectos a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia.
65.
La Subsección explicó que el reconocimiento de la sustitución pensional en
estos eventos puede generar una doble erogación para la entidad obligada al pago,
la cual, actuando de buena fe y en cumplimiento de sus deberes constitucionales,
había reconocido y pagado desde el fallecimiento del causante el 100% de la
prestación a la cónyuge supérstite, por ser la única persona que se presentó
oportunamente dentro del trámite administrativo. Asimismo, destacó que la
duplicidad en los pagos compromete los recursos públicos y afecta la sostenibilidad
financiera del sistema pensional.
66.
En ese contexto, señaló que para determinar la fecha a partir de la cual debe
hacerse efectivo el pago a quien posteriormente obtiene el reconocimiento judicial
de la prestación, resulta necesario valorar si existió inactividad de la persona
interesada, bien porque omitió presentar oportunamente la reclamación pensional o
porque no controvirtió en su momento el derecho reconocido a la cónyuge
supérstite.
67.
Así, sin desconocer que el derecho a la sustitución pensional se causa desde la
fecha de fallecimiento del causante, la Subsección concluyó que, en el caso
concreto, los efectos económicos del reconocimiento a favor de la compañera
permanente solo procedían a partir de la ejecutoria de la sentencia. Sin embargo,
dado que la cónyuge supérstite había fallecido durante el trámite, ordenó reconocer
y pagar a la compañera permanente el 100% de la sustitución pensional desde el
día siguiente al fallecimiento de aquella. En la sentencia se dispuso lo siguiente:
Así las cosas, aunque la sustitución pensional a favor de la demandante se causó
desde la fecha de fallecimiento del causante, conforme con la jurisprudencia transcrita,
el pago se deberá ordenar a partir de la ejecutoria de la sentencia, y no como en forma
errada el a quo la ordenó, en cuanto no se puede imponer doble pago por un valor que
ya fue desembolsado.
22Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de agosto de 2021, M.P. César
Palomino Cortés, exp. 08001-23-33-000-2012-00022-01, índice 26, certificado 2F53170CFB4D1120
E10744E888A9FC08 57A0A4C678FA6ECD 6C036ED5F30463E4.
16
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Por lo tanto, el pago de la sustitución pensional reclamada se deberá realizar a partir
de la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho a la demandante como
beneficiaria sustituta. No obstante, lo anterior, la apoderada de la parte demandante,
en memorial radicado ante esta Corporación el 8 de abril de 2018, informa que la
señora Graciela Durán de Gallardo, beneficiaria de la sustitución pensional en el 100%,
falleció en la ciudad de Barranquilla, el 14 de mayo de 2017, conforme al registro civil
de defunción que allega al proceso visible a folios 637 a 638 del expediente.
Con fundamento en lo anterior, la Sala advierte que la sentencia de primera instancia
deberá ser modificada, en el sentido de indicar que la sustitución pensional reconocida
a la señora Primitiva Payares de Puello, será equivalente al 100% de la prestación que
recibía la señora Graciela Durán de Gallardo, a partir del 15 de mayo de 2017, en
consideración a que corresponde al día siguiente de su fallecimiento, por lo que le da
el derecho a incrementar la prestación, por haber extinguido el derecho pensional a
la cónyuge.
68.
Este argumento fue reiterado en la sentencia del 18 de abril de 202423 de la
misma Subsección en el caso de una sustitución pensional que había sido
reconocida por la entidad en el 100% a un hijo del causante, y con ocasión de la
sentencia se ordenó el reconocimiento para las compañeras permanentes del
fallecido, pero desde la extinción del derecho del hijo, para no incurrir en un doble
pago.
69.
En síntesis, esta corporación ha considerado diversos criterios para determinar
la fecha a partir de la cual procede el pago de la sustitución pensional cuando, en
sede administrativa, el 100% de la prestación fue reconocido a un beneficiario y,
posteriormente, otro interesado reclama judicialmente y obtiene el reconocimiento
de una cuota parte del derecho. Aunque, en principio, los efectos económicos del
reconocimiento deberían retrotraerse a la fecha de fallecimiento del causante o, al
menos, comprender las mesadas causadas no afectadas por la prescripción, la
jurisprudencia ha ponderado circunstancias adicionales para evitar una doble
erogación con cargo al erario. Entre ellas, ha otorgado especial relevancia a la
conducta del demandante y, en particular, a la inactividad de quien acude a la
jurisdicción contencioso-administrativa varios años después de que el derecho
hubiera sido reconocido y pagado a otro beneficiario.
70.
Del mismo modo, se estudia si «la falta de reconocimiento pensional no se debió
a una actuación u omisión imputable a la administración, pues de ser así dicha carga
no podrá trasladarse a los beneficiarios de la prestación que reclamaron su derecho
en un término razonable. En otras palabras, es imprescindible que el juez de
instancia analice de forma individual cada asunto, para determinar si el derecho se
reconoce desde el deceso del pensionado o en una fecha distinta»24.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, M.P. César Palomino
Cortés, exp. 08001-23-33-000-2018-00546-01 (0270-2021), índice 23, certificado C8F8014C50741CE8
6F1C690FF2372410 D8DD1C177CFBF76D B7A9EB3A80E80AF2.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2022 (recurso
extraordinario de revisión), M.P. William Hernández Gómez, op. cit.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05261-00 (8372)
Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
3.6.3. Análisis del defecto sustantivo atribuido a la sentencia del 26 de febrero
de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda
71.
Como ha quedado claro, esta corporación ha establecido que, en principio, los
efectos fiscales del reconocimiento de la sustitución pensional deben remontarse al
momento en que fallece el causante, pero también ha resaltado la importancia de
evitar el detrimento del erario ante el riesgo del doble pago a cargo del ente de
previsión social25.
72.
Ahora bien, como se mencionó con antelación, la configuración del defecto
sustantivo supone que la providencia judicial incurra en una interpretación
ostensiblemente irrazonable y arbitraria, y lo que se evidencia en este caso es que,
por el contrario, la sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda efectuó una
lectura racional de las normas que rigen el caso.
73.
En efecto, la providencia cuestionada construyó su decisión a partir de una
interpretación sistemática del régimen especial aplicable a los agentes de la Policía
Nacional, particularmente de los artículos 130, 132, 113 y 146 del Decreto 1213 de
1990, así como de la línea jurisprudencial que esta corporación ha decantado en
torno a la determinación de los efectos fiscales de la sustitución pensional cuando
existe concurrencia de beneficiarios y la prestación ha venido siendo pagada
íntegramente a uno de ellos.
74.
Debe recordarse que el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990 establece
expresamente que, cuando exista controversia judicial o administrativa entre
quienes reclaman una prestación por causa de muerte, el pago de la cuota litigiosa
debe suspenderse hasta tanto se defina a quién corresponde el derecho. Esa
disposición constituye un instrumento orientado precisamente a evitar que la
administración continúe efectuando pagos cuya titularidad se encuentra discutida,
con las consecuentes afectaciones tanto para el patrimonio público como para los
derechos de quien eventualmente resulte vencedor en la controversia.
75.
Desde esa perspectiva, no es acertado afirmar que el Tribunal fundó su decisión
exclusivamente en la tardanza de la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez para
reclamar la prestación. Lo que muestra la lectura integral de la providencia es
exactamente lo contrario, porque la autoridad judicial reconoció de manera expresa
que la interesada presentó su reclamación aproximadamente diez años después del
fallecimiento del causante y que esa circunstancia tenía relevancia jurídica para
definir los efectos económicos de la condena. Sin embargo, también advirtió que la
situación no podía analizarse prescindiendo por completo del comportamiento
asumido por Casur durante el trámite administrativo y judicial.
76.
Efectivamente, el Tribunal constató que, una vez formulada la reclamación por
la cónyuge supérstite y, con mayor razón, una vez instaurado el correspondiente
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad tenía
25No sobra recordar que el Estado tiene el deber de garantizar la sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, según ordena el artículo 48 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2005.
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Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
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conocimiento cierto de la existencia de una controversia respecto de la titularidad
de una porción de la sustitución pensional. A pesar de ello, continuó pagando el
ciento por ciento de la prestación a la beneficiaria inicialmente reconocida, sin
adoptar las medidas que el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990 le imponía para
enfrentar esa situación.
77.
Esta consideración resulta especialmente relevante porque la propia
jurisprudencia de la Sección Segunda ha explicado que la determinación de los
efectos fiscales en esta clase de asuntos no depende exclusivamente de la
conducta del reclamante tardío. También exige examinar si la administración actuó
de buena fe y si adoptó oportunamente las medidas que el ordenamiento jurídico
ponía a su disposición para evitar la consolidación de un doble pago. De allí que
esta corporación haya señalado que, aunque en numerosos casos la inactividad del
interesado justifica que el reconocimiento económico opere únicamente a partir de
la ejecutoria de la sentencia, dicha solución no constituye una regla absoluta e
inflexible aplicable con independencia de las particularidades de cada caso.
78.
Por el contrario, los precedentes examinados por el propio Tribunal ponen de
manifiesto que la jurisprudencia ha admitido distintas fechas de efectividad del
reconocimiento, dependiendo de la interacción entre la conducta del beneficiario y
la de la administración. Así, junto a los casos en que los efectos fiscales se han
fijado desde la ejecutoria de la sentencia que reconoce el derecho, esta corporación
también ha contemplado hipótesis en las cuales el pago procede desde el momento
en que la entidad suspende la porción litigiosa de la prestación, precisamente
porque, a partir de ese instante, desaparece el riesgo de la doble erogación que
justifica la limitación temporal de los efectos económicos.
79.
Bajo ese entendimiento, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Risaralda difícilmente puede calificarse de arbitraria o irrazonable. Lo que hizo la
autoridad judicial fue ponderar dos circunstancias concurrentes que resultaban
jurídicamente relevantes y que se encontraban respaldadas por el material
probatorio del expediente. De un lado, valoró la demora de más de una década en
que incurrió la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez para formular su
reclamación. De otro, tuvo en cuenta que Casur incumplió el deber legal de
suspender el pago de la cuota litigiosa una vez conoció la existencia del conflicto
entre potenciales beneficiarias de la prestación.
80.
Precisamente porque consideró que ambas conductas contribuyeron a la
situación finalmente debatida en sede judicial, el Tribunal descartó las dos
soluciones extremas que podían derivarse del caso. No determinó que los efectos
fiscales debían reconocerse desde el año 2009, como había dispuesto el juez de
primera instancia, pues entendió que semejante determinación desconocía el
significativo lapso de inactividad atribuible a la reclamante. Pero tampoco estableció
que el reconocimiento económico produjera efectos a partir de la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia, pues estimó que esa solución trasladaba
exclusivamente a la cónyuge las consecuencias de una situación en cuya
producción también había incidido la conducta omisiva de la entidad administradora.
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81.
En ese contexto, la fecha del 29 de septiembre de 2021, correspondiente a la
sentencia de primera instancia, no parece haber surgido de una decisión caprichosa
ni de una simple intuición judicial. Constituyó, realmente, la valoración razonada de
los principios y reglas en tensión dentro del caso concreto: de una parte, la
necesidad de proteger el erario y evitar la consolidación de una doble erogación
pensional; de otra, la imposibilidad de exonerar completamente a Casur de las
consecuencias derivadas del incumplimiento del deber de suspender la cuota
litigiosa previsto en el artículo 146 del Decreto 1213 de 1990.
82.
En tales condiciones, aun si pudiera sostenerse que eran concebibles otras
soluciones interpretativas, ello no conduciría a la configuración del defecto
sustantivo alegado. Como reiteradamente lo ha señalado la Corte Constitucional, la
acción de tutela contra providencias judiciales no procede para sustituir la
interpretación del juez natural por aquella que las partes consideran más
conveniente o acertada. Su intervención únicamente se justifica cuando la lectura
normativa adoptada resulta manifiestamente arbitraria, absurda o incompatible con
el ordenamiento jurídico, supuesto que claramente no se configura en el presente
asunto.
83.
Por consiguiente, la sentencia cuestionada, lejos de desconocer las normas
aplicables o de apartarse de la jurisprudencia de esta corporación, desarrolló
precisamente los criterios que esta ha construido para resolver controversias
complejas en materia de sustitución pensional, examinó las circunstancias
particulares del caso y ofreció una justificación suficiente para explicar por qué los
efectos fiscales debían fijarse en un momento distinto tanto al del fallecimiento del
causante como al de la ejecutoria de la sentencia. En consecuencia, la discrepancia
de los accionantes con la solución finalmente adoptada no evidencia la existencia
de un defecto sustantivo, sino apenas una divergencia respecto de una
interpretación judicial que se mantiene dentro del margen de razonabilidad que la
Constitución reconoce a los jueces de la República.
3.6.4. Sobre la aplicación del principio de no agravar la situación del apelante
único
84.
En cuanto al reproche relacionado con los porcentajes de participación en la
sustitución pensional, la Sala advierte que no se configura el defecto sustantivo
alegado. En efecto, aunque el Tribunal Administrativo de Risaralda concluyó que,
de realizar un nuevo cálculo de los tiempos de convivencia acreditados, a la señora
Rosa María Atehortúa de Álvarez le correspondería un porcentaje superior al
reconocido en primera instancia, decidió mantener la distribución fijada por el juez
de primera instancia en aplicación del principio de no agravar la situación del
apelante único, consagrado en el inciso segundo del artículo 31 de la Constitución
Política. Dicha garantía impide que el apelante único vea empeorada su situación
jurídica como consecuencia del recurso que interpuso, por lo que el Tribunal se
encontraba constitucionalmente obligado a preservar la posición jurídica de la
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señora Luz Mary Londoño Rengifo respecto de ese punto específico de la
controversia.
85.
Así, lejos de constituir un error judicial, la decisión cuestionada materializó una
garantía de rango constitucional estrechamente vinculada al debido proceso. El
respeto de tal principio no es una facultad discrecional del juez, sino el cumplimiento
de un mandato superior orientado a proteger los derechos fundamentales de quien
ejerce los recursos previstos por el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, aun
cuando pudiera sostenerse que existían elementos para modificar los porcentajes
inicialmente reconocidos, el Tribunal actuó dentro del marco constitucional al
abstenerse de adoptar una decisión que agravara la situación de la apelante única,
razón por la cual no se advierte arbitrariedad ni desconocimiento del debido proceso
en este aspecto de la providencia demandada.
4. Conclusión
86.
La Sala concluye que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de
procedibilidad exigidos para el ejercicio de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Sin embargo, del examen de la sentencia proferida el 26 de febrero de
2026 por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda no se
advierte la configuración del defecto sustantivo alegado por la parte accionante ni el
desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable en materia de sustitución
pensional y determinación de sus efectos fiscales.
87.
En efecto, la autoridad judicial accionada identificó y analizó las disposiciones
que regulaban el caso concreto, particularmente los artículos 113, 130, 132 y 146
del Decreto 1213 de 1990, así como la jurisprudencia de esta corporación relativa a
la fecha a partir de la cual deben producirse los efectos económicos de la sustitución
pensional cuando existe concurrencia de beneficiarios y la prestación ha venido
siendo reconocida y pagada íntegramente a uno de ellos. A partir de ese marco
normativo y jurisprudencial concluyó que la controversia no podía resolverse
exclusivamente a partir de la fecha de causación del derecho, sino que exigía
valorar las circunstancias particulares que rodearon la actuación de la reclamante y
de la entidad administradora.
88.
Los cuestionamientos formulados por los accionantes expresan, en realidad,
una discrepancia con la solución jurídica finalmente adoptada por el Tribunal, pues
consideran que los efectos fiscales debían reconocerse desde el momento
determinado por el juez de primera instancia. No obstante, la providencia
cuestionada explicó de manera suficiente por qué la demora superior a diez años
en la presentación de la reclamación administrativa constituía un elemento relevante
para fijar el alcance temporal del reconocimiento económico y, simultáneamente,
por qué tampoco resultaba jurídicamente admisible trasladar íntegramente las
consecuencias de esa situación a la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez
cuando Casur incumplió el deber de suspender la cuota litigiosa previsto en el
artículo 146 del Decreto 1213 de 1990.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05261-00 (8372)
Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
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89.
Del mismo modo, la sentencia cuestionada se ajustó a los criterios
jurisprudenciales construidos por esta corporación respecto de la necesidad de
evitar una doble erogación con cargo al erario y de ponderar, en cada caso concreto,
la conducta asumida tanto por el reclamante como por la entidad administradora de
la prestación. En ese contexto, la fijación de los efectos fiscales a partir del 29 de
septiembre de 2021 respondió a una valoración razonada de las circunstancias
acreditadas en el expediente y no a una interpretación arbitraria, caprichosa o
manifiestamente incompatible con el ordenamiento jurídico.
90.
Tampoco se configura el desconocimiento del precedente invocado por los
accionantes. Por el contrario, el Tribunal examinó de manera expresa la línea
jurisprudencial de esta corporación sobre la materia y reconoció que, aunque por
regla general la sustitución pensional se causa desde la muerte del titular de la
prestación, la determinación de sus efectos fiscales exige valorar otros factores
relevantes, entre ellos la inactividad del interesado, la actuación de la entidad
obligada al pago y la eventual existencia de un riesgo de doble erogación. Así, la
providencia controvertida no se apartó injustificadamente de la jurisprudencia
vigente, sino que recurrió a ella para fundamentar la solución adoptada.
91.
En consecuencia, la Sala encuentra que la decisión cuestionada constituye una
interpretación jurídicamente plausible de las normas y precedentes aplicables al
caso, adoptada dentro del ámbito de autonomía e independencia que la
Constitución reconoce a los jueces de la República. Por ello, la inconformidad de
los accionantes corresponde a una diferencia de criterio frente a la valoración
jurídica efectuada por el juez natural y no a una actuación que comprometa
garantías fundamentales o habilite la intervención excepcional del juez
constitucional. En consecuencia, la solicitud de amparo será negada.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Negar el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, a la dignidad humana y al acceso a la administración
de justicia invocados por César Augusto Álvarez Atehortúa, Gloria Inés Álvarez
Atehortúa, Martha Lucía Álvarez Atehortúa y Luz Patricia Álvarez Atehortúa, quienes
actúan como sucesores procesales de la señora Rosa María Atehortúa de Álvarez,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo: Notificar esta providencia a las partes y demás interesados por el medio
más expedito posible.
Tercero: En caso de no ser impugnada, remitir el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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Accionante: César Augusto Álvarez Atehortúa y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
23
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