Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05290-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Incidente de desacato
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-05290-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-05290-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: MAURICIO ELADIO MEJÍA NARANJO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS PROVIDENCIAS QUE RESUELVEN UN
INCIDENTE DE DESACATO / / Requisitos de procedencia fijados en la sentencia SU-
034 de 2018 / Defecto fáctico: la providencia se juzga con las pruebas que obraban
al momento de decidir / Defecto procedimental absoluto / Subsidiariedad frente a la
pretensión de inaplicación de la sanción por cumplimiento posterior.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada
por el señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá y el Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Duitama, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución
Política y en los artículos 29 y 37 del Decreto 2591 de 19911.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. El 15 de abril de 2026, la señora María Elsa González Díaz presentó acción de
tutela contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en adelante IGAC. Invocó la
protección de su derecho fundamental de petición, elevado el 3 de febrero de 2026,
que estaba integrado por veintitrés (23) requerimientos de información catastral
sobre dos predios ubicados en el Municipio de Duitama.
2. El asunto correspondió al Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Duitama, bajo el radicado 15238-33-33-003-2026-00075-002 que.
mediante sentencia del 28 de abril de 2026 amparó el derecho de petición. En
consecuencia, ordenó al IGAC emitir, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación, una respuesta de fondo, completa, clara y congruente
frente a los veintitrés puntos de la solicitud. Además, dispuso, que la contestación
se pusiera en conocimiento de la interesada en la dirección física o electrónica
1 El expediente ingresó a despacho para fallo el 13 de agosto de 2026.
2 Índice 00001 del expediente 15238-33-33-003-2026-00075-00, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
señalada, y que la entidad allegara el informe de cumplimiento con los soportes
respectivos. La providencia no fue impugnada por el IGAC y quedó ejecutoriada3.
3. El 13 de mayo de 2026, el IGAC expidió el Oficio 2603DTBOY-2026-0012726-EE
con la respuesta al derecho de petición, y allegó al proceso el informe de
cumplimiento4. El 20 de mayo de 2026, la accionante promovió incidente de
desacato. Afirmó que la entidad no había respondido de fondo su solicitud ni
acreditado el cumplimiento del fallo5.
4. Por auto del 22 de mayo de 2026, el Juzgado requirió al director territorial Boyacá
del IGAC para que, en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas,
informara sobre el cumplimiento del fallo y allegara los documentos que acreditaran
su dicho. El funcionario guardó silencio6.
5. Por auto del 2 de junio de 2026, el despacho mencionado inició el incidente de
desacato contra el señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo, director territorial Boyacá
del IGAC. Le concedió dos (2) días para ejercer su derecho de defensa 7. Ese mismo
día, el IGAC allegó memoriales y sostuvo que ya había cumplido la orden con el
oficio del 13 de mayo de 20268.
6. Por auto del 12 de junio de 2026, el Juzgado declaró que el señor Mauricio Eladio
Mejía Naranjo incurrió en desacato la orden que le fue impartida por el juzgado a
través de sentencia de primera instancia. En consecuencia, impuso una multa
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, pagadera de su propio
peculio.
7. El 18 de junio de 2026, mientras se surtía el grado jurisdiccional de consulta, el
IGAC allegó el Oficio 2603DTBOY-2026-0019389-EE, denominado ampliación de
la contestación.9
8. Por Auto MTHG-2026-281 del 18 de junio de 2026, la Sala de Decisión Tercera
del Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sanción. Valoró la ampliación y
reconoció que diecisiete (17) de los veintitrés (23) puntos quedaron atendidos de
manera satisfactoria. Encontró que persistía incertidumbre sobre seis (6) aspectos:
los cambios de área, linderos o identificación catastral; las fechas de incorporación
de los predios al catastro; la certificación de superposición con otros predios; la
consistencia entre el área gráfica y el área alfanumérica; los procesos de
actualización catastral; y las limitaciones técnicas o vacíos de información. Señaló
también que el IGAC no acreditó haber comunicado las respuestas a la señora
3 Índice 00010 ibidem. La sentencia se notificó el 28 de abril de 2026. El expediente se remitió a la
Corte Constitucional para su eventual revisión el 7 de mayo de 2026, índice 00014 ibidem.
4 Índices 00015 y 00026 ibidem.
5 Índice 00016 ibidem.
6 Índices 00019, 00021 y 00022 ibidem. La notificación se surtió mediante los oficios 4966 y 4967
del 22 de mayo de 2026.
7 Índices 00023 y 00025 ibidem. La notificación se surtió mediante los oficios 5096 y 5097 del 2 de
junio de 2026.
8 Índices 00026 y 00027 ibidem.
9 Índice 00004 del expediente 15238-33-33-003-2026-00075-01, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
González Díaz, pese a que el fallo se lo ordenó de manera expresa10. Sumado a lo
anterior, el expediente fue devuelto a la entidad de origen.
9. El 26 de junio de 2026, el IGAC allegó el Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE,
con una nueva ampliación de la respuesta al derecho de petición 11 al Juzgado
Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama.
10. Por auto del 1.° de julio de 2026, el juzgado dispuso obedecer y cumplir lo
resuelto en consulta y ordenó ejecutar la sanción impuesta.12 El señor Mejía Naranjo
no ha solicitado a ese despacho la verificación del cumplimiento del fallo ni el
levantamiento de la sanción13.
Pretensiones
11. En el escrito de tutela, la parte accionante solicitó lo siguiente14:
“SE SOLICITA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS E INAPLICABILIDAD DE
LA SANCIÓN DETERMINADA POR EL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA EN EL
FALLO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, EL FALLO EMITIDO POR EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA DE DECISIÓN TERCERA
DEL 18 DE JUNIO DE 2026 Y FALLO DEL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA DE FECHA
01 DE JULIO DEL 2026 MIENTRAS SE DETERMINÓ UN FALLO DE LA
PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA.
PRIMERO: SE ADMITA LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA POR LA
VULNERACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL
DEBIDO PROCESO Y DERECHO A LA DEFENSA.
SEGUNDO: SE SUSPENDA LOS EFECTOS DE LOS FALLOS EMITIDOS
POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE DUITAMA EN EL FALLO DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2026, EL
FALLO EMITIDO POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ SALA
DE DECISIÓN TERCERA DEL 18 DE JUNIO DE 2026 Y FALLO DEL
JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
DUITAMA DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2026.
TERCERO: SE REVOQUE Y SE DEJE SIN EFECTO JURÍDICO LA DECISIÓN
TOMADA POR EL JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE DUITAMA Y EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ SALA DE DECISIÓN TERCERA OBJETO DE LA PRESENTE
TUTELA, EN EL ENTENDIDO DE QUE SE BRINDÓ RESPUESTA CLARA DE
FONDO Y CONFORME A LAS PRETENSIONES.
10 Índices 00005 a 00008 del expediente 15238-33-33-003-2026-00075-01, SAMAI. La providencia
se suscribió digitalmente y se notificó el 25 de junio de 2026.
11Índice 00041 del expediente 15238-33-33-003-2026-00075-00, documento:
48_MemorialWeb_Alegatos-2603DTBOY202600205(.pdf) NroActua 41, SAMAI
12 Índice 00042 ibidem. La providencia se notificó el 2 de julio de 2026, índice 00044.
13 SAMAI. Expediente 15238-33-33-003-2026-00075-00, historial de actuaciones judiciales. Con
posterioridad al auto del 1.° de julio de 2026 no obra solicitud del sancionado dirigida a acreditar el
cumplimiento o a obtener la inaplicación de la multa.
14 Folios 17 y 18 del escrito de tutela, índice 00002 del expediente de tutela 11001-03-15-000-2026-
05290-00, SAMAI.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
CUARTO: VALORARSE PROBATORIAMENTE EL OFICIO NO. 2603DTBOY-
2026-0020531-EE DEL 26 DE JUNIO DE 2026”.
Fundamentos de la acción de tutela
12. La parte accionante invocó la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso y a la defensa. Atribuyó a las providencias cuestionadas los
siguientes defectos15:
13. Defecto fáctico. El accionante señaló que el Juzgado y el Tribunal omitieron
valorar de manera amplia y profunda las respuestas del IGAC. Al respecto, se refirió
a los oficios 2603DTBOY-2026-0012726-EE del 13 de mayo de 2026, 2603DTBOY-
2026-0019389-EE del 18 de junio de 2026 y 2603DTBOY-2026-0020531-EE del 26
de junio de 2026. A su juicio, dichas contestaciones atendieron los veintitrés (23)
puntos de la petición, incluidos los seis (6) que el Tribunal consideró inciertos. Sobre
el oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE solicitó que se valorara probatoriamente.
14. Defecto procedimental. El actor indicó que la sanción se impuso de forma
prácticamente automática. Sostuvo que el trámite incidental no puede convertirse
en un mecanismo de imposición automática de sanciones, pues exige verificar
previamente el incumplimiento objetivo de la orden judicial y la responsabilidad
subjetiva de quien debía cumplirla.
15. Defecto sustantivo: El accionante afirmó que las autoridades judiciales
desconocieron la naturaleza y la finalidad del incidente de desacato. Indicó que ese
trámite no tiene carácter sancionatorio sino instrumental, pues busca el
cumplimiento efectivo de las órdenes del juez constitucional.
Trámite de la acción de tutela
16. El escrito de tutela inicialmente fue conocido por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, quien, mediante auto del 9 de julio de 2026, ordenó remitir el expediente al
Consejo de Estado por razón de la competencia16.
17. Una vez en la corporación, a través de auto del 16 de julio de 2026, el despacho
sustanciador requirió al señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo para que acreditara su
calidad de director territorial Boyacá del IGAC. El requerimiento no fue atendido17.
18. Por auto del 30 de julio de 2026, este despacho admitió la acción de tutela y
negó la medida provisional solicitada. Vinculó como terceros con interés al IGAC, al
15 SAMAI, Índice 00002 Expediente 11001-03-15-000-2026-05290-00, , folios 13 a 16 del escrito de
tutela. El actor invocó las sentencias SU-915 de 2013, T-286 de 2018 y SU-034 de 2018 de la Corte
Constitucional.
16 Índices 00002 y 00003 del expediente de tutela 11001-03-15-000-2026-05290-00, SAMAI. El
reparto y la radicación se surtieron el 10 de julio de 2026, con la secuencia 8521 y el número interno
8432.
17 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2026-05290-00, índices 00005 y 00008. El auto se notificó
el 21 de julio de 2026. El 22 de julio de 2026 se recibió un memorial procedente del IGAC que se
limitó a acusar recibo de la notificación, sin acreditar la calidad requerida, índice 00009. El 29 de julio
de 2026 el expediente ingresó al despacho, índice 00010.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Ministerio Público, a la señora María Elsa González Díaz y a los demás
intervinientes en el trámite de tutela e incidente de desacato radicado 15238-33-33-
003-2026-00075-00/01. Ordenó al juzgado accionado remitir el expediente en
calidad de préstamo y suspendió los términos hasta su reingreso al despacho 18.
Intervenciones
19. Juzgado Tercero (3.°) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama
solicitó negar el amparo19. Sostuvo que garantizó el debido proceso: requirió
previamente al funcionario, le comunicó la apertura del incidente, le concedió
término para pronunciarse, valoró las pruebas y remitió el expediente en consulta.
Afirmó que la sanción se fundó en la responsabilidad subjetiva del obligado. Precisó
que el oficio del 26 de junio de 2026 se expidió después de la decisión de consulta.
Agregó que la inaplicación de la sanción debía pedirse en el trámite incidental y no
por vía de tutela.
20. Tribunal Administrativo de Boyacá solicitó negar las pretensiones formuladas
en su contra20. Precisó que la ampliación del 18 de junio de 2026 sí fue incorporada
y valorada antes de decidir la consulta, y que la Sala confrontó individualmente los
veintitrés (23) requerimientos con las contestaciones del IGAC. Señaló que subsiste
un fundamento autónomo de incumplimiento: la ausencia de prueba de la
comunicación de las respuestas a la peticionaria. Indicó que el oficio del 26 de junio
de 2026 era temporal y materialmente imposible de valorar. Recordó que el párrafo
56 del Auto MTHG-2026-281 dejó a salvo la inaplicación de la sanción por el juez
de primera instancia si posteriormente se acreditaba el cumplimiento.
21. Instituto Geográfico Agustín Codazzi coadyuvó las pretensiones del
accionante21. Precisó que el cumplimiento del fallo del 28 de abril de 2026 estuvo a
cargo de la Dirección Territorial Boyacá. Aclaró que su intervención no pretende
reabrir el debate sobre el contenido de la respuesta al derecho de petición ni
controvertir la autonomía de las autoridades judiciales accionadas. Sostuvo que las
providencias cuestionadas incurrieron en defecto fáctico, porque omitieron valorar
la trascendencia jurídica de las actuaciones desplegadas para establecer la
responsabilidad subjetiva del funcionario. Afirmó que también incurrieron en defecto
sustantivo porque aplicaron el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 como un
régimen de responsabilidad objetiva y desatendieron la presunción de buena fe.
18 Índice 00011 ibidem. El auto se notificó el 3 de agosto de 2026 a los accionados y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ese mismo día la Secretaría General fijó en lista el aviso
dirigido a la señora María Elsa González Díaz y a los demás intervinientes del trámite incidental. En
el numeral quinto negó la medida provisional al no acreditarse la apariencia de buen derecho, el
peligro en la demora ni la proporcionalidad de la medida.
19 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2026-05290-00, índice 00015. Contestación del 4 de agosto
de 2026, suscrita por la doctora Liliana Patricia Quintero Pinto.
20 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2026-05290-00, índice 00016. Informe del artículo 19 del
Decreto 2591 de 1991, rendido el 4 de agosto de 2026 por la magistrada María del Tránsito Higuera
Guío, titular del Despacho 6, que tramitó el grado jurisdiccional de consulta.
21 SAMAI. Expediente 11001-03-15-000-2026-05290-00, índices 00021 a 00023. Memorial de
contestación 1200OAJ-2026-0002752-EE del 10 de agosto de 2026, suscrito por la doctora Camila
Gutiérrez Barragán, jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se
radicó por la ventanilla virtual el 10 de agosto de 2026 y se recibió por correo electrónico el 11 de
agosto de 2026.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Solicitó dejar sin efectos las decisiones que declararon el desacato e impusieron la
multa y, en subsidio, diferenciar el cumplimiento efectivo y material de lo ordenado
en el fallo del ejercicio de la facultad sancionatoria que pueda derivarse de un
eventual incumplimiento.
22. El Ministerio Público, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la
señora María Elsa González Díaz y los demás intervinientes en el trámite incidental
guardaron silencio, pese a haber sido notificados22.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
23. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para proferir sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela de la
referencia. La competencia deriva del artículo 86 de la Constitución Política y del
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Problema jurídico y metodología de la decisión
24. La solicitud de amparo plantea dos cuestionamientos diferenciados. El primero
se dirige contra los autos del 12 y 18 de junio de 2026, mediante los cuales el
Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama declaró el
desacato e impuso sanción al señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo, y el Tribunal
Administrativo de Boyacá confirmó esa decisión en grado jurisdiccional de consulta;
frente a estas providencias, el actor atribuye defectos fáctico, procedimental y
sustantivo. El segundo cuestionamiento se dirige contra el auto del 1.º de julio de
2026, mediante el cual el Juzgado dispuso obedecer y cumplir lo resuelto en
consulta y ejecutar la sanción, porque, a juicio del accionante, esa autoridad omitió
valorar el Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE del 26 de junio de 2026. En
consecuencia, solicita que dicho documento sea valorado probatoriamente para
acreditar un eventual cumplimiento sobreviniente de la orden de tutela y, con
fundamento en ello, se suspenda, inaplique o deje sin efectos la sanción impuesta.
25. Corresponde entonces a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos
formales: i) ¿La acción de tutela es procedente para controvertir el auto del 12 de
junio de 2026, mediante el cual el Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Duitama declaró el desacato e impuso sanción al señor Mauricio
Eladio Mejía Naranjo, y el Auto MTHG-2026-281 del 18 de junio de 2026, por medio
del cual el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó esa decisión en grado
jurisdiccional de consulta?; y ii) ¿Es procedente la acción de tutela para controvertir
el auto del 1.º de julio de 2026, mediante el cual el Juzgado Tercero (3.°)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama dispuso obedecer y cumplir lo
resuelto en consulta y ejecutar la sanción impuesta, con fundamento en que esa
autoridad omitió valorar el Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE del 26 de junio de
2026, cuya apreciación probatoria solicita el accionante para acreditar un eventual
cumplimiento sobreviniente de la orden de tutela y obtener, como consecuencia, la
22 Ver índice 20 de samai.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
suspensión, inaplicación o levantamiento de la sanción, pese a que no solicitó
previamente a ese despacho que verificara dicho cumplimiento y determinara si
procedía dejarla sin efectos?
26. En caso de que el anterior interrogante se resuelva de manera afirmativa, debe
determinar: i) ¿El Juzgado Tercero (3º) Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Duitama, al declarar el desacato e imponer la sanción mediante auto del 12 de junio
de 2026, y el Tribunal Administrativo de Boyacá, al confirmarla en grado
jurisdiccional de consulta mediante Auto MTHG-2026-281 del 18 de junio de 2026,
incurrieron en los defectos fáctico, procedimental y sustantivo alegados por el
accionante, al valorar las respuestas allegadas al trámite, establecer el
incumplimiento de la orden de tutela y determinar la responsabilidad subjetiva del
señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo, con vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa?; y ii) ¿Vulnera los derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa del accionante que el auto del 1o
de julio de 2026 no se valore el Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE del 26 de
junio de 2026, expedido con posterioridad a la decisión que confirmó la sanción,
para efectos de determinar un eventual cumplimiento sobreviniente del fallo de
tutela y la consecuente suspensión, inaplicación o levantamiento de la multa.
27. Para resolver los problemas planteados, la Sala expondrá: i) la procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la naturaleza y
finalidad del incidente de desacato; y (iii) el análisis del caso concreto.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
28. Conforme al precedente constitucional establecido en la Sentencia C-590 de
2005, reiterado de manera uniforme por la Corte Constitucional, la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales es de carácter excepcional y está
sujeta al cumplimiento de una carga argumentativa cualificada, orientada a
demostrar la concurrencia de los siete requisitos generales de procedencia y, al
menos, de una de las causales específicas de procedibilidad.
29. De manera frecuente, la Corte ha indicado que, en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar23: (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que no se dirija contra sentencias de tutela. 24 (iii)
que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se promueva
en un plazo razonable; (iv) que se identifiquen de forma clara, detallada y
comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos fundamentales en
cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados en el trámite
procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es, que el
interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su alcance,
salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable25 o los medios
23 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la
SU-215 de 2022.
24 Corte Constitucional, Sentencia SU-478 de 2024.
25 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo; (vi) que la
cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige que el
caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que, cuando se trate de una irregularidad procesal, esta tenga un
efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir, que, si tal error no
hubiere ocurrido, el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinto.
30. Cuando la providencia cuestionada se dicta en el trámite posterior a un fallo de
tutela, la exigencia es más estricta. La sentencia SU-627 de 2015 distinguió entre la
acción dirigida contra la sentencia de tutela, por regla general, improcedente, y la
dirigida contra las actuaciones relacionadas con su materialización. Respecto de
estas últimas, la sentencia SU-034 de 2018 precisó lo siguiente26:
“En suma, se tiene que la jurisprudencia trazada por esta Corporación sostiene
que para enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un
incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: i) La
decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir
que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el
trámite incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso. ii) Se acrediten
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción
de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones
nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar
nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio”.
31. La misma exigencia resulta aplicable cuando se pretende el levantamiento o la
inaplicación de una sanción con fundamento en el cumplimiento de la orden con
posterioridad a la decisión que la impuso. En ese contexto, la acción de tutela es
improcedente si el sancionado no ha presentado previamente tal solicitud ante el
juez que tramitó y decidió el incidente de desacato. Dicho juez conserva la
competencia para verificar el cumplimiento de la orden mientras persista la
vulneración del derecho amparado27. En consecuencia, le corresponde determinar
si procede dejar sin efectos la sanción impuesta. Mientras esa solicitud no se
formule, el interesado dispone de un medio de defensa idóneo y eficaz que no ha
agotado.
La naturaleza y la finalidad del incidente de desacato
32. El incidente de desacato es el mecanismo previsto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991 para lograr el cumplimiento efectivo de las órdenes impartidas en los
fallos de tutela. Su finalidad no es punitiva sino instrumental. La sanción opera como
medida de reconvención dirigida a que el obligado encauce su conducta hacia el
cumplimiento28.
26 Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
27 Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Corte Constitucional, sentencia C-367 de 2014 y Auto 387
de 2019. En el mismo sentido, la sentencia SU-034 de 2018 señaló que quien ha sido sancionado
por desacato puede evitar que la sanción se haga efectiva acatando la orden.
28 Ibidem.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
33. La imposición de la sanción exige dos presupuestos concurrentes. El primero es
el incumplimiento objetivo de una orden clara. El segundo es la responsabilidad
subjetiva del obligado. De ahí la regla según la cual todo desacato implica
incumplimiento, pero no todo incumplimiento conlleva un desacato. Cuando la falta
de acatamiento no obedece a la negligencia del obligado, el juez debe adoptar las
medidas necesarias para el cabal cumplimiento del fallo, no imponer la sanción.
34. La Corte Constitucional ha examinado tutelas en las que el sancionado
reprocha, que el juez del incidente no valoró las contestaciones allegadas o que no
verificó su responsabilidad subjetiva. En esos casos ha precisado que el juez
constitucional no puede sustituir la valoración probatoria del juez natural y que el
reproche solo prospera cuando la apreciación resulta manifiestamente arbitraria y
determinante del sentido de la decisión29.
35. Asimismo, es necesario precisar que el juez de primera instancia que conoció
del incidente de desacato mantiene su competencia para verificar el cumplimiento
de la orden mientras persista la vulneración del derecho amparado. Por ello, cuando
el obligado cumple tardíamente30, debe solicitar ante ese mismo juez el
levantamiento o la inaplicación de la sanción, quien determinará si procede dejarla
sin efecto.
Análisis del caso concreto
Estudio de los elementos formales de la acción de tutela
36. Legitimación en la causa por activa. El señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo
manifestó actuar como director territorial Boyacá del IGAC y no acreditó esa calidad
pese al requerimiento del 16 de julio de 2026. El IGAC, al intervenir en este trámite,
se refirió a él como director territorial Boyacá, pero tampoco aportó el acto de
nombramiento ni el acta de posesión. La omisión no impide el estudio del amparo.
La multa se impuso sobre él de manera individual y se atribuyó a su propio peculio.
Él, y no la entidad, es el titular de los derechos que invoca. La Sala entiende
entonces que actúa en nombre propio, en su condición de persona sancionada, y
no en representación del IGAC, entidad que fue vinculada como tercero interesado.
37. Legitimación en la causa por pasiva. Se acredita. El Juzgado Tercero (3.°)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama y el Tribunal Administrativo de
Boyacá profirieron las providencias cuestionadas.
38. Relevancia constitucional. Se acredita. El asunto compromete el debido
proceso y el derecho de defensa de una persona natural sancionada con multa en
un trámite de naturaleza sancionatoria, respecto de la cual también se ordenó
compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación.
29 Corte Constitucional, sentencias SU-034 de 2018 y T-084 de 2025.
30 Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Corte Constitucional, sentencia C-367 de 2014 y Auto 387
de 2019. En el mismo sentido, la sentencia SU-034 de 2018 señaló que quien ha sido sancionado
por desacato puede evitar que la sanción se haga efectiva acatando la orden.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
39. Inmediatez. Se acredita. El auto que resolvió la consulta se notificó el 25 de
junio de 2026 y el auto que ordenó ejecutar la sanción se notificó el 2 de julio de
2026. La acción se presentó el 8 de julio de 2026, esto es, trece (13) días después
de la primera notificación y seis (6) días después de la segunda. El término es
razonable.
40. Subsidiariedad. Este estudio debe abordarse respecto de dos aspectos
planteados por el accionante, a saber: i) en relación con el auto que resolvió el
incidente de desacato, exigencia que se supera, ya que contra esa decisión no
procede recurso alguno. El artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 prevé el grado
jurisdiccional de consulta, que se surtió y culminó con el Auto MTHG-2026-281 del
18 de junio de 2026. En consecuencia, al encontrarse ejecutoriada la decisión, se
satisface la exigencia fijada en la sentencia SU-034 de 2018 y la Sala puede
pronunciarse de fondo sobre los defectos alegados; y ii) en cambio, frente al auto
del 1.º de julio de 2026 y al reproche consistente en que el Juzgado omitió valorar
el Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-EE del 26 de junio de 2026 para establecer un
eventual cumplimiento sobreviniente y, con fundamento en ello, suspender, inaplicar
o dejar sin efectos la sanción, la acción resulta improcedente. Ello, porque el
accionante no solicitó previamente al Juzgado Tercero (3.°) Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Duitama que verificara ese cumplimiento y determinara si
procedía inaplicar o levantar la sanción, pese a que dicho despacho conserva
competencia para adoptar las medidas relacionadas con el cumplimiento del fallo
de tutela.
41. El expediente del incidente de desacato no registra que el sancionado haya
elevado allí esa solicitud. A ello se suma que el oficio invocado es una prueba nueva,
no aportada dentro del incidente, lo que desconoce la tercera exigencia de la
sentencia SU-034 de 2018. Ello no cierra la vía al interesado: le corresponde acudir
ante el juzgado de primera instancia para acreditar el cumplimiento y solicitar que la
sanción no se haga efectiva, como el propio Tribunal lo dejó a salvo en el párrafo
56 del Auto MTHG-2026-281.
42. Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, la Sala pasa a examinar
el fondo del asunto, con el fin de determinar si se configuran los defectos invocados
por el accionante.
Estudio de los defectos alegados por el actor
43. El defecto fáctico no se configura. El expediente desmiente la afirmación de
que las autoridades omitieron valorar las respuestas del IGAC. El juzgado valoró el
oficio del 13 de mayo de 2026 en el auto del 12 de junio de 2026. Confrontó cada
uno de los veintitrés (23) requerimientos con esa respuesta y precisó cuáles
quedaron atendidos, cuáles de manera parcial y cuáles sin resolver. El Tribunal
valoró el oficio del 18 de junio de 2026 en el Auto MTHG-2026-281. Reconoció de
manera expresa su mayor grado de completitud e identificó los seis (6) aspectos
que permanecían inciertos. En ambos casos hubo valoración de los medios
probatorios, no omisión.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
44. El reproche del accionante no se agota en la falta de valoración. Sostiene
también que el Tribunal apreció de manera errónea la ampliación del 18 de junio de
2026 y que los seis (6) puntos considerados inciertos31 sí fueron contestados. Ese
planteamiento tampoco configura el defecto invocado. La discrepancia entre la
conclusión probatoria de la autoridad judicial y la que defiende el interesado no
constituye por sí solo defecto fáctico. El reproche solo prospera si se demuestra que
la apreciación fue manifiestamente arbitraria, contraevidente o irrazonable y que de
ella dependió el sentido de la decisión.
45. En el caso concreto no se demuestra que la valoración del Tribunal fuera
manifiestamente arbitraria, contraevidente o irrazonable. El Auto MTHG-2026-281
confrontó los veintitrés (23) requerimientos con las contestaciones del IGAC.
Reconoció que diecisiete (17) quedaron atendidos de manera satisfactoria y
enunció, uno por uno, los seis (6) aspectos sobre los que persistía la incertidumbre.
Frente a una valoración individualizada, explícita y motivada, la inconformidad del
actor se reduce a una lectura alternativa del material probatorio. El juez de tutela no
puede sustituir esa lectura por la del juez natural.
46. El oficio del 26 de junio no podía ser valorado por el Juzgado al imponer la
sanción el 12 de junio ni por el Tribunal al resolver la consulta el 18 siguiente, pues
para esas fechas no existía. Su eventual incidencia sobre la ejecución posterior de
la sanción corresponde al examen que debe solicitarse ante el juez encargado del
cumplimiento, como se explicó al estudiar la subsidiariedad.
47. Las providencias del 12 y 18 de junio de 2026 se apoyaron, además, en un
fundamento autónomo: para el momento en que fueron adoptadas no obraba en el
trámite incidental prueba que acreditara la efectiva comunicación de las respuestas
a la señora María Elsa González Díaz. Los documentos aportados posteriormente
con la presente tutela no permiten atribuir retroactivamente un defecto a las
decisiones cuestionadas.
48. El defecto procedimental no se configura. El actor sostiene que la sanción se
impuso de forma prácticamente automática. Ese planteamiento no corresponde a la
caracterización del defecto que invoca. El defecto procedimental admite dos
modalidades: la absoluta, cuando el juez actúa por completo al margen del
procedimiento establecido, y el exceso ritual manifiesto, cuando se sacrifica el
derecho sustancial por la aplicación rigurosa de las formas. El escrito de tutela no
señala la norma procesal desconocida, la etapa omitida ni la garantía de defensa
cercenada.
49. En todo caso, el trámite surtido descarta cualquier irregularidad procedimental.
El juzgado requirió previamente al obligado el 22 de mayo de 2026 y este guardó
silencio. Le comunicó la apertura del incidente el 2 de junio de 2026 y le concedió
dos (2) días para ejercer su defensa. El incidentado intervino y aportó documentos.
31 Recordando que los seis puntos versan sobre: Los cambios de área, linderos o identificación
catastral; las fechas de incorporación de los predios al catastro; la certificación de superposición con
otros predios; la consistencia entre el área gráfica y el área alfanumérica; los procesos de
actualización catastral; y las limitaciones técnicas o vacíos de información de cada predio.
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
La decisión se adoptó mediante providencia motivada, se notificó y se remitió en
consulta ante el superior funcional. Las etapas de los artículos 27 y 52 del Decreto
2591 de 1991 se agotaron en su integridad.
50. El defecto sustantivo no se configura. El actor invoca la regla según la cual
no todo incumplimiento conlleva un desacato y sostiene que la sanción desconoció
la exigencia de responsabilidad subjetiva. La regla que cita es correcta y las
autoridades accionadas la aplicaron. El Tribunal verificó de manera expresa ese
presupuesto para confirmar la sanción impuesta por el juez. De ahí que, tuvo en
cuenta que la orden era clara, que el funcionario fue individualizado como
responsable, que conoció el fallo, que fue requerido de manera directa, que guardó
silencio frente a ese requerimiento, que intervino en el incidente y que no demostró
fuerza mayor, caso fortuito ni imposibilidad material o jurídica de cumplir.
51. La decisión tampoco desconoció la finalidad instrumental del incidente. El
Tribunal dejó a salvo, en el párrafo 56 del Auto MTHG-2026-281, la posibilidad de
que la sanción se inaplicara si con posterioridad se acreditaba el cumplimiento. Esa
salvedad confirma que la decisión atendió el fin propio del trámite y no un propósito
punitivo.
52. El Tribunal analizó de manera expresa la responsabilidad subjetiva del obligado,
por lo que no se desconoció la presunción de buena fe del artículo 83 de la
Constitución Política. Esa presunción no releva al obligado de acreditar el
cumplimiento de la orden ni impide al juez constatar que las respuestas no se
comunicaron a la peticionaria.
53. Por lo expuesto, la Sala declarará improcedente la acción respecto del auto del
1.º de julio de 2026 y de la pretensión relacionada con el cumplimiento sobreviniente
de la orden de tutela, y negará el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa frente a los autos del 12 y 18 de junio de 2026.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el
señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo respecto del auto del 1 de julio 2026, proferido
por el Juzgado Tercero (3) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Duitama, y de
la pretensión dirigida a obtener la valoración del Oficio 2603DTBOY-2026-0020531-
EE del 26 de junio de 2026 con la consecuente suspensión o inaplicación de la
sanción impuesta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso
y a la defensa invocados por el señor Mauricio Eladio Mejía Naranjo frente al auto
del 12 de junio de 2026 del Juzgado Tercero (3.°) Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Duitama y al Auto MTHG-2026-281 del 18 de junio de 2026 de la Sala
Radicación número: 11001-03-15-000-2026-05290-00
Accionante: Mauricio Eladio Mejía Naranjo
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo de Boyacá, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y a los vinculados por el medio
más expedito.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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