República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05291-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
10 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., diez (10) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: sanción disciplinaria. Subtema 3:
inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Cristina Camilo Puentes Velásquez contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
1. Síntesis del caso
El señor Cristian Camilo Puentes Velásquez presentó acción de tutela, con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso
a la administración de justicia y a la igualdad, que consideró vulnerados por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con ocasión de la sentencia
proferida el 16 de octubre de 2025, dentro del expediente identificado con el
radicado núm. 81001-23-39-000-2014-00031-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Cristian Camilo Puentes Velásquez ingresó a la Escuela de Cadetes
de la Policía Nacional, el 5 de enero de 2011, como profesional aspirante a oficial,
en el curso de oficiales núm. 098. Luego, con la Resolución núm. 6162 del 1 de
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05291-00, índice 2, certificado DEB012B9C216636E 6C75915DD68B2090
673A5EE545AE507D C077658B3F0A0553.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
diciembre de 2011 fue dado de alta de la escuela de formación en el grado de
subteniente y se le destinó a la realización de labores de vigilancia y seguridad en
el departamento de Arauca, a partir del 12 de diciembre de 2011.
3. La Inspección Regional Delegada 5 adelantó investigación disciplinaria en
contra del señor Puentes Vasquez, por el procedimiento verbal bajo el radicado
núm. SIJUR-REGI5-2013-12, por la falta disciplinaria prevista en el artículo 34
numeral 10 de la Ley 1015 de 2006 — incurrir en la comisión de una conducta
descrita en la ley como delito, cuando se encuentre en situaciones administrativas
—, en concordancia con el artículo 189 del Código Penal — violación de habitación
ajena —; calificada como gravísima, ejecutada a título de dolo.
4. La Inspección Regional Delegada 5, mediante fallo del 6 de agosto de 2013,
resolvió destituir del cargo de oficial de la Policía Nacional al señor Cristian Camilo
Puentes Velásquez por el término de 10 años. El actor presentó recurso de
apelación. En consecuencia, la Inspección General de la Policía Nacional, a través
de providencia del 6 de febrero de 2014, confirmó la decisión adoptada por la
autoridad disciplinaria de primera instancia. Esta actuación se ejecutó el 19 de mayo
de 2014.
5. El señor Puentes Velásquez radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que
se anulara las decisiones que lo sancionaron disciplinariamente y, en su lugar, se
ordenara su reintegro a la institución.
6. El Tribunal Administrativo de Arauca, mediante sentencia del 31 de marzo de
2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que los fallos
disciplinarios que sancionaron al demandante fueron expedidos con las garantías
procesales y sustanciales que establece el ordenamiento jurídico, sin que se pueda
advertir la existencia de alguna ilegalidad o irregularidad que implique la nulidad de
estos. Contra dicha decisión, la parte actora presentó recurso de apelación.
7. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante sentencia del
16 de octubre de 2025, revocó el fallo de primera instancia y declaró probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control judicial, con el argumento de
que el demandante fue notificado del Decreto 758 del 17 de abril de 2014, que hizo
efectiva la sanción, el 19 de mayo de 2014 y, presentó la demanda el 18 de
noviembre de dicha anualidad, una vez se superó el término previsto en el literal d)
del artículo 164 del CPACA.
8. El señor Cristian Camilo Puentes Velásquez, por medio de escrito del 5 de
noviembre de 2025, solicitó la nulidad de la sentencia del 16 de octubre de esa
anualidad. En consecuencia, el despacho ponente de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, por auto del 2 de diciembre de 2025 rechazó de
plano el requerimiento del accionante, por cuanto no se configuraba ninguna de las
causales de procedencia previstas en el artículo 133 del CGP.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
9. Posteriormente, el demandante presentó escrito de súplica contra el auto del 2
de diciembre de 2025; sin embargo, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante auto del 4 de junio de 2026, lo rechazó por
improcedente.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó en el escrito de tutela2 lo siguiente:
Solicito al H. Consejo de Estado CONCEDER al accionante el resguardo constitucional
de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, dejar sin valor ni efecto
el fallo dictado por la Subsección accionada en octubre 16 de 2025, que declaró
“probada la excepción de caducidad del medio de control”, y ordenar que dicte uno
nuevo en el que examine y resuelva de fondo las pretensiones de la demanda, de
acuerdo con las pautas que para el efecto se determinen. […]3.
11. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante consideró que la
sentencia del 16 de octubre de 2025 incurrió en defecto sustantivo, porque efectuó
una indebida aplicación del literal d) del artículo 164 del CPACA, a partir de una
interpretación incorrecta del artículo 21 de la Ley 640 de 2001, lo cual condujo a
declarar probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
12. En este sentido explicó que el término de caducidad quedó suspendido
automáticamente desde la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial
el 14 de mayo de 2014, hasta la expedición de la constancia de no acuerdo el 15 de
julio de 2014, conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001. En consecuencia, el
lapso de los 4 meses que prevé el literal d) del artículo 164 del CPACA debía
contarse a partir del 16 de julio de siguiente y no como lo dispuso la autoridad judicial
accionada desde el 20 de mayo de dicha anualidad, cuando se hizo efectiva la
sanción disciplinaria.
13. De este modo, advirtió que el análisis jurídico desarrollado por la autoridad
accionada desconoció las reglas del derecho procesal como los principios «pro
personae, pro actione y pro damato» [sic], cuyo propósito es garantizar el acceso a
la efectiva administración de justicia.
14. Por otro lado, refirió que la decisión cuestionada incurrió en defecto
procedimental, por cuanto de oficio y de manera autoritaria dio aplicación a la figura
de la caducidad, sin tener en cuenta que dicho concepto no era procedente. Esto
constituyó una irregularidad procesal que derivó en una denegación de justicia,
impidiendo el examen de fondo de las pretensiones (nulidad de la sanción
disciplinaria, reintegro e indemnización).
15. Adicionalmente, expuso que se configuró un defecto orgánico, debido a que la
autoridad judicial accionada actuó sin competencia para pronunciarse de oficio
2
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05291-00, índice 2, certificado núm. DEB012B9C216636E 6C75915DD68B2090
673A5EE545AE507D C077658B3F0A0553.
3
Se transcribe incluso con errores.
3
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Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
sobre la caducidad, porque el artículo 187 del CPACA solo habilita al superior a
decidir excepciones no propuestas cuando el juez de primera instancia guardó
silencio sobre ellas y no cuando ya las examinó y descartó expresamente, como
ocurrió en este caso, pues el Tribunal Administrativo de Arauca sí analizó y descartó
la caducidad. Además, al ser el demandante apelante único, se habría vulnerado el
principio de «no reformatio in pejus», previsto en el artículo 31 de la Constitución.
16. Agregó que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto de decisión sin
motivación, porque omitió explicar las razones de hecho y de derecho por las cuales
el término de caducidad no permaneció suspendido en su totalidad.
17. Finalmente, alegó que la decisión objeto de tutela vulneró de forma directa los
artículos 13 (igualdad), 29 (debido proceso) y 229 (acceso a la administración de
justicia) de la Constitución Política, normas de aplicación inmediata.
2.3. Trámite procesal
18.El despacho ponente, mediante auto del 15 de julio de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal Administrativo
de Arauca y a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, en su
condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
19. El Tribunal Administrativo de Arauca5 solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que no se acreditaron los requisitos generales de
procedibilidad exigidos para controvertir decisiones judiciales. Expuso que no se
demostró la existencia de relevancia constitucional ni la configuración de alguna
irregularidad procesal ni los demás presupuestos fijados por la jurisprudencia, en
las sentencias C-590 de 2005 y SU-573 de 2019. En su criterio, la ausencia de estos
elementos impedía habilitar el estudio excepcional del amparo.
20. Adicionalmente, afirmó que el accionante pretende utilizar la tutela como una
tercera instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en razón a que sus pretensiones no fueron resueltas de manera favorable
en dicho proceso. Sostuvo que esta utilización desnaturaliza el carácter excepcional
del amparo y desconoce los límites fijados por la jurisprudencia constitucional para
evitar que la tutela se convierta en un recurso adicional frente a decisiones
adoptadas por el juez natural.
21.Finalmente, indicó que los cuestionamientos del accionante atacan la decisión
de segunda instancia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado y no guardan relación con lo decidido por el Tribunal.
4
Samai, exp. 11001-03-15-000-202-05291-00, índice 6, certificado 84F08FA8E83E147E D3249667CC0CE244
BD43E9E80F7764EC 0BE7E4D32BB7DE88.
5
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778D1B5B509D3C04 6567DC9EA3378C9F.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
22. La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional6 manifestó que la
inconformidad del tutelante se centra en un desacuerdo con el sentido de la
decisión, pero no acreditó la existencia de una irregularidad sustancial que requiera
la intervención del juez de tutela.
23. Asimismo, indicó que la providencia cuestionada efectuó un estudio razonable
y coherente de la figura de la caducidad, lo cual le permitió concluir de forma
acertada que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
el actor fue extemporánea, por lo que sus pretensiones no estaban llamadas a
prosperar. En este sentido, consideró que no se vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el accionante.
24. Por otro lado, advirtió que no se demostró la existencia de un perjuicio
irremediable, dado que no se acreditó una amenaza inminente e injustificada, razón
por la cual la tutela no resulta procedente.
25. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A7 remitió, a esta
corporación, el expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, sin pronunciarse sobre los hechos y las pretensiones del escrito de tutela.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Cristian Camilo Puentes Vélasquez
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
3.2. Legitimación en la causa
27. La legitimación en la causa por activa de Cristian Camilo Puentes Vélasquez
está acreditada, porque fue el demandante dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió
la providencia, objeto de tutela.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-202-05291-00, índice 17, certificado D3A3231FD8A04F13 55B4E9712C6F966F
B2AEDD7B7098677E 9DBDBEA6B398206A.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05291-00 índice 12, certificado 53D6FDABD5898C4E F5FC4B27624B336D
5609E5BA50B0C9F6 D5AA18D2BD5F6F84.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
30.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
31. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
32. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.4. Problema jurídico
33. Corresponde a la Sala decidir si ¿la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad de la parte actora, al proferir la
sentencia del 16 de octubre de 2025, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 81001-23-39-000-
2014-00031-01?
34.Previamente se deberá determinar si ¿la solicitud de amparo superó el requisito
general de inmediatez? En caso afirmativo, se continuará con el estudio de los
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
demás requisitos de procedibilidad y, si a ello hay lugar, se emitirá una decisión de
fondo.
3.4.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
35. El artículo 86 de la Carta Política establece que la acción de tutela se puede
presentar en cualquier momento y lugar, pues su finalidad es la protección inmediata
de los derechos fundamentales, también es cierto que se debe ejercer dentro de un
plazo razonable, según las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto,
para asegurar la protección oportuna del derecho vulnerado. De lo contrario, la
urgencia y la necesidad de intervención del juez de tutela quedarían desvirtuadas.
36. Por otra parte, cuando la solicitud de tutela se presenta en contra de una
providencia judicial, el requisito de inmediatez se traduce en una garantía de
seguridad jurídica y de los intereses de terceros, pues la sentencia que se cuestiona
previamente ha definido un litigio y una situación jurídica en particular.
37. Al respecto, se debe precisar que la Sala Plena del Consejo de Estado 12, explicó
que el término de inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de amparo
se dirige a cuestionar providencias judiciales, toda vez que se encuentran en juego
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica. Por lo anterior, esta corporación,
como regla general, consideró que, para que el ejercicio de la acción de tutela se
efectuara en un plazo razonable, se debía interponer la solicitud de amparo dentro
de los seis meses siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia
reprochada.
38. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el requisito de
inmediatez se supera cuando «[…] la demanda de tutela se hubiere presentado en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta
vulneración»13.
3.5 Caso concreto
39. En el caso bajo estudio el señor Cristian Camilo Puentes Velásquez acudió a la
acción de tutela con el fin de que se deje sin efectos la sentencia del 16 de octubre
de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 81001-23-39-000-2014-00031-01.
40. Pues bien, al examinar el referido expediente en el Sistema de Gestión Judicial,
(Samai), se observa que la providencia objeto de tutela se notificó a las partes e
intervinientes, el 30 de octubre de 202514. No obstante, el escrito de tutela fue
presentado por la accionante hasta el 10 de julio de 202615, es decir, transcurridos
12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de 2014, radicado No. 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13
Corte Constitucional SU-055 de 2018, criterio reiterado en sentencia T-352 de 2022.
14
Samai, exp. 81001-23-39-000-2014-00031-01, índice 14.
15
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05291-00, índice 1.
7
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Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
más de 8 meses, de manera que superó el plazo razonable para acudir ante el juez
constitucional.
41. Ahora bien, el accionante, en el escrito de tutela, argumentó que la solicitud de
amparo cumplió con el requisito de inmediatez, porque a pesar de que «el fallo
cuestionado fue notificado en octubre 30 de 2025, la última providencia, que rechazó
el recurso de súplica, interpuesta en diciembre 11 de 2025, contra el rechazo de la
solicitud de nulidad del fallo, data de este 4 de junio de 2026 […]» [sic].
42. Al respecto, es pertinente precisar que las circunstancias expuestas por el
accionantes no justifican el ejercicio tardío de la acción de tutela, debido a que la
sentencia del 16 de octubre de 2025 fue la que de manera definitiva e inmediata
resolvió la controversia planteada por el demandante en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, motivo por el cual constituye la decisión que
posiblemente vulneró sus derechos fundamentales, y no la providencia que rechazó
el recurso de súplica.
43. En efecto, al examinar el escrito de tutela, se observa que el accionante no
dirigió motivo de inconformidad alguno contra la decisión que rechazó por
improcedente el recurso de súplica, sino únicamente contra la sentencia de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por lo que es a partir
de la ejecutoria de esta que debe valorarse el ejercicio oportuno de la acción
constitucional, como la circunstancia definitiva que el tutelante afirma vulneró sus
derechos fundamentales.
44. La interposición de un recurso improcedente, como la súplica en el caso de
autos, no puede prolongar el término que la jurisprudencia constitucional ha
estimado razonable para controvertir decisiones judiciales, pues lo contrario
implicaría que estas, a pesar de su firmeza, permanezcan en un estado de
incertidumbre en detrimento de la confianza legítima, la seguridad jurídica y el
derecho al debido proceso de las partes e intervinientes.
45. En este punto, es importante aclarar que esta Subsección ha sostenido que la
interposición de recursos extraordinarios que no tienen vocación de prosperidad no
puede prolongar el término que esta corporación ha estimado como razonable para
acudir a la acción de tutela.
46. Así pues, esta Subsección16 frente a casos similares, en los que se pretendió
justificar el ejercicio tardío de la acción tutela contra providencias judiciales que
finalizaron los procesos ordinarios correspondientes, bajo el argumento que contra
estas se presentó el recurso extraordinario de unificación jurisprudencia, que fue
rechazado por improcedente expuso las siguientes razones:
16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 3 de marzo de 2025, exp. 11001-03-15-000-2024-
05371-01. También se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de enero de 2026,
radicado núm. 11001-03-15-000-2025-07685-00.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
[…]
49. Por otra parte, es necesario precisar que el requisito de la inmediatez en la tutela,
se debe examinar en relación con el hecho o decisión judicial a la cual se le atribuye
la violación del derecho fundamental invocado, por ello, no es posible establecer la
oportunidad para acudir a la acción constitucional a partir de la notificación de la
providencia que resolvió la procedibilidad del recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia, pues dicha decisión no fue cuestionada en el presente asunto.
50. Conviene recordar que, según los hechos y pretensiones expuestos en el escrito
de tutela e impugnación, la parte actora cuestionó las sentencias del 29 de septiembre
de 2011 y del 18 de septiembre de 2014, proferidas por el Juzgado Primero
Administrativo de Descongestión de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá,
por lo que el término de la inmediatez debía analizarse a partir de la notificación de
esta última, dado que fue la decisión que resolvió de forma definitiva el proceso
ordinario promovido por el accionante.
51. En concreto, determinar la oportunidad para acudir a la tutela a partir de la
providencia del 4 de marzo de 2024, por medio de la cual se rechazó el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia por no cumplir con los requisitos
mínimos de procedencia, implicaría revivir términos en contravía de los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada.
52. Sobre este particular, el Consejo de Estado ha precisado que la «interposición de
un recurso abiertamente improcedente no puede prolongar el término que esta
corporación ha estimado como razonable para reclamar la protección de derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por decisiones de la administración de
justicia»17.
47. De acuerdo con lo anterior, se debe concluir que en el caso bajo estudio, no es
posible establecer el termino de inmediatez a partir de la notificación de la
providencia que resolvió el recurso de súplica promovido por el tutelante, como se
planteó en la solicitud de amparo, por cuanto es evidente que la sentencia del 16
de octubre de 2025 es la decisión judicial a la cual el actor le atribuye la vulneración
de sus derechos fundamentales invocados y, es a partir de su firmeza que se debe
determinar la oportunidad para acudir a la acción constitucional.
48. En ese orden de ideas, no se evidencia algún hecho concreto que le haya
impedido al tutelante ejercer oportunamente la acción de tutela, o que haga
desproporcionada la exigencia del agotamiento del referido requisito de
procedencia. Por lo tanto, no se encuentra justificada la interposición tardía de la
solicitud de amparo.
4. Conclusión
49. Por las anteriores razones se declarará improcedente el amparo deprecado por
el señor Cristian Camilo Puentes Velásquez contra la sentencia proferida el 16 de
17
Al respecto, se puede ver: Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 20 de septiembre de 2018, exp. 11001-03-
15-000-2018-02703-00. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2019, exp. 11001-
03-15-000-2019-00805-00, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de mayo de 2019, exp.
11001-03-15-000-2019-01209-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-05291-00 (8434)
Accionante: Cristian Camilo Puentes Velásquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
octubre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con radicado núm. 81001-
23-39-000-2014-00031-01, en razón a que la acción de tutela no cumple con el
requisito de inmediatez.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Declarar Improcedente la acción de tutela que presentó el señor Cristian
Camilo Puentes Velásquez, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado Electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado Electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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